Una sentencia avala la resolución del Consejo de Transparencia que instaba al Gobierno a responder a una solicitud de información de Civio

Batalla perdida para Defensa. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid ha desestimado el recurso que interpuso el Ministerio con el que pretendía ocultar la identidad de los acompañantes de las autoridades en los vuelos oficiales fletados por el Ejército del Aire –a bordo, por ejemplo, del clásico Falcon–. La sentencia, que avala la posición del Consejo de Transparencia (CTBG), la parte demandada, tras una solicitud de información de Civio, aún no es firme, por lo que el ministerio encabezado por María Dolores de Cospedal tiene un plazo de 15 días para presentar un recurso de apelación. Si no lo hace, deberá proporcionar la información.

La solicitud de información sobre los pasajeros de los vuelos oficiales arrancó el 29 de octubre de 2015, entonces con Pedro Morenés como ministro de Defensa. Civio pidió el listado de los pasajeros trasladados por el Grupo 45 del Ejército, encargado del transporte de autoridades. Tras la negativa de Defensa, Civio recurrió al CTBG, que dio la razón a esta fundación e instó a informar de los pasajeros en los vuelos oficiales, a excepción de aquellos traslados del presidente del Gobierno o de miembros de la Casa Real, puesto que son materias clasificadas protegidas por ley.

Tras esa primera resolución, Defensa se saltó el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia para emitir una nueva denegación, con motivos distintos y mediante un nuevo expediente. El CTBG, mediante un oficio, instó a Defensa a cumplir la primera y calificó de improcedente el nuevo proceso creado por el Ministerio. El pasado mes de junio, Defensa demandó al CTBG para no tener que identificar a los pasajeros de vuelos oficiales.

Así las cosas, el magistrado reprocha a Defensa que emitiera una segunda respuesta tras la resolución del CTBG, una vuelta de tuerca que no está establecida en la Ley, y afirma en su sentencia que “ni era necesario, ni procedente, ni ajustado a Derecho incoar un nuevo expediente […] ni, menos aún, pronunciarse sobre cuestiones que no se habían planteado” en la primera denegación del ministerio. En esta, Defensa se basó en la Ley de Secretos Oficiales, la defensa nacional y la protección de datos personales. Después de la resolución firme del CTBG que tumbó parcialmente estos argumentos, Defensa inició un nuevo expediente y alegó, entonces, que no disponía de la información. Además, esa segunda excusa contradecía otra resolución del General Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire que informaba sobre el procedimiento que sigue la administración para solicitar transporte aéreo de autoridades: deben informar con anterioridad de las personas que viajan en cada vuelo.

En este sentido, el fallo afirma que Defensa “no puede denegar la información por un motivo y, posteriormente, tras la estimación de la reclamación presentada ante el Consejo o incluso de un recurso judicial, volver a denegarla por un motivo diferente no contemplado en la resolución inicial”.

La sentencia anula el segundo expediente que inició Defensa, da la razón al Consejo de Transparencia y, por tanto, obliga al ministerio a identificar a los acompañantes de los altos cargos transportados por el Ejército del Aire. Defensa, previo pago de un depósito de 50€, aún puede recurrir esta sentencia hasta finales de febrero, por lo que puede comenzar otra batalla en los tribunales. Una batalla cuyos gastos –costas procesales, depósito, abogado del Estado– pagamos todos.

Cronología del caso

La solicitud de información sobre los pasajeros de los vuelos oficiales arrancó el 29 de octubre de 2015, entonces con Pedro Morenés como ministro de Defensa. Más de 470 días después, el ministerio, ahora con Cospedal al frente, sigue sin hacer pública la información requerida.

21 de octubre de 2015 – La Fundación Civio envía a al Ministerio de Defensa una solicitud de información sobre la lista de pasajeros del Grupo 45 de las FAE.

29 de octubre de 2015 – Se determina que la competencia para contestar a dicha solicitud corresponde al Estado Mayor del Ejército del Aire.

1 de diciembre de 2015 – Ante la falta de respuesta, Civio envía una reclamación al Consejo de Transparencia.

2 de diciembre de 2015 – Recibimos respuesta a través del Portal de Transparencia. El segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire deniega el acceso a la información amparándose en la Ley de Secretos Oficiales y en los límites de la Ley de Transparencia.

15 de febrero de 2016 – El Consejo de Transparencia emite una resolución que estima parcialmente las reclamaciones de Civio e insta a Defensa a facilitar la información en el plazo máximo de un mes.

16 de marzo de 2016 – Defensa vuelve a emitir una resolución denegando la información, como si el proceso volviera a empezar.

12 de abril de 2016 – El Consejo de Transparencia notifica a Defensa mediante un oficio que su resolución anterior, la segunda, no tiene fundamento jurídico. Además, informa a Defensa de que debe facilitar la información o interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consejo, como prevé la Ley de Transparencia.

22 de junio de 2016 –  El Consejo de Transparencia notifica a Civio como parte interesada que Defensa ha interpuesto un contencioso-administrativo contra su resolución. La persona del equipo de Civio que pidió la información recibe emplazamiento para comparecer en plazo de nueve días.

9 de febrero de 2017El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid desestima el recurso interpuesto por Defensa con la resolución del Consejo de Transparencia, que le instaba a hacer pública la información solicitada por Civio.

Coincidiendo con el segundo aniversario de la entrada en vigor de Ley de Transparencia, catedráticos y profesores de universidad de toda España han hecho un llamamiento a las fuerzas políticas y poderes públicos a reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental en nuestro país, siguiendo lo establecido por la jurisprudencia internacional.

Los firmantes, entre los que se encuentran juristas y politólogos de reconocido prestigio- como Manuel Villoria, José Luis Piñar, Emilio Guichot, David Ortega, Manuel Sánchez de Diego, Miguel Ángel Blanes o Elisa de La Nuez-, reconocen el avance que ha supuesto en España la ley de transparencia, pero han alertado sobre las limitaciones que conlleva que esta norma no reconozca el derecho como fundamental.

Los expertos defienden que el reconocimiento tiene cabida en Constitución Española y no sería necesaria una reforma de la misma, ya que el derecho de acceso a información viene amparado por su artículo 20.1.d y también por la jurisprudencia internacional, que reconoce el acceso a la información como imprescindible a la hora de permitir a los ciudadanos formar una opinión y participar en el debate público.

Las principales organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el derecho de acceso a información y la transparencia, como Access Info Europe, Civio o la PDLI han celebrado esta declaración y han expresado su apoyo. “Esta carta supone un impulso a algo que reclamamos desde hace años. El derecho de acceso a la información ya se reconoce como fundamental en más de 70 países y por la Naciones Unidas, incluso hay sentencias favorables del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, ha declarado Alba Gutiérrez, Coordinadora de campañas de Access Info.

Además, las organizaciones recuerdan que este reconocimiento del derecho de acceso a información como fundamental tiene claras repercusiones prácticas por su efecto disuasorio y preventivo sobre la corrupción. Igualmente, afirman que tiene un impacto directo sobre los derechos democráticos más esenciales como el derecho a participar en la toma de decisiones; de una prensa libre e independiente; y a la rendición de cuentas completa de lo público.

Puede leerse la carta de los juristas y académicos aquí.

El pasado 28 de septiembre, con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, convocamos un “maratón” de solicitudes de información para animar a la ciudadanía a preguntar a las instituciones y ejercer su derecho. Junto con el Consejo de Transparencia y Access Info Europe, habilitamos un sencillo formulario para que cualquier persona pudiera solicitar información sin restricciones técnicas, canalizando nosotros mismos sus preguntas.

A lo largo de la jornada, 90 ciudadanos nos enviaron más de 160 solicitudes de información dirigidas a la ministerios, diputaciones, ayuntamientos y otros organismos públicos. Las instituciones más preguntadas por los ciudadanos fueron ministerios (43,2%), ayuntamientos de toda España (16,7%), diferentes consejerías de Castilla y León (9,9% de las solicitudes) y Madrid (5,6%) y la Universidad de Salamanca (7,4%). De todas las solitudes recibidas durante ese día, aún nos quedan algunas por remitir a las instituciones. Lo haremos a lo largo de estas semanas, informando al solicitante de todo el proceso.

Como preveíamos, a excepción de las 70 preguntas formuladas a la Administración General del Estado –que son canalizadas mediante el Portal de Transparencia del Estado–, cada petición enviada a un organismo diferente supuso, además de una inversión importante de tiempo, una adaptación al sistema propio de cada institución. En ocasiones se trataba de un email, un formulario o de un sistema de identificación integrado en su sede electrónica.

La disparidad de los requisitos técnicos de cada plataforma complica el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Entre aquellos organismos a los que enviamos preguntas durante la jornada, algunos usaban formularios relativamente sencillos, como los de los ayuntamientos de Madrid o Barakaldo, AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) o el del Parlamento de Andalucía, aunque este último no sea de fácil acceso.

En el otro extremo están los portales que no están adaptados a todos los sistemas operativos –es decir, si utilizas iOS no puedes preguntar de forma telemática a todas las administraciones públicas–, portales que utilizan sedes electrónicas, con o sin mención al derecho a saber, o que requieren la instalación de credenciales o extensiones diferentes. El más restrictivo de los casos que encontramos fue el del Ayuntamiento de Málaga, que solo admitía peticiones de información entregadas en persona. Esto es contrario a la propia Ley de Transparencia, que contempla la tramitación del derecho a saber por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información solicitada y una dirección de contacto para dar respuesta (artículo 17.2 de la Ley).

La participación, más alta de lo previsto, también demuestra que cuando la ciudadanía cuenta con formas fáciles y rápidas de pedir información y de interactuar con las administraciones públicas, las utiliza.

Queremos agradecer a las personas que se acercaron a la sede del Consejo de Transparencia para recibir información, conocernos y saber más sobre esta iniciativa. Tuvimos el placer de contar con un diputado de la Asamblea de Madrid; de conocer a ciudadanos con un gran interés por el buen funcionamiento de las instituciones; a personas interesadas en colaborar en nuestros proyectos; a profesionales del sector público que, desde dentro de la administración, responden a las preguntas de los ciudadanos. También contamos con un miembro de una organización social que vino en persona a ejercer su derecho a saber y con un periodista que acudió para plantear sus dudas a los profesionales del Consejo de Transparencia.

Gracias al Consejo de Transparencia por albergar esta iniciativa y a todos los participantes por su implicación. Seguiremos trabajando para tratar de que el ejercicio del derecho a saber sea más conocido y accesible a todos los ciudadanos.

El 28 de septiembre celebramos el Día Internacional del Derecho a Saber, una iniciativa reconocida por las Naciones Unidas en la que se reclama derecho a acceder a la información de las administracionespúblicas como vía esencial para facilitar la participación ciudadana y garantizar la rendición de cuentas. En España el Derecho a Saber fue reconocido en 2013, pero no como un derecho fundamental. Eso le resta prevalencia frente a otras normas y limita el acceso a la información de los ciudadanos.

El Día Internacional del Derecho a Saber sirve además para recordar que la mayoría de los avances en transparencia han sido fruto del trabajo de una ciudadanía exigente, y que hoy es más necesario que nunca que los ciudadanos se involucren más en el proceso. El derecho a saber comienza por el deber de preguntarPor eso, la Fundación CivioAccess Info Europe y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Españaqueremos animarte y ayudarte a ejercer tu derecho a solicitar información a las instituciones ese día.

Queremos que te animes a preguntar sobre los asuntos públicos y queremos ayudarte a solventar todos los impedimentos que puedas tener al preguntar a la Administración.  Por ejemplo, que nunca hayas preguntado antes porque no sabes cómo hacerlo, no te has atrevido, te resulta un proceso complicado o no tienes un certificado electrónico.

1. Identifica cualquier información o datos de tu interés que puedan estar en manos de un organismo público. Si no sabes cuál es, o encuentras dificultades durante el proceso, escríbenos.

2. Si no cuentas con el certificado electrónico o los requisitos de identificación digital que exige la Administración y eso supone una barrera para que puedas ejercer tu derecho, haremos por ti tu pregunta y te haremos llegar la respuesta. No tienes más que usar el formulario que encontrarás al final de esta página. Civio y Access Info Europe utilizaremos nuestro propio certificado electrónico para puedas realizar tu pregunta. Cuando la Administración conteste, te enviaremos la contestación al correo electrónico que nos facilites.

3. Si tienes dudas sobre cómo  solicitar información o cómo reclamar en caso de que tu solicitud haya sido denegada, el 28 de septiembre estaremos en las oficinas del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno deseando conocerte y ayudándote a resolver cualquier cuestión.

Si estás en Madrid, no tienes más que acercarte a la sede de Consejo de Transparencia el día 28 de septiembre (calle José Abascal, 2,- 5ª Planta, de Madrid) entre las 09:00 y las 14:00 horas.

Si no puedes venir de forma presencial, puedes hacernos llegar cualquier pregunta a través de este formulario,  por las redes sociales a a través del hashtag #derechoasaber16 en Twitter o a través de los siguientes correos electrónicos:

USA ESTE FORMULARIO PARA QUE NOSOTROS TRASLADEMOS TUS SOLICITUDES A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS:

  • El Consejo de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos han publicado un criterio interpretativo sobre el derecho de acceso a datos personales de los participantes en estas reuniones
  • Responden a múltiples solicitudes de información sobre este asunto
  • El problema sigue siendo que las administraciones públicas no guardan información sobre sus reuniones de forma constante y estructurada

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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) ha publicado hoy un criterio conjunto de interpretación de la Ley de Transparencia centrado en aclarar si prevalece el derecho de acceso o la protección de datos a la hora de responder a solicitudes de información sobre asistentes a reuniones con cargos públicos. La conclusión general es: cuanta más responsabilidad tenga el participante, más derecho tenemos a conocer su nombre, también en entidades privadas.

Ambos organismos responden así a multitud de reclamaciones presentadas ante la negativa de dar nombres de los participantes en reuniones públicas, como las presentadas desde Civio (aquí y aquí), entre otras. Aunque cualquier dato identificativo se puede tratar como dato personal protegido, este criterio pondera este derecho con el de interés público.

Así, establece que, ante solicitudes de información de asistentes a reuniones de un cargo público en el ejercicio de sus funciones, se podrán dar los nombres de todos los altos cargos presentes, tanto por la parte pública como por la privada (empresas o asociaciones).

En concreto, en lo público, se podrá responder a la solicitud con los nombres de quienes tengan, al menos, nivel de subdirector general, subdelegado del gobierno provincial, directores de agencias estatales, entes y otros organismos públicos. De ahí para arriba. En el caso del personal eventual, se sumarán los nombres de aquellos que incidan en la toma de decisiones.

Para la parte privada, ambos organismos tienen en cuenta aquella información que ya es pública por otras vías, como quién es el administrador de una empresa, vía registros mercantiles. Así, establecen que se pueden dar los nombres de los participantes que sean administradores, miembros de los órganos de gobierno o dirección o altos directivos o asimilados. Eso sí, permite que se omita el nombre y firma en la que trabajan de los asesores externos de las compañías.

¿Quiere decir que podremos saber todos esos nombres de participantes en reuniones? En la mayoría de los casos, aún no. Como se recuerda en el texto de este criterio y pudimos comprobar en primera persona después de que se nos negara la información sobre los encuentros de altos cargos en todos los ministerios, esto aplica a la información que existe en cada organismo. Es decir, a la que tengan guardada y consolidada. Y, según aseguraron todos los departamentos, no tienen esa información. Ningún ministerio, aseguran, tiene una agenda de sus altos cargos que contenga toda esa información.

Así, aunque ya sabemos qué está protegido y qué no, la clave es que las administraciones guarden esa información de cara a permitir el escrutinio público. El CTBG está trabajando en un informe sobre qué debería ser una agenda para la transparencia y desde Civio ya hemos aportado nuestras recomendaciones. Ahora solo necesitamos voluntad política para que el concepto de rendición de cuentas se abra paso.

  • El Gobierno no publica datos sobre a quiénes votan los residentes en el extranjero
  • Interior responde a una solicitud de información enviando a preguntar en cada junta electoral
  • El Consejo de Transparencia le obliga a remitir la petición a la JEC para comprobar si existe esa información

Si preguntas al Ministerio del Interior qué votaron los españoles residentes en el extranjero el pasado 20 de diciembre, responde que no lo sabe. El voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), según la respuesta recibida a una solicitud de información realizada por Civio, “se integra y se diluye” en los resultados definitivos. Una respuesta que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha tumbado de forma parcial.

Interior asegura que esa información está, por separado, en cada una de las juntas de zona, y anima al solicitante a pedir los datos a todas ellas. Pero, como apunta el CTBG, su respuesta podría llevar implícita una afirmación: “la información -con los datos globales- estaría a disposición de la Junta Electoral Central“. Por esa razón, obliga a Interior a remitir la solicitud de información a este organismo, para que decida si concede o no el acceso a esos datos. Es decir: cómo votaron los residentes en el extranjero.

Otro de las argumentos que dio el Ministerio para negar los resultados globales del voto CERA es que “nunca antes habían sido difundidos por la Junta Electoral Central”, una razón que, para el Consejo, no es válida. Como tampoco lo es que la respuesta dada (enviar a los enlaces en los que se publican datos sobre resultados, pero no estos) sea la misma que la que se ofrece a cualquier ciudadano que se dirija a Interior. “El derecho de acceso tiene unas normas y unas excepciones”, afirma el CTBG. Es decir: no importa qué se haya hecho hasta ahora o cómo se responda por otras vías: las solicitudes de información basadas en la Ley de Transparencia tienen unas reglas concretas.

Interior también tiene dudas sobre si la Junta Electoral Central es un organismo afectado por el derecho de acceso a la información. Para el Consejo, sí lo está y debe recibir la solicitud para decidir si da los datos o no. Si el Ministerio hace caso a la resolución y remite la solicitud, será la JEC quien tenga que responder si tiene esos datos del conjunto y si, siendo así, concede el acceso.

BOLAS EXTRA:

  • ¿Y los residentes temporales?. La solicitud de información, enviada el pasado 2 de febrero, no solo preguntaba por los resultados del voto CERA, también por el CERTA (Censo Electoral de Residentes Temporalmente Ausentes). Interior afirma en este caso que este tipo de votos se incorporan a cada mesa electoral junto al de los españoles residentes en España y que el proceso no es reversible. Es decir, que es imposible separarlos del resto. En este caso, el CTBG ha dado la razón al Gobierno.
  • Conceder denegando. La primera respuesta de Interior afirmaba que se concedía el acceso a la información. Eso, claro, no es cierto. No se envió ninguno de los datos solicitados. Al plantear esta queja en la reclamación ante el Consejo, el Ministerio lo justifica en que el solicitante “tiene derecho a saber por qué es imposible darle los datos”. Eso, justificar por qué no se concede el acceso, es una denegación. Motivada, como obliga la ley.
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Fragmento de un oficio de requerimiento del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid, en el proceso iniciado por Defensa tras su demanda contra el Consejo de Transparencia.

El Ministerio de Defensa se niega a rendir cuentas sobre el uso de los aviones oficiales para el traslado de autoridades. Y para ello, el ministerio dirigido por Pedro Morenés ha recurrido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid una resolución del Consejo de Transparencia (CTBG) que le insta a ofrecer los datos de los acompañantes en los vuelos de altos cargos del Estado, a excepción de los traslados del rey y del presidente del Gobierno, que están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales.
 
Esta demanda es el último movimiento de un proceso iniciado en octubre de 2015, cuando Civio solicitó a través del Portal de Transparencia un listado de pasajeros transportados por la flota del Grupo 45 del Ejército del Aire, unidad responsable del traslado de autoridades. Tras obtener una negativa por respuesta, se planteó un recurso ante el Consejo de Transparencia, que este admitió de forma parcial.

Según la interpretación del CTBG llevada a los tribunales, los nombres de las personas que acompañan a ministros y altos cargos a bordo de los aviones oficiales no son materia clasificada, ya que la Ley de Secretos y una orden ministerial que aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa solo afecta a jefatura del Estado y del Gobierno. Es más, tras su argumentación, el CTBG considera que es de “especial relevancia” la información concerniente al uso de las aeronaves del Ejército del Aire destinadas al transporte de autoridades. A juicio del Consejo, esta información debe ser entregada para conocer la utilización de este medio de transporte sufragado con fondos públicos, “vedado a los ciudadanos” y disfrutado por los altos cargos –y sus acompañantes– “por razón de su cargo”.

Antes de esta demanda, en lugar de llevar a los tribunales la interpretación del CTBG, como establece la Ley de Transparencia, Defensa decidía saltarse el procedimiento y emitir una nueva resolución para denegar la información. Es decir, tras la resolución del Consejo de Transparencia, Defensa tiene dos alternativas contempladas en la normativa: acatar la decisión del CTBG o apelar ante el Contencioso-Administrativo. Pero no siguió ninguna. Decidió desobedecer al organismo presidido por Esther Arizmendi e ignorar la ley, al reiniciar contra procedimiento la tramitación de la petición de información pública y emitir una nueva denegación.

Esta cabriola procedimental fue protestada por Civio y criticada por el CTBG, que el pasado mes de abril exigió a Defensa dejar sin efecto esta última resolución firmada por el General Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire y apremió a que fuera ejecutada su resolución en la que pedía la identificación de los acompañantes de las autoridades a bordo de los aviones de la Fuerza Aérea Española. La respuesta de Defensa a este requerimiento se traduce hoy en una demanda del abogado del Estado contra la posición del Consejo de Transparencia. Ahora será el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo quien decida sobre la rendición de cuentas en el uso de los aviones oficiales.

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La Coalición ProAcceso , formada por más de 60 organizaciones y actores de la sociedad civil, hace un llamamiento a las distintas fuerzas políticas españolas para que asuman, de cara a las próximas elecciones generales del 26 de junio, un firme compromiso que garantice el pleno derecho de acceso a la información en España y la transparencia de lo público ajustándose a los 10 principios defendidos por la Coalición desde el año 2006.

Estas organizaciones instan a las principales fuerzas políticas a incluir en sus programas como área de reforma prioritaria las necesarias mejoras en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno para que se adecue a los estándares internacionales.

Las limitaciones de la actual Ley han sido puestas de manifiesto en numerosas ocasiones, evidenciando que es una ley a todas luces insuficiente para poder garantizar el acceso a información como un derecho fundamental. Sin embargo, los principales actores políticos de este país no han abordado durante estos meses el tema en profundidad. Los compromisos y las propuestas de mejora han sido parciales y poco ambiciosas.

En un contexto de descrédito las instituciones y de desafección ciudadana ante la labor política e institucional, consideramos esencial y urgente emprender el camino hacia una clara y definitiva mejora de la ley de transparencia para recuperar la confianza de los ciudadanos.

Por ello, hoy recordamos nuestro decálogo como principios fundamentales que toda legislación en materia de acceso a la información es esencial que recoja:

1. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona.
2. El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.
3. El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.
4. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.
5. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.
6. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción.
7. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.
8. Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
9. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.
10. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.

Llamamos a los candidatos y sus partidos a incluir estos principios en sus prioridades para velar por que se consolide el derecho a la información en España y a garantizar, tanto en materia legal como en la práctica unas instituciones transparentes y abiertas para una ciudadanía informada. Para ello es esencial que, además de asumir los principios de la Coalición ProAcceso, se incluyan las propuestas electorales programas de acción y en los presupuestos para educar y formar al público y a los funcionarios sobre el sentido, utilidad y uso de la Ley de Transparencia.

El ministerio encabezado por Pedro Morénes ignora al Consejo de Transparencia, que le insta a entregar una información de "especial relevancia". El Ejército del Aire no identifica a las personas que embarcan en sus aviones pese a reconocer que es parte del procedimiento de control operativo de estos vuelos.

Recibimiento del ministro de Defensa, Pedro Morenés, en su visita de 2013 a Astaná (Kazajstán) tras viajar a bordo del Falcon, uno de los aviones del Grupo 45 del Ejército del Aire. Fuente: mde.es

El Ministerio de Defensa encubre los nombres de las personas que viajaron a bordo de los aviones oficiales junto a los ministros. Lo hace, además, tras desobedecer de manera premeditada las indicaciones del Consejo de Transparencia (CTBG), que le insta a entregar esta información. Después de una petición de información y una reclamación ante el CTBG, Defensa reinicia, a su propio arbitrio y contra procedimiento, la tramitación de una solicitud de acceso a la información para negar una información pública. Con esta vuelta de tuerca, el departamento dirigido en funciones por Pedro Morenés ignora al Consejo de Transparencia para esconder la identidad de los viajeros que acompañan en aeronaves de la Fuerza Aérea Española a los altos cargos del Gobierno.

Primera denegación de Defensa: prima la privacidad ante el interés público

El origen de la situación en la que Defensa ignora las indicaciones del CTBG radica en una petición de información presentada por Civio dirigida al Grupo 45 del Ejército del Aire. Esta unidad tiene encomendada la misión de transportar, previa solicitud por escrito, a las autoridades, tanto españolas como extranjeras de visita en España a las que el Gobierno decide brindarle esta forma de transporte. La petición de información pedía a esta unidad del Ejército del Aire un listado de todos los pasajeros de estos vuelos con altos cargos a bordo.

 

 

Solicitud de información registrada por Civio en Octubre de 2015

Solicitud de información registrada por Civio en Octubre de 2015

La respuesta de Defensa a la solicitud de información planteada al Grupo 45 se limita a denegar la información en base, por un lado, a la protección de datos personales –que sitúa en este caso por encima del interés público– y, por otro lado, en el límite contemplado en la Ley de Transparencia para supuestos en los que la difusión de una información suponga un perjuicio para la defensa. Para apoyar este razonamiento, el General Segundo Jefe de Estado Mayor del Aire, firmante de la resolución denegatoria, alude a la Ley de Secretos Oficiales y una orden ministerial que reconoce la facultad para clasificar los materiales que considere pertinentes para proteger sus intereses.

Resolución del Consejo de Transparencia: información de especial relevancia

Esta interpretación de las normas fue reclamada ante el CTBG, que estimó el recurso. En su resolución considera que es de “especial relevancia” la información concerniente al uso de las aeronaves del Ejército del Aire destinadas al transporte de autoridades. A juicio del Consejo, esta información debe ser entregada para conocer la utilización de este medio de transporte sufragado con fondos públicos, vedado a los ciudadanos y disfrutado por los altos cargos –y sus acompañantes– por razón de su cargo.

En cuanto a la protección de datos personales, el CTBG argumenta que la difusión el nombre de las personas transportadas por el Grupo 45 no quebranta la normativa puesto que no revela datos de especial protección, dado que no se refieren a su ideología, creencias, salud, vida sexual o comisión de infracciones penales o administrativas. En este punto, el Consejo manifiesta su preocupación por la “interpretación extensiva” de los límites al derecho de acceso a la información.

Además, el CTBG subraya que la clasificación de la información a la que alude Defensa, al invocar la Ley de Secretos Oficiales, solo está referida a la Casa Real y a la Presidencia del Gobierno. Esto significa que los datos relativos al transporte aéreo del presidente y del jefe del Estado están de por sí clasificados, pero no es así para las identidades del resto de autoridades transportadas y la de sus acompañantes, que han de ser públicas. Por ello, el CTBG insta al Ministerio de Defensa a entregar en el plazo de un mes la información.

Defensa se contradice y oculta información pública durante más de seis meses

En lugar de acatar la disposición –o de recurrirla ante Tribunal Contencioso-Administrativo de no estar conforme–, el General Segundo Jefe de Estado Mayor del Aire decide ignorar al Consejo de Transparencia y presentar más alegaciones. En su última resolución, tramitada como una nueva solicitud de información y al margen del procedimiento fijado en la Ley de Transparencia, Defensa rechaza responder, en esta ocasión, por entender que el derecho de acceso a la información pública solo es aplicable a los documentos generados por la administración pública desde la entrada de vigor de la Ley, en diciembre de 2014. Es decir, Defensa entiende que la información generada antes de esa fecha queda fuera del conocimiento de los ciudadanos.

Además, aduce que el Ejército del Aire no dispone de la información relativa de todos los viajeros. A pesar de que la solicitud de transporte aéreo debe incluir los datos de las personas que viajarán con las autoridades y que estos forman parte del procedimiento de control de los aspectos operativos del vuelo, según reconoce en otra resolución paralela sobre el procedimiento de estos traslados, Defensa reconoce haber recibido estos datos solo en uno de cada cuatro vuelos operados en los últimos cinco años y que no se realiza identificación alguna de las personas que embarcan en sus aviones, ya que, según sus palabras, para el cumplimiento de la misión solo les importa el número de pasajeros. Es decir, primero Defensa endilga la responsabilidad de la desinformación a los organismos públicos que no informan debidamente y acto seguido se contradice o declara incumplir los procedimientos de control al no verificar quién accede a sus aeronaves.

Con este incumplimiento de la resolución del CTBG, Defensa pretende arrancar de nuevo un proceso que se inició con la solicitud en octubre de 2015 y que debía haber sido entregada el 15 de marzo de 2016. Después de su última maniobra, el Consejo de Transparencia envió el pasado 12 de abril un escrito al ministerio de Pedro Morenés para exigir el cumplimiento de sus resoluciones. A día de hoy, Defensa continúa mirando hacia otro lado.

La ministra en funciones de Fomento, Ana Pastor, en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

La ministra en funciones de Fomento, Ana Pastor, en la rueda posterior al Consejo de Ministros. Fuente: lamoncloa.gob.es

“Existen circunstancias que permiten cuestionar la finalidad seria y legítima del solicitante”. El Ministerio de Fomento incluye esta valoración en su respuesta para inadmitir a trámite una solicitud de información que pedía la relación de pagos realizados por este ministerio en dos programas de gasto muy específicos destinados a la creación, conservación y explotación de carreteras. En su descargo, el Ministerio reclama al solicitante una coherencia, “que se halla ausente en su actuación” y pide un “afán de conocimiento concreto”, y no “estar más bien orientada a la obtención de una base de datos”.

La solicitud de cuya “finalidad seria” recela el Ministerio pedía una lista de pagos cargados a dos subconceptos –el mínimo nivel de detalle disponible en el presupuesto, pero no en la ejecución– de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asignados al Ministerio de Fomento, desde el año 2000 a la actualidad.

Solicitud de información dirigida al Ministerio de Fomento a través del Portal de Transparencia.

Solicitud de información dirigida al Ministerio de Fomento a través del Portal de Transparencia.

En una inaudita resolución de una petición de información, el Ministerio de Fomento recela de la intención y la finalidad de una pregunta y deniega, por ello, el acceso a los datos solicitados. De esta forma, Fomento retuerce las causas de inadmisión a trámite contempladas en la Ley de Transparencia para tachar de incoherente e inconcreta una pregunta explícita sobre la ejecución de dos programas concretos de los PGE.

Este juicio de valor del Ministerio de Fomento resulta alarmante. Cuestiona la legitimidad y la seriedad de quien pregunta por dos partidas etiquetadas como 'Otros' y que suponen, por ejemplo, el 26,7% del presupuesto total del Ministerio de Fomento para 2016. Un cajón de sastre de más de 1.660 millones de euros.

Uno de los principios que caracterizan la cultura de la Transparencia es mejorar el conocimiento relativo a la disposición de los fondos públicos y su rendición de cuentas. La ley, aunque no recoja en las obligaciones de publicidad activa el nivel de detalle solicitado en este caso, debe interpretarse para permitir a los ciudadanos conocer a qué se destina cada euro del gasto público.

Otro matiz reprochable de la respuesta del ministerio que dirige en funciones Ana Pastor es que transfiere nuevas exigencias –“seriedad”, “coherencia”, “concreción”- a los solicitantes de información al amparo de una ley que a quien obliga es a las instituciones públicas. La propia Ley de Transparencia establece que, en caso de supuesta falta de concreción, la administración debe pedir al solicitante que clarifique qué datos requiere (artículo 19.2). La regulación establece que la administración debe auxiliar al ciudadano, pero Fomento opta por cuestionar su seriedad y sus intenciones.

Además de dudar de la seriedad de la pregunta y de tachar de incoherente la actuación del solicitante, la respuesta del Ministerio entremezcla varios motivos de inadmisión incluidos en la Ley de Transparencia para denegar el acceso a los datos. Primero, inadmite a trámite la petición de información por requerir, para poder facilitarla, una reelaboración de la información. Después, alega que se trata de una solicitud repetitiva y de carácter abusivo. Dentro de este abuso, invoca la protección de datos personales y al volumen de la información como escollo para conceder el acceso a lo solicitado.

En su respuesta, Fomento no contempla los mecanismos que incorpora la ley como la ampliación del plazo de respuesta ante informaciones voluminosas (artículo 20.1) o la facultad de anonimizar los datos (artículos 15.4 y 16) para no vulnerar la protección de datos personales. En lugar de existir una actitud de ayuda y asistencia al solicitante –con una respuesta parcial acotada a un rango de años inferior, previa justificación, por ejemplo–, el Ministerio de Fomento pone más esfuerzo e imaginación para denegar unos datos presupuestarios que competen a toda la ciudadanía.