Escocia

El derecho de acceso a la información pública no es una cuestión de transparencia en abstracto, consiste en encontrar una vía para la mejora del día a día gracias a la mirada de todos sobre datos objetivos. Algunas de las historias que explica el excomisionado para la información de Escocia, Kevin Dunion, muestran las aplicaciones prácticas de este derecho a través de victorias concretas. ¿Cómo serían estos casos en España? Se hace difícil comparar sin una ley que obligue a las administraciones públicas a responder a las preguntas de los ciudadanos. Pero vamos a intentarlo.

Cada decisión política que afecta a la vida pública debería ser fiscalizada a la vista de todos: ¿está basada en datos tangibles? ¿funciona? ¿cuál ha sido su resultado a posteriori? Esta premisa de la rendición de cuentas, que suele obviarse en las administraciones públicas españolas, es más importante aún si de lo que hablamos es de sanidad. Gestionar los recursos públicos sin caer en decisiones arbitrarias es una de las maneras de utilizar los datos para generar eficiencia. Pero no es la única. La apertura de los datos públicos permite fabricar información de servicio público, como la visualización sobre la diferencia de precio de los procedimientos en diferentes hospitales de Estados Unidos que acaba de publicar The New York Times o el análisis de cómo los datos pueden ayudar  a mejorar la sanidad pública que recogió The Economist.

Pero si existe un caso que demuestra que, con una buena ley de acceso mediante, el empeño de una sóla persona puede mejorar las cosas para todos, es la historia del diágnostico del ojo vago en Escocia. Su protagonista es el padre de dos niños a los que diagnosticaron esta enfermedad a los siete años y que preguntó a los diferentes sistemas de salud regionales sobre su protocolo de prevención. Gracias a las respuestas, descubrió que en todo el país las pruebas se realizaban antes de los cinco años, ya que a esas edades el tratamiento es mucho más efectivo. El padre consiguió denunciar la situación en su región y, lo que es más importante, cambiarla. Además, este caso fue el detonador para que se estableciera un plan nacional de detección del ojo vago.

Esta no es una victoria aislada. Los parientes de varios enfermos fallecidos por una infección de C difficile en el Vale of Leven Hospital escocés pidieron información sobre el número de casos y las causas de esa enfermedad, que había producido 18 fallecimientos. Los datos facilitados permitieron abrir una investigación y desvelaron falta de higiene del centro, que las enfermeras estaban demasiado ocupadas para rellenar informes por la carga de trabajo, que se había suministrado la medicina equivocada a algunos pacientes y que, en realidad, las muertes por esta infección aumentaban a 28. Este escándalo acabó en una investigación pública -la página web creada en exclusiva para el caso incluye testimonios y datos de todo el proceso- que juzgó la actuación de los responsables de una manera abierta y transparente.

Pero el caso más importante al que se enfrentó el comisionado escocés Kevin Dunion fue el que le permitió sacar a la luz miles de partes e informes de incidentes hospitalarios que habían acabado en fallecimiento o causado heridas graves a los pacientes. A raíz de la denuncia de un enfermero que quería acceder al parte de un incidente en el que había estado implicado, el equipo del comisionado buceó en los archivos de los hospitales y descubrió que muchos de esos informes estaban ocultos o, sencillamente, no se habían realizado. Tras una dura batalla legal, Dunion consiguió que esos informes se hicieran públicos y desveló cientos de negligencias médicas que no habían sido estudiadas. El caso saltó a la BBC, que realizó un reportaje para contar la historia y reclamar cientos de informes sobre incidentes en hospitales de todos los distritos de Escocia.

De hecho, la ley de acceso a la información escocesa obliga a las autoridades sanitarias regionales a responder las preguntas de los ciudadanos sobre materias tan concretas como el gasto en telefonía móvil o el equipamiento, entre muchas otras, como se puede ver en la lista de peticiones de información de uno de estos servicios sanitarios regionales.

¿Y en España? Aquí suena lejano poder contar con datos tan detallados sobre negligencias, proyectos sanitarios públicos o estadísticas médicas. De hecho, es más que complicado recibir una respuesta por parte de las autoridades sanitarias sobre algo tan concreto como el seguimiento de una huelga de profesionales sanitarios. Ni siquiera las preguntas más técnicas, como la petición de estadísticas sobre tipos de cirugía, ha recibido respuesta. La apertura de estos datos permitiría, como ha pasado en Escocia, que todos -médicos, pacientes, enfermeros, familiares…- tuviéramos la posibilidad de mejorar nuestro sistema sanitario.

I: CÓMO EVITAR EL CIERRE DE LAS ESCUELAS RURALES GRACIAS A LOS DATOS

 

II: DATOS PARA DESTAPAR EL DESPILFARRO EN LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD

 

El Ministerio de Hacienda asigna los recursos del nuevo órgano regulador, elige a su presidente y tiene lazos con dos de los siete vocales de su comisión, donde la sociedad civil no está representada.

Nadie podría afirmar de forma tajante ahora mismo y con datos fiables sobre la mesa que la gestión privada de la sanidad es más eficiente que la pública. Ni viceversa. Por desgracia, el debate sobre el modelo sanitario en España se ha desarrollado desde las vísceras y sobre un baile de cifras sin arraigo tangible. Los organismos públicos no ofrecen datos fundados que respalden la progresiva privatización de la sanidad española y en algunos casos, incluso, muestran a la opinión pública cifras poco rigurosas cocinadas  para apoyar sus medidas.

¿Sabremos que un sistema no funciona cuando sea demasiado tarde para dar marcha atrás? Eso mismo ocurrió en Escocia. Durante años utilizaron un modelo de gestión mixta denominado Private Finance Iniciative (PFI) para la construcción y gestión de edificios públicos, como hospitales y escuelas. La mecánica era simple: una empresa construía el edificio y se encargaba de su mantenimiento durante los años que durara el acuerdo y, a cambio, cobraba un canon anual de las administraciones. Una vez terminado el plazo del contrato, el edificio pasaba a manos públicas. Tras años trabajando bajo este sistema de colaboración público-privada, muchos ciudadanos empezaron a ponerla en duda.

Trabajadores de la sanidad y sindicatos reclamaron, por ejemplo, el contrato de construcción y mantenimiento del nuevo hospital de Edimburgo. La petición fue denegada alegando intereses comerciales, pero el Gobierno les dio la razón y decidió que esos acuerdos debían ser, a partir de entonces, publicados automáticamente. De lo particular a lo general, el Sunday Herald estudió decenas de páginas de información detallada sobre este tipo de gestión que fueron reclamadas a las administraciones gracias a la existencia de la Freedom of Information Law escocesa. Con los datos en la mano, calcularon que las entidades públicas pagaron más del doble de lo necesario por unos 700 proyectos públicos planificados o construidos.

Aunque han dejado de utilizar este sistema, los escoceses siguen pagando cánones por escuelas y hospitales construídos bajo ese paraguas. En muchos casos, el sistema de salud ha llegado a pagar 10 veces más por un hospital que si lo hubiera levantado con sus propios recursos, tal y como han denunciado en múltiples ocasiones, entre otros, el profesor Ayson Pollock. En Reino Unido también se demostró que este procedimiento no era el más eficiente.

Los detalles de los contratos salen a la luz

A raíz de una plaga de larvas de insectos, el quirófano de un hospital escocés pasó semanas cerrado. Los pacientes reclamaron información sobre el asunto y descubrieron, gracias a la ley de acceso a la información, que la clausura había sido provocada por la falta de limpieza de la empresa adjudicataria del PFI, que no había retirado una paloma muerta del techo de la instalación. Además, el contrato de gestión público-privada desveló la penalización por el cierre del quirófano era sólo de 28 libras al día. Este caso volvió a poner en primera línea el debate sobre ese sistema de construcción y mantenimiento de edificios públicos.

El Hospital de Vallecas, uno de los que se levantó y funciona vía PFI, impondría multas mucho más altas en el caso de infracciones graves de los términos del contrato: de 4.001 a 35.000 euros más una multa diaria que puede llegar a los 4.000 euros. El contrato que marca estas multas no está publicado en ninguna página web oficial en este momento, pero podemos acceder a él gracias a la labor de un portal privado.

Pero, ¿cómo funciona el PFI en España? Una vez más, no tenemos datos que nos permitan valorar la eficacia de este sistema, pero las malas experiencias internacionales pueden darnos alguna pista. De hecho, en 2010 la Comunidad de Madrid aprobó un incremento del canon que pagaba a seis hospitales gestionados bajo este mismo sistema. En la actualidad, funcionan bajo el PFI siete hospitales de Madrid y otros tantos en Castilla y León, Cataluña y Baleares. No sabemos si esta gestión funcionará mejor o peor aquí que en Escocia, pero sí que la Comunidad de Madrid pagará más de 100 millones al año durante 30 años por el canon de arrendamiento de estos centros.

Un paso más en la privatización

Este sistema mixto es sólo un paso intermedio hacia la privatización total. El plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid acoge, tras ese nombre tan largo, algunas medidas como la jubilación de dos tercios de los médicos mayores de 65 años, el euro por receta (suspendido por el Tribunal Constitucional), la privatización de 27 centros de atención primaria o la externalización de cocinas, lavanderías y mantenimiento de centros sanitarios. Todas estas medidas, según el gobierno madrileño, suponen un ahorro en los costes de la sanidad pública. Pero el caso es que ninguno de estos proyectos viene respaldado por datos que apoyen que son medidas eficientes. Y el debate sigue. El euro por receta, por ejemplo, se planteó como una medida coaccionadora para evitar el despilfarro en el uso del medicamentos, pero para muchos no es más que una barrera en el acceso a los fármacos por parte de las clases más desfavorecidas. Sin datos, ambas valoraciones son subjetivas a priori.

Pero, sin duda, la medida estrella del plan madrileño es la privatización total de seis hospitales, que hasta ahora funcionaban bajo el paraguas del sistema PFI. El objetivo: una gestión más “eficiente”, según el redactado del informe. Pero, ¿es más eficiente la gestión privada que la gestión pública? Para apoyar su teoría, el gobierno de la Comunidad de Madrid asegura que los hospitales de gestión mixta gastan una media de 600 euros por paciente y año (sí, la cifra es redonda), mientras que el gasto en el caso de una privatización total sería de 441 euros. ¿De dónde salen estas cifras?

Según el informe de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), los 600 euros no se corresponden con el gasto real de hospitales del mismo tipo que funcionan bajo gestión pública. Además, denuncian que los 441 euros surgen directamente de las ofertas de las empresas que se postulan para la concesión y que, en realidad, el gasto aumentará con la privatización de esos seis hospitales. Unos y otros utilizan cifras muy distintas, porque incluyen en el gasto diferentes baremos. Pero, de hecho, el presupuesto de 2013 de la Comunidad de Madrid ya ha aumentado por culpa de la privatización de estos centros sanitarios, como denunció UPyD en la Asamblea de Madrid.

La sanidad no es el único ámbito en el que ciudadanos, organizaciones o partidos de la oposición ponen en duda la eficiencia de los contratos con empresas privadas. De hecho, la concesión del metro ligero de Madrid fue objeto de polémica hace sólo unos días por el pago a la empresa concesionaria de millones de euros en concepto de viajeros que no utilizaron el servicio. En uno y otro caso el problema es el mismo: la falta de transparencia y de acceso a información fiable no permite debatir con los datos sobre la mesa. Al menos por el momento. Puede que, como en Escocia, la respuesta llegue demasiado tarde.

 

I: CÓMO EVITAR EL CIERRE DE ESCUELAS RURALES GRACIAS A LOS DATOS