peticiones de información

La entidad no responde ante la petición de información del número de afectados por el cambio de sistema en la tramitación online del impuesto.

declaracion iva

El 30 de enero de 2014 fue el último día en el que empresas y autónomos en España pudieron presentar su declaración anual del IVA de 2013. Lo que en otras ocasiones no es más que un procedimiento rutinario se convirtió en un caos como consecuencia del cambio del sistema de tramitación. El modelo 390 de declaración anual del IVA obligaba a partir de este año a presentar la declaración únicamente de forma telemática. Aquellos que lo hicieron de otro modo (en papel, como buena parte de los contribuyentes suele hacer) podrán recibir una multa pecuniaria de 1.500 euros, según la Ley General Tributaria.

A pesar de que la Agencia Tributaria puso a disposición de los contribuyentes con mayores dificultades un servicio de ayuda personalizada, muchos ciudadanos presentaron quejas ante las demoras, problemas técnicos y complejidad del sistema de tramitación online. Buena parte de ellas provinieron de contribuyentes que carecen de conocimientos informáticos suficientes para cumplimentar la tramitación, aunque los problemas del sistema afectaron del mismo modo a diferentes ciudadanos. Muchos de ellos tuvieron que acudir a asesores tributarios, que cobran entre 50 y 100 euros. Las personas de avanzada edad y sin conexión de internet fueron las más afectadas.

Las quejas llegaron hasta la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que las admitió a trámite y pidió a la Agencia Tributaria que permita de nuevo la presentación de declaraciones también en papel. Se desconoce, sin embargo, el alcance de los problemas y el número de solicitudes que fueron entregadas fuera de plazo, cuáles de ellas fueron presentadas con errores y a cuántos contribuyentes se sancionó. Esto mismo es lo que preguntó hasta en dos ocasiones en Tu Derecho a Saber Stéphane M. Grueso, que comenta las dificultades que tuvo para realizar la declaración correctamente y pide los datos estadísticos de la declaración. Grueso considera que tanto la interfaz, el sistema de firma electrónica, el sistema de PIN y el modo de autenticación como el lenguaje y el modelo fueron demasiado complicados.

Los únicos datos disponibles son los agregados: en esta campaña se han registrado un total de 3.366.000 declaraciones, 249.000 más que el año pasado, lo que supone un incremento de un 8%. 403.000 de esas declaraciones se realizaron con el nuevo sistema de firma electrónica ‘PIN 24 horas’, uno de los sistemas que ha provocado más quejas.

La agencia que dirige Santiago Menéndez, y que depende del Ministerio de Hacienda, defiende este nuevo sistema porque considera que facilita la lucha contra el fraude fiscal. No se conocen, sin embargo, las consecuencias de este cambio del sistema, y hasta qué punto ha afectado económicamente a aquellos contribuyentes que no han podido cumplimentar su declaración, o la han cumplimentado fuera de plazo. La Defensora del Pueblo considera que no deberían llevarse a cabo procedimientos sancionadores hasta que no se garantice que el sistema funciona correctamente.

coche

  • Un ciudadano pregunta el número y uso de estos vehículos a seis comunidades autónomas
  • Sólo Cantabria ha respondido: tiene 11 coches destinados a consejeros y presidente del gobierno
  • Cataluña remite a un formulario y Navarra exige requisitos para preguntar como el DNI electrónico

Sobre el número y uso de los coches oficiales en el Estado y las comunidades autónomas se ha hablado mucho, muchas veces sin datos y con titulares que se basaban en simples estimaciones. En la mayoría de casos conocemos el parque móvil total y, en menos ocasiones, su reparto entre departamentos. Esta información básica no se publica de forma detallada en todos los organismos públicos, sino que depende -como en muchas otras ocasiones- de la buena voluntad del gobernante o encargado de turno.

Mientras no exista una norma que obligue a publicar esta información, nuestra única vía para acceder a ella en los casos en los que no se publica es escarbando en contratos públicos de seguros o carburante o, como pasa siempre que Tu Derecho a Saber entra en juego, preguntando. Eso es lo que ha hecho Argoitz, un ciudadano que preguntó el pasado 8 de enero a seis comunidades autónomas por su parque móvil y, más importante aún, cómo se distribuye entre vehículos destinados a la representación de altos cargos y aquellos cuyo fin es ofrecer servicios (bomberos, policía, parques y jardines…).

Por el momento, sólo una comunidad autónoma ha respondido de forma satisfactoria, aunque sea una contestación parcial. El gobierno cántabro, tal y como recoge su respuesta, tiene 11 coches para altos cargos: uno para cada uno de los ocho consejeros, otro para el presidente y dos más para incidencias. Eso sí, remite al resto de organismos públicos dependientes de su propio gobierno para recabar el resto de los datos.

Navarra, por su parte, sigue obviando las recomendaciones de su Defensor del Pueblo y reclama un DNI electrónico, entre otros requisitos, para poder realizar una petición de información. Una vez más, pone barreras a lo que debería ser una simple interacción entre ciudadano y administración pública: una pregunta, una respuesta.

Cataluña, en otra de las vías que frenan este proceso, se niega a contestar por correo electrónico y sólo acepta preguntas en su propio formulario. La Xunta de Galicia ha enviado un acuse de recibo de la peticiñon y seguimos a la espera de la respuesta. El gobierno de Asturias, por su parte, remite a su portal de transparencia y al perfil del contratante, para que sea el propio ciudadano el que recopile dicha información. El Gobierno Vasco, por su parte, aún no se ha pronunciado sobre el tema.

La organización denuncia que ninguna institución de la comunidad hace pública su financiación de la tauromaquia y exige que los ciudadanos puedan acceder a toda la información detallada.

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La plataforma ‘Galicia, Mellor Sen Touradas‘ ha puesto en marcha la primera campaña a favor de la transparencia en el uso de dinero público para subvencionar corridas de toros en el territorio gallego. Para llevarla a cabo, esta organización ha formulado varias solicitudes de acceso a través del portal Tuderechoasaber.es para exigir a los consistorios gallegos que hagan pública la información detallada de las partidas presupuestarias que destinan a la celebración de eventos taurinos.

La organización ya ha registrado seis solicitudes de información a las instituciones que destinan financiación pública a festejos taurinos, como los municipios de Sarria, Padrón, Muíños y A Coruña. Todas las peticiones pueden consultarse www.taurosubvenciones.info. Rubén Pérez, portavoz de ‘Galicia, Mellor Sen Touradas’, ha calificado de lamentable que “los ciudadanos desconozcan cuál es el montante real de los subsidios. Ciudadanos que pagan sus impuestos y que tienen derecho a saber en qué se dedica su dinero”.

Descarga aquí su nota de prensa (.pdf)

Para obtener más información:

Más campañas en Tuderechoasaber.es

En Tuderechoasaber.es queremos que todos, particulares, asociaciones y movimientos ciudadanos, ejerzan su derecho de acceso a la información. Si quieres iniciar una campaña de acceso a la información con nosotros, escríbenos a contacto@tuderechoasaber.esAquí puedes conocer otras campañas.

El consistorio respondió en mayo que las obras "tan solo" representan el 4% de su presupuesto anual.

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La calle, levantada, junto a la zona de protestas de los vecinos. Foto: @fanetin

 

Las obras están a punto de arrancar en Gamonal, pero hace meses que los vecinos reclaman que el proyecto de bulevar, que limitará el tráfico en la zona y eliminará los aparcamientos gratuitos, no se lleve a cabo. En mayo de 2013, Rubén realizó una petición de información al consistorio a través de Tu Derecho a Saber: ¿cuánto va a costar la reforma urbana y cómo se va a financiar? Además, quería saber si el Ayuntamiento se había planteado destinar ese presupuesto a “amortiguar” los efectos de la crisis.

La respuesta llegó tres días después. Desde el ayuntamiento aclaraban que no iban a contraer ningún préstamo para pagar las obras, sino que el dinero saldría de recursos propios. Además, aseguraron que representaba “tan solo” el 4% del presupuesto municipal del año. Además, aprovecharon la comunicación para relatar los beneficios que, según ellos, iba a traer el nuevo bulevar: trabajo para 300 personas durante unos 18 meses, aclarando que se trata de “300 familias”; “notable mejora del espacio urbano”; y la “revalorización de los comercios e inmuebles de la zona”. ¿Y las medidas para paliar la crisis? Esas van en paralelo, respondían, y son muchas.

En julio, otro ciudadano, Juan Carlos, volvía a insistir realizando una nueva batería de preguntas. En concreto, preguntaba por los informes de impacto económico, social y de tráfico de la reforma, así como de las comparativas de problemas/beneficios en relación al estado actual y las condiciones del contrato de 40 años de aparcamientos subterráneos de pago en la zona.

Además, retomaba la pregunta inicial de Rubén y pedía al ayuntamiento que detallara esas líneas de actuación de las que hablaba en su respuesta para paliar los efectos de la crisis, así como la valoración de sus resultados y su coste. Para él, lo interesante era comparar ambos gastos dentro de un mismo presupuesto, el de la ciudad de Burgos.

También obtuvo respuesta, aunque bastante parcial. No le respondieron sobre las líneas de ayuda a los ciudadanos y afirmaban no tener la mayoría de los informes reclamados, puesto que no eran obligatorios. Eso sí, aclaraba que el estudio de tráfico había concluído que el tiempo de viaje se incrementaría, pero no habría más atascos. Además, nombra un estudio de viabilidad del párking subterráneo pero, eso sí, no dice dónde se pueden consultar esos informes, pese a la insistencia.

Las protestas de estos días se suman a una larga trayectoria de manifestaciones vecinales contra las obras del bulevar, en paralelo a una más que escasa información pública sobre el proyecto, pese al claro interés de los ciudadanos sobre sus detalles.

  • La institución, tras preguntar al actual Gobierno, prefiere no hacer pública la misiva
  • El Gobierno socialista no respondió: no hubo correspondencia durante la segunda mitad de 2011

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En agosto de 2011, José Luís Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno, recibió una carta del Banco Central Europeo (BCE) en la que el entonces gobernador, Jean Claude Trichet, le instaba a realizar una serie de reformas económicas para poner freno al déficit. Aunque fue preguntado por la misiva en el Congreso, Zapatero no quiso desvelar su contenido. Dos años y medio después, ya sin cargo público, el expresidente del Gobierno incluye ese documento en sus memorias, que acaba de publicar, editadas por Planeta.

eldilema_insidePero, ¿esa carta no era “estrictamente confidencial”? ¿El BCE ha dado su consentimiento? ¿Hubo respuesta por parte del entonces presidente? Estas son las preguntas que, tras la publicación de la misiva, planteó David Cabo al BCE a través de Ask the EU, el equivalente a Tu Derecho a Saber para los organismos europeos.

La respuesta llegó el pasado 20 de diciembre y resolvió tres de las dudas: la carta sigue siendo confidencial, el BCE (con el acuerdo del actual Gobierno) no la va a publicar y Zapatero nunca pidió permiso al organismo para incluir la misiva en sus memorias. En paralelo, el BCE responde que no hubo respuesta a la carta por parte del Gobierno durante la segunda mitad de 2011.

La respuesta completa defiende la confidencialidad de la correspondencia entre el BCE y los estados en aras del interés público y, por lo tanto -y tras haber consultado al actual Gobierno- prefiere no publicar de forma abierta la misiva, pese a que forma parte del libro de Zapatero. Además, insiste en su carácter confidencial y aclara que el expresidente nunca pidió permiso para sacar a la luz la información.

Días después, Jean Claude Trichet respondía sobre el tema en una entrevista en El País desde un punto de vista muy distinto: “Siempre pensé que las cartas eran propiedad de sus destinatarios”.

Pese a todo, las palabras del BCE crean una nueva duda: si no tenía permiso para publicarla, ¿qué medidas piensa tomar el organismo europeo contra Zapatero? ¿Tiene previsto, al menos, publicar un comunicado oficial afeando la conducta del expresidente? Esas preguntas forman parte de la nueva petición de información de David Cabo al hilo de la primera, en la que insiste en que se publique de forma oficial la carta para comprobar su veracidad. Estaremos atentos a la respuesta.

[ACTUALIZACIÓN -19 de diciembre de 2014]

Y la respuesta ha llegado hoy, después de repetidos intentos.

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El Banco Central Europeo, en respuesta a esta petición de David Cabo, ha hecho públicas (aunque su contenido ya era conocido) las cartas que Trichet y Zapatero intercambiaron en 2011, y lo hace tras obtener el consentimiento del Gobierno español. En la contestación, el BCE clarifica lo siguiente:

 “La decisión de hacer públicos estos documentos se basa en el tiempo transcurrido desde que las cartas fueron enviadas, en las condiciones económicas y monetarias prevalecientes y en la mejora de la estabilidad del sistema financiero español, como indican los resultados de la revisión del BCE a los balances de los grandes bancos. Al mismo tiempo, el BCE desea hacer notar explícitamente que con la revelación de estas cartas no se respalda su publicación anterior, hecha sin las autorizaciones del BCE y de las autoridades españolas

Ese último comentario hace clara referencia a la decisión de Zapatero de incluir la misiva en sus memorias sin pedir permiso.

Además, el BCE hace también pública la respuesta de Zapatero, en la que informa sobre la adopción de medidas de consolidación fiscal para reducir el déficit presupuestario, mayor flexibilidad del mercado laboral, vinculación de los salarios con la productividad y reducción del déficit del sistema eléctrico. Por último, Zapatero pedía al BCE que adquiriese deuda pública española para estabilizar los mercados.

Screen Shot 2013-12-08 at 22.09.33A principios de noviembre, Bloomberg destapaba una visita a España realizada semanas atrás por representantes de Eurostat. Medios como El País se hicieron eco de la noticia, en la que se explicaba que la delegación europea quería comprobar que tanto Madrid como Valencia se habían puesto al día en el pago y control de sus facturas. Pero quedaban muchos flecos sueltos: ¿quiénes acudieron? ¿con quiénes se reunieron? ¿qué temas se trataron en esos encuentros? ¿qué conclusiones sacó Eurostat?

Gracias a una petición de información realizada a través de Ask The EU por David Cabo, ahora podemos responder a algunas de esas preguntas. La respuesta de Eurostat ha llegado casi un mes después (pidieron ampliar el plazo de 15 días por otros 15) y en ella se detalla la agenda de las reuniones. Los representantes de Eurostat estuvieron en España los días 26 y 27 de septiembre. En primer lugar, se reunieron con representantes del INE (Instituto Nacional de Estadística) y la IGAE (Intervención General del Estado) para analizar las responsabilidades de estos dos organismos en los problemas de control de déficit.

Horas después se sumaron al encuentro miembros del Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Madrid y la Intervención General de la Comunidad de Madrid para dar cuenta a los miembros de Eurostat de la situación de las cuentas de la región. Un esquema muy parecido se repitió al día siguiente, esta vez centrado en el déficit y las facturas de la Generalitat Valenciana y con representantes de las entidades análogas en esa comunidad. Por la tarde, miembros del INE, la IGAE y los miembros de Eurostat se reunieron de nuevo para sacar conclusiones de la visita.

Lamentablemente, la respuesta de Eurostat es sólo parcial y no podemos saber cuáles fueron esas conclusiones (el organismo argumenta que están en una fase demasiado preliminar). Tampoco responden quiénes participaron, con nombres y apellidos, en esos encuentros. En ese caso, alegan la política de protección de datos. Eso sí, tras obtener su consentimiento, Eurostat informa que el encargado de liderar el viaje por parte de Eurostat fue Luca Asoli, un jefe de sección del organismo europeo.

Comparar esta respuesta, aunque no tengamos todos los datos reclamados, con cualquiera de las que suelen ofrecer los organismos españoles deja en muy mal lugar a estos últimos.

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En Tu Derecho a Saber estamos en racha. Por primera vez en mucho tiempo, sumamos varias respuestas correctas. Algunas de ellas aportan información muy interesante. Pese a la reticencia de la mayoría de las administraciones públicas a la hora de responder, en muchos casos esa comunicación con los ciudadanos les permite explicar los avances o medidas que han llevado a cabo. Es el caso del feliz resultado de una petición de información al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad realizada por Jordi Espuny, que quería saber si se habían planteado medidas para incentivar la dispensación de medicamentos por unidades, un formato acorde con algunas prescripciones médicas.

Quince días después de formular su pregunta, el ministerio contesta con un detallado correo, en el que explica las diferentes medidas que se han llevado a cabo por los diferentes gobiernos (no alaba solo sus propias iniciativas) en ese sentido. Así, podemos saber que en 2010 se aprobó un Real Decreto Ley que permite a la Agencia Española del Medicamento autorizar la dispensación por unidades medicamentos concretos para ajustarlos al tratamiento.

Otro Real Decreto Ley, fechado en 2011, planteaba la necesidad de revisar el tamaño de los envases de los medicamentos autorizados. Ya en 2012, el Ministerio de Sanidad se dio seis meses para establecer medidas que adecuaran los envases a los tratamientos más habituales. La respuesta añade que ya se han autorizado envases monodosis para fármacos como el paracetamol y el ibuprofeno y que desde 2012 tienen encomendadas instrucciones sobre la adecuación de los formatos en los distintos tipos de antibióticos.

Aunque, más allá de la dispensación unitaria de algunos fármacos, no sabemos cuáles han sido los resultados concretos o medidas adoptadas al detalle, esta respuesta nos permite sacar dos conclusiones: la primera, que en el ministerio alguien se ha tomado la molestia de responder -algo que no es habitual; la segunda, que están trabajando en este asunto, que desde hace algún tiempo está sobre la mesa.

Esta no es la única solicitud exitosa que hemos recibido últimamente. Gracias a una interesante petición de información, pudimos saber que las autopistas de peaje habían costado 5.000 millones de euros, un titular que fue a portada de El Confidencial.

 

La Secretaría de Estado de Comercio responde a una pregunta muy concreta sobre armamento.

origin_3764584757A preguntas concretas, respuestas concretas. José Ignacio Díaz demostró ser un experto en el tema cuando pidió a la Secretaría de Estado de Comercio las estadísticas españolas sobre exportación de armas. Además de reclamar un criterio unificado para poder valorar qué armas de qué tipos se exportan (ya que encontró problemas de compatibilidad entre los informes aduaneros y ciertas clasificaciones del Gobierno), hizo una pregunta muy concreta: ¿Exporta España vehículos para el sembrado de minas? La respuesta llegó, esta vez sí, para asegurar que no es así.

En otras ocasiones es más difícil acceder a según qué tipo de información, sobre todo en aspectos tan peliagudos como las armas químicas. En junio, Paloma preguntó al mismo organismo, la Secretaría de Estado de Comercio, sobre las sustancias precursoras de armas químicas. En concreto, quería saber el número de toneladas de estos productos y a qué países se habían exportado entre 1980 y 1988.

La primera respuesta fue para negar la información, porque en 1987 se clasificó como secreta. ¿Y los datos de los años anteriores? En la segunda respuesta, el organismo tenía una nueva razón para no ofrecer esa información: no cuentan con bases estadísticas anteriores a 1988.

Aunque ninguno de los ciudadanos consiguió toda la información que reclamó, la Secretaría de Estado de Comercio se ha tomado la molestia de contestar de una manera eficiente y respetuosa preguntas muy concretas y perfectamente formuladas, algo que no ocurre en más de la mitad de las solicitudes de información.

Los cargos públicos publicitan la transparencia allí donde van y crean páginas web para alardear de su cercanía, pero siguen sin dar respuesta a lo básico: las peticiones de acceso a la información

Ante el elevado grado de silencio administrativo (el 54%, según nuestro último informe), los ciudadanos empiezan a cuestionar a las administraciones públicas no sobre un aspecto en concreto, sino sobre su falta de transparencia y reacción ante las peticiones de información. La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) ha aprovechado el estreno del portal de transparencia de la Generalitat de Catalunya y la celebración del día del derecho a saber para cuestionar las políticas de transparencia del gobierno catalán.

Además de presentar una instancia oficial -a menudo las administraciones obligan a seguir este tipo de métodos tan poco tecnológicos- han realizado una petición de información a través de Tu Derecho a Saber. Y exigen respuestas muy concretas sobre la deuda pública, desahucios, inversión en educación… Reclaman que las palabras (“Quiero hacer de Cataluña un país de buenas prácticas, un país de transparencia”) pronunciadas en público por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no se queden en nada una vez más.

¿Cuál ha sido la respuesta de la administración, que acaba de estrenar un flamante portal de transparencia? No responde y remite a un formulario, lo que supone, como hemos explicado en este mismo blog, una barrera para el ejercicio del derecho de acceso a la información.

En las administraciones locales, en las que el silencio administrativo es del 70%, algunos ciudadanos exigen rendición de cuentas a esos procesos participativos. David Guàrdia ha preguntado al ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat cuál es el retraso que acumulan en sus respuestas a los ciudadanos y las cifras de estas peticiones, ya que considera que el consistorio está sobrepasando, con mucho, los plazos prometidos.

Por su parte, Fernando, de Málaga, ha preguntado a su ayuntamiento qué ha pasado con los presupuestos participativos que anunció el consistorio durante los últimos años. La propuesta es, a priori, positiva. Pero, ¿qué paso finalmente con las propuestas de los ciudadanos? ¿se han desarrollado los proyectos que sugirieron? Seguimos sin respuestas.

La implementación de la nueva Ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto de Navarra, que obliga a identificarse mediante certificado digital  o DNI electrónico (DNIe) para realizar solicitudes de información vía Internet, limita el acceso a la información en Navarra. Además del certificado digital, se exige a los solicitantes indicar su DNI, su dirección postal y su teléfono.

Esto supone un paso atrás en el camino hacia el acceso efectivo a la información, ya que, con anterioridad a la puesta en vigor de dicha ley, el Gobierno de Navarra sí contestaba de manera satisfactoria las solicitudes de información de los ciudadanos.

Solicitar información debería ser algo rápido y sencillo. Como demuestran los precedentes de países que cuentan con leyes de acceso en plena vigencia, todos los trámites que se añadan en el proceso de solicitud son obstáculos innecesarios que hacen que mucha gente no realice sus solicitudes. Así pues, estas exigencias de implementación pueden contribuir a que una ley de transparencia pierda su eficacia.

Además, resulta clave destacar que requerir un certificado digital para poder enviar solicitudes telemáticas es, hoy por hoy, un factor excluyente. Actualmente en España hay 2.967.238 certificados activos. No parece una solución pensada para todos. Aunque también es posible realizar la solicitud online con el DNI electrónico, su uso, pese a haber expedidos más de 32 millones en España, está muy lejos de ser generalizado.

Por último, los estándares internacionales establecen que para solicitar información debería ser necesario aportar únicamente la información necesaria para poder contestar a la propia solicitud. Así, cuando se habla de identificación, se suele pedir simplemente un nombre para que el funcionario pueda dirigirse por él al solicitante. Toda la información requerida por el Gobierno de Navarra para solicitar información no resulta, por tanto, necesaria.

Desde Tu Derecho A Saber estamos en conversaciones con el Gobierno de Navarra para pedirles que reconsideren su postura, ya que en nuestra opinión, se trata de una interpretación injustificadamente restrictiva de su reglamento.