comité de expertos

El pasado 8 de octubre, la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) convocaron una jornada para debatir los efectos de la Ley de Transparencia sobre el Estado autonómico. En particular, si esta contribuirá a mejorar la interacción entre los distintos niveles administrativos de las autonomías en su servicio al ciudadano. Para ello, dos sugerencias que no son nuevas: aprobar una ley con ámbitos muy bien definidos y demostrar voluntad política para involucrar al ciudadano.

Inauguró el acto Benigno Pendás, director del CEPC, que consideró improbable la aprobación de la ley para antes de que termine el año. Pendás destacó la importancia de la Ley de Transparencia por el cambio de mentalidad, que a juicio del Gobierno, debe suponer para la Administración, y defendió la transparencia del proceso de elaboración frente a las críticas recibidas. Aún hay “tiempo de cambiar, de añadir enmiendas”, señaló, destacando que es crucial acertar en la definición de competencias de la ley porque su misión es ser el marco de referencia para el resto de administraciones.

Isabel Giménez Sánchez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid, fue crítica en su turno con el actual texto. Giménez lamentó que las peticiones de los expertos y de la ciudadanía apenas se vean recogidas en el proyecto de ley, y que el derecho de acceso a la información no tenga categoría de fundamental.

Según apuntó, en el ámbito autonómico “se ha iniciado una carrera entre las Comunidades Autónomas por legislar. Los casos de Canarias y Cataluña obedecen más a un efecto imitación que a trabajos serios de estudio y consulta previa”. Nada que ver, según su opinión, con  la Ley de la buena administración y del buen gobierno de las Islas Baleares (2009), la Ley de Transparencia y buenas prácticas en la Administración pública gallega (2006) o la Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra (aprobada en junio), a la que puso como modelo a seguir, entre elogios por la amplitud en la definición del concepto de información y por recoger el principio de neutralidad tecnológica.

Eliseo Aja, presidente del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat catalana, profundizó en el caso concreto de la transparencia en las políticas de integración de inmigrantes e identificó cierta falta de concisión en la ley. “Está hecha con buena intención, pero no tiene en cuenta los problemas de las autonomías”. Al margen de alguna información económica, Aja advirtió que ya se está haciendo pública gran parte de la información que entrará dentro del rango de la ley. En ese sentido, recomendó la difusión de ciertos indicadores sociales que ayuden a combatir la rumorología sobre los extranjeros y favorecer la convivencia.

“Hace falta educar al ciudadano y activarlo para que sea fuerte”

Sobre la cuestión del “Buen Gobierno”, Manuel Arenilla Sáez, director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), animó a una toma de consciencia: “Nuestro sistema es opaco, la responsabilidad individual se diluye en lo público” y “nuestro grado de aceptación de la corrupción es alto”. Las administraciones son un reflejo de esta sociedad, añadió.

El director del INAP rechazó la necesidad de grandes inversiones para  poner en práctica la cultura de la transparencia. “Va todo más allá de leyes y regulaciones jurídicas. Mucha de la información ya existe y está lista para ser publicada. Lo que falta es voluntad”, añadió Arenilla. “El 85% de las entidades locales no presentan sus cuentas. ¿Cuántas Comunidades Autónomas publican sus presupuestos de modo accesible y comprensible?”.

La solución, a juicio de Arenila, pasa por fortalecer a la sociedad: “Hace falta educar al ciudadano y activarlo para que sea fuerte, tenga conocimiento y exija responsabilidades. Hay que cambiar el modelo relacional con el Estado y corresponsabilizar a la ciudadanía del funcionamiento de la administración.”

Cerró la sesión María Dolores Llop Ribalta, jefa de Servicio de  Asuntos Económicos e Intervención de las Cortes de Aragón, sobre los parlamentos autonómicos, “que tampoco se salvan de la desafección ciudadana. En 2011, la confianza de los españoles en el parlamento era del 21%“, y aventuró que la cifra sería peor si se hubiese preguntado por las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. Llop subrayó la importancia de lograr que los parlamentos sean el aglutinador de la  gente que busca nuevas formas de expresarse y manifestarse, “más allá de votar cada cuatro años”.

El 28 de septiembre se celebra el 10º Día Internacional del Derecho a Saber en todo el mundo. En España, este año tiene especial importancia, ya que se está tramitando la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.

El proceso de redacción de este Proyecto de Ley, aprobado el pasado 27 de julio por el Consejo de Ministros, ha sido largo. En 2004, el primer gobierno de Zapatero prometía una ley que, finalmente, no convenció a la sociedad civil española, que reclama el reconocimiento de este derecho como un derecho fundamental y que persigue una ley con un alcance mayor y con mejores garantías de implementación.

Es el turno del Congreso

En la pasada campaña electoral los partidos presentaban distintas propuestas de ley de transparencia y ahora les toca defenderlas. El proyecto de ley va a ser tramitado en la Comisión Constitucional y los partidos tienen hasta el 25 de septiembre para presentar sus enmiendas.

Para abrir este proceso de negociación sobre la ley de transparencia, la Coalición Pro Acceso organiza un debate en el que los cinco partidos políticos encargados de defender este Proyecto de Ley  (PP, PSOE, IU, CiU y UPyD) presentarán sus propuestas para mejorar la futura Ley de Transparencia.

El evento comenzará con una introducción por parte de los miembros de la Coalición Pro Acceso, en la que se presentarán las recomendaciones que se hacen desde la sociedad civil para conseguir una ley con todas las garantías. A continuación, los representantes de los distintos partidos darán su opinión sobre la ley y se abrirá un debate.

El evento será el jueves 27 de septiembre, a las 18:00 h., en

  • Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. Avd. Complutense, s/n Ciudad Universitaria 28040, Madrid (<a “”””href=”https://maps.google.es/maps?q=Avd.+Complutense,+s%2Fn+Ciudad+Universitaria+28040+-+MADRID&hl=es&ie”””” =UTF8″ target=”_blank”>mapa)

Agenda:

10º Aniversario del Día del Derecho a Saber
Mesa Redonda:“Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”

Lugar: Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid.
Salón de Actos. Edificio nuevo.
Ciudad Universitaria, 28040.

Asistentes:

Modera Borja Bergareche, corresponsal de ABC en Londres.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno llega al Parlamento como proyecto de ley tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio. El texto que pasa a las Cortes (disponible aquí) es la tercera versión desde el primer borrador que el Gobierno dio a conocer en marzo. En tuderechoasaber.es hemos confrontado los cambios del proyecto actual con la versión anterior (y ésta, con la primera) para que puedas ver las modificaciones hechas durante el proceso consultivo.

La gestación del proyecto de Ley de Transparencia ha seguido una agenda de cinco meses. A lo largo de ella, el Gobierno ha consultado a diversos cuerpos del Estado, convocado encuentros de expertos y celebrado una consulta pública que recibió casi 3.700 aportaciones ciudadanas. Sin embargo, los pocos cambios incorporados no llegan a satisfacer las exigencias de los colectivos pro-transparencia.

La ley que llama a las puertas del Congreso, ¿introduce muchas mejoras o se trata de un texto fiel a las líneas maestras del primer borrador? Repasamos algunas claves que ayudan a contestar a esta cuestión:

  • ¿Qué es una Ley de Transparencia y por qué es importante?

Es una ley que permite a cualquier persona pedir información a las instituciones públicas y que obliga a estas a proporcionársela porque se reconoce como derecho. Además, regula la “publicidad activa“. Así, las instituciones incluidas en la norma estarán obligadas a dar a conocer regularmente información sobre su funcionamiento y actuación pública. España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que todavía no cuenta con una ley de este tipo. En el caso del proyecto español, se incorpora también la particularidad de un título de “Buen Gobierno“, que castigará a aquellos gestores que cometan infracciones en el manejo de fondos públicos.

  • ¿Qué opinan los organismos consultivos que han examinado el texto?

De los tres organismos consultivos que han revisado el texto -el Consejo de Estado, la Agencia de Protección de Datos y Consejo General del Poder Judicial-, dos han sido bastante críticos con él. El Consejo de Estado ha recomendado más rigor técnico en la redacción de la ley. Entre sus temores destaca que el actual texto “es potencialmente susceptible de generar numerosos conflictos de interés”, y añade que conviene “definir con mayor precisión los límites y excepciones” del derecho de acceso a la información pública. Tuderechoasaber.es ha tenido acceso al dictamen completo y aquí puedes leerlo. El Gobierno afirma que ha tomado nota de estas recomendaciones y modificado el texto con ellas antes de aprobarlo.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha recomendado tipificar penalmente el “despilfarro” de fondos públicos, aunque la gestión deficiente de recursos no será castigada con cárcel. Sí lo será el falseamiento de información o la ocultación de datos en perjuicio de la Administración –penado con entre 1 y 4 años-.

  • ¿Ha tenido en cuenta el Gobierno las sugerencias de la comisión de expertos convocada para mejorar la ley?

Entre los propios expertos, algunos creen que no. La comisión de expertos no fue informada por el Gobierno en mayo de la existencia de un segundo borrador y el actual no incluye varias de las recomendaciones más importantes: el derecho de acceso a la información no será considerado como un derecho fundamental; no ha cambiado la definición de información, con numerosas excepciones, y no garantiza de por sí la independencia de la Agencia Estatal de Transparencia.

Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, una de las organizaciones que impulsan tuderechoasaber.es y miembro de la Coalición Pro Acceso, duda que la ley propuesta sirva para ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos y pueda cumplir los estándares internacionales.

A estas voces ha unido la de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que ha publicado dos informes criticando la redacción de la ley. En su segundo análisis, publicado en junio, señalaba que “la mayoría de los cambios son ’cosméticos’ y, en general, no contribuyen a mejorar el anteproyecto respecto de la versión anterior”.

  • ¿Qué aportaciones ciudadanas ha recogido esta ley y cuáles se han quedado fuera?

Pese a las insistentes reclamaciones de la Coalición Pro Acceso, el Gobierno rehusó hacer públicas las 3.683 sugerencias ciudadanas hechas el pasado marzo durante la consulta pública. El borrador resultante no difería esencialmente el primero. El Ministerio de Presidencia confirmó que había incorporado una quincena de aportaciones ciudadanas y que no las haría públicas porque las consideraba como “correspondencia” (y por tanto no tenía permiso). También recordó que no existe obligación de hacer una consulta pública cuando se prepara una ley.

  • Y ahora, ¿qué pasa? 

El proyecto de ley del Gobierno se debatirá en el Congreso a partir de septiembre para su definitiva aprobación, que se prevé fácil en un escenario de mayoría absoluta. El título II -de Buen Gobierno– entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Para el título I -de Transparencia de la Actividad Pública– habrá un periodo de entrada en vigor de un año, para que las instituciones puedan adaptarse al cambio. Por lo tanto, el acceso a la información no estará garantizado, como pronto, hasta otoño de 2013.

El Comité de Expertos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública continúa su trabajo. Mañana se celebrará el quinto encuentro, bajo el título de «Diálogo sobre transparencia y buen gobierno» y que contará con Antonio Garrigues Walker —presidente de Garrigues Abogados—, y Víctor Pérez Díaz —sociólogo y presidente de Analistas Socio-Políticos Gabinete de Estudios—, como ponentes.

En tuderechoasaber.es te acercamos los contenidos de la reunión del 31 de mayo, Propuestas de la Sociedad Civil“, cuya ponencia corrió a cargo de Elisa de la Nuez, directora general de Iclaves y miembro de la Junta Directiva del Foro de la Sociedad Civil y de Juan José Lavilla, Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, letrado de las Cortes Generales y abogado de Clifford Chance.

La cita transcurrió entre la decepción causada por el nuevo borrador, sin apenas novedades, y la incertidumbre provocada por los representantes del Gobierno, quienes no despejaron las dudas acerca de cómo se incluirán las propuestas de los expertos en el futuro proyecto de ley.

Abrió la sesión Benigno Pendás, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales —adscrito al Ministerio de la Presidencia—, quien invitaba a no caer en el desánimo en el caso de que las modificaciones propuestas no fueran finalmente incluidas en el texto definitivo. Además, anunció que el trabajo del grupo de expertos será recopilado en un libro.

En el turno de los ponentes, Elisa de la Nuez incidió en la importancia de que el acceso a la información pública se regule como un derecho fundamental, lo que requeriría el tratamiento de ley orgánica, de forma que sería equiparado a otros derechos constitucionales, como la protección de datos.Entre sus peticiones, la abogada mencionó  la necesidad de un portal de datos que acompañe a la Ley de Transparencia y de que el órgano supervisor sea independiente. Para ello propuso un organismo colegiado, con un pleno de composición paritaria entre funcionarios y representantes de la sociedad civil, y presidido por uno de estos últimos, a imagen del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

Juan José Lavilla hizo un recorrido por la legislación actual en materia de consultas a la ciudadanía durante los procesos legislativos, al tiempo que defendió  la importancia de involucrar a la sociedad civil en los mismos, en especial, en la elaboración de los reglamentos. En este sentido reclamó una ley que regule la participación ciudadana. Por otro lado, Lavilla consideró imprescindible para ejercer el derecho de participación, el acceso a los informes y el resto de documentación de soporte, calificando de  oportunidad perdida su exclusión del anteproyecto de ley.

Ya en el turno de preguntas, se trataron aspectos técnicos, ante lo que Esperanza Zambrano, del Ministerio de la Presidencia, pidió que no se confundieran transparencia con reutilización, aspecto este que podría tratarse en los reglamentos que desarrollen la ley, si bien advirtió que ya hay legislación al respecto.

Jacobo Elosúa, presidente de la Fundación Ciudadana Civio, no obtuvo respuestas cuando sugirió que el artículo 14.2 abre la puerta a la identificación mediante DNI electrónico, como requisito a la hora de realizar peticiones.  Asimismo, quiso conocer si serán publicadas las casi 3.700 aportaciones ciudadanas realizadas durante el período de consulta, a lo que Zambrano no supo contestar, afirmando no tener información sobre este aspecto.

José Luis Dader, Catedrático de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, incidió en las incongruencias provocadas por el futuro proyecto de ley y el derecho fundamental a la protección de datos. En el mismo sentido intervino Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, que reiteró la importancia de vincular el derecho de acceso a la información con el artículo 20 de la Constitución Española (CE) —sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión— y que permitiría reducir los escenarios de contradicción entre transparencia y protección de datos.

En sus réplicas, Benigno Pendás rechazó las declaraciones de quienes acusaban al Gobierno de no dar respuesta a las inquietudes sociales en la materia, escudándose  en que el actual ejecutivo, al contrario que el del PSOE, promulgará la ley. Pendás llegó a declarar que no estamos ante un derecho fundamental,  para después justificar la redacción actual en el marco del artículo 105 de la CE (desarrollado en la Ley 30/1992, que regula el trato con las Administraciones Públicas ) y advertir que el Gobierno no estaría obligado a elaborar la Ley de Transparencia.

 

Sin hacer ningún ruido y con un simple título de “nuevo texto” colgaba el Gobierno en su web la nueva versión del anteproyecto de Ley de Transparencia. Una semana antes, el Ejecutivo hablaba de “significativas modificaciones“, tras incorporar las aportaciones de los ciudadanos. Sin embargo, ese nuevo texto presenta pocos cambios estructurales, como se puede ver en la comparación de las dos versiones.

No se considera el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental; no cambia la definición de información, que todavía incluye una decena de excepciones, y poco más se hace por garantizar la independencia de la Agencia Estatal de Transparencia. Estos son los puntos a modificar en los que insiste la mayoría de miembros de la comisión de expertos convocada para mejorar la ley, pero que parecen no haber sido escuchados.

La Coalición Pro Acceso, plataforma de organizaciones que lucha por el derecho de acceso a la información, ha mostrado su preocupación por la “insuficiencia” de la propuesta y ha mandado una carta al Gobierno exigiendo más transparencia en su tramitación.

“Con esta ley sería imposible ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos”, dijo Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, una de las organizaciones detrás de tuderechoasaber.es y miembro de la Coalición. “Es difícil de entender por qué España propone una ley que ni siquiera cumple con los estándares mínimos internacionales”.

El borrador, que está siendo revisado por la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Estado, sí ha incluido la prueba de interés público. El problema es que ésta es solo aplicable a algunas de las excepciones. Además, ahora se habla de la exclusión de acceso a “informes internos“, pero sin definir este concepto.

Como aspecto positivo el texto incorpora esta vez sanciones por no responder reiteradamente a las solicitudes de información dentro del plazo de un mes marcado por la ley (artículo 17.5).

Todas estas modificaciones se han realizado, según el Gobierno, tras leer las casi 3.700 sugerencias que los ciudadanos hicieron durante dos semanas el pasado mes de marzo y abril. Sigue siendo imposible valorar en qué medida se han tenido en cuenta ya que a fecha de hoy ninguna de ellas ha sido publicada.

La Comisión de Expertos sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia se reunió el pasado jueves sin saber que el Gobierno ya tenía una nueva versión del texto. Nadie les dijo nada en su segundo encuentro, en el que curiosamente se hablaba del capítulo del derecho de acceso a la información pública.

La Comisión de Expertos sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia se reunió el pasado jueves sin saber que el Gobierno ya tenía una nueva versión del texto. Nadie les dijo nada en su segundo encuentro, en el que curiosamente se hablaba del capítulo del derecho de acceso a la información pública.

¿Se tendrá en cuenta lo que propusieron? Es algo que ni ellos mismos saben aún, pero muchas de sus recomendaciones no están incluidas en las anunciadas el viernes por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En tuderechosaber.es abrimos una ventana para que sepas lo que allí se dijo.

José Aurelio García Martín, inspector de servicios en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, indicó que el anteproyecto no cumple con el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos. Entre otros motivos, porque en la misma definición de información tiene unas limitaciones que calificó de “preocupantes”. Además, sugirió tratar los límites de forma conjunta, ya que al estar ubicados ahora en seis artículos distintos son susceptibles de ser malinterpretados. Otros expertos también destacaron estos dos puntos como mejorables.

García Martín a su vez propuso incluir en el texto legislativo la obligación de dar formación a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia, de recopilar estadísticas sobre su implementación y la necesidad de promover la ley entre la ciudadanía.

Emilio Guichot, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, recalcó la importancia de que el derecho de acceso a la información sea reconocido como un derecho fundamental. Ya que este derecho no está detallado explícitamente en la Constitución Española, recomendó vincularlo con el artículo 20, que ampara la libertad de expresión, tal y como están reclamando la Coalición Pro Acceso, Transparencia Internacional y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Así, la ley tendría que ser una ley orgánica y se aplicaría a los poderes legislativos y judiciales en todos sus actos (y no solo los administrativos).

Para José Luis Piñar Mañas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, esta es una mejora imprescindible. Piñar Mañas, que fue director de la Agencia de Protección de Datos, destacó que esto es esencial para poder equilibrar el derecho de acceso con otros derechos fundamentales. Además recordó que el derecho a la protección de datos personales tampoco aparecía en la Constitución y sin embargo hoy en día se reconoce como derecho fundamental, que ha sido regulado por leyes orgánicas.

Ya en el turno de preguntas, Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, volvió a recordar que en el anteproyecto se están ignorando la jurisprudencia internacional y la interpretación que hace el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que vincula claramente el derecho de acceso la información a la libertad de expresión.

Primera de las cuatro sesiones de trabajo convocadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de Presidencia.

Acto de Constitución de la Comisión de Expertos. Imagen: CEPC

El Comité de Expertos designado por el Gobierno para analizar el borrador del anteproyecto de Ley de Transparencia y asesorar durante su tramitación parlamentaria ha echado a andar. El pasado 26 de abril tuvo lugar la primera de las cuatro sesiones de trabajo convocadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de Presidencia.

Entre los asistentes estaban destacados catedráticos en Derecho Constitucional, altos cargos de la administración, juristas, académicos y colectivos en favor de la transparencia. Access Info Europe, una de las organizaciones detrás de tuderechoasaber.es, estuvo representada por Helen Darbishire, su directora ejecutiva. (Puedes consultar la lista de expertos al final del post)

El programa de la primera sesión ponía en el centro del debate el Capítulo I (Publicidad Activa) del Título I (Transparencia de la Actividad Pública) del borrador del anteproyecto. Algunos expertos preguntaron si este grupo iba a tener acceso a un texto nuevo que –como ha prometido José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes- incluyese algunas de las 3.600 aportaciones enviadas por los ciudadanos durante la consulta pública abierta el pasado marzo. También si el Comité va a tener acceso a las propias aportaciones. Ninguna de estas dos preguntas recibió una respuesta concluyente.

Desde el Ministerio de Presidencia sí se aseguró que, durante la fase de tramitación parlamentaria de la ley, los diputados podrán consultar las más de 3.600 sugerencias ciudadanas. Este procedimiento siembra dudas en algunos expertos. Access Info Europe considera que estudiar estas recomendaciones no debería ser labor de los diputados, puesto que las sugerencias más relevantes y solicitadas por la sociedad civil deberían estar ya incluidas en el anteproyecto antes de su paso por las Cortes.

También han surgido dudas sobre la adecuación del actual borrador al Convenio del Consejo de Europa. Este acuerdo internacional establece los mínimos que debe cumplir una Ley de Transparencia. El Gobierno siempre ha sostenido que su ley sería fiel a los compromisos del Convenio. No obstante, tanto la definición de información como la lista de excepciones que ha presentado no cumplen los mínimos del acuerdo. Algunos de los presentes en la reunión del Comité se manifestaron a favor de ampliar el reconocimiento del acceso a la información como derecho fundamental.

La agenda de reuniones proseguirá de la siguiente manera:

  • 17 de mayo: Debate en torno al Capítulo II, Derecho de Acceso a la Información Pública
  • 24 de mayo: Debate en torno al Título II, Buen Gobierno
  • 31 de mayo: Análisis y debate de las propuestas provenientes de distintos ámbitos de usuarios de la Ley (sociedad civil, periodistas, abogados, etc.)

El Comité de Expertos designado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales está integrado por:

  1. Borja Adsuara Varela: Director General de Red.es;
  2. María Ángeles Ahumada: Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid;
  3. Rosana Andrés Díaz: Presidenta de Archiveros Españoles en la Función Pública;
  4. Manuel Arenilla: Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos. Director del Instituto Nacional de Administración Pública ;
  5. Valle Ares González: Asesora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes;
  6. María Ester Arizmendi: Directora General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;
  7. Agatha Arranz: Instituto de Estudios de la Democracia, Universidad CEU San Pablo;
  8. María José Canel: Catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid;
  9. María Pilar Cousido: Profesora Titular de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM);
  10. Helen Darbishire: Directora de Access Info Europe;
  11. Antonio Descalzo: Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid;
  12. Juan Díez-Nicolás: Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid;
  13. José Aurelio García: Inspector de Servicios. Inspección General de los Servicios. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;
  14. Emilio Guichot: Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla;
  15. Blanca Hernández Oliver: Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;
  16. José Luis del Hierro: Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad Complutense de Madrid;
  17. Fernando Jiménez Sánchez: Profesor Titular de Ciencia Política de la Universidad de Murcia;
  18. Mario Kölling: Investigador García Pelayo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  19. Juan José Lavilla: Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Letrado de las Cortes Generales. Abogado de Clifford Chance;
  20. Jesús Lizcano Álvarez: Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Presidente de Transparencia Internacional España;
  21. Flor López Laguna: Directora de la Oficina de Conflictos de Interés. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;
  22. Juan Miguel Márquez: Responsable de Relaciones Externas del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información;
  23. Isaac Martín: Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla la Mancha;
  24. Elisa de la Nuez: Directora General de iclaves y miembro de la Junta Directiva del Foro de la Sociedad Civil. Miembro de la Coalición Pro Acceso;
  25. Paloma de la Nuez: Asesora para asuntos académicos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  26. Alberto Palomar: Magistrado de lo Contencioso-Administrativo y profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid;
  27. Antonio Panizo García: Abogado Jefe de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;
  28. José Luis Piñar: Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Ex director de la Agencia Española de Protección de Datos;
  29. Sabrina Ragone: Investigadora García Pelayo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  30. Jaime Rodríguez Arana: Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña;
  31. Rafael Rubio Núñez: Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid;
  32. Joaquín Ruiz López: Director del Departamento de Calidad de los Servicios. Agencia de Evaluación y Calidad;
  33. José Manuel Ruiz Ramos: Director de Tecnologías de la Información del Boletín Oficial del Estado;
  34. Rubén Ruiz-Rufino: Investigador García Pelayo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  35. Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva: Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de Pro-Acceso;
  36. Ángel Sánchez Navarro: Subdirector de Publicaciones y Documentación, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  37. José María Sauca: Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Director del Programa en Cultura de la Legalidad (TRUST-CM);
  38. Manuel Tuero Secades: Director General del Boletín Oficial del Estado.