Consejo de Transparencia

Una sentencia avala la resolución del Consejo de Transparencia que instaba al Gobierno a responder a una solicitud de información de Civio

Batalla perdida para Defensa. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid ha desestimado el recurso que interpuso el Ministerio con el que pretendía ocultar la identidad de los acompañantes de las autoridades en los vuelos oficiales fletados por el Ejército del Aire –a bordo, por ejemplo, del clásico Falcon–. La sentencia, que avala la posición del Consejo de Transparencia (CTBG), la parte demandada, tras una solicitud de información de Civio, aún no es firme, por lo que el ministerio encabezado por María Dolores de Cospedal tiene un plazo de 15 días para presentar un recurso de apelación. Si no lo hace, deberá proporcionar la información.

La solicitud de información sobre los pasajeros de los vuelos oficiales arrancó el 29 de octubre de 2015, entonces con Pedro Morenés como ministro de Defensa. Civio pidió el listado de los pasajeros trasladados por el Grupo 45 del Ejército, encargado del transporte de autoridades. Tras la negativa de Defensa, Civio recurrió al CTBG, que dio la razón a esta fundación e instó a informar de los pasajeros en los vuelos oficiales, a excepción de aquellos traslados del presidente del Gobierno o de miembros de la Casa Real, puesto que son materias clasificadas protegidas por ley.

Tras esa primera resolución, Defensa se saltó el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia para emitir una nueva denegación, con motivos distintos y mediante un nuevo expediente. El CTBG, mediante un oficio, instó a Defensa a cumplir la primera y calificó de improcedente el nuevo proceso creado por el Ministerio. El pasado mes de junio, Defensa demandó al CTBG para no tener que identificar a los pasajeros de vuelos oficiales.

Así las cosas, el magistrado reprocha a Defensa que emitiera una segunda respuesta tras la resolución del CTBG, una vuelta de tuerca que no está establecida en la Ley, y afirma en su sentencia que “ni era necesario, ni procedente, ni ajustado a Derecho incoar un nuevo expediente […] ni, menos aún, pronunciarse sobre cuestiones que no se habían planteado” en la primera denegación del ministerio. En esta, Defensa se basó en la Ley de Secretos Oficiales, la defensa nacional y la protección de datos personales. Después de la resolución firme del CTBG que tumbó parcialmente estos argumentos, Defensa inició un nuevo expediente y alegó, entonces, que no disponía de la información. Además, esa segunda excusa contradecía otra resolución del General Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire que informaba sobre el procedimiento que sigue la administración para solicitar transporte aéreo de autoridades: deben informar con anterioridad de las personas que viajan en cada vuelo.

En este sentido, el fallo afirma que Defensa “no puede denegar la información por un motivo y, posteriormente, tras la estimación de la reclamación presentada ante el Consejo o incluso de un recurso judicial, volver a denegarla por un motivo diferente no contemplado en la resolución inicial”.

La sentencia anula el segundo expediente que inició Defensa, da la razón al Consejo de Transparencia y, por tanto, obliga al ministerio a identificar a los acompañantes de los altos cargos transportados por el Ejército del Aire. Defensa, previo pago de un depósito de 50€, aún puede recurrir esta sentencia hasta finales de febrero, por lo que puede comenzar otra batalla en los tribunales. Una batalla cuyos gastos –costas procesales, depósito, abogado del Estado– pagamos todos.

Cronología del caso

La solicitud de información sobre los pasajeros de los vuelos oficiales arrancó el 29 de octubre de 2015, entonces con Pedro Morenés como ministro de Defensa. Más de 470 días después, el ministerio, ahora con Cospedal al frente, sigue sin hacer pública la información requerida.

21 de octubre de 2015 – La Fundación Civio envía a al Ministerio de Defensa una solicitud de información sobre la lista de pasajeros del Grupo 45 de las FAE.

29 de octubre de 2015 – Se determina que la competencia para contestar a dicha solicitud corresponde al Estado Mayor del Ejército del Aire.

1 de diciembre de 2015 – Ante la falta de respuesta, Civio envía una reclamación al Consejo de Transparencia.

2 de diciembre de 2015 – Recibimos respuesta a través del Portal de Transparencia. El segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire deniega el acceso a la información amparándose en la Ley de Secretos Oficiales y en los límites de la Ley de Transparencia.

15 de febrero de 2016 – El Consejo de Transparencia emite una resolución que estima parcialmente las reclamaciones de Civio e insta a Defensa a facilitar la información en el plazo máximo de un mes.

16 de marzo de 2016 – Defensa vuelve a emitir una resolución denegando la información, como si el proceso volviera a empezar.

12 de abril de 2016 – El Consejo de Transparencia notifica a Defensa mediante un oficio que su resolución anterior, la segunda, no tiene fundamento jurídico. Además, informa a Defensa de que debe facilitar la información o interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consejo, como prevé la Ley de Transparencia.

22 de junio de 2016 –  El Consejo de Transparencia notifica a Civio como parte interesada que Defensa ha interpuesto un contencioso-administrativo contra su resolución. La persona del equipo de Civio que pidió la información recibe emplazamiento para comparecer en plazo de nueve días.

9 de febrero de 2017El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid desestima el recurso interpuesto por Defensa con la resolución del Consejo de Transparencia, que le instaba a hacer pública la información solicitada por Civio.

Cabecera

Fragmento de un oficio de requerimiento del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid, en el proceso iniciado por Defensa tras su demanda contra el Consejo de Transparencia.

El Ministerio de Defensa se niega a rendir cuentas sobre el uso de los aviones oficiales para el traslado de autoridades. Y para ello, el ministerio dirigido por Pedro Morenés ha recurrido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid una resolución del Consejo de Transparencia (CTBG) que le insta a ofrecer los datos de los acompañantes en los vuelos de altos cargos del Estado, a excepción de los traslados del rey y del presidente del Gobierno, que están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales.
 
Esta demanda es el último movimiento de un proceso iniciado en octubre de 2015, cuando Civio solicitó a través del Portal de Transparencia un listado de pasajeros transportados por la flota del Grupo 45 del Ejército del Aire, unidad responsable del traslado de autoridades. Tras obtener una negativa por respuesta, se planteó un recurso ante el Consejo de Transparencia, que este admitió de forma parcial.

Según la interpretación del CTBG llevada a los tribunales, los nombres de las personas que acompañan a ministros y altos cargos a bordo de los aviones oficiales no son materia clasificada, ya que la Ley de Secretos y una orden ministerial que aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa solo afecta a jefatura del Estado y del Gobierno. Es más, tras su argumentación, el CTBG considera que es de “especial relevancia” la información concerniente al uso de las aeronaves del Ejército del Aire destinadas al transporte de autoridades. A juicio del Consejo, esta información debe ser entregada para conocer la utilización de este medio de transporte sufragado con fondos públicos, “vedado a los ciudadanos” y disfrutado por los altos cargos –y sus acompañantes– “por razón de su cargo”.

Antes de esta demanda, en lugar de llevar a los tribunales la interpretación del CTBG, como establece la Ley de Transparencia, Defensa decidía saltarse el procedimiento y emitir una nueva resolución para denegar la información. Es decir, tras la resolución del Consejo de Transparencia, Defensa tiene dos alternativas contempladas en la normativa: acatar la decisión del CTBG o apelar ante el Contencioso-Administrativo. Pero no siguió ninguna. Decidió desobedecer al organismo presidido por Esther Arizmendi e ignorar la ley, al reiniciar contra procedimiento la tramitación de la petición de información pública y emitir una nueva denegación.

Esta cabriola procedimental fue protestada por Civio y criticada por el CTBG, que el pasado mes de abril exigió a Defensa dejar sin efecto esta última resolución firmada por el General Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire y apremió a que fuera ejecutada su resolución en la que pedía la identificación de los acompañantes de las autoridades a bordo de los aviones de la Fuerza Aérea Española. La respuesta de Defensa a este requerimiento se traduce hoy en una demanda del abogado del Estado contra la posición del Consejo de Transparencia. Ahora será el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo quien decida sobre la rendición de cuentas en el uso de los aviones oficiales.

  • Tenía que haberse publicado antes del pasado 10 de marzo
  • El presidente será elegido por mayoría absoluta
  • No exige ‘reconocido prestigio’ a los miembros de la Comisión
  • Los presupuestos de 2015 incluyen 1,9 millones para este órgano

Screen Shot 2014-11-05 at 10.05.58
La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada hace casi un año, establecía que el Gobierno debía aprobar en un plazo de tres meses el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo encargado de asegurar que se cumplan los requisitos de transparencia y de proteger el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Esa plazo legal se cumplió el pasado mes de marzo, pero no ha sido hasta hoy que el BOE recoge, con ocho meses de retraso, este decreto.

El Gobierno alegó, en declaraciones a Europa Press, que se trataba de un retraso “deliberado”, ya que no tenía sentido crear el organismo y nombrar a su presidente antes de la entrada en vigor de las obligaciones de transparencia que marca la ley para la Administración General del Estado, esto es, el próximo 10 de diciembre. En realidad, la excusa no es válida: podían haber cumplido la obligación legal que ellos mismos incluyeron en la norma, ya que la aprobación del Estatuto no implica que el organismo se ponga a funcionar al día siguiente ni mucho menos tiene relación con el nombramiento de su presidente, que no se incluye en este texto. De hecho, el decreto, aunque ha sido publicado hoy en el BOE, incluye una disposición que retrasa su entrada en vigor hasta el próximo 10 de diciembre.

Independencia del Consejo y su presidente

El documento aporta pocas novedades respecto a las funciones, sistema de nombramiento y organización del Consejo de la Transparencia con respecto a lo que ya adelantaba la ley. El presidente será propuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, refrendado en comisión en el Congreso por mayoría absoluta y nombrado por el Gobierno por Real Decreto para un plazo de cinco años. La persona elegida deberá contar con “reconocido prestigio y experiencia profesional”, un requisito que, como es habitual en este tipo de organismos independientes, no se detalla (¿cuánto años de experiencia? ¿en qué ámbitos concretos?). Además, el decreto no prohíbe que el presidente de este organismo tenga vínculos políticos, una de las recomendaciones de la sociedad civil para asegurar su independencia.

El hecho de que solo el Ministerio de Hacienda pueda proponer al candidato y la elección por mayoría absoluta en el Congreso permite que el Gobierno actual pueda elegir y nombrar al presidente que quiera sin necesidad de contar con el apoyo de ningún otro grupo parlamentario. Ante una pregunta sobre este asunto en el pasado Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría argumentó que se trata del mismo sistema que se utiliza para otros organismos independientes y que el PSOE también lo utilizó cuando gobernaba: “Yo le invito a que se repase cómo se produce el nombramiento de los principales órganos reguladores en el ámbito de nuestro Derecho, con leyes que, unas, las ha aprobado el Gobierno del Partido Popular y, otras, Gobiernos del Partido Socialista”. Si hacemos caso de las palabras de la Vicepresidenta y repasamos la composición de otros organismos independientes nombrados de forma similar, encontramos altos niveles de politización (RTVE, el CSN, el Tribunal Constitucional…).

Además del presidente, el organismo contará con dos subdirecciones generales (una de ellas centrada en atender las reclamaciones y otra en vigilar que se cumplan las obligaciones de publicidad activa), que estarán lideradas por dos funcionarios de carrera. Y con la Comisión de Transparencia, un  organismo que se reunirá, al menos, una vez al mes, y que tiene mucho menos peso en sus funciones que el del presidente.

La Comisión estará formada por un representante propuesto por el Tribunal de Cuentas, otro por el Defensor del Pueblo, otro por la Agencia Española de Protección de Datos, otro por el ministro de Hacienda en representación de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y otro por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. A estos cinco vocales propuestos por entidades públicas se sumarán un diputado y un senador escogidos por Congreso y Senado, aunque el decreto no aclara cuál será el procedimiento para elegirlos.

En este caso, no es que la vinculación política no se haya prohibido para asegurar su independencia, es que se establece por ley. Los miembros de esta comisión serán nombrados por el Gobierno y a ellos no se les exige, como al presidente, “reconocido prestigio y experiencia profesional”.

Presupuesto: 1,9 millones

El decreto, como ya lo hizo la ley, aclara que la creación de este organismo no supone incremento neto de la estructura pública ni de personal, sino una “redistribución” de efectivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al que está adscrito. En concreto, los Presupuestos Generales del Estado para 2015 cuentan con un presupuesto de casi 1,9 millones destinado a “evaluación de la transparencia de la actividad pública”. De estos, más de un millón están destinados al pago de los salarios de los funcionarios que trabajen en el Consejo de la Transparencia. El presidente, por su parte, tiene asignado un sueldo de 54.640 euros anuales. Los miembros de la Comisión no recibirán salarios ni tendrán dedicación exclusiva.

El Estatuto establece, además, que las resoluciones del Consejo se publicarán en el Portal de Transparencia (del que aún no se conocen detalles) y que presentará ante el Congreso y publicará en el BOE una memoria anual que detalle el cumplimiento de la ley por parte de las administraciones públicas. El organismo deberá “articular mecanismos de participación” ciudadana, afirma el documento, que no aclara qué mecanismos ni cómo se pondrán en marcha.

El decreto no cumple con los estándares internacionales para para garantizar su independencia y eficacia (miembros profesionales, prohibición de vínculos políticos, poder suficiente para asegurar el derecho de los ciudadanos frente a las administraciones…), que detalló Access Info Europe. Así, su funcionamiento se aleja de las buenas prácticas registradas en organismos análogos de países como Escocia, Chile o Reino Unido.

A casi un mes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, el Gobierno tiene deberes pendientes: nombrar al presidente del Consejo y publicar el reglamento de la norma, un documento clave si tenemos que cuenta que algunas de las excepciones al derecho de acceso a la información (defensa de intereses económicos, el “secreto requerido en procesos de toma de decisión”) son poco concretas y, por lo tanto, fomentan una aplicación arbitraria del derecho de acceso a la información pública.