• El Consejo de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos han publicado un criterio interpretativo sobre el derecho de acceso a datos personales de los participantes en estas reuniones
  • Responden a múltiples solicitudes de información sobre este asunto
  • El problema sigue siendo que las administraciones públicas no guardan información sobre sus reuniones de forma constante y estructurada

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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) ha publicado hoy un criterio conjunto de interpretación de la Ley de Transparencia centrado en aclarar si prevalece el derecho de acceso o la protección de datos a la hora de responder a solicitudes de información sobre asistentes a reuniones con cargos públicos. La conclusión general es: cuanta más responsabilidad tenga el participante, más derecho tenemos a conocer su nombre, también en entidades privadas.

Ambos organismos responden así a multitud de reclamaciones presentadas ante la negativa de dar nombres de los participantes en reuniones públicas, como las presentadas desde Civio (aquí y aquí), entre otras. Aunque cualquier dato identificativo se puede tratar como dato personal protegido, este criterio pondera este derecho con el de interés público.

Así, establece que, ante solicitudes de información de asistentes a reuniones de un cargo público en el ejercicio de sus funciones, se podrán dar los nombres de todos los altos cargos presentes, tanto por la parte pública como por la privada (empresas o asociaciones).

En concreto, en lo público, se podrá responder a la solicitud con los nombres de quienes tengan, al menos, nivel de subdirector general, subdelegado del gobierno provincial, directores de agencias estatales, entes y otros organismos públicos. De ahí para arriba. En el caso del personal eventual, se sumarán los nombres de aquellos que incidan en la toma de decisiones.

Para la parte privada, ambos organismos tienen en cuenta aquella información que ya es pública por otras vías, como quién es el administrador de una empresa, vía registros mercantiles. Así, establecen que se pueden dar los nombres de los participantes que sean administradores, miembros de los órganos de gobierno o dirección o altos directivos o asimilados. Eso sí, permite que se omita el nombre y firma en la que trabajan de los asesores externos de las compañías.

¿Quiere decir que podremos saber todos esos nombres de participantes en reuniones? En la mayoría de los casos, aún no. Como se recuerda en el texto de este criterio y pudimos comprobar en primera persona después de que se nos negara la información sobre los encuentros de altos cargos en todos los ministerios, esto aplica a la información que existe en cada organismo. Es decir, a la que tengan guardada y consolidada. Y, según aseguraron todos los departamentos, no tienen esa información. Ningún ministerio, aseguran, tiene una agenda de sus altos cargos que contenga toda esa información.

Así, aunque ya sabemos qué está protegido y qué no, la clave es que las administraciones guarden esa información de cara a permitir el escrutinio público. El CTBG está trabajando en un informe sobre qué debería ser una agenda para la transparencia y desde Civio ya hemos aportado nuestras recomendaciones. Ahora solo necesitamos voluntad política para que el concepto de rendición de cuentas se abra paso.

  • El Gobierno no publica datos sobre a quiénes votan los residentes en el extranjero
  • Interior responde a una solicitud de información enviando a preguntar en cada junta electoral
  • El Consejo de Transparencia le obliga a remitir la petición a la JEC para comprobar si existe esa información

Si preguntas al Ministerio del Interior qué votaron los españoles residentes en el extranjero el pasado 20 de diciembre, responde que no lo sabe. El voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), según la respuesta recibida a una solicitud de información realizada por Civio, “se integra y se diluye” en los resultados definitivos. Una respuesta que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha tumbado de forma parcial.

Interior asegura que esa información está, por separado, en cada una de las juntas de zona, y anima al solicitante a pedir los datos a todas ellas. Pero, como apunta el CTBG, su respuesta podría llevar implícita una afirmación: “la información -con los datos globales- estaría a disposición de la Junta Electoral Central“. Por esa razón, obliga a Interior a remitir la solicitud de información a este organismo, para que decida si concede o no el acceso a esos datos. Es decir: cómo votaron los residentes en el extranjero.

Otro de las argumentos que dio el Ministerio para negar los resultados globales del voto CERA es que “nunca antes habían sido difundidos por la Junta Electoral Central”, una razón que, para el Consejo, no es válida. Como tampoco lo es que la respuesta dada (enviar a los enlaces en los que se publican datos sobre resultados, pero no estos) sea la misma que la que se ofrece a cualquier ciudadano que se dirija a Interior. “El derecho de acceso tiene unas normas y unas excepciones”, afirma el CTBG. Es decir: no importa qué se haya hecho hasta ahora o cómo se responda por otras vías: las solicitudes de información basadas en la Ley de Transparencia tienen unas reglas concretas.

Interior también tiene dudas sobre si la Junta Electoral Central es un organismo afectado por el derecho de acceso a la información. Para el Consejo, sí lo está y debe recibir la solicitud para decidir si da los datos o no. Si el Ministerio hace caso a la resolución y remite la solicitud, será la JEC quien tenga que responder si tiene esos datos del conjunto y si, siendo así, concede el acceso.

BOLAS EXTRA:

  • ¿Y los residentes temporales?. La solicitud de información, enviada el pasado 2 de febrero, no solo preguntaba por los resultados del voto CERA, también por el CERTA (Censo Electoral de Residentes Temporalmente Ausentes). Interior afirma en este caso que este tipo de votos se incorporan a cada mesa electoral junto al de los españoles residentes en España y que el proceso no es reversible. Es decir, que es imposible separarlos del resto. En este caso, el CTBG ha dado la razón al Gobierno.
  • Conceder denegando. La primera respuesta de Interior afirmaba que se concedía el acceso a la información. Eso, claro, no es cierto. No se envió ninguno de los datos solicitados. Al plantear esta queja en la reclamación ante el Consejo, el Ministerio lo justifica en que el solicitante “tiene derecho a saber por qué es imposible darle los datos”. Eso, justificar por qué no se concede el acceso, es una denegación. Motivada, como obliga la ley.
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Fragmento de un oficio de requerimiento del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid, en el proceso iniciado por Defensa tras su demanda contra el Consejo de Transparencia.

El Ministerio de Defensa se niega a rendir cuentas sobre el uso de los aviones oficiales para el traslado de autoridades. Y para ello, el ministerio dirigido por Pedro Morenés ha recurrido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid una resolución del Consejo de Transparencia (CTBG) que le insta a ofrecer los datos de los acompañantes en los vuelos de altos cargos del Estado, a excepción de los traslados del rey y del presidente del Gobierno, que están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales.
 
Esta demanda es el último movimiento de un proceso iniciado en octubre de 2015, cuando Civio solicitó a través del Portal de Transparencia un listado de pasajeros transportados por la flota del Grupo 45 del Ejército del Aire, unidad responsable del traslado de autoridades. Tras obtener una negativa por respuesta, se planteó un recurso ante el Consejo de Transparencia, que este admitió de forma parcial.

Según la interpretación del CTBG llevada a los tribunales, los nombres de las personas que acompañan a ministros y altos cargos a bordo de los aviones oficiales no son materia clasificada, ya que la Ley de Secretos y una orden ministerial que aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa solo afecta a jefatura del Estado y del Gobierno. Es más, tras su argumentación, el CTBG considera que es de “especial relevancia” la información concerniente al uso de las aeronaves del Ejército del Aire destinadas al transporte de autoridades. A juicio del Consejo, esta información debe ser entregada para conocer la utilización de este medio de transporte sufragado con fondos públicos, “vedado a los ciudadanos” y disfrutado por los altos cargos –y sus acompañantes– “por razón de su cargo”.

Antes de esta demanda, en lugar de llevar a los tribunales la interpretación del CTBG, como establece la Ley de Transparencia, Defensa decidía saltarse el procedimiento y emitir una nueva resolución para denegar la información. Es decir, tras la resolución del Consejo de Transparencia, Defensa tiene dos alternativas contempladas en la normativa: acatar la decisión del CTBG o apelar ante el Contencioso-Administrativo. Pero no siguió ninguna. Decidió desobedecer al organismo presidido por Esther Arizmendi e ignorar la ley, al reiniciar contra procedimiento la tramitación de la petición de información pública y emitir una nueva denegación.

Esta cabriola procedimental fue protestada por Civio y criticada por el CTBG, que el pasado mes de abril exigió a Defensa dejar sin efecto esta última resolución firmada por el General Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire y apremió a que fuera ejecutada su resolución en la que pedía la identificación de los acompañantes de las autoridades a bordo de los aviones de la Fuerza Aérea Española. La respuesta de Defensa a este requerimiento se traduce hoy en una demanda del abogado del Estado contra la posición del Consejo de Transparencia. Ahora será el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo quien decida sobre la rendición de cuentas en el uso de los aviones oficiales.

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La Coalición ProAcceso , formada por más de 60 organizaciones y actores de la sociedad civil, hace un llamamiento a las distintas fuerzas políticas españolas para que asuman, de cara a las próximas elecciones generales del 26 de junio, un firme compromiso que garantice el pleno derecho de acceso a la información en España y la transparencia de lo público ajustándose a los 10 principios defendidos por la Coalición desde el año 2006.

Estas organizaciones instan a las principales fuerzas políticas a incluir en sus programas como área de reforma prioritaria las necesarias mejoras en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno para que se adecue a los estándares internacionales.

Las limitaciones de la actual Ley han sido puestas de manifiesto en numerosas ocasiones, evidenciando que es una ley a todas luces insuficiente para poder garantizar el acceso a información como un derecho fundamental. Sin embargo, los principales actores políticos de este país no han abordado durante estos meses el tema en profundidad. Los compromisos y las propuestas de mejora han sido parciales y poco ambiciosas.

En un contexto de descrédito las instituciones y de desafección ciudadana ante la labor política e institucional, consideramos esencial y urgente emprender el camino hacia una clara y definitiva mejora de la ley de transparencia para recuperar la confianza de los ciudadanos.

Por ello, hoy recordamos nuestro decálogo como principios fundamentales que toda legislación en materia de acceso a la información es esencial que recoja:

1. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona.
2. El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.
3. El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.
4. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.
5. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.
6. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción.
7. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.
8. Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
9. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.
10. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.

Llamamos a los candidatos y sus partidos a incluir estos principios en sus prioridades para velar por que se consolide el derecho a la información en España y a garantizar, tanto en materia legal como en la práctica unas instituciones transparentes y abiertas para una ciudadanía informada. Para ello es esencial que, además de asumir los principios de la Coalición ProAcceso, se incluyan las propuestas electorales programas de acción y en los presupuestos para educar y formar al público y a los funcionarios sobre el sentido, utilidad y uso de la Ley de Transparencia.

El ministerio encabezado por Pedro Morénes ignora al Consejo de Transparencia, que le insta a entregar una información de "especial relevancia". El Ejército del Aire no identifica a las personas que embarcan en sus aviones pese a reconocer que es parte del procedimiento de control operativo de estos vuelos.

Recibimiento del ministro de Defensa, Pedro Morenés, en su visita de 2013 a Astaná (Kazajstán) tras viajar a bordo del Falcon, uno de los aviones del Grupo 45 del Ejército del Aire. Fuente: mde.es

El Ministerio de Defensa encubre los nombres de las personas que viajaron a bordo de los aviones oficiales junto a los ministros. Lo hace, además, tras desobedecer de manera premeditada las indicaciones del Consejo de Transparencia (CTBG), que le insta a entregar esta información. Después de una petición de información y una reclamación ante el CTBG, Defensa reinicia, a su propio arbitrio y contra procedimiento, la tramitación de una solicitud de acceso a la información para negar una información pública. Con esta vuelta de tuerca, el departamento dirigido en funciones por Pedro Morenés ignora al Consejo de Transparencia para esconder la identidad de los viajeros que acompañan en aeronaves de la Fuerza Aérea Española a los altos cargos del Gobierno.

Primera denegación de Defensa: prima la privacidad ante el interés público

El origen de la situación en la que Defensa ignora las indicaciones del CTBG radica en una petición de información presentada por Civio dirigida al Grupo 45 del Ejército del Aire. Esta unidad tiene encomendada la misión de transportar, previa solicitud por escrito, a las autoridades, tanto españolas como extranjeras de visita en España a las que el Gobierno decide brindarle esta forma de transporte. La petición de información pedía a esta unidad del Ejército del Aire un listado de todos los pasajeros de estos vuelos con altos cargos a bordo.

 

 

Solicitud de información registrada por Civio en Octubre de 2015

Solicitud de información registrada por Civio en Octubre de 2015

La respuesta de Defensa a la solicitud de información planteada al Grupo 45 se limita a denegar la información en base, por un lado, a la protección de datos personales –que sitúa en este caso por encima del interés público– y, por otro lado, en el límite contemplado en la Ley de Transparencia para supuestos en los que la difusión de una información suponga un perjuicio para la defensa. Para apoyar este razonamiento, el General Segundo Jefe de Estado Mayor del Aire, firmante de la resolución denegatoria, alude a la Ley de Secretos Oficiales y una orden ministerial que reconoce la facultad para clasificar los materiales que considere pertinentes para proteger sus intereses.

Resolución del Consejo de Transparencia: información de especial relevancia

Esta interpretación de las normas fue reclamada ante el CTBG, que estimó el recurso. En su resolución considera que es de “especial relevancia” la información concerniente al uso de las aeronaves del Ejército del Aire destinadas al transporte de autoridades. A juicio del Consejo, esta información debe ser entregada para conocer la utilización de este medio de transporte sufragado con fondos públicos, vedado a los ciudadanos y disfrutado por los altos cargos –y sus acompañantes– por razón de su cargo.

En cuanto a la protección de datos personales, el CTBG argumenta que la difusión el nombre de las personas transportadas por el Grupo 45 no quebranta la normativa puesto que no revela datos de especial protección, dado que no se refieren a su ideología, creencias, salud, vida sexual o comisión de infracciones penales o administrativas. En este punto, el Consejo manifiesta su preocupación por la “interpretación extensiva” de los límites al derecho de acceso a la información.

Además, el CTBG subraya que la clasificación de la información a la que alude Defensa, al invocar la Ley de Secretos Oficiales, solo está referida a la Casa Real y a la Presidencia del Gobierno. Esto significa que los datos relativos al transporte aéreo del presidente y del jefe del Estado están de por sí clasificados, pero no es así para las identidades del resto de autoridades transportadas y la de sus acompañantes, que han de ser públicas. Por ello, el CTBG insta al Ministerio de Defensa a entregar en el plazo de un mes la información.

Defensa se contradice y oculta información pública durante más de seis meses

En lugar de acatar la disposición –o de recurrirla ante Tribunal Contencioso-Administrativo de no estar conforme–, el General Segundo Jefe de Estado Mayor del Aire decide ignorar al Consejo de Transparencia y presentar más alegaciones. En su última resolución, tramitada como una nueva solicitud de información y al margen del procedimiento fijado en la Ley de Transparencia, Defensa rechaza responder, en esta ocasión, por entender que el derecho de acceso a la información pública solo es aplicable a los documentos generados por la administración pública desde la entrada de vigor de la Ley, en diciembre de 2014. Es decir, Defensa entiende que la información generada antes de esa fecha queda fuera del conocimiento de los ciudadanos.

Además, aduce que el Ejército del Aire no dispone de la información relativa de todos los viajeros. A pesar de que la solicitud de transporte aéreo debe incluir los datos de las personas que viajarán con las autoridades y que estos forman parte del procedimiento de control de los aspectos operativos del vuelo, según reconoce en otra resolución paralela sobre el procedimiento de estos traslados, Defensa reconoce haber recibido estos datos solo en uno de cada cuatro vuelos operados en los últimos cinco años y que no se realiza identificación alguna de las personas que embarcan en sus aviones, ya que, según sus palabras, para el cumplimiento de la misión solo les importa el número de pasajeros. Es decir, primero Defensa endilga la responsabilidad de la desinformación a los organismos públicos que no informan debidamente y acto seguido se contradice o declara incumplir los procedimientos de control al no verificar quién accede a sus aeronaves.

Con este incumplimiento de la resolución del CTBG, Defensa pretende arrancar de nuevo un proceso que se inició con la solicitud en octubre de 2015 y que debía haber sido entregada el 15 de marzo de 2016. Después de su última maniobra, el Consejo de Transparencia envió el pasado 12 de abril un escrito al ministerio de Pedro Morenés para exigir el cumplimiento de sus resoluciones. A día de hoy, Defensa continúa mirando hacia otro lado.

La ministra en funciones de Fomento, Ana Pastor, en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

La ministra en funciones de Fomento, Ana Pastor, en la rueda posterior al Consejo de Ministros. Fuente: lamoncloa.gob.es

“Existen circunstancias que permiten cuestionar la finalidad seria y legítima del solicitante”. El Ministerio de Fomento incluye esta valoración en su respuesta para inadmitir a trámite una solicitud de información que pedía la relación de pagos realizados por este ministerio en dos programas de gasto muy específicos destinados a la creación, conservación y explotación de carreteras. En su descargo, el Ministerio reclama al solicitante una coherencia, “que se halla ausente en su actuación” y pide un “afán de conocimiento concreto”, y no “estar más bien orientada a la obtención de una base de datos”.

La solicitud de cuya “finalidad seria” recela el Ministerio pedía una lista de pagos cargados a dos subconceptos –el mínimo nivel de detalle disponible en el presupuesto, pero no en la ejecución– de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asignados al Ministerio de Fomento, desde el año 2000 a la actualidad.

Solicitud de información dirigida al Ministerio de Fomento a través del Portal de Transparencia.

Solicitud de información dirigida al Ministerio de Fomento a través del Portal de Transparencia.

En una inaudita resolución de una petición de información, el Ministerio de Fomento recela de la intención y la finalidad de una pregunta y deniega, por ello, el acceso a los datos solicitados. De esta forma, Fomento retuerce las causas de inadmisión a trámite contempladas en la Ley de Transparencia para tachar de incoherente e inconcreta una pregunta explícita sobre la ejecución de dos programas concretos de los PGE.

Este juicio de valor del Ministerio de Fomento resulta alarmante. Cuestiona la legitimidad y la seriedad de quien pregunta por dos partidas etiquetadas como 'Otros' y que suponen, por ejemplo, el 26,7% del presupuesto total del Ministerio de Fomento para 2016. Un cajón de sastre de más de 1.660 millones de euros.

Uno de los principios que caracterizan la cultura de la Transparencia es mejorar el conocimiento relativo a la disposición de los fondos públicos y su rendición de cuentas. La ley, aunque no recoja en las obligaciones de publicidad activa el nivel de detalle solicitado en este caso, debe interpretarse para permitir a los ciudadanos conocer a qué se destina cada euro del gasto público.

Otro matiz reprochable de la respuesta del ministerio que dirige en funciones Ana Pastor es que transfiere nuevas exigencias –“seriedad”, “coherencia”, “concreción”- a los solicitantes de información al amparo de una ley que a quien obliga es a las instituciones públicas. La propia Ley de Transparencia establece que, en caso de supuesta falta de concreción, la administración debe pedir al solicitante que clarifique qué datos requiere (artículo 19.2). La regulación establece que la administración debe auxiliar al ciudadano, pero Fomento opta por cuestionar su seriedad y sus intenciones.

Además de dudar de la seriedad de la pregunta y de tachar de incoherente la actuación del solicitante, la respuesta del Ministerio entremezcla varios motivos de inadmisión incluidos en la Ley de Transparencia para denegar el acceso a los datos. Primero, inadmite a trámite la petición de información por requerir, para poder facilitarla, una reelaboración de la información. Después, alega que se trata de una solicitud repetitiva y de carácter abusivo. Dentro de este abuso, invoca la protección de datos personales y al volumen de la información como escollo para conceder el acceso a lo solicitado.

En su respuesta, Fomento no contempla los mecanismos que incorpora la ley como la ampliación del plazo de respuesta ante informaciones voluminosas (artículo 20.1) o la facultad de anonimizar los datos (artículos 15.4 y 16) para no vulnerar la protección de datos personales. En lugar de existir una actitud de ayuda y asistencia al solicitante –con una respuesta parcial acotada a un rango de años inferior, previa justificación, por ejemplo–, el Ministerio de Fomento pone más esfuerzo e imaginación para denegar unos datos presupuestarios que competen a toda la ciudadanía.

Firma invitada. Este artículo ha sido publicado originalmente por Encarna Hernández en su blog

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Imagen de Juan J. Martínez, extraída de Wikimedia Commons

Los presupuestos son una herramienta fundamental dentro de la gestión pública, de ahí que su conocimiento por parte de todos los actores interesados (desde los Parlamentos hasta la ciudadanía en general) sea decisivo para garantizar una correcta planificación y control del gasto público. Muchas veces, la complejidad y magnitud de la información contable hace difícil ese control, no solo para el ciudadano de a pie, sino también para los propios representantes públicos que no tienen formación específica en este campo. Ello refuerza la necesidad de acudir a órganos independientes y especializados como las oficinas presupuestarias.

¿Qué hace una oficina presupuestaria? El gran referente lo encontramos en la del Congreso de los Estados Unidos, cuya tarea central es la de analizar de forma independiente asuntos relacionados con el presupuesto y la política económica para servir de apoyo al proceso presupuestario, aportando a su vez transparencia a los resultados de estos análisis. Por ello sus informes son públicos, lo que aporta al conjunto de la sociedad civil la posibilidad de acceder a una información independiente sobre la situación financiera del país al margen de la documentación que aporta el Gobierno y los partidos políticos, garantizando así una parte importante de lo que entendemos por un presupuesto y gasto público transparente.

En definitiva, una oficina presupuestaria no solo ofrece asesoramiento técnico a los parlamentarios, sino que los resultados de su trabajo, a través de distintos informes o estudios, deben estar abiertos a la sociedad, de forma actualizada y comprensible, algo muy sencillo de ofrecer con el actual desarrollo de las TIC.

La Oficina Presupuestaria de las Cortes: lo que sabemos

En España, la puesta en funcionamiento de una oficina presupuestaria en el seno de las Cortes ha sido un reclamo histórico, pero no se creó por Ley hasta 2010. El órgano de nuevo cuño obedece a la necesidad “de articular en el seno de las Cámaras un mecanismo eficaz de asesoramiento técnico en materia de seguimiento y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y sobre aquellos aspectos que tengan repercusión en los ingresos y gastos públicos”. Se trata, a su vez, de un “instrumento inspirado en los principios de independencia, objetividad y transparencia que se pone al alcance de los Diputados y Senadores”.  La Oficina estaría adscrita orgánicamente a la Secretaría General del Congreso, su director sería elegido por las Mesas de las Cámaras entre personas de reconocido prestigio y se le asignaría una dotación presupuestaria dentro de la partida destinada a las Cortes Generales.

Algo más de un año después, se aprueba una Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 19 de julio de 2011, por la que se regula su composición y funcionamiento, y donde se establece que la Oficina Presupuestaria llevará un registro en el que constará cada una de las consultas realizadas y el órgano de la Cámara, Diputado, Senador o Grupo Parlamentario que las formula, así como los informes y notas elaborados. Así mismo, podrá elaborar notas sobre cualquier información económica o presupuestaria que se remita a la Cámara, en particular, podrá realizar informes sobre la evolución de la recaudación tributaria a partir de los datos que proporcione la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Esto es lo que se recoge sobre el papel, aunque lo cierto es que la Oficina no tuvo un director hasta abril de 2013, siendo el designado Vicente Fernández de Gamarra, un alto funcionario del Ministerio de Hacienda jubilado, que aceptó el cargo con fecha de caducidad. Renunció en septiembre de 2014, sustituyéndole Lidia García Fernández, letrada de Las Cortes. Hasta entonces, la Oficina Presupuestaria se había distinguido por su inactividad, que procuró reactivarse con la firma del Convenio entre ésta y el Gobierno, para que la oficina pudiera acceder a las bases de información contable y presupuestaria de los Ministerios de Economía y Hacienda.

Este paso no se dio hasta diciembre de 2014, hace ahora algo más de un año. Y lo cierto es que los retrasos para que la Oficina pueda operar se vuelven a retrasar por la (según el Gobierno) complejidad técnica para poner en marcha la plataforma o pasarela informática que debe conectar a la Intervención General del Estado con la Oficina Presupuestaria de las Cortes, para poder acceder en tiempo real a los datos sobre la ejecución del presupuesto. Esta conexión se habilitó hace unos pocos meses, en mayo de 2015, y se aclaró a su vez que dicha información solo estaría disponible para los diputados y no para los ciudadanos.*

La nula publicidad activa de la Oficina Presupuestaria

Todo el relato anterior está extraído de una búsqueda exhaustiva realizada para intentar conocer algo sobre la actividad de la Oficina, de la que encontramos referencias exiguas en el portal del Congreso, que básicamente se limitan a lo contemplado en la normativa vigente que regula este órgano. Ni rastro, por otro lado, de su trabajo o composición. Se supone que la Oficina Presupuestaria está activa, respondiendo consultas de sus Señorías, que a su vez hacen uso del sistema informático (¿usan mucho este servicio?) y elaborando informes, pero no sabemos sobre qué exactamente porque no hay un registro público de ello. Tampoco hemos encontrado referencias explícitas a la dotación presupuestaria de la Oficina en los PGE, por lo que es difícil saber lo que cuesta (al margen de los contratos de la pasarela informática), cuando además tampoco sabemos qué funcionarios o personal la componen.

Es por ello que nos decidimos a utilizar el formulario de solicitud de información delPortal de Transparencia del Congreso, solicitando información sobre la composición de la Oficina, presupuesto asignado, así como aquellos documentos que emanan de su actividad: registro de consultas de los diputados e informes emitidos hasta la fecha (si los hubiere). Esta solicitud se hizo el 20 de enero de este año, recibiendo contestación dentro del plazo establecido (un mes).

Respuesta del Congreso a la solicitud de información sobre la Oficina Presupuestaria

El primer escollo para conocer la respuesta a nuestra solicitud de información es que se nos remite un correo con un adjunto cifrado (extensión P7M), sin más indicaciones. El archivo en cuestión no se puede abrir, y tenemos que recurrir a algunos foros informáticos para probar varias formas de abrirlo. Finalmente, lo conseguimos con un programa específico para ello. Primer apunte negativo.

Una vez abierto, nos encontramos con una nota escueta, con demasiadas obviedades y referencias a las normas legales que regulan la Oficina, y que ya conocemos. En lo que concierne a la información solicitada, se nos apunta, de forma muy escueta:

Sobre la composición de la Oficina: la oficina cuenta con una directora asistida por un administrativo.

Sobre el presupuesto: no dispone de ninguna partida específica dentro del presupuesto de la Cortes, ya que el único gasto es el de personal y se trata de funcionarios de las Cortes (ya hemos visto gracias al Portal de Contratación del Estado que no es así, y que ha habido costes asociados a su actividad).

Sobre el registro de consultas: se nos indica simplemente que ha habido 70 consultas sobre los PGE y otras 148 sobre proyectos de inversión.

Sobre los informes emitidos: se nos despacha con que se han elaborado dos informes, que parece que no podemos conocer de su contenido.

Con esta respuesta se confirma que nuestra Oficina Presupuestaria no quiere parecerse a otras de referencia, que aplican transparencia (activa y pasiva) a su trabajo, aportando con ello una visión independiente muy valiosa para el conjunto de la sociedad. Las oficinas presupuestarias son un instrumento de control parlamentario y ciudadano, pero la nuestra se queda sin uno de los pilares.

Las trampas de la Ley de Transparencia 

¿Qué puedo hacer si quiero conocer el contenido de esos informes? Lo mejor de la respuesta a la solicitud de información está al final del archivo smime.p7m: “Contra la presente resolución cabe recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa”.

En efecto, una de las “trampas” de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) está en su artículo 23.2: “contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo”. Es decir, que no podemos acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) cuando se trata de instituciones como la Casa del Rey, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial…

En realidad, la LTAIPBG deja coja la potestad del CTBG para vigilar el cumplimiento de la Ley al margen de la Administración General del Estado, algo que este órgano está corrigiendo en buena parte a través de convenios con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, pero que para instituciones como las citadas en el famoso 2.1.f) poco cabe hacer.

El sabor que nos queda después de este ejercicio de derecho de acceso a la información pública es agridulce: la transparencia debe ser una cosas mucho más sencilla, accesible y sobre todo ejercerse con sentido común. Sabemos que se trata de un camino que, en nuestro país, casi acabamos de empezar a recorrer, pero no llegaremos ni donde queremos ni cuando queremos con trampas y piedras innecesarias en el camino.

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Encarna Hernández Rodríguez es periodista e investigadora sobre Gobierno Abierto y Transparencia

* Rectificación: eliminamos una afirmación sobre el coste de esta pasarela. Por error, los contratos que enlazábamos correspondían a otro organismo.

La lista completa de los cientos de invitados a la recepción de los reyes en el Palacio Real, entre los que se encuentran políticos, empresarios, periodistas y artistas, es una incógnita. El ágape ofrecido tras el desfile militar del 12 de octubre costó, entre comida, bebida y servicio, 27.720€

Los reyes saludan a las exministras Ana Palacio y Cristina Alberdi.

Los reyes saludan a las exministras Ana Palacio y Cristina Alberdi en el Palacio Real. Fuente: casareal.es

Cada 12 de octubre, la élite social, política y económica del país celebra en el Palacio Real, entre aperitivos, vino y cava, el Día de la Hispanidad. Como cada año tras el tradicional desfile castrense, los reyes reciben en palacio a cientos de invitados con motivo de la fiesta nacional. En esta última edición, según los medios de comunicación, el cóctel estuvo marcado por sonadas ausencias, como la anunciada por Pablo Iglesias, o el éxito cosechado por Albert Rivera, adulado y solicitado en los diferentes corrillos al calor de las prometedoras encuestas de aquel entonces. Pero no hay datos oficiales sobre los asistentes: año tras año, el listado de los invitados no es público. Y por lo que parece, así lo seguirá siendo.

La Ley de Transparencia, tal como está redactada, de poco sirve para conocer de forma oficial quién estuvo en aquella jornada. Así lo ratifica el Consejo de Transparencia (CTBG) tras una reclamación ante una relación imprecisa de los invitados por Casa Real.

Después de una solicitud de información que pedía la relación completa de invitados y el coste del cóctel del Día de la Hispanidad, Presidencia del Gobierno, la encargada de responder por Casa Real, despachaba con un párrafo el asunto de los invitados. La respuesta arrancaba con la expresión entre los asistentes; es decir, no se trataba de un listado completo. Presidencia contestó con una mención genérica de instituciones del Estado de donde podrían provenir los diferentes asistentes. A esa enumeración se añaden personas procedentes de diferentes sectores sociales de la vida pública nacional, una etiqueta que homogeneiza a empresarios, periodistas o personajes de la cultura nacional, entre otros.

Tras recurrir la indefinición de la respuesta ante el Consejo de Transparencia, Presidencia alegó, como uno de los motivos para no dar el listado completo, que no existe un interés público suficientemente sólido y superior que justifique la difusión de los nombres de los casi 1.500 asistentes, cifra acorde a la nota de prensa de Casa Real. Esta consideración sobre el interés público de la información es posible debido al apartado 3 del artículo 15 de la Ley de Transparencia, que establece que cuando la información solicitada no contiene datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirige la solicitud debe ponderar –y razonar– el interés público de la información y el derecho de aquellos cuyos datos aparezcan en la información solicitada.

Sin embargo, la clave para no desgranar la relación de los asistentes la da el Consejo de Transparencia en los fundamentos jurídicos de su resolución. Concretamente, el CTBG menciona el artículo 2 de la ley, que fija las entidades obligadas a responder al derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Dicho punto de la norma acota la responsabilidad de la Casa Real a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Por lo que sí podemos saber el coste del cóctel, ya que se trata de un acto de disposición de dinero procedente del erario público, según confirma el CTBG, pero no quién participó en dicha recepción real, ya que está fuera del concepto de actividades sujetas a Derecho Público –un límite impuesto por decisión del legislador, recalca el Consejo en su escrito.

¿Qué comprenden las actividades sujetas a Derecho Público?

El Consejo de Transparencia se apoya en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para definir qué actividades están sujetas a Derecho Público. Según la norma, el concepto comprende los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial. Por tanto, según recoge el CTBG, dentro de dicha consideración se entienden incluidos los actos de gestión presupuestaria, como el coste del cóctel del 12 de octubre, que ascendió a 27.720€, entre catering y personal.

Debido a la limitación establecida por la Ley de Transparencia con el concepto de actividades sujetas a Derecho Público, quedan excluidas el resto de informaciones que vayan más allá de la información presupuestaria, administrativa y de recursos humanos relativas, en este caso, a la Casa Real. Además, el Consejo de Transparencia añade que la respuesta genérica cumple con el espíritu de la norma y respalda así la respuesta del Gobierno. En consecuencia, la identidad de las personas invitadas por los reyes –un acto meramente protocolario, según el Gobierno– queda fuera de la fiscalización de la Ley de Transparencia. Es decir, podemos saber cuánto se gastó en el cóctel, pero no quiénes disfrutaron del mismo.

La imposición de sistemas complejos de identificación, y en decenas de portales con distintas diferentes características técnicas, ha motivado esta decisión.

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El portal pro-transparencia Tu Derecho a Saber nació a finales de 2011 para facilitar que cualquier persona pudiera enviar solicitudes de información a cualquier institución pública española. Aunque el derecho a acceder a información pública aún no estaba reconocido por ley, entonces ya era una demanda social inaplazable, así que Access Info Europe y la Fundación Civio, con muchísima ayuda y colaboración, nos unimos para empezar a extenderlo.

Con Tu Derecho a Saber tratábamos de atajar varios factores que dificultaban el proceso de pedir información a las instituciones: una persona cualquiera, al no conocer las solicitudes de otras, podía no saber bien qué cuestiones podría preguntar, o cómo hacerlo, o cuál era el organismo adecuado. O podría no tener los datos de contacto de la persona responsable en este organismo, o no saber si el plazo de respuesta ha expirado y cómo reclamar. Como hacer todo esto uno mismo, en privado, podía resultar desmoralizante y generaba indefensión, Tu Derecho a Saber estaba específicamente diseñada para reducir esa brecha entre las administraciones y la sociedad. La web contenía los datos de contacto de cada organismo y enviaba la solicitud por correo electrónico. Después, tanto las solicitudes de información como las posibles respuestas quedaban abiertas al conocimiento público.

Desde marzo de 2012, Tu Derecho a Saber ha canalizado más de 1.800 solicitudes de información, poniendo unos 900 organismos y administraciones públicas al alcance de un solo click. También ha sido el eje de la labor de control y monitorización que tanto Civio como Access Info Europe hemos realizado sobre la transparencia de las instituciones cuando no existía ningún otro medio para obtener datos. La información recabada gracias esta plataforma (un silencio administrativo del 54% en 2012; del 57% en 2013; del 42% en 2014) ha sacado la luz la verdadera cara de las instituciones a la hora de responder a los ciudadanos. 385.000 usuarios únicos han consultado la plataforma en este tiempo, y muchos miles más han conocido los entresijos de la tramitación de la Ley de Transparencia, sus limitaciones y las de su implementación a través del blog de Tu Derecho a Saber.

Un muro administrativo y técnico entre la administración y el ciudadano

El 10 de diciembre de 2014, el mismo día de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, paradójicamente, comenzaron las dificultades para Tu Derecho a Saber. Las dos organizaciones responsables lo supimos en cuanto tuvimos acceso por primera vez al Portal de Transparencia (un día después que la prensa, dicho sea de paso): “Se cumplieron los peores pronósticos. Los obstáculos para ejercer nuestro derecho a solicitar y recibir información son más y más férreos de lo que esperábamos”. El Gobierno, al desestimar el correo electrónico (el canal más sencillo, ágil y accesible para solicitar información), había optado por colocar una barrera administrativa y técnica que sigue siendo infranqueable para muchos ciudadanos: la exigencia de identificarse mediante un certificado digital, un DNI electrónico o mediante una clave personal obtenida a través del móvil.

Al quedar relegadas las comunicaciones por correo electrónico, y ante la imposibilidad de adaptar técnicamente la plataforma para franquear esta barrera, nos hicimos una pregunta obvia, la misma que los usuarios de la plataforma: si seguimos enviando solicitudes de información desde Tu Derecho a Saber a los poderes públicos, ¿nos responderán?

Tu Derecho a Saber ha seguido cumpliendo su función durante 2015 ya que algunos organismos nacionales (reguladores, embajadas, delegaciones del Gobierno), autonómicos y locales seguían admitiendo solicitudes de información vía email. Lamentablemente, en estos últimos meses, cada vez menos lo hacen. Alegando que el email no es la vía establecida para preguntar a la administración, son mayoría los organismos que deniegan la respuesta. A medida que las instituciones se adaptaban a sus nuevas obligaciones de transparencia, la identificación electrónica y los formularios propios se han consolidado como el ‘peaje a pagar’ por el ciudadano, en detrimento del correo electrónico.

Intentando, en balde, revertir la situación

Para sortear estas barreras, desde febrero de 2015 hemos estado canalizando manualmente desde Tu Derecho a Saber al Portal de Transparencia todas las preguntas a la Administración General del Estado (AGE), y haciéndolas públicas en la plataforma, como hasta entonces. Un trabajo y un esfuerzo ingente al que cada día hemos dedicado varias horas de trabajo. En total, hemos hecho llegar a las instituciones 146 solicitudes de información de otras personas usando nuestro propio certificado, en una medida que debía ser temporal.

En paralelo, de nada sirvió que el Consejo General del Poder Judicial rechazara exigir a los solicitantes de información que se identifiquen, por respeto a los estándares internacionales (“priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano”) y accediera a responder por correo electrónico. Tampoco ha servido recordar que este sistema había ocasionado problemas en la declaración del IVA, o elevar la queja a la Defensora del Pueblo, a los medios de comunicación (como en este y este caso), al Consejo de Transparencia y al propio Ministerio de Presidencia, a través de las recomendaciones al reglamento de la ley que hemos formulado tanto Civio como Access Info Europe.

Por todos estos motivos, hemos decidido cerrar indefinidamente la web de Tu Derecho a Saber.

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Miembros de Access Info Europe y de Civio, de duelo

¿Y ahora?

Hoy, el día en que las obligaciones de transparencia entran en vigor para entes autonómicos y locales, la web de Tu Derecho a Saber pasa a negro. Las más de 1.800 solicitudes (y las respuestas recibidas) no se perderán, solo dejan de estar disponibles por unos días. La plataforma de envío se cierra, pero el proyecto no termina aquí. El blog de Tu Derecho a Saber, que se ha convertido en la fuente de referencia sobre el Acceso a la Información en España, seguirá activo y en él os seguiremos informando sobre la implementación de la Ley de Transparencia en las distintas administraciones.

A lo largo del próximo año, tanto Access Info Europe como Civio vamos a presionar más si cabe para que se simplifique el procedimiento de solicitar información a cualquier institución con un objetivo de máximos: que se permita preguntar y responder por correo electrónico. Lograrlo supondría un avance extraordinario para el Derecho de Acceso, el alineamiento con los estándares que aplican otros países y, además, una oportunidad para reflotar Tu Derecho a Saber. Por eso, seguiremos colaborando activamente con todas las instituciones para lograr juntos una mejor implementación del Derecho de Acceso a la información pública. Entre tanto, te animamos a permanecer atento a través de nuestros canales sociales (en Twitter y Facebook), del boletín y del blog.

Muchas administraciones afirman (y más que lo harán) que ya son transparentes. Solo tú, pidiendo información al amparo de la Ley de Transparencia, puedes comprobar si eso es cierto. Nosotros lo tenemos claro: solo existe transparencia si recibes la información que solicitas. Por eso está en tu mano iniciar este camino. El derecho a saber comienza con el deber de preguntar.

Gracias por hacer esto posible

A los patrocinadores, micro-financiadores, entidades colaboradoras y a todos los que hicieron posible o participaron en la creación y madurez de este proyecto.

A MySociety y toda la comunidad de organizaciones que gestionan portales pro-transparencia basados en Alaveteli, como Tu Derecho a Saber. Con su esfuerzo, han canalizado cerca de 315.000 solicitudes de información en más de 25 países. Compartir problemas y soluciones resulta imprescindible para continuar avanzando.

A las organizaciones, movimientos sociales y particulares que han usado la web para iniciar sus propias campañas de acceso a la información, ya sea sobre las subvenciones a eventos taurinos, el coste de los portales de datos abiertos, los gastos de cada ministerio en asesores, los informes tras la privatización del Canal de Isabel II, los protocolos policiales en manifestaciones, la financiación de los partidos o los documentos sobre el supuesto impacto de EuroVegas.

Y, muy especialmente, gracias a los usuarios de Tu Derecho a Saber. Ellos han lidiado contra un muro de la opacidad y el silencio administrativo. Cada una de vuestras preguntas a un organismo público es un granito de arena que sirve para demostrar que la transparencia es importante para nosotros. Muy importante. Sois un ejemplo para todos.

La Comunidad de Madrid se enreda en el proceso de ofrecer información pública y, en ocasiones, llega al anacrónico extremo de requerir el envío por correo postal, obviando la comunicación por vía electrónica con el ciudadano.

Sello del centenario del Pony Express, el servicio postal de EEUU del siglo XIX previo al desarrollo del telégrafo. Fuente: wikipedia.org

El Pony Express, servicio de mensajería creado en 1860, consiguió reducir a 10 días el correo postal entre St. Joseph (Missouri) y Sacramento (California) gracias al uso de caballos. Año y medio después de su consolidación, la innovación del telégrafo terminó con este método de comunicación. Fuente: wikipedia.org

El Gobierno de la Comunidad de Madrid esquiva las respuestas directas a solicitudes de información pública. Al efecto disuasorio del “acuda a otra ventanilla” se le añade el silencio administrativo y el requisito de enviar un escrito, con motivación e identificación, por correo postal, para atender al ciudadano. El pasado mes de agosto, con una composición de Gobierno renovada, el Centro de Información Telemática de la Consejería de Sanidad volvió a requerir el envío de una carta para considerar si otorgaba el acceso a una información pública.

Por su parte, y pocos días después de su toma de posesión como Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos afirmó con énfasis en una entrevista en Onda Madrid que el nuevo Gobierno de Cristina Cifuentes iba “a luchar por la transparencia que desde hace años pedimos los ciudadanos”. A tenor de las respuestas ofrecidas mediante correo electrónico, pareciera que los ciudadanos piden transparencia de estafeta y matasellos.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo reconoció el efecto disuasorio de los mecanismos complejos y largos que actualmente son necesarios para solicitar una información, tras una queja sobre el Portal de Transparencia y su proceso de registro e identificación presentada por Access Info.

Todo es cuestión de voluntad, más allá de limitaciones legales. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acepta solicitudes enviadas por correo electrónico –incluso acepta las remitidas de forma anónima-. Así lo anunció el día que se publicó la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Además de garantizar el acceso a la información pública como “derecho fundamental de carácter universal”, el CGPJ añadió que priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso.

En aquella entrevista como recién nombrado consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos aseveró: “El norte de nuestra presidenta es la trasparencia total y absoluta”. Toca esperar al cartero para ver si reciben un astrolabio, una brújula o un GPS para encontrar su rumbo.