secretismo

Desde Tuderechoasaber.es reclamamos que no emprenda acciones contra organizaciones civiles pro-transparencia y flexibilice su régimen de derechos de autor para documentos gubernamentales.

FDS

El Gobierno alemán, a través de su Ministerio de Interior, ha emitido una orden contra el portal de acceso a la información FragDenStaat.de, una plataforma análoga a Tuderechoasaber.es en Alemania, para lograr la retirada de un documento que había sido obtenido mediante la ley alemana de transparencia acceso a la información pública.

El documento de la discordia -un informe de 5 páginas- contiene una valoración de dos empleados ministeriales sobre una norma del Tribunal Constitucional federal en 2011, que declara inconstitucional la cuota mínima del 5% para que los partidos políticos puedan concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo. En el documento se afirma que el establecimiento de cualquier cuota debería ser inconstitucional. Contrariamente a esta recomendación interna, el Bundestag aprobó después una cuota del 3% en su reforma de la ley electoral alemana.

El activista Guido Strack, un antiguo funcionario federal y fundador de la red Whistleblower-net, solicitó en octubre de 2013 este documento desde FragDenStaat.de. Lo recibió un mes después, junto con un aviso del ministerio para disuadirle de hacerlo público. Con el propósito de exigir que se refuerce el derecho de acceso a la información en Alemania –su sistema de transparencia es débil, uno de los 10 más bajos en las evaluaciones del RTI Rating- y condenar lo que consideran una restricción arbitraria, FragDenStaat.de, con el capitulo alemán de la OKFN detrás, decidió hacerlo público en diciembre. La orden de retirada llegó el pasado 17 de enero por fax. El capitulo alemán de la OKFN ha declinado retirar el documento y plantará cara, por lo que ya está solicitando donaciones para hacer frente a los previsibles costes legales que supondrá defender su caso. Aquí puedes consultar el microsite de la campaña y todos los documentos (en alemán) del caso, que ha llegado a las páginas del Wall Street Journal, Der Spiegel y otros de medios alemanes.

Uso arbitrario del copyright para limitar la libertad de información

Con esta orden de retirada, el Ministerio de Interior quiere evitar que se divulgue la evidente contradicción entre una valoración legal de corte interno y la medida política adoptada después. Para ello, ha decido apelar a la protección de sus derechos de autor para lograr la retirada y censura del documento. La orden de “cese y desista” es un recurso frecuente en las disputas por derechos de autor, que suele interpretarse como un pre-aviso intimidatorio o la antesala de un litigio.

Stefan Wehr Meyer, gestor del portal FragDenStaat.de, argumenta que “al gobierno federal no le interesa el copyright. Lo que está haciendo es utilizarlo de manera arbitraria para evitar la publicación de unos documentos oficiales controvertidos. Da la impresión de que desea impedir que podamos comprender sus decisiones políticas”. Su firma de abogados remite al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para fundamentar su apelación. Como señala Access Info Europe en su condena de la reacción del gobierno alemán, “el derecho a la información está ligado al derecho de libertad de expresión reconocido por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por tanto, todo aquél que reciba un documento a través de una solicitud de información debería tener derecho a difundirlo”.

Nuestro apoyo a FragDenStaat.de y a OKFN-Alemania

Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio hemos alertado en numerosas ocasiones sobre la indefensión que el derecho de acceso puede sufrir cuando colisiona (supuestamente) con otras garantías -derecho de autor, derecho a la protección de datos personales- en un sistema frágil de transparencia que no lo reconoce como fundamental. Como organizaciones impulsoras de Tuderechoasaber.es, apoyamos a FragDenStaat.de y al capítulo alemán de la OKFN en su decisión de publicar este documento y hacemos un llamamiento al Gobierno alemán para que retire su orden de cese, no emprenda acciones contra organizaciones civiles pro-transparencia y flexibilice su régimen de derechos de autor para los documentos gubernamentales.

El informe del primer cuatrimestre de Tuderechoasaber.es revela que el 47% de las solicitudes de información no obtienen respuesta, y solo el 14% recibe una contestación satisfactoria.

A pesar de la inminente puesta en marcha de una ley de acceso a la información pública, el informe del primer cuatrimestre de actividad en ‘Tu Derecho A Saber‘ pone de manifiesto que, en la práctica, existen graves problemas de transparencia en España. El informe, que te puedes descargar aquí, revela que la mayoría de las solicitudes no obtienen respuesta, o ésta es incompleta. En concreto, el 47 % no tienen contestación alguna (lo que llamamos ‘silencio administrativo’), y sólo un 14% cuentan con una respuesta satisfactoria. Es decir, en un 86 % de los casos, el ciudadano no obtuvo la información que deseaba, si es que obtuvo alguna.

El estudio, realizado por Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio, analiza 373 peticiones de información realizadas por los usuarios entre el 22 de marzo y el 21 de julio de 2012 a distintas instituciones españolas, a nivel nacional, autonómico y local, siendo clasificadas las respuestas en función de su efectividad.

Un ejemplo de respuesta satisfactoria fue la del Principado de Asturias, proporcionando al ciudadano la información solicitada sobre el coste de sus últimas elecciones. El desglose de estos datos y los del Gobierno Vasco, nos permitieron un análisis más profundo sobre el gasto en unos comicios autonómicos, publicado recientemente en el eldiario.es. Como otro ejemplo de buenas prácticas, aparecen el Congreso de los Diputados, preguntado por los asesores de los parlamentarios, y el Senado, que facilitó la información solicitada sobre el coste anual de los intérpretes.

Cuando la institución contactada no posee la información que se solicita, lo ideal sería que, como en el caso del Gobierno de Navarra, se facilitase el contacto del organismo competente para el caso. Lo que no tiene mucho sentido, por el contrario, es lo sucedido en esta petición al Ministerio de Justicia, que, siendo responsable de dictar los indultos, alegó no tener un listado de los mismos, y se limitó a remitir al ciudadano al Boletín Oficial del Estado.

España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no tiene una ley de acceso a la información pública, y la única ley que reconoce un acceso parcial a la misma (Ley 30/1992) es muy restrictiva. Sin embargo, sí que existe una normativa específica para la información de medio ambiente (Ley 27/2006), en la que se establece un plazo de 30 días para que las instituciones contesten a las peticiones ciudadanas. Como se puede comprobar en el siguiente gráfico, las respuestas satisfactorias sólo alcanzan un 22%, y el silencio administrativo sigue rozando la mitad del total de solicitudes.

El principal problema parece ser, según un estudio de la Asociación Ambientalista ACIMA, que los propios funcionarios desconocen la información que se les pide. Es el caso de la Plataforma Eurovegas No, que solicitó los informes de impacto medioambiental de la construcción de un macro complejo de ocio en la Comunidad de Madrid. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta alguna.

Para el resto de peticiones, si en tres meses no se ha recibido respuesta alguna, se considera ‘silencio administrativo’. Un plazo que, en leyes similares europeas, se limita a 15 días. Entre ese 47 % de solicitudes sin respuesta, podemos citar por ejemplo la del presupuesto de Sanidad o la del coste del alumbrado público de las Autovías, entre otras

Analizando las solicitudes por el tipo de institución contactada, se confirma que la mayoría, un 69%, se dirigieron a organismos nacionales, entre los que un 77% se destinaron a los ministerios; en especial, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El alto porcentaje en ausencia total de respuesta (un 47%) señala el estado deficiente de la transparencia en las instituciones españolas.

Un claro ejemplo es el siguiente caso: cuando la Ministra de Sanidad Ana Mato comentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que 700.000 extranjeros usaron indebidamente servicios sanitarios en 2009. Después, un usuario de ‘Tu Derecho A Saber’ preguntó en qué basaban esas cifras y, como única respuesta, obtuvo el nombre de un informe del que se habían sacado las cifras, pero ni se facilitó el informe, ni los datos.

En el caso de instituciones autonómicas, el número de solicitudes disminuye bastante, aunque el porcentajes de respuesta satisfactoria es similar al de peticiones nacionales. En cambio, los organismos de ámbito local son especialmente opacos: de 35 solicitudes (el 10% del total), solo dos recibieron respuesta, a una se alegó no poseer la información y otras tres remitieron a un formulario. El silencio administrativo asciende en estos casos al 77%, en cuestiones que afectan particularmente al día a día de los ciudadanos como los planes de limpieza del barrio de Lavapiés en Madrid, los contenedores de reciclaje en Valencia o las condiciones de trabajo en los servicios de transporte del País Vasco.

En el informe se incluyen una serie de recomendaciones detalladas que la ley debería incluir para mejorar la eficacia de la comunicación con las instituciones y la transparencia de las mismas.

Madrid o Barcelona se están disputando ser la capital del juego en Europa, pero muy poco se sabe de en qué se están basando los políticos para aceptar un proyecto como Eurovegas. Sin embargo, según denuncia la plataforma Eurovegas No en un informe publicado este miércoles, hay bastante información que los ciudadanos deberíamos conocer.

Además, la plataforma (integrada por organizaciones civiles, sindicatos e individuos) ha recurrido al Defensor del Pueblo por segunda vez para denunciar el “secretismo, falta de transparencia y opacidad” de las administraciones públicas encargadas de las negociaciones. En concreto, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, los gobiernos autonómico y municipal de Madrid y el Ayuntamiento de Alcorcón.

En su informe “Eurovegas: El megaproyecto que apuesta por el secretismo” destacan que:

  • La Comunidad de Madrid no está cumpliendo su obligación legal de realizar y publicar una evaluación de impacto medioambiental del proyecto Eurovegas.
  • No ha sido publicado ningún estudio que demuestre el impacto positivo del proyecto sobre el empleo. Tampoco se ha informado a la ciudadanía sobre cuál sería el efecto sobre la deuda externa del país, o a cuánto ascendería el gasto en obras públicas e infraestructuras.
  • En varias ocasiones se ha denegado permiso para formular preguntas al pleno del Ayuntamiento de Alcorcó a la organización Ecologistas en Acción del Suroeste de Madrid y a la plataforma Detengamos Eurovegas Alcorcón.

En las últimas semanas, miembros de la plataforma han enviado desde tuderechoasaber.es peticiones de información al Ministerio de Industria y a la Comunidad de Madrid solicitando acceso a los informes de impacto ambiental del proyecto. Hasta el momento, ninguna ha recibido respuesta. Ante las nuevas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, se han hecho tres peticiones más a estas dos instituciones y al Ayuntamiento de Madrid. Las puedes seguir aquí, aquí y aquí.

Jesús Bartolomé, uno de los integrantes de Eurovegas No, ha recurrido también a Change.org para exigir a las autoridades públicas el acceso a estos informes, así como a otra información relevante en el proceso de adjudicación. Aquí puedes apoyar con tu firma su campaña.

Desde tuderechoasaber.es te animamos a apoyar todas las iniciativas que sirvan para exigir a las administraciones el acceso a información clave sobre este proyecto urbanístico. En esta web puedes hacerlo realizando peticiones de información, dando difusión a las que ya existen o pinchando el botón de “También quiero saber”. Así recibirás alertas en el momento de que las instituciones respondan.