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El silencio administrativo, primer baremo de la opacidad institucional, aumentó respecto a 2012 pese a que las instituciones deberían estar trabajando ya para cumplir pronto la nueva norma.

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En 2013, el año de la tramitación y aprobación de la Ley de Transparencia, las administraciones públicas españolas recurrieron en más ocasiones que en 2012 al silencio administrativo. A menos de ocho meses para la entrada en vigor de esta nueva norma en las instituciones de rango nacional, el 57% de las solicitudes de acceso a la información enviadas desde Tuderechoasaber.es, la primera web que simplifica este proceso en España, no recibió ninguna contestación. Este ratio supone un aumento del 3% respecto al año anterior. Así lo revela el Informe Tuderechoasaber.es 2013 (documento completo en .pdf) que hemos realizado Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio, las dos organizaciones responsables de esta iniciativa.

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Este informe se basa en el análisis de 654 solicitudes de información enviadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. De ellas, 375 se quedaron sin respuesta. Los resultados de este trabajo no sólo muestran que las solicitudes de información respondidas (el 43%) son insuficientes, sino también la falta de respuestas adecuadas. Únicamente el 13% (84 solicitudes) recibió la información que se pedía. En el 11% de los casos las instituciones alegaron no poseer la información solicitada; un 7% de las respuestas fueron inadecuadas (casos en que lo contestado no tiene nada que ver con la pregunta); un 4% incompletas; un 4% remitió a formularios institucionales (una medida restrictiva respecto al correo electrónico) y el 2% de las solicitudes fueron rechazadas.

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“Los malos resultados de 2012 no sólo se mantienen sino que la respuesta de las instituciones incluso ha empeorado un año después. La opacidad se agrava al mismo tiempo que el Gobierno descarta introducir mejoras a una ley de acceso a la información que consideramos insuficiente y de cuya implementación, como antes de su tramitación, tenemos muy pocos detalles ”, señaló Victoria Anderica, responsable de campañas de Access Info Europe.

Ayuntamientos más opacos, comunidades más transparentes 

El informe revela un alarmante agravamiento de la opacidad en las entidades locales. Ayuntamientos, cabildos y otras instituciones de proximidad ignoraron el 81% de las solicitudes de información, un 11% más que en 2012. Estas entidades cuentan con un año extra de plazo para atajar este problema y no estarán obligadas a aplicar la nueva  normativa de transparencia hasta diciembre de 2015. En el caso de los órganos constitucionales, agencias estatales, organismos reguladores, empresas públicas y partidos políticos, el silencio administrativo se produjo en el 59% de las preguntas.

Por contra, las instituciones de alcance autonómico mejoran sus ratios de respuesta al ciudadano respecto al año anterior. Así, la callada por respuesta se redujo en las solicitudes a los gobiernos de las comunidades autónomas del 41% al 32%, estando varias de ellas inmersas actualmente en la tramitación de sus propias leyes de transparencia. Entre las comunidades autónomas, Cataluña es la que más solicitudes de información recibió en 2013. De 19 solicitudes de información, el 47% se saldó con silencio administrativo y el 31% fueron dirigidas a un formulario interno, por lo que la respuesta, si la hay, queda fuera del conocimiento público. “No siempre ha sido así. Hasta hace poco, la Generalitat admitía preguntas por correo electrónico, pero ha pasado recientemente a vetar esta vía de comunicación y se niega a facilitar una dirección de correo electrónico de contacto”, explica Eva Belmonte, responsable de proyectos de la Fundación Ciudadana Civio.

Asimismo, destacan los casos de la Comunidad de Madrid (19 solicitudes, en el 53% alegó no poseer la información), Galicia (nueve solicitudes y silencio en el 44% de ellas), Castilla y León (15 preguntas, ocho de ellas satisfactorias) y País Vasco (17 solicitudes, ocho satisfactorias).

“No poseemos esa información”

El silencio administrativo se redujo mínimamente en las entidades nacionales, principalmente ministerios: del 53% al 47%. De los más 550 organismos listados en Tuderechoasaber.es, el que más preguntas de ciudadanos ha recibido durante 2013 fue el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Aunque su porcentaje de silencio administrativo fue muy inferior a la media (17%), aseguró no poseer la información reclamada en el 48% de las solicitudes de información. El caso del Ministerio de Interior también es relevante: de las 19 solicitudes de información recibida ninguna fue respondida.

“A la espera de que la ley de transparencia se ponga en marcha, la gran mayoría de los organismos públicos demuestra no estar en absoluto preparada para su cumplimiento”, afirma Eva Belmonte. “¿Qué ocurre con las solicitudes vinculadas a información medioambiental, que sí cuentan con una ley en vigor desde julio de 2006? De las 38 preguntas relacionadas con este ámbito, casi un 40%, fueron ignoradas. Por eso insistimos en que la transparencia se debe más a la voluntad de las instituciones que a las garantías de una nueva ley”, explica.

A la cola de los países con plataformas similares

Tuderechoasaber.es se basa en un software llamado Alaveteli, y el primer país donde se aplicó fue Reino Unido en 2008, donde el 61% de las preguntas son contestadas de forma exitosa. En comparación, las entidades españolas suspenden y se ponen a la cola de casi todos los países con herramientas similares. Mientras que en nuestro país sólo el 16,7% de las preguntas reciben alguna respuesta, ya sea total o parcial, en República Checa llegan al 64%, en Hungría al 55%, en Nueva Zelanda al 56% y en Australia al 21% del total de preguntas presentadas. Sólo Túnez, con el 13% de las preguntas contestadas de forma exitosa, y Brasil (9%) se sitúan por detrás de España.

Desde Tuderechoasaber.es reclamamos que no emprenda acciones contra organizaciones civiles pro-transparencia y flexibilice su régimen de derechos de autor para documentos gubernamentales.

FDS

El Gobierno alemán, a través de su Ministerio de Interior, ha emitido una orden contra el portal de acceso a la información FragDenStaat.de, una plataforma análoga a Tuderechoasaber.es en Alemania, para lograr la retirada de un documento que había sido obtenido mediante la ley alemana de transparencia acceso a la información pública.

El documento de la discordia -un informe de 5 páginas- contiene una valoración de dos empleados ministeriales sobre una norma del Tribunal Constitucional federal en 2011, que declara inconstitucional la cuota mínima del 5% para que los partidos políticos puedan concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo. En el documento se afirma que el establecimiento de cualquier cuota debería ser inconstitucional. Contrariamente a esta recomendación interna, el Bundestag aprobó después una cuota del 3% en su reforma de la ley electoral alemana.

El activista Guido Strack, un antiguo funcionario federal y fundador de la red Whistleblower-net, solicitó en octubre de 2013 este documento desde FragDenStaat.de. Lo recibió un mes después, junto con un aviso del ministerio para disuadirle de hacerlo público. Con el propósito de exigir que se refuerce el derecho de acceso a la información en Alemania –su sistema de transparencia es débil, uno de los 10 más bajos en las evaluaciones del RTI Rating- y condenar lo que consideran una restricción arbitraria, FragDenStaat.de, con el capitulo alemán de la OKFN detrás, decidió hacerlo público en diciembre. La orden de retirada llegó el pasado 17 de enero por fax. El capitulo alemán de la OKFN ha declinado retirar el documento y plantará cara, por lo que ya está solicitando donaciones para hacer frente a los previsibles costes legales que supondrá defender su caso. Aquí puedes consultar el microsite de la campaña y todos los documentos (en alemán) del caso, que ha llegado a las páginas del Wall Street Journal, Der Spiegel y otros de medios alemanes.

Uso arbitrario del copyright para limitar la libertad de información

Con esta orden de retirada, el Ministerio de Interior quiere evitar que se divulgue la evidente contradicción entre una valoración legal de corte interno y la medida política adoptada después. Para ello, ha decido apelar a la protección de sus derechos de autor para lograr la retirada y censura del documento. La orden de “cese y desista” es un recurso frecuente en las disputas por derechos de autor, que suele interpretarse como un pre-aviso intimidatorio o la antesala de un litigio.

Stefan Wehr Meyer, gestor del portal FragDenStaat.de, argumenta que “al gobierno federal no le interesa el copyright. Lo que está haciendo es utilizarlo de manera arbitraria para evitar la publicación de unos documentos oficiales controvertidos. Da la impresión de que desea impedir que podamos comprender sus decisiones políticas”. Su firma de abogados remite al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para fundamentar su apelación. Como señala Access Info Europe en su condena de la reacción del gobierno alemán, “el derecho a la información está ligado al derecho de libertad de expresión reconocido por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por tanto, todo aquél que reciba un documento a través de una solicitud de información debería tener derecho a difundirlo”.

Nuestro apoyo a FragDenStaat.de y a OKFN-Alemania

Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio hemos alertado en numerosas ocasiones sobre la indefensión que el derecho de acceso puede sufrir cuando colisiona (supuestamente) con otras garantías -derecho de autor, derecho a la protección de datos personales- en un sistema frágil de transparencia que no lo reconoce como fundamental. Como organizaciones impulsoras de Tuderechoasaber.es, apoyamos a FragDenStaat.de y al capítulo alemán de la OKFN en su decisión de publicar este documento y hacemos un llamamiento al Gobierno alemán para que retire su orden de cese, no emprenda acciones contra organizaciones civiles pro-transparencia y flexibilice su régimen de derechos de autor para los documentos gubernamentales.

Esta reacción se produce tras una queja formal remitida por la Plataforma Eurovegas No ante la escasa información facilitada sobre este proyecto.

El Defensor del Pueblo ha criticado severamente el secretismo de la Comunidad de la Madrid sobre el macroproyecto Eurovegas y exige total transparencia sobre el mismo. En una respuesta por escrito tras una queja formal remitida por la Plataforma Eurovegas No ante la escasa información facilitada sobre este proyecto, Francisco Fernández Marugán (adjunto primero a la Defensora del pueblo) destaca que se trata de un proyecto de “excepcional interés público”, por lo que “la Comunidad de Madrid ha de ser transparente sobre cuanto conozca sobre el futuro centro de ocio, y debe informar a los interesados“.

Desde que salió a la luz la intención de construir Eurovegas en Madrid, la Plataforma Eurovegas No ha realizado 12 solicitudes de información a diferentes instituciones solicitando detalles sobre este proyecto sin que ninguna haya sido satisfactoria, algunas por falta de respuesta y otras por respuestas vagas e imprecisas, como las enviadas por el Ministerio de Industria y el Ministerio de Hacienda.

El Defensor del Pueblo, en su respuesta a la queja planteada el pasado 8 de noviembre por la plataforma, comentaba que “la Comunidad de Madrid ha de obtener información, incluso tratándose de una mera expectativa de implantación de carácter privado, pues no sólo a la entidad promotora correspondería informar de su contenido”, criticando las respuestas que alegaban no tener información sobre el proyecto.

Las peticiones realizadas por la Plataforma Eurovegas No a través de Tuderechoasaber.es solicitaban, entre otra información:

    • Cualquier estudio o investigación realizado o encargado por la Comunidad de Madrid sobre Eurovegas
    • La información referente a los costes reales del proyecto para el contribuyente y los posibles impactos medioambientales y sociales que puede tener el proyecto.
    • Cartas y comunicaciones realizadas entre Las Vegas Sands Corporation y la Comunidad de Madrid.

El Defensor del Pueblo hace una mención a la adopción por la Comunidad de Madrid en diciembre de 2012 de la ley de Medidas Fiscales y Administrativas y contrasta este hecho con la falta de respuestas a las preguntas de la Plataforma. Destaca que “hay un desequilibrio entre la falta de respuesta a una solicitud legítima formulada por los ciudadanos y la respuesta en forma de ley ante una mera expectativa”.

El Defensor del Pueblo también solicitará más información

En la carta, el Defensor del Pueblo afirma que investigará, por ejemplo, si Las Vegas Sands Corporation ha presentado alguna solicitud para la aprobación como Centro Integrado de Desarrollo para un proyecto de juego, ocio y turismo de grandes dimensiones, si ha sido presentada por la empresa una solicitud de declaración de viabilidad, y si habría sido resuelta por el Consejero competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

La opinión del Defensor del Pueblo demuestra el vínculo entre transparencia y el derecho fundamental de la libertad de expresión: sin información es imposible tener un debate público sobre un tema de gran interés público, tal y como es Eurovegas”, comenta Helen Darbishire, directora de Access Info Europe. “Es evidente que España necesita con urgencia una ley de acceso a la información; el gobierno debe actuar con prisa para rellenar este vacío legal”.

La Plataforma Eurovegas No va a continuar con su campaña por una mayor transparencia en la tramitación y decisiones sobre Eurovegas para poder esclarecer las condiciones y las consecuencias de la construcción de este macroproyecto del que se sabe tan poco.

Para más información sobre este tema, puedes contactar con Alicia Costas de Access Info Europe a través del email alicia(arroba)access-info(punto)org.

La carta del Defensor del Pueblo:

Publicamos en exclusiva en eldiario.es dos documentos internos que contienen las recomendaciones de diversos organismos del Estado para la mejora del texto legislativo de la Ley de Transparencia. Este se encuentra en fase de enmienda parlamentaria en el Congreso y solo los diputados han tenido acceso a estos informes. Hasta ahora.

Se trata del resumen realizado por el Ministerio de Presidencia de las casi 3.700 aportaciones recibidas en la consulta pública y del informe de la Agencia de Protección de Datos, consultada por el Gobierno antes de aprobar el Proyecto de Ley el pasado 27 de julio. Ambos aportan información valiosa sobre el texto que está en manos de las Cortes:

“De su análisis se desprende cómo  el ejecutivo no hizo caso a las principales sugerencias ciudadanas y avanza la que será la gran batalla una vez la ley entre en vigor: el choque entre acceso a la información y protección de datos”

Ya puedes leer ambos documentos y las claves que ofrecemos en el blog “Zona Crítica”, la antesala de eldiario.es, que echa oficialmente a andar el 18 de septiembre.

Madrid o Barcelona se están disputando ser la capital del juego en Europa, pero muy poco se sabe de en qué se están basando los políticos para aceptar un proyecto como Eurovegas. Sin embargo, según denuncia la plataforma Eurovegas No en un informe publicado este miércoles, hay bastante información que los ciudadanos deberíamos conocer.

Además, la plataforma (integrada por organizaciones civiles, sindicatos e individuos) ha recurrido al Defensor del Pueblo por segunda vez para denunciar el “secretismo, falta de transparencia y opacidad” de las administraciones públicas encargadas de las negociaciones. En concreto, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, los gobiernos autonómico y municipal de Madrid y el Ayuntamiento de Alcorcón.

En su informe “Eurovegas: El megaproyecto que apuesta por el secretismo” destacan que:

  • La Comunidad de Madrid no está cumpliendo su obligación legal de realizar y publicar una evaluación de impacto medioambiental del proyecto Eurovegas.
  • No ha sido publicado ningún estudio que demuestre el impacto positivo del proyecto sobre el empleo. Tampoco se ha informado a la ciudadanía sobre cuál sería el efecto sobre la deuda externa del país, o a cuánto ascendería el gasto en obras públicas e infraestructuras.
  • En varias ocasiones se ha denegado permiso para formular preguntas al pleno del Ayuntamiento de Alcorcó a la organización Ecologistas en Acción del Suroeste de Madrid y a la plataforma Detengamos Eurovegas Alcorcón.

En las últimas semanas, miembros de la plataforma han enviado desde tuderechoasaber.es peticiones de información al Ministerio de Industria y a la Comunidad de Madrid solicitando acceso a los informes de impacto ambiental del proyecto. Hasta el momento, ninguna ha recibido respuesta. Ante las nuevas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, se han hecho tres peticiones más a estas dos instituciones y al Ayuntamiento de Madrid. Las puedes seguir aquí, aquí y aquí.

Jesús Bartolomé, uno de los integrantes de Eurovegas No, ha recurrido también a Change.org para exigir a las autoridades públicas el acceso a estos informes, así como a otra información relevante en el proceso de adjudicación. Aquí puedes apoyar con tu firma su campaña.

Desde tuderechoasaber.es te animamos a apoyar todas las iniciativas que sirvan para exigir a las administraciones el acceso a información clave sobre este proyecto urbanístico. En esta web puedes hacerlo realizando peticiones de información, dando difusión a las que ya existen o pinchando el botón de “También quiero saber”. Así recibirás alertas en el momento de que las instituciones respondan.