solicitudes de información

El ministerio presenta un recurso a la sentencia que le obligaba a identificar a los pasajeros de los aviones oficiales. El abogado del Estado que representa Defensa argumenta que el Consejo de Transparencia no tiene competencias para obligar a que se entregue una información.

El Ministerio de Defensa no solo se niega a cumplir una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) sino que cuestiona que tenga competencias para obligarle a cumplirla. El departamento que dirige María Dolores de Cospedal ha presentado un recurso a la sentencia que le obliga a identificar a los pasajeros de los aviones oficiales tras una solicitud de información de Civio.

En su argumentación, el abogado del estado que presenta el recurso, Íñigo Dago Elorza, asegura que “la sentencia atribuye al CTBG unas facultades que la ley no le confiere”, en un documento al que ha tenido acceso Civio, personado en la causa. Así, alega que la resolución del Consejo no puede considerarse un acto “firme” de obligado cumplimiento si el organismo afectado no está de acuerdo con ella.

“No existe una sola disposición legal, salvo error u omisión por nuestra parte, que afirme expresa o implícitamente que en caso de disconformidad con la ejecución de la decisión revisora del CTBG, tenga que ser el órgano revisor el que imponga los criterios interpretativos”. O, lo que es lo mismo, que el Consejo puede dictar resoluciones, pero no obligar a que se cumplan en sus términos.

El abogado del Estado se agarra al hecho de que la Ley de Transparencia no tiene reglamento que la regule, pese a que la norma es de 2013 y a que el Gobierno presentó un borrador en julio de 2015 que dejó en un cajón desde entonces. Esto es, el Gobierno argumenta que el CTBG no puede hacer determinadas cosas porque el propio Gobierno no ha desarrollado el reglamento que las regule.

“No existe en la normativa de aplicación una delimitación clara y precisa de las competencias ejecutivas y ejecutorias que tiene el CTBG”, afirma en esa misma línea. Y, al no existir esas reglas, y teniendo en cuenta que el CTBG no es un órgano constitucional ni supra administrativo, sino que forma parte de la Administración General del Estado, y que no es superior en jerarquía al propio ministerio, no tiene competencias, según su razonamiento, para obligarles a ejecutar sus resoluciones en sus propios términos.

La sentencia que se trata de impugnar también criticó la denegación en dos pasos –fuera del procedimiento legal– de Defensa. En un primer momento, el ministerio se aferró a la protección de datos personales y de la defensa nacional. Tras una reclamación de Civio, el CTBG descartó estos supuestos y le instó a entregar la información. Hasta ahí el recorrido marcado en la Ley de Transparencia. Es entonces cuando Defensa alegó entonces no disponer de los datos. “No se ajusta a la lógica” plantearse ahora su disponibilidad, puesto que “el momento en que ha de resolverse tal valoración es precisamente al resolver la petición inicial”, señaló entonces el juez.

En su impugnación, Defensa considera que no se puede pretender que “tenga que incluir un rosario de motivos subsidiarios de denegación” y reitera que no dispone de la información. Insiste en ello pese a que el General Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire, en otra resolución, ya explicó que las administraciones solicitan por escrito el transporte aéreo, con copia a Defensa y al ministerio de la Presidencia.

El CTBG no ha querido posicionarse ante el recurso del abogado del Estado hasta que no termine el proceso judicial. Sin embargo, sí defiende que la identidad de los pasajeros de los viajes oficiales es una información pública que debe ser facilitada.

El pasado 28 de septiembre, con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, convocamos un “maratón” de solicitudes de información para animar a la ciudadanía a preguntar a las instituciones y ejercer su derecho. Junto con el Consejo de Transparencia y Access Info Europe, habilitamos un sencillo formulario para que cualquier persona pudiera solicitar información sin restricciones técnicas, canalizando nosotros mismos sus preguntas.

A lo largo de la jornada, 90 ciudadanos nos enviaron más de 160 solicitudes de información dirigidas a la ministerios, diputaciones, ayuntamientos y otros organismos públicos. Las instituciones más preguntadas por los ciudadanos fueron ministerios (43,2%), ayuntamientos de toda España (16,7%), diferentes consejerías de Castilla y León (9,9% de las solicitudes) y Madrid (5,6%) y la Universidad de Salamanca (7,4%). De todas las solitudes recibidas durante ese día, aún nos quedan algunas por remitir a las instituciones. Lo haremos a lo largo de estas semanas, informando al solicitante de todo el proceso.

Como preveíamos, a excepción de las 70 preguntas formuladas a la Administración General del Estado –que son canalizadas mediante el Portal de Transparencia del Estado–, cada petición enviada a un organismo diferente supuso, además de una inversión importante de tiempo, una adaptación al sistema propio de cada institución. En ocasiones se trataba de un email, un formulario o de un sistema de identificación integrado en su sede electrónica.

La disparidad de los requisitos técnicos de cada plataforma complica el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Entre aquellos organismos a los que enviamos preguntas durante la jornada, algunos usaban formularios relativamente sencillos, como los de los ayuntamientos de Madrid o Barakaldo, AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) o el del Parlamento de Andalucía, aunque este último no sea de fácil acceso.

En el otro extremo están los portales que no están adaptados a todos los sistemas operativos –es decir, si utilizas iOS no puedes preguntar de forma telemática a todas las administraciones públicas–, portales que utilizan sedes electrónicas, con o sin mención al derecho a saber, o que requieren la instalación de credenciales o extensiones diferentes. El más restrictivo de los casos que encontramos fue el del Ayuntamiento de Málaga, que solo admitía peticiones de información entregadas en persona. Esto es contrario a la propia Ley de Transparencia, que contempla la tramitación del derecho a saber por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información solicitada y una dirección de contacto para dar respuesta (artículo 17.2 de la Ley).

La participación, más alta de lo previsto, también demuestra que cuando la ciudadanía cuenta con formas fáciles y rápidas de pedir información y de interactuar con las administraciones públicas, las utiliza.

Queremos agradecer a las personas que se acercaron a la sede del Consejo de Transparencia para recibir información, conocernos y saber más sobre esta iniciativa. Tuvimos el placer de contar con un diputado de la Asamblea de Madrid; de conocer a ciudadanos con un gran interés por el buen funcionamiento de las instituciones; a personas interesadas en colaborar en nuestros proyectos; a profesionales del sector público que, desde dentro de la administración, responden a las preguntas de los ciudadanos. También contamos con un miembro de una organización social que vino en persona a ejercer su derecho a saber y con un periodista que acudió para plantear sus dudas a los profesionales del Consejo de Transparencia.

Gracias al Consejo de Transparencia por albergar esta iniciativa y a todos los participantes por su implicación. Seguiremos trabajando para tratar de que el ejercicio del derecho a saber sea más conocido y accesible a todos los ciudadanos.

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Fragmento de un oficio de requerimiento del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid, en el proceso iniciado por Defensa tras su demanda contra el Consejo de Transparencia.

El Ministerio de Defensa se niega a rendir cuentas sobre el uso de los aviones oficiales para el traslado de autoridades. Y para ello, el ministerio dirigido por Pedro Morenés ha recurrido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid una resolución del Consejo de Transparencia (CTBG) que le insta a ofrecer los datos de los acompañantes en los vuelos de altos cargos del Estado, a excepción de los traslados del rey y del presidente del Gobierno, que están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales.
 
Esta demanda es el último movimiento de un proceso iniciado en octubre de 2015, cuando Civio solicitó a través del Portal de Transparencia un listado de pasajeros transportados por la flota del Grupo 45 del Ejército del Aire, unidad responsable del traslado de autoridades. Tras obtener una negativa por respuesta, se planteó un recurso ante el Consejo de Transparencia, que este admitió de forma parcial.

Según la interpretación del CTBG llevada a los tribunales, los nombres de las personas que acompañan a ministros y altos cargos a bordo de los aviones oficiales no son materia clasificada, ya que la Ley de Secretos y una orden ministerial que aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa solo afecta a jefatura del Estado y del Gobierno. Es más, tras su argumentación, el CTBG considera que es de “especial relevancia” la información concerniente al uso de las aeronaves del Ejército del Aire destinadas al transporte de autoridades. A juicio del Consejo, esta información debe ser entregada para conocer la utilización de este medio de transporte sufragado con fondos públicos, “vedado a los ciudadanos” y disfrutado por los altos cargos –y sus acompañantes– “por razón de su cargo”.

Antes de esta demanda, en lugar de llevar a los tribunales la interpretación del CTBG, como establece la Ley de Transparencia, Defensa decidía saltarse el procedimiento y emitir una nueva resolución para denegar la información. Es decir, tras la resolución del Consejo de Transparencia, Defensa tiene dos alternativas contempladas en la normativa: acatar la decisión del CTBG o apelar ante el Contencioso-Administrativo. Pero no siguió ninguna. Decidió desobedecer al organismo presidido por Esther Arizmendi e ignorar la ley, al reiniciar contra procedimiento la tramitación de la petición de información pública y emitir una nueva denegación.

Esta cabriola procedimental fue protestada por Civio y criticada por el CTBG, que el pasado mes de abril exigió a Defensa dejar sin efecto esta última resolución firmada por el General Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire y apremió a que fuera ejecutada su resolución en la que pedía la identificación de los acompañantes de las autoridades a bordo de los aviones de la Fuerza Aérea Española. La respuesta de Defensa a este requerimiento se traduce hoy en una demanda del abogado del Estado contra la posición del Consejo de Transparencia. Ahora será el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo quien decida sobre la rendición de cuentas en el uso de los aviones oficiales.

El ministerio encabezado por Pedro Morénes ignora al Consejo de Transparencia, que le insta a entregar una información de "especial relevancia". El Ejército del Aire no identifica a las personas que embarcan en sus aviones pese a reconocer que es parte del procedimiento de control operativo de estos vuelos.

Recibimiento del ministro de Defensa, Pedro Morenés, en su visita de 2013 a Astaná (Kazajstán) tras viajar a bordo del Falcon, uno de los aviones del Grupo 45 del Ejército del Aire. Fuente: mde.es

El Ministerio de Defensa encubre los nombres de las personas que viajaron a bordo de los aviones oficiales junto a los ministros. Lo hace, además, tras desobedecer de manera premeditada las indicaciones del Consejo de Transparencia (CTBG), que le insta a entregar esta información. Después de una petición de información y una reclamación ante el CTBG, Defensa reinicia, a su propio arbitrio y contra procedimiento, la tramitación de una solicitud de acceso a la información para negar una información pública. Con esta vuelta de tuerca, el departamento dirigido en funciones por Pedro Morenés ignora al Consejo de Transparencia para esconder la identidad de los viajeros que acompañan en aeronaves de la Fuerza Aérea Española a los altos cargos del Gobierno.

Primera denegación de Defensa: prima la privacidad ante el interés público

El origen de la situación en la que Defensa ignora las indicaciones del CTBG radica en una petición de información presentada por Civio dirigida al Grupo 45 del Ejército del Aire. Esta unidad tiene encomendada la misión de transportar, previa solicitud por escrito, a las autoridades, tanto españolas como extranjeras de visita en España a las que el Gobierno decide brindarle esta forma de transporte. La petición de información pedía a esta unidad del Ejército del Aire un listado de todos los pasajeros de estos vuelos con altos cargos a bordo.

 

 

Solicitud de información registrada por Civio en Octubre de 2015

Solicitud de información registrada por Civio en Octubre de 2015

La respuesta de Defensa a la solicitud de información planteada al Grupo 45 se limita a denegar la información en base, por un lado, a la protección de datos personales –que sitúa en este caso por encima del interés público– y, por otro lado, en el límite contemplado en la Ley de Transparencia para supuestos en los que la difusión de una información suponga un perjuicio para la defensa. Para apoyar este razonamiento, el General Segundo Jefe de Estado Mayor del Aire, firmante de la resolución denegatoria, alude a la Ley de Secretos Oficiales y una orden ministerial que reconoce la facultad para clasificar los materiales que considere pertinentes para proteger sus intereses.

Resolución del Consejo de Transparencia: información de especial relevancia

Esta interpretación de las normas fue reclamada ante el CTBG, que estimó el recurso. En su resolución considera que es de “especial relevancia” la información concerniente al uso de las aeronaves del Ejército del Aire destinadas al transporte de autoridades. A juicio del Consejo, esta información debe ser entregada para conocer la utilización de este medio de transporte sufragado con fondos públicos, vedado a los ciudadanos y disfrutado por los altos cargos –y sus acompañantes– por razón de su cargo.

En cuanto a la protección de datos personales, el CTBG argumenta que la difusión el nombre de las personas transportadas por el Grupo 45 no quebranta la normativa puesto que no revela datos de especial protección, dado que no se refieren a su ideología, creencias, salud, vida sexual o comisión de infracciones penales o administrativas. En este punto, el Consejo manifiesta su preocupación por la “interpretación extensiva” de los límites al derecho de acceso a la información.

Además, el CTBG subraya que la clasificación de la información a la que alude Defensa, al invocar la Ley de Secretos Oficiales, solo está referida a la Casa Real y a la Presidencia del Gobierno. Esto significa que los datos relativos al transporte aéreo del presidente y del jefe del Estado están de por sí clasificados, pero no es así para las identidades del resto de autoridades transportadas y la de sus acompañantes, que han de ser públicas. Por ello, el CTBG insta al Ministerio de Defensa a entregar en el plazo de un mes la información.

Defensa se contradice y oculta información pública durante más de seis meses

En lugar de acatar la disposición –o de recurrirla ante Tribunal Contencioso-Administrativo de no estar conforme–, el General Segundo Jefe de Estado Mayor del Aire decide ignorar al Consejo de Transparencia y presentar más alegaciones. En su última resolución, tramitada como una nueva solicitud de información y al margen del procedimiento fijado en la Ley de Transparencia, Defensa rechaza responder, en esta ocasión, por entender que el derecho de acceso a la información pública solo es aplicable a los documentos generados por la administración pública desde la entrada de vigor de la Ley, en diciembre de 2014. Es decir, Defensa entiende que la información generada antes de esa fecha queda fuera del conocimiento de los ciudadanos.

Además, aduce que el Ejército del Aire no dispone de la información relativa de todos los viajeros. A pesar de que la solicitud de transporte aéreo debe incluir los datos de las personas que viajarán con las autoridades y que estos forman parte del procedimiento de control de los aspectos operativos del vuelo, según reconoce en otra resolución paralela sobre el procedimiento de estos traslados, Defensa reconoce haber recibido estos datos solo en uno de cada cuatro vuelos operados en los últimos cinco años y que no se realiza identificación alguna de las personas que embarcan en sus aviones, ya que, según sus palabras, para el cumplimiento de la misión solo les importa el número de pasajeros. Es decir, primero Defensa endilga la responsabilidad de la desinformación a los organismos públicos que no informan debidamente y acto seguido se contradice o declara incumplir los procedimientos de control al no verificar quién accede a sus aeronaves.

Con este incumplimiento de la resolución del CTBG, Defensa pretende arrancar de nuevo un proceso que se inició con la solicitud en octubre de 2015 y que debía haber sido entregada el 15 de marzo de 2016. Después de su última maniobra, el Consejo de Transparencia envió el pasado 12 de abril un escrito al ministerio de Pedro Morenés para exigir el cumplimiento de sus resoluciones. A día de hoy, Defensa continúa mirando hacia otro lado.

Desde que Access Info Europe empezó a monitorear en 2005 el nivel de respuesta de las instituciones públicas españolas a las solicitudes de acceso a la información hasta el último informe de Tuderechoasaber.es en 2014, la falta de respuesta ha sido la tónica dominante: cerca de una de cada dos solicitudes de información ha obtenido la callada por respuesta. Eso es lo que implica el silencio administrativo, que si pasado el plazo que indica la ley para un procedimiento administrativo, de un mes en el caso de solicitudes de información, ésta se considera denegada.

El silencio administrativo de las instituciones resulta una mala práctica, algo contrario a los principios básicos del derecho de acceso a la información, y un ejemplo de opacidad que las dos organizaciones que impulsamos Tuderechoasaber.es denunciamos a menudo. Para poder vigilar mejor cómo se está aplicando la Ley de Transparencia, hemos preguntado recientemente al Gobierno cuál es el nivel de silencio administrativo registrado a lo largo de los últimos meses. La contestación ha sido que, “a día 4 de mayo, se ha dado respuesta expresa a 1.654 solicitudes de acceso a la información, 186 solicitudes están en trámite y 16 no han sido respondidas en el plazo de un mes establecido en la norma, por lo que técnicamente estarían en silencio”. Es decir que, según el Gobierno, a esa fecha, solo un 1% de las solicitudes que habían llegado a las instituciones públicas no han sido contestadas en plazo.

Con estos datos, sería una gran noticia y reflejaría una buena implementación del derecho de acceso a la información, aunque eso no significa que el resto de solicitudes hayan sido contestadas positivamente, aportando exactamente la información solicitada. Las dudas surgen porque el sistema adoptado para tramitar las solicitudes puede llevar a engaño y dilatar el plazo de respuesta de una forma arbitraria.

Como ya hemos informado, desde hace pocas semanas hemos apreciado que el solicitante recibe dos notificaciones cuando inicia el proceso de pedir información: un acuse de recibo el día en el que realiza la petición, y otro cuando ésta llega a la persona competente para responder. Es un matiz muy importante porque el mes de plazo que tienen las administraciones para contestar comienza a partir del segundo acuse de recibo, no a partir del momento en que se envía la solicitud. Y el segundo acuse de recibo, el que cuenta, no se ha introducido hasta muy recientemente.

La ley indica que el plazo empieza a contar a partir de la recepción de la pregunta por el “órgano competente para resolver”. Sin embargo, como eso no se recuerda claramente a lo largo del proceso, y tampoco se establece un tiempo máximo de garantía entre que se realiza la solicitud y ésta llega al órgano competente, podemos acabar encontrándonos con preguntas que se resuelven a los dos meses.

El problema reside en la arbitrariedad extra que añade el hecho de que ese lapso de más no esté delimitado. Desde la Oficina de la Transparencia nos aseguran que están trabajando para no dejar solicitudes en el limbo y que el proceso sea eficiente.

Creemos que esta situación debería ser clarificada en el propio reglamento de aplicación de la ley que, tras cinco meses de vigencia de la misma, aún no se ha hecho público. Un reglamento que debe poner coto a esta y otras arbitrariedades. Por eso vamos a seguir estando atentos a la implementación de la norma y pedimos acceso a las estadísticas básicas de aplicación de la ley. Y mientras, seguimos a la espera de conocer de una vez por todas ese reglamento pendiente.

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Unas semanas después de la respuesta del Gobierno, la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio de Presidencia ha actualizado los datos acumulados de visitas y solicitudes recibidas en el portal de transparencia desde el 10 de diciembre de 2014.  Según estos datos, el portal ha recibido “más de tres millones de páginas vistas y más de 2.000 solicitudes de acceso a la información”. Sobre la clasificación del estado la solicitudes como “revisar”, “firmar”, “notificar”, “finalizado”, “archivado” y “aceptada la competencia”, nos genera dudas y en las próximas semanas vamos a pedir información para clarificar el significado preciso de esta nomenclatura.

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Tras solicitar a diez partidos sus presupuestos para la campaña, Podemos es el único que responde, aunque de forma parcial. ERC no contesta pese a tener el presupuesto publicado en su página web.

 

Una mujer elige la papeleta de uno de los partidos que concurrieron a las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Foto de Jordi Boixareu.

Una mujer elige la papeleta de uno de los partidos que concurrieron a las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Foto de Jordi Boixareu.

Adalides de la transparencia mientras piden el voto; pudorosos a mostrar su presupuesto para la campaña, y por ende, sus expectativas ante la cita electoral. Los partidos funcionan a crédito en las elecciones: sin votos no hay reembolso de sus pagos. Sin un presupuesto claro y público es complicado anticipar cuánto dinero reclamarán a las arcas públicas por sus actos de campaña, aunque ello desvele la confianza puesta en su resultados.

El Gobierno incluyó in extremis a los partidos políticos en la redacción final de la Ley de Transparencia. Todo ello después de que Civio y Access Info, responsables de Tuderechoasaber.es, y apoyados por 180.804 firmantes, exigieran a Vicepresidencia de Moncloa que la futura norma contuviera a las formaciones políticas, sus fundaciones y a los sindicatos. Sin embargo, están liberados de responder a peticiones de información. La norma sólo les obliga a “la publicación periódica de información relevante” para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. Esta publicidad activa debe recoger, entre otros asuntos, sus presupuestos completos para las elecciones.

Antes del arranque de campaña, y mediante una petición de información, 10 formaciones políticas fueron instadas a que publicasen su presupuesto desglosado, con su previsión de gastos para la pasada campaña electoral –excepto a CiU y ERC, a los que se preguntó por su campaña para el Parlament de Catalunya. El resultado: tan sólo Podemos dio parte de la información solicitada. Algunos de los partidos que recibieron el máximo reconocimiento en algunos rankings por su supuesta transparencia, como PSOE y Ciudadanos, dieron por callada la respuesta con acuse de recibo mediante.

Podemos, presente en las elecciones autonómicas–y compañero de coaliciones en algunas agrupaciones de confluencia de izquierdas en las municipales–, respondía antes del inicio de la campaña que adaptaban sus pagos y previsiones en función de las aportaciones de particulares. Por ello, pedían esperar al cierre de sus microcréditos –que no descartaban mantener hasta el último día– para dar a conocer la cifra final que fue de 1.563.100€, según su página web. Una planificación improvisada e “inusual”, según reconocen en su respuesta.

La solicitud de información también pedía una relación de empresas, asociaciones y fundaciones donantes y el monto total de la aportación. La nueva formación afirmó que no recibieron donativos de organizaciones.

Publicidad activa y calidad de los datos

Los partidos están exentos de responder a preguntas de los ciudadanos, pero están obligados a publicar, en particular, sus presupuestos para las elecciones. No obstante, los partidos publicaron de forma dispar –si es que llegaron a hacerlo– los datos relativos a los gastos electorales del 24-M. El más refinado fue ERC, que publicó su presupuesto de campaña entregado a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Algo menos descriptiva es la previsión de Ciudadanos, que divide su presupuesto para esta cita electoral de mayo en cuatro grandes partidas: Municipales (500.000€), autonómicas en Madrid (300.000€) y en Valencia (150.000€) y resto de autonomías (300.000€). Además prevén recuperar la totalidad de lo invertido “dadas las previsiones electorales”, según este documento publicado por la formación naranja.

Más laxo es el Partido Socialista, que divulgó en su portal de transparencia que su límite legal de gasto sería de 18.713.805€, y argumenta que su dirección aprobó un presupuesto de campaña “notablemente inferior a dicha cantidad”.

La falta de información es común entre UPyD, sin datos específicos a esta cita en su página oficial (ofrecen los de las elecciones al parlamento andaluz); Convergència i Unió, que contiene la rendición de cuentas de los comicios anteriores; Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco e Izquierda Unida. Estos tres últimos no anuncian nada al respecto en sus sitios oficiales.

Con los resultados aún calientes de las elecciones locales y autonómicas –sin contar con Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco–, no sabemos cuánto previeron gastar la mayoría de partidos, ni en qué conceptos. Desconocemos, hasta que se publique la fiscalización del Tribunal de Cuentas, cuánto han gastado realmente, un dinero que será reembolsado mediante fondos públicos y que no cuenta con presupuestos detallados compartidos con la ciudadanía. El Tribunal de Cuentas ya señaló, a posteriori, gastos injustificados de los partidos o pagos de naturaleza no electoral, como bocadillos y bebidas, en su informe de fiscalización de las anteriores elecciones municipales de 2011.

Excepto Podemos, que sí ofreció la información de la que disponía y la federación socialista en el País Vasco, que remitía a su Comisión Ejecutiva Federal, partidos emergentes y veteranos no respondieron a una petición de información, como Convergència y Unió, Izquierda Unida, Partido Popular, UPyD, PNV, Ciudadanos y PSOE.

Mención especial merece Esquerra Republicana. La petición de información les solicitaba un documento disponible en su página web; no enviar al menos el enlace para su descarga muestra desgana. Contestar hubiese sido la guinda perfecta a su loable ejercicio de transparencia. Con la ley en la mano, los partidos no están sujetos a responder preguntas de los ciudadanos, pero es cuestión de voluntad política. O al menos, de falta de desidia.

El silencio, primer baremo de la opacidad institucional, baja del 57% en 2013 al 42,7% gracias a una mejora sustancial de las entidades locales; las respuestas satisfactorias también aumentan.

En 2014, el año de plazo que las administraciones públicas han tenido para adaptarse a sus nuevas obligaciones de transparencia, las instituciones españolas recurrieron en menos ocasiones que en 2013 al silencio administrativo para eludir dar respuesta a las peticiones de información los ciudadanos. Del total de solicitudes realizadas durante 2014 mediante Tuderechoasaber.es, la primera web que simplifica este proceso en España, un 42,7% recibieron la callada por respuesta. O, lo que es lo mismo, 134 de las 314 solicitudes enviadas. En 2013, el silencio superó el 57%. Así lo revela el Informe de Tuderechoasaber 2014, que hoy publican la Fundación Ciudadana Civio y Access Info Europe, las dos organizaciones responsables de esta iniciativa.

Este informe se basa en el análisis de 314 peticiones de información enviadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, tres semanas después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia para la Administración General del Estado. La mejoría no solo se deja notar en la reducción del silencio administrativo, sino también en el porcentaje de respuestas satisfactorias, aquellas en las que un organismo proporciona exactamente la información solicitada. Son el 18,5% de las solicitudes registradas, una cifra aún muy baja pero que mejora casi cinco puntos con respecto al año anterior.

Entre las excusas más habituales para no dar una respuesta adecuada se encuentra el clásico “eso es en otra ventanilla” –no posee la información (13,4%)-; las contestaciones parciales –incompletas (6,4%)-; aquellos que responden una cosa distinta a la preguntada –inadecuadas (6,1%)-; los que se niegan a dar la información –rechazadas (5,4%)-; los que remiten a un formulario (4,5%); y un pequeño porcentaje (3,2%) de solicitudes incorrectas, aquellas que utilizan Tuderechoasaber.es, por ejemplo, para enviar quejas o peticiones de índole personal.

Tipos de respuestas recibidas por los usuarios durante 2014 | Create infographics

 

Relevante mejoría de las entidades locales

Aunque la Ley de Transparencia no estaba en vigor cuando se hicieron estas solicitudes para las entidades locales (tienen de plazo hasta diciembre de 2015), son estas las que han provocado, en buena parte, la mejora en los resultados. De hecho, han reducido su silencio administrativo de una forma sustancial: del 81,3% al 54,4%. En cambio, las entidades nacionales, como ministerios y Presidencia del Gobierno, mantienen altas cifras de silencio administrativo, que como en 2013 ronda el 47%.

 

Evolución de las respuestas | Create infographics

“Es pronto para saber cómo afecta la Ley de Transparencia a las solicitudes de información puesto que, a efectos de este informe, solo ha estado en marcha durante las tres últimas semanas de 2014, y los mecanismos que deben velar por su cumplimiento han arrancado con muchos retrasos”, explica Eva Belmonte, responsable de proyectos de Civio. “Podremos conocer y evaluar mejor los resultados más adelante. Mientras tanto, con Tuderechoasaber.es seguiremos facilitando la labor de solicitar información a aquellos que encuentran demasiados obstáculos en el Portal de Transparencia”.

“Debemos recordar que la ley permite presentar una solicitud a través de cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante y una forma de contacto a efectos de notificaciones”, añade Victoria Anderica, responsable de campañas de Access Info Europe. “A pesar de ello, el Ministerio de Presidencia sigue apostando por un portal que pone trabas a un acceso ágil a la información pública al restringir los medios por los que atender a la población. Incluso el Defensor del Pueblo reconoce que su complejidad puede tener un efecto disuasorio sobre el derecho de acceso a la información”.

Los organismos que más solicitudes reciben

Los organismos públicos más preguntados en Tuderechoasaber.es por los ciudadanos durante 2014 han sido los ministerios de Interior, Hacienda y Sanidad. Sanidad aprueba, aportando al menos algún tipo de respuesta a 15 de 17 solicitudes. Una cifra muy superior a la de Hacienda, que hasta en seis ocasiones aseguró no poseer la información solicitada, en dos ocasiones ofreció una respuesta inadecuada y en otras dos, remitió a un formulario. Un año más, el Ministerio del Interior hace pleno: 17 silencios administrativos para 17 solicitudes de información.

Para encontrar un pleno de respuestas satisfactorias tenemos que acudir a la Junta de Castilla y León. Con siete preguntas, todas ellas con respuesta satisfactoria, esta institución fue la que más solicitudes de información recibió a nivel autonómico durante el año pasado, lo que demuestra que las buenas prácticas animan a los ciudadanos a ejercer su derecho.

Los organismos que gestionan la sanidad en Madrid también están entre los que mayor interés despertaron. La Consejería de Sanidad y la Dirección General de Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid registraron un total de 11 solicitudes de información, aunque solo dos fueron resueltas de forma satisfactoria. A nivel local, los vecinos de Sangüesa (Navarra) fueron los más participativos en Tuderechoasaber.es, aunque el ayuntamiento no les correspondió: de seis solicitudes, cinco nunca obtuvieron respuesta). Otros pueblos y ciudades que destacan por el número de solicitudes recibidas fueron Sant Feliu de Llobregat (una satisfactoria de cinco), Ávila (cuatro preguntas, ninguna respuesta), Barcelona (tres de tres desatendidas), Lleida (de tres remitidas, una de ellas respondida de forma parcial) o Madrid (que derivó a los ciudadanos a su formulario).

O, si lo prefieres, puedes descargarte la versión completa del informe en PDF.

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Seguimiento de solicitudes denegadas en el Portal de Transparencia – Iniciativa de ElConfidencial.LAB, Access Info Europe y Civio

El Portal de Transparencia del Gobierno está en marcha desde diciembre de 2014, y desde entonces muchos usuarios ya han recibido denegaciones de información.

Para conocer mejor cómo están respondiendo las instituciones y qué motivos concretos esgrimen para justificar la denegación, El ConfidencialAccess Info Europe y Civio facilitamos desde ahora un formulario abierto donde te animamos a compartir tu caso:

Formulario sobre denegaciones de
acceso a la información

Si participas, te pediremos que compartas:

  • La fecha en que hiciste la solicitud
  • Su estado (si la denegación es total o parcial)
  • A qué organismo iba dirigida
  • Cuál era exactamente la información que solicitabas
  • El artículo que, según la respuesta, justifica la inadmisión de tu solicitud

Usaremos esta información para poder hacer un mejor seguimiento de cómo responden las administraciones, y te mantendremos informado de los siguientes pasos que demos.

Este comunicado ha sido publicado por Access Info Europe en su página web:

Access Info Europe presentó el 17 de diciembre de 2014 una queja ante el Defensor del Pueblo en la que denunciaba el complejo sistema de solicitud de información que el Gobierno ha puesto en marcha en el Portal de la Transparencia. En concreto se denunciaban tres cuestiones:

  1. Que el Portal de la Transparencia no contiene información sobre cómo realizar solicitudes al margen del portal mismo.
  2. Que los mecanismos para solicitar información a través del portal son extremadamente complejos y excluyentes.
  3. Que no debería exigirse la presentación de un DNI para solicitar información.

El día 16 de marzo de 2015 el Defensor del Pueblo contestó a estos tres argumentos reconociendo algunas de las cuestiones planteadas por Access Info. En concreto así respondía a cada argumento:

  1. Reconoce que el portal no informa sobre otras vías para enviar solicitudes de información e informará al Ministerio de la Presidencia al respecto, pero no aprecia ninguna irregularidad porque la Ley de Transparencia establece claramente que se pueden enviar solicitudes por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante.
  2. Sobre los mecanismos y pasos para presentar una solicitud en el portal de la Transparencia, el Defensor del Pueblo considera que son complejos y muy largos, por lo que pueden incluso convertirse en obstáculos para el ejercicio del derecho. Además, reconoce que algunas personas legitimadas por la ley, como los extranjeros, pueden ver dificultado o imposibilitado el acceso a través del Portal de la Transparencia debido a los mecanismos de registro.

El Defensor del Pueblo reconoce que para identificar a un solicitante debe ser suficiente con los nombres y el apellido o con el DNI, pero que en ningún caso es necesario el proceso de validación que ha establecido el Portal de la Transparencia. Por ello, ha solicitado al Gobierno un informe sobre los mecanismo de registro y su impacto disuasorio y excluyente sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

  1. Sobre el tercer punto se limita a indicar que, en nuestro Derecho, las solicitudes anónimas no tiene validez ni producen efectos jurídicos.

Valoramos esta respuesta positivamente, ya que se reconoce el efecto disuasorio que tienen los mecanismos de identificación establecidos en el Portal de la Transparencia y la no necesidad de los mismos, ya que la ley requiere identificación pero no habla de validación de la identificación presentada.

A la espera de la reacción del Gobierno ante los requerimientos que ha hecho el Defensor del Pueblo sobre este asunto, Access Info Europe procederá a responder al Defensor del Pueblo con nuevas pruebas. La respuesta será publicada tan pronto como la recibamos.

Respuesta completa del Defensor del Pueblo

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Desde que el día 10 entrase en vigor de la Ley de Transparencia para la Administración Central y se abriera el Portal de Transparencia con una pasarela de identificación electrónica que exige o DNI-e o una clave individualizada, muchos nos habéis escrito para hacer una pregunta lógica: si seguimos enviando solicitudes de información desde Tuderechoasaber.es a los poderes públicos, ¿nos responderán? Veamos.

La respuesta, como siempre que nos aventuramos a adelantar la reacción de las instituciones españolas, es incierta. Cuando lanzamos Tuderechoasaber.es en marzo de 2012 tampoco sabíamos si los organismos públicos responderían (y no todos lo hacen, puedes ver nuestro último informe). Por eso debemos recabar antes toda la información para poder responder a esta pregunta.

¿Cómo está respondiendo la Administración Central en Tuderechoasaber.es?

De momento, recordemos que a través del Portal de Transparencia únicamente puedes solicitar información a la Administración Central. A través de las respuestas recibidas desde el día 10 de diciembre sabemos, por ejemplo, que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación remite ineludiblemente a este solicitante a usar transparencia.gob.es. También lo hace aquí el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por el contrario, estos días sí han seguido respondiendo por mail el Ministerio de Fomento (aquí), el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (aquí) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que contesta adecuadamente cuando se le solicita información  ambiental (como en este ejemplo o en este). Caso aparte sería el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que aquí dirige a los solicitantes a su propia pasarela (la oficina virtual) para formular preguntas.

¿Qué vamos a hacer en adelante en Tuderechoasaber.es?

Lo primero, informar al solicitante en todo momento de qué puede esperar de esta plataforma y en qué podemos seguir ayudándole. Nosotros lo tenemos muy claro: Tuderechoasaber.es sigue cumpliendo la función para la que creamos esta web, independientemente de cómo estén respondiendo los ministerios, y de si estos remiten sólo al Portal de Transparencia. Lo apreciamos así porque son muchos los organismos nacionales (los reguladores, embajadas, delegaciones del Gobierno y otros), autonómicos y locales que no se ven afectados por la exigencia de identificación electrónica del Portal de Transparencia y siguen admitiendo solicitudes de información vía email.

Por tanto, en las próximas semanas vamos a:

1.- Insertar un aviso en la portada de Tuderechoasaber.es alertando de cuatro cosas muy importantes:

    • Tras abrir el Gobierno el Portal de Transparencia con una pasarela de identificación electrónica y estar considerando una solicitud de información como la “apertura de un trámite administrativo” (equivalente a los que se realizan habitualmente para cumplir obligaciones tributarias), el email deja de ser el camino establecido para solicitar formalmente información a la Administración Central.
    • Esto tiene consecuencias importantes. Al ser el email el sistema en el que se basa Tuderechoasaber.es para establecer la comunicación con las  instituciones, la Administración Central puede alegar que no es la vía establecida y, por tanto, no contestar.
    • Esto implica en tercer lugar que si la Administración Central no te responde en Tuderechoasaber.es, no podrías recurrir y solicitar amparo al Consejo de la Transparencia debido a que no estarías utilizando la vía establecida.
    • No obstante, recordamos que la ley permite solicitar información “por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información que se solicita y una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones” (artículo 17). Por eso en los próximos meses vamos a seguir movilizando a la opinión pública para exigir que los ciudadanos podamos solicitar información a través del correo electrónico por ser uno de los canales más fáciles y accesibles para la mayoría de las personas.

2.- Vamos a hacer un seguimiento pormenorizado y constante de cuáles son las instituciones que no responden por medio de email a los usuario de Tuderechoasaber.es. Es una labor que es imprescindible hacer bien y que requerirá tiempo.

3.- Una vez lo sepamos, insertaremos un aviso en el perfil de aquellos organismos que no respondan vía email, para que el solicitante esté alertado antes de enviar su petición de información mediante Tuderechoasaber.es.

4.- Es más, ya estamos trabajando para ver si podemos facilitar que cualquier ciudadano pueda remitir solicitudes de información de forma anónima al Portal de Transparencia desde Tuderechoasaber.es. Os mantendremos informados sobre esta posibilidad.

5.- Vamos a actualizar los textos de la Guía para solicitantes de información, que no han sido puestos al día desde hace demasiado tiempo.

Así pues, a pesar de las barreras impuestas, desde Tuderechoasaber.es vamos a seguir contribuyendo a extender la cultura de solicitar la información, poniendo a disposición pública todas las respuestas obtenidas (no compartimos eso del envío y publicación “selectivos”) y facilitando el proceso a cualquier ciudadano, dado que el Portal de Transparencia actualmente no permite identificarse y formular solicitudes a los ciudadanos no comunitarios. Esta web se basa en Alavateli, un software que recoge estándares de acceso a la información completamente aceptados en más de 20 países del mundo con leyes de transparencia en vigor. Podemos garantizarte que, si utilizas esta plataforma para solicitar información, el proceso continuará siendo transparente y abierto.

Para resolver cualquier duda relacionada, escríbenos a contacto@tuderechoasaber.es

Reunimos algunos ejemplos de solicitudes formuladas desde Tuderechoasaber.es que, con la ley delante y en vigor, ahora deberían obtener como respuesta la información solicitada.

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Con la entrada en vigor de la normativa de transparencia para la Administración General del Estado (AGE) se reconocerá, dentro de pocas semanas, el derecho de cualquier ciudadano a acceder a nueva información que antes quedaba fuera de su alcance. Por eso reunimos algunos ejemplos de solicitudes formuladas desde Tuderechoasaber.es que, con la ley delante y en vigor, ahora deberían obtener como respuesta la información solicitada. Recordemos además que el reglamento de aplicación de la ley aún no se ha hecho público, por lo que existen incógnitas, ambigüedad y muchas salvedades a la hora de poder asegurar que, en un escenario concreto, el ciudadano recibirá con seguridad toda la información que solicita.

    • A partir del 10 de diciembre se podrán solicitar y recibir datos sobre partidas presupuestarias específicas y su desglose. Así, esta solicitud de información que Juan Elosua dirigió en mayo de 2014 al Ministerio de Economía y Competitividad sobre “las partidas
 presupuestarias anuales destinadas a la creación y mantenimiento
del INL (International Iberian Nanotechnology Laboratory)” debería ser atendida y resuelta. Hasta ahora, este Ministerio ha estado ignorando la gran mayoría de las solicitudes recibidas, como se puede comprobar en este link. No obstante, de cara a la aplicación efectiva de la ley, existe una salvedad: no se especifica cuál es el grado mínimo de desglose, por lo que cada institución podrá decidir por sí misma en cada caso concreto el nivel de detalle de los datos que aporte. Por eso es tan importante una ley estricta que cierre el camino a este tipo de indefiniciones.
    • Se podrá preguntar por TODAS las subvenciones concedidas por un organismo público o recibidas por una entidad. Recuerda que, según la ley, puedes preguntar a ambos. Así, esta solicitud en la que un ciudadano pide conocer los expedientes de reintegro de subvenciones con cargo al IRPF tramitados por Sanidad entre 2008 y 2011 debería obtener respuesta con la información que solicita.
    • Podrás solicitar y recibir los nombres de los asesores de ministros. En esta solicitud, Romà Seguí preguntaba en 2012 al Ministerio de Presidencia por el número (ni siquiera por el nombre) de personas contratadas como personal eventual y por aquellas que, con otro contrato, prestaban “trabajos de asesoramiento”. Nunca recibió respuesta. Como vemos, Presidencia también está entre las instituciones que peor atienden a las solicitudes de los ciudadanos, y eso pese a haber liderado la gestación de la Ley de Transparencia.
    • Se podrá pedir y obtener las memorias de impacto normativo de cualquier órgano de Administración General del Estado. En Tuderechoasaber.es hemos recibido muy pocas solicitudes de este tipo. En este ejemplo, un ciudadano solicitó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social una copia del informe de impacto de género que acompañó a la aprobación del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. La respuesta que recibió, hasta en tres ocasiones, fue que “todos los informes preceptivos que acompañan a las normas o proyecto de normas aprobadas por el Consejo de Ministros no constituyen un documento de público acceso, por lo que no es posible atender su solicitud”. 
Pues bien, ahora sí lo son.

Sin embargo…

Existen otros ejemplos de información que no podrás solicitar a partir del 10 de diciembre. Con el texto en mano, las entidades sujetas a la Ley de Transparencia no tendrán obligación de darte información que tenga carácter  auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes e informes internos o entre órganos o entidades administrativas se quedan fuera del paraguas de la ley. Pese a que la información auxiliar desempeña un papel, variable, en la toma de decisiones, tendremos que esperar y observar cómo se desarrolla esta limitación en cada caso particular. “No podemos facilitártela porque se trata de información auxiliar” puede ser tendencia en la temporada 2015. La ley establece también una serie de limitaciones que dejan la puerta abierta a dobles lecturas. Así, cortapisas muy genéricas para pedir información relacionada con “intereses económicos y comerciales”, o aquellas que afecten a “la garantía de confidencialidad o secreto requerido en los procesos de toma de decisión” pueden servir para denegar una solicitud. Recuerda que, si rechazan tu solitud porque la información que reclamas contiene datos personales, puedes insistir por segunda vez para que te la proporcionen disociada de esos datos. A la espera de conocer mejor la “letra pequeña” (el reglamento que desarrolla le ley aún no es público), la propia norma sí contempla esta opción.

No solo a las administraciones públicas

Corregimos un errorTen muy presente también que la obligación de responder no solo la tienen los organismos públicos, también partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales. No solo los organismos públicos tienen obligaciones de transparencia. También los partidos políticos, las organizaciones empresariales, sindicales, y algunas empresas privadas. Aquellas que reciban más de 100.000 euros en un año en subvenciones o que más del 40% de sus ingresos provengan de ayudas públicas. Sin embargo, sus obligaciones son de PUBLICIDAD PROACTIVA (deben publicar organigrama y CV de altos cargos; contratos, convenios y subvenciones con administraciones públicas; presupuestos y estado de ejecución, cuentas anuales, auditorías y retribuciones de directivos), pero  tienen obligación de responderte NO tienen obligación de responderte. Aquí está más claro.  Y ojo, en el caso de empresas privadas, sólo si son subvenciones o ayudas. Si se trata de contratos con la administración (por ejemplo, la gestión de un servicio público, como un hospital o el transporte metropolitano), NO estarán bajo las obligaciones de publicidad proactiva de la ley de transparencia.

Y, ante la duda, ¡pregunta!

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