consulta ciudadana

Publicamos en exclusiva en eldiario.es dos documentos internos que contienen las recomendaciones de diversos organismos del Estado para la mejora del texto legislativo de la Ley de Transparencia. Este se encuentra en fase de enmienda parlamentaria en el Congreso y solo los diputados han tenido acceso a estos informes. Hasta ahora.

Se trata del resumen realizado por el Ministerio de Presidencia de las casi 3.700 aportaciones recibidas en la consulta pública y del informe de la Agencia de Protección de Datos, consultada por el Gobierno antes de aprobar el Proyecto de Ley el pasado 27 de julio. Ambos aportan información valiosa sobre el texto que está en manos de las Cortes:

“De su análisis se desprende cómo  el ejecutivo no hizo caso a las principales sugerencias ciudadanas y avanza la que será la gran batalla una vez la ley entre en vigor: el choque entre acceso a la información y protección de datos”

Ya puedes leer ambos documentos y las claves que ofrecemos en el blog “Zona Crítica”, la antesala de eldiario.es, que echa oficialmente a andar el 18 de septiembre.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno llega al Parlamento como proyecto de ley tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio. El texto que pasa a las Cortes (disponible aquí) es la tercera versión desde el primer borrador que el Gobierno dio a conocer en marzo. En tuderechoasaber.es hemos confrontado los cambios del proyecto actual con la versión anterior (y ésta, con la primera) para que puedas ver las modificaciones hechas durante el proceso consultivo.

La gestación del proyecto de Ley de Transparencia ha seguido una agenda de cinco meses. A lo largo de ella, el Gobierno ha consultado a diversos cuerpos del Estado, convocado encuentros de expertos y celebrado una consulta pública que recibió casi 3.700 aportaciones ciudadanas. Sin embargo, los pocos cambios incorporados no llegan a satisfacer las exigencias de los colectivos pro-transparencia.

La ley que llama a las puertas del Congreso, ¿introduce muchas mejoras o se trata de un texto fiel a las líneas maestras del primer borrador? Repasamos algunas claves que ayudan a contestar a esta cuestión:

  • ¿Qué es una Ley de Transparencia y por qué es importante?

Es una ley que permite a cualquier persona pedir información a las instituciones públicas y que obliga a estas a proporcionársela porque se reconoce como derecho. Además, regula la “publicidad activa“. Así, las instituciones incluidas en la norma estarán obligadas a dar a conocer regularmente información sobre su funcionamiento y actuación pública. España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que todavía no cuenta con una ley de este tipo. En el caso del proyecto español, se incorpora también la particularidad de un título de “Buen Gobierno“, que castigará a aquellos gestores que cometan infracciones en el manejo de fondos públicos.

  • ¿Qué opinan los organismos consultivos que han examinado el texto?

De los tres organismos consultivos que han revisado el texto -el Consejo de Estado, la Agencia de Protección de Datos y Consejo General del Poder Judicial-, dos han sido bastante críticos con él. El Consejo de Estado ha recomendado más rigor técnico en la redacción de la ley. Entre sus temores destaca que el actual texto “es potencialmente susceptible de generar numerosos conflictos de interés”, y añade que conviene “definir con mayor precisión los límites y excepciones” del derecho de acceso a la información pública. Tuderechoasaber.es ha tenido acceso al dictamen completo y aquí puedes leerlo. El Gobierno afirma que ha tomado nota de estas recomendaciones y modificado el texto con ellas antes de aprobarlo.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha recomendado tipificar penalmente el “despilfarro” de fondos públicos, aunque la gestión deficiente de recursos no será castigada con cárcel. Sí lo será el falseamiento de información o la ocultación de datos en perjuicio de la Administración –penado con entre 1 y 4 años-.

  • ¿Ha tenido en cuenta el Gobierno las sugerencias de la comisión de expertos convocada para mejorar la ley?

Entre los propios expertos, algunos creen que no. La comisión de expertos no fue informada por el Gobierno en mayo de la existencia de un segundo borrador y el actual no incluye varias de las recomendaciones más importantes: el derecho de acceso a la información no será considerado como un derecho fundamental; no ha cambiado la definición de información, con numerosas excepciones, y no garantiza de por sí la independencia de la Agencia Estatal de Transparencia.

Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, una de las organizaciones que impulsan tuderechoasaber.es y miembro de la Coalición Pro Acceso, duda que la ley propuesta sirva para ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos y pueda cumplir los estándares internacionales.

A estas voces ha unido la de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que ha publicado dos informes criticando la redacción de la ley. En su segundo análisis, publicado en junio, señalaba que “la mayoría de los cambios son ’cosméticos’ y, en general, no contribuyen a mejorar el anteproyecto respecto de la versión anterior”.

  • ¿Qué aportaciones ciudadanas ha recogido esta ley y cuáles se han quedado fuera?

Pese a las insistentes reclamaciones de la Coalición Pro Acceso, el Gobierno rehusó hacer públicas las 3.683 sugerencias ciudadanas hechas el pasado marzo durante la consulta pública. El borrador resultante no difería esencialmente el primero. El Ministerio de Presidencia confirmó que había incorporado una quincena de aportaciones ciudadanas y que no las haría públicas porque las consideraba como “correspondencia” (y por tanto no tenía permiso). También recordó que no existe obligación de hacer una consulta pública cuando se prepara una ley.

  • Y ahora, ¿qué pasa? 

El proyecto de ley del Gobierno se debatirá en el Congreso a partir de septiembre para su definitiva aprobación, que se prevé fácil en un escenario de mayoría absoluta. El título II -de Buen Gobierno– entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Para el título I -de Transparencia de la Actividad Pública– habrá un periodo de entrada en vigor de un año, para que las instituciones puedan adaptarse al cambio. Por lo tanto, el acceso a la información no estará garantizado, como pronto, hasta otoño de 2013.

El Comité de Expertos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública continúa su trabajo. Mañana se celebrará el quinto encuentro, bajo el título de «Diálogo sobre transparencia y buen gobierno» y que contará con Antonio Garrigues Walker —presidente de Garrigues Abogados—, y Víctor Pérez Díaz —sociólogo y presidente de Analistas Socio-Políticos Gabinete de Estudios—, como ponentes.

En tuderechoasaber.es te acercamos los contenidos de la reunión del 31 de mayo, Propuestas de la Sociedad Civil“, cuya ponencia corrió a cargo de Elisa de la Nuez, directora general de Iclaves y miembro de la Junta Directiva del Foro de la Sociedad Civil y de Juan José Lavilla, Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, letrado de las Cortes Generales y abogado de Clifford Chance.

La cita transcurrió entre la decepción causada por el nuevo borrador, sin apenas novedades, y la incertidumbre provocada por los representantes del Gobierno, quienes no despejaron las dudas acerca de cómo se incluirán las propuestas de los expertos en el futuro proyecto de ley.

Abrió la sesión Benigno Pendás, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales —adscrito al Ministerio de la Presidencia—, quien invitaba a no caer en el desánimo en el caso de que las modificaciones propuestas no fueran finalmente incluidas en el texto definitivo. Además, anunció que el trabajo del grupo de expertos será recopilado en un libro.

En el turno de los ponentes, Elisa de la Nuez incidió en la importancia de que el acceso a la información pública se regule como un derecho fundamental, lo que requeriría el tratamiento de ley orgánica, de forma que sería equiparado a otros derechos constitucionales, como la protección de datos.Entre sus peticiones, la abogada mencionó  la necesidad de un portal de datos que acompañe a la Ley de Transparencia y de que el órgano supervisor sea independiente. Para ello propuso un organismo colegiado, con un pleno de composición paritaria entre funcionarios y representantes de la sociedad civil, y presidido por uno de estos últimos, a imagen del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

Juan José Lavilla hizo un recorrido por la legislación actual en materia de consultas a la ciudadanía durante los procesos legislativos, al tiempo que defendió  la importancia de involucrar a la sociedad civil en los mismos, en especial, en la elaboración de los reglamentos. En este sentido reclamó una ley que regule la participación ciudadana. Por otro lado, Lavilla consideró imprescindible para ejercer el derecho de participación, el acceso a los informes y el resto de documentación de soporte, calificando de  oportunidad perdida su exclusión del anteproyecto de ley.

Ya en el turno de preguntas, se trataron aspectos técnicos, ante lo que Esperanza Zambrano, del Ministerio de la Presidencia, pidió que no se confundieran transparencia con reutilización, aspecto este que podría tratarse en los reglamentos que desarrollen la ley, si bien advirtió que ya hay legislación al respecto.

Jacobo Elosúa, presidente de la Fundación Ciudadana Civio, no obtuvo respuestas cuando sugirió que el artículo 14.2 abre la puerta a la identificación mediante DNI electrónico, como requisito a la hora de realizar peticiones.  Asimismo, quiso conocer si serán publicadas las casi 3.700 aportaciones ciudadanas realizadas durante el período de consulta, a lo que Zambrano no supo contestar, afirmando no tener información sobre este aspecto.

José Luis Dader, Catedrático de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, incidió en las incongruencias provocadas por el futuro proyecto de ley y el derecho fundamental a la protección de datos. En el mismo sentido intervino Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, que reiteró la importancia de vincular el derecho de acceso a la información con el artículo 20 de la Constitución Española (CE) —sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión— y que permitiría reducir los escenarios de contradicción entre transparencia y protección de datos.

En sus réplicas, Benigno Pendás rechazó las declaraciones de quienes acusaban al Gobierno de no dar respuesta a las inquietudes sociales en la materia, escudándose  en que el actual ejecutivo, al contrario que el del PSOE, promulgará la ley. Pendás llegó a declarar que no estamos ante un derecho fundamental,  para después justificar la redacción actual en el marco del artículo 105 de la CE (desarrollado en la Ley 30/1992, que regula el trato con las Administraciones Públicas ) y advertir que el Gobierno no estaría obligado a elaborar la Ley de Transparencia.

 

¿Cuánto ha cambiado el Gobierno el texto original? Ellos dicen que mucho. Juzga tú mismo.

El Gobierno no ha publicado ninguna de las 3.683 sugerencias ciudadanas hechas el pasado marzo al borrador del anteproyecto de Ley de Transparencia. Sin embargo, este viernes anunció que ya las había leído todas e incluido modificaciones en la legislación en base a ellas. Una información que no comunicó el día antes a la Comisión de Expertos que se reunía para dar sus recomendaciones.

Lo único que se sabe por ahora del nuevo anteproyecto es lo que se contó tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros. A la espera de leer esta versión, analizamos los cambios en el blog “Zona Crítica”, la antesala de eldiario.es (que saldrá oficialmente en septiembre).

¿Cuánto ha cambiado el Gobierno el texto original? Ellos dicen que mucho. Juzga tú mismo.

El Gobierno publicó el pasado lunes 26 de marzo el borrador del anteproyecto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. También lanzó una consulta pública sobre el mismo que estará abierta 15 días naturales.

Estos pasos adelante hacia la existencia de una ley y la aportación ciudadana son muy positivos. Sin embargo, un análisis detallado del texto por parte de Access Info Europe, una de las organizaciones detrás de tuderechoasaber.es y experta en acceso a la información, revela que la propuesta dista mucho de ser suficiente.

El principal problema es que este anteproyecto reconoce un derecho a solicitar información muy limitado. La misma definición de “información pública” en el artículo 9 ya incluye una decena de excepciones absolutas. Ambas cuestiones deberían ir separadas, como ocurre en tantas legislaciones similares en otros países. Así se evitaría la arbitrariedad en las decisiones de las instituciones a publicar o no estas informaciones. Además, ahora mismo ni siquiera se recoje la posibilidad de ponderar el daño de publicación y el interés público en cuestiones como defensa, seguridad pública o la sanción de los ilícitos penales.

Otros puntos en los que flojea el texto disponible en estos momentos son:

  • No reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. La vicepresidenta del Gobierno dijo que se había descartado porque habría que modificar la Constitución, pero altas instancias internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sí lo establecen como tal. Esto implicaría un mayor alcance de la ley e incluiría la información no administrativa de los poderes judicial y legislativo así como de los órganos constitucionales.
  • Se excluye la Casa Real y las funciones no administrativas de las instituciones públicas. También quedan exentas todas las informaciones auxiliares o de apoyo, incluyendo informes, notas y comunicaciones internas (como los emails), según el artículo 13.
  • Se establece un “silencio administrativo negativo”: si no se obtiene respuesta en un mes, la solicitud se asume rechazada y habría que iniciar el recurso. Según el último monitoreo de Access Info Europe, una de cada dos solicitudes realizadas a las instituciones públicas españolas queda sin contestar.
  • No se prevén sanciones para los funcionarios que no cumplan con sus obligaciones de transparencia.
  • El órgano encargado de velar por el correcto cumplimiento de esta futura ley no es un órgano independiente como se recomienda en los tratados internacionales sobre la materia con lo que corre el riesgo de ser juez y parte en los recursos que ante el se presenten.

El borrador también tiene aspectos a destacar positivamente, sobre todo en lo que se refiere a la publicación proactiva de información. Esto mejorará la eficiencia del futuro sistema de transparencia. Se tendrán que publicar presupuestos (previsión y gasto), planes de acción, contratos, subvenciones… y toda una lista que se puede consultar en los artículos 4, 5 y 6. Una de las novedades que merece la pena resaltar es que se publicará los anteproyectos de ley, fundamentales para facilitar la participación cuidadana y el trabajo de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones.

Queda poco más de una semana para poder hacer aportaciones al anteproyecto de ley. Es una oportunidad histórica y hay mucho que mejorar. Desde tuderechoasaber.es te animamos a dar tus opiniones. La consulta pública estará abierta hasta el 10 de abril.

Si tienes dudas sobre este anteproyecto o sobre el derecho de acceso a la información en España o en otros países, puedes ponerte en contacto con nosotros. Y no te olvides de volver por aquí en los próximos días porque colgaremos un texto con modificaciones concretas al borrador del anteproyecto de ley que podrás hacer tuyo si lo consideras oportuno. La fecha límite para participar en la consulta pública es el 10 de abril.