acceso a la información

Si no tienes certificado digital, DNI-e o no deseas identificarte, pregunta en Tuderechoasaber.es y canalizaremos tu solicitud para que el proceso siga siendo fácil y público

Tuderechoasaber.es no es sólo una herramienta para enviar preguntas a la Administración y poder recibir respuestas. Se trata también de un proyecto de activismo cívico y democrático, de avance gradual pero continuo a favor de un acceso fácil y público a la información que generan nuestras instituciones. Factores que de momento no ha adoptado el Portal de Transparencia, en el que un sistema de identificación electrónica basado en certificado digital, con la alternativa del DNI electrónico o de una clave enviada a tu dispositivo móvil, obstaculiza a un conjunto enormemente significativo de la población el ejercicio de este nuevo derecho.

Las organizaciones que lanzamos y gestionamos Tuderechoasaber.es, la Fundación Civio y Access Info Europe, queremos que seguir pidiendo información a las instituciones no suponga para ti más molestia que enviar un email. Por eso, si quieres pedir información a una administración que restringe el proceso y no cuentas con certificado digital, DNI electrónico, no deseas identificarte o simplemente quieres que todo el proceso sea transparente y público, envía tu pregunta desde Tuderechoasaber.es y nosotros la trasladaremos a través del Portal de Transparencia por ti. Al hacerlo así, tu pregunta y las respuestas seguirán siendo públicas, como siempre. También podremos conocer y usar tu solicitud como ejemplo para seguir presionando hacia una mejor aplicación del derecho de acceso.

No discriminaremos entre vuestras solicitudes, a no ser que no se trate de una petición de información (que se trate de críticas, opiniones,… que nada tengan que ver con información que esté en manos de las administraciones y que quieras que sea abierta) o contengan comentarios de naturaleza ofensiva o potencialmente difamatoria. En este caso, no hemos cambiado nuestras normas de moderación, que puedes consultar aquí.

¿Qué implicaciones tiene esto en el caso de que desees interponer un recurso ante la falta de respuesta? Si quieres insistir a la administración para que responda a una solicitud que hayamos enviado por ti a través del Portal de Transparencia, avísanos. Como hasta ahora, al cabo de un mes de tu solicitud, recibirás un recordatorio para iniciar un recuso. Desde Civio y Access Info podemos ayudarte a interponerlo y solicitar el amparo del Consejo de Transparencia. Puedes apoyarte en estas plantillas para redactarlo.

Queremos que inicies el proceso con toda la información necesaria, y por eso hemos actualizado los textos de la web y la Guía del Solicitante de Información, que te proponemos consultar para aprender algunos consejos sobre cómo realizar peticiones efectivas. Contiene información abundante sobre el proceso de solicitar, la recepción de respuestas y la interposición de recursos en caso de silencio o denegación (e incluso unas plantillas tipo que puedes usar para ello).

En segundo lugar, como los organismos que no admiten solicitudes por email y bloquean el acceso a quienes preguntan sin identificarse electrónicamente son principalmente los de la Administración General del Estado -los ministerios-, cuando inicies una solicitud a uno de ellos, verás un aviso como este:

Trataremos de guiarte a lo largo del proceso. Si te surge alguna duda, revisa la Guía del Solicitante de Información o escríbenos.

En su jornada de constitución en el Senado, la presidenta del Consejo de Transparencia se comprometió a “estudiar cómo simplificar la petición de información por los ciudadanos”. Ya hemos trasladado a este organismo nuestras preocupaciones sobre un acceso limitado a la información, la complejidad del proceso de solicitarla y la necesidad de mucha más pedagogía pública.  También hemos ofrecido nuestra colaboración para lograr juntos una mejor implantación y aplicación de la ley de transparencia.

Sigue con nosotros, utiliza Tuderechoasaber.es y permanece atento a todas las novedades.

La última solicitud de información que ha recibido el CGPJ pregunta, a cuenta del indulto de un Guardia Civil cuál es el criterio de inclusión de sentencias en el buscador público del organismo, el Cendoj.

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido cinco solicitudes de información en Tu Derecho a Saber. Ninguna ha recibido respuesta. Al principio contestaban que el email de contacto era el de la oficina de prensa y, por lo tanto, no podía responder a las preguntas de los ciudadanos. Lo que no sabemos es si reclaman carné de prensa o basta con identificarse como periodista, sea o no verdad. Lo que es cierto es que el CGPJ no ofrece una dirección de correo electrónico (sí un teléfono) de atención al ciudadano, por lo que no tenemos otra opción que seguir dirigiéndonos al email de prensa.

De las cinco solicitudes de información, tres de ellas reclaman datos estadísticos: sobre desahucios, políticos con reducción de condena y número de quejas ciudadanas atendidas. Una cuarta pregunta reclama algo tan sencillo como el presupuesto del CGPJ, que de hecho está publicado en su página web. Ni siquiera en ese caso hubo respuesta. La última solicitud de información que ha recibido el organismo se refiere, a cuenta de la sentencia de un agente de la Guardia Civil recientemente indultado, cuál es el criterio de inclusión de sentencias en el buscador público del organismo, el Cendoj.

La pregunta tiene chicha porque, como pueden comprobar aquellos que se dediquen a buscar sentencias en el buscador público, muchas de ellas son imposibles de encontrar. De hecho, la sentencia del Guardia Civil no aparecía vía buscador a primera hora y sí más tarde, lo que provocó la pregunta de Stepháne M. Grueso. Y es que las carencias del buscador público, el Cendoj, provocan que muchos profesionales del sector tengan que recurrir a páginas web privadas más completas y, por lo tanto, de pago.

Hasta el propio CGPJ tiene que recurrir a esos buscadores de pago, pese a ser el titular del Cendoj.De hecho, el organismo paga 123 euros al año por cada una de esas licencias de uso. Los miembros del CGPJ y los magistrados y jueces podrán elegir cualquiera de las cuatro bases de datos contratadas (Westlaw, Tirant online, La Ley Digital y El Derecho) para consultar sentencias y leyes. Aunque el CGPJ había licitado el precio máximo de la licencia anual por 126 euros, las cuatro empresas han presentado una oferta idéntica: 123 euros por acceso individual. Ese precio final permitirá que se adquieran hasta 2.208 de esas licencias al año (el presupuesto total es de 271.584 euros por anualidad).

El argumento que da el CGPJ para contratar un servicio que debería ofrecer la misma información que su propio buscador es que, aunque el buscador público ha progresado significativamente, un tercio de la magistratura no ha realizado aún la transición a esa base de datos. Alegan dos causas: la costumbre de utilizar los buscadores privados que han usado desde el inicio de sus carreras y la falta de tiempo, por la carga de trabajo, para aprender a utilizar el CENDOJ.

Lo que no podemos saber, por lo menos de momento y a la espera de una respuesta, es cuáles son los criterios de inclusión de unas sentencias y no otra en el buscador público. Porque está claro que, con el buscador, no es posible encontrar todas las sentencias de órganos superiores de justicia.

[ACTUALIZACIÓN A 11 DE JULIO]: El servicio de prensa del CGPJ ha dado respuesta a algunas de nuestras preguntas. Entre otras cosas, asegura que la sentencia que protagoniza esta pregunta sí estaba en el CENDOJ, por lo que entendemos que fue un problema del buscador, porque esa mañana no aparecía. Además, afirma que todas las sentencias de altos tribunales se publican en la base de datos pública. Sabemos, porque buscamos sentencias allí casi a diario, con éxito parcial, que esa afirmación no es del todo cierta. Algunas sentencias de altos tribunales son imposibles de localizar en el buscador. Creemos que, en todo caso, puede que esa carencia se deba a esta frase de la respuesta recibida: “siempre teniendo en cuenta las incidencias que puedan derivarse de los procedimientos de recogida y remisión por parte de los distintos sistemas de gestión procesal”.

El derecho de acceso a la información pública no es una cuestión de transparencia en abstracto, consiste en encontrar una vía para la mejora del día a día gracias a la mirada de todos sobre datos objetivos. Algunas de las historias que explica el excomisionado para la información de Escocia, Kevin Dunion, muestran las aplicaciones prácticas de este derecho a través de victorias concretas. ¿Cómo serían estos casos en España? Se hace difícil comparar sin una ley que obligue a las administraciones públicas a responder a las preguntas de los ciudadanos. Pero vamos a intentarlo.

Cada decisión política que afecta a la vida pública debería ser fiscalizada a la vista de todos: ¿está basada en datos tangibles? ¿funciona? ¿cuál ha sido su resultado a posteriori? Esta premisa de la rendición de cuentas, que suele obviarse en las administraciones públicas españolas, es más importante aún si de lo que hablamos es de sanidad. Gestionar los recursos públicos sin caer en decisiones arbitrarias es una de las maneras de utilizar los datos para generar eficiencia. Pero no es la única. La apertura de los datos públicos permite fabricar información de servicio público, como la visualización sobre la diferencia de precio de los procedimientos en diferentes hospitales de Estados Unidos que acaba de publicar The New York Times o el análisis de cómo los datos pueden ayudar  a mejorar la sanidad pública que recogió The Economist.

Pero si existe un caso que demuestra que, con una buena ley de acceso mediante, el empeño de una sóla persona puede mejorar las cosas para todos, es la historia del diágnostico del ojo vago en Escocia. Su protagonista es el padre de dos niños a los que diagnosticaron esta enfermedad a los siete años y que preguntó a los diferentes sistemas de salud regionales sobre su protocolo de prevención. Gracias a las respuestas, descubrió que en todo el país las pruebas se realizaban antes de los cinco años, ya que a esas edades el tratamiento es mucho más efectivo. El padre consiguió denunciar la situación en su región y, lo que es más importante, cambiarla. Además, este caso fue el detonador para que se estableciera un plan nacional de detección del ojo vago.

Esta no es una victoria aislada. Los parientes de varios enfermos fallecidos por una infección de C difficile en el Vale of Leven Hospital escocés pidieron información sobre el número de casos y las causas de esa enfermedad, que había producido 18 fallecimientos. Los datos facilitados permitieron abrir una investigación y desvelaron falta de higiene del centro, que las enfermeras estaban demasiado ocupadas para rellenar informes por la carga de trabajo, que se había suministrado la medicina equivocada a algunos pacientes y que, en realidad, las muertes por esta infección aumentaban a 28. Este escándalo acabó en una investigación pública -la página web creada en exclusiva para el caso incluye testimonios y datos de todo el proceso- que juzgó la actuación de los responsables de una manera abierta y transparente.

Pero el caso más importante al que se enfrentó el comisionado escocés Kevin Dunion fue el que le permitió sacar a la luz miles de partes e informes de incidentes hospitalarios que habían acabado en fallecimiento o causado heridas graves a los pacientes. A raíz de la denuncia de un enfermero que quería acceder al parte de un incidente en el que había estado implicado, el equipo del comisionado buceó en los archivos de los hospitales y descubrió que muchos de esos informes estaban ocultos o, sencillamente, no se habían realizado. Tras una dura batalla legal, Dunion consiguió que esos informes se hicieran públicos y desveló cientos de negligencias médicas que no habían sido estudiadas. El caso saltó a la BBC, que realizó un reportaje para contar la historia y reclamar cientos de informes sobre incidentes en hospitales de todos los distritos de Escocia.

De hecho, la ley de acceso a la información escocesa obliga a las autoridades sanitarias regionales a responder las preguntas de los ciudadanos sobre materias tan concretas como el gasto en telefonía móvil o el equipamiento, entre muchas otras, como se puede ver en la lista de peticiones de información de uno de estos servicios sanitarios regionales.

¿Y en España? Aquí suena lejano poder contar con datos tan detallados sobre negligencias, proyectos sanitarios públicos o estadísticas médicas. De hecho, es más que complicado recibir una respuesta por parte de las autoridades sanitarias sobre algo tan concreto como el seguimiento de una huelga de profesionales sanitarios. Ni siquiera las preguntas más técnicas, como la petición de estadísticas sobre tipos de cirugía, ha recibido respuesta. La apertura de estos datos permitiría, como ha pasado en Escocia, que todos -médicos, pacientes, enfermeros, familiares…- tuviéramos la posibilidad de mejorar nuestro sistema sanitario.

I: CÓMO EVITAR EL CIERRE DE LAS ESCUELAS RURALES GRACIAS A LOS DATOS

 

II: DATOS PARA DESTAPAR EL DESPILFARRO EN LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD