LEY DE TRANSPARENCIA

La queja contiene dos denuncias. La primera el hecho que solo se pueda utilizar el portal para enviar solicitudes, y que el proceso sea complejo y largo. La segunda, el hecho de que haya que entregar un DNI para poder acceder a la información.

Comunicado de Access Info Europe del 17 de diciembre de 2014: Ante los numerosos y variados obstáculos que el Gobierno ha introducido en el portal de transparencia, Access Info Europe ha planteado una queja al Defensor del Pueblo reivindicando el derecho de poder solicitar información bajo la ley de transparencia que entró en vigor el 10 de diciembre de 2014.

La queja contiene dos denuncias. La primera el hecho que solo se pueda utilizar el portal para enviar solicitudes, y que el proceso es tan complejo y largo que hasta ahora ningún miembro de Access Info Europe lo ha completado y por lo tanto no hemos podido presentar ninguna solicitud. La segunda, el hecho de que haya que entregar un DNI para poder acceder a la información.

Otra dimensión de la queja es que el portal excluye la posibilidad de solicitar información para extranjeros, con la excepción de contados países de Europa para algunos de los cuales los hipervínculos ni siquiera funcionan.

Todos estos requisitos son, además de excluyentes, una traba para el acceso a la información pública que debería ser sencillo y rápido“, comenta Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe.

Darse de alta en cualquiera de estas formas de identificación supone un obstáculo para el derecho de acceso a la información y desincentivan al solicitante, especialmente al solicitar un número de cuenta bancaria o exigir la instalación de un certificado digital que es un proceso complejo y que lleva días completar“, añadía Anderica.

Las cuatro opciones que ofrece el Gobierno para enviar una solicitud de acceso a la información implican además de tener un ordenador e internet:

» Estar en posesión de un DNI electrónico. Según el Instituto Nacional de Estadística en 2014 el 47,9% de la población de 16 a 74 años de edad declara disponer de DNIe, pero sólo el 8,5% de estos tiene lector de tarjetas con microchip electrónico, complemento que hay que comprar separadamente.

» Estar en posesión de un certificado digital, según CERES a fecha de 16/12/2014 hay 3,972,705 certificados activos.

» Usar el sistema Cl@ve que obliga a los usuarios a indicar el número de cuenta bancaria que usa para pagar sus impuestos y a pasar por una oficina de la Agencia Tributaria o esperar la llegada de un código por correo postal.

En cuanto a la solicitud de un DNI, es un requisito que el Gobierno considera obligatorio por tratarse de un procedimiento administrativo, sin embargo el Consejo General del Poder Judicial afirma que no lo es y que ellos no van a solicitarlo por tratarse de un derecho fundamental.

Ya en 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que el derecho de acceso a la información en manos de entidades públicas es un derecho fundamental, algo que ha sido confirmado en 2011 por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dado que ambas son instituciones pertenecientes a tratados ratificados por España, el Gobierno de España debería haber impulsado el reconocimiento de este derecho como un derecho fundamental [1] al tramitar la ley y debería al menos respetarlo en la práctica.

Entre los argumentos que apoyan la no necesidad de entregar un DNI es importante destacar el memorándum explicativo del Convenio de Acceso a la Información Pública del Consejo de Europa que anima a los estados a permitir las solicitudes anónimas, ya que sería una consecuencia lógica del principio de no tener que justificar las solicitudes.

Se puede afirmar sin ninguna duda que España es el país del mundo que en este momento más trabas impone a los solicitantes“, dijo Helen Darbishire, Directora de Access Info Europe, quien ha presentado solicitudes en muchos países.

La información es pública y la identidad del que la solicite es irrelevante“, concluía Darbishire.

Aquí se puede leer la queja completa.

Desde ahora está en manos de los ciudadanos comprobar si las instituciones se tornan más transparentes a partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia

Ayer, 10 de diciembre, entraron en vigor las primeras obligaciones de transparencia para la Administración General del Estado, tanto la de publicar de oficio la información que especifica la ley como la de responder a las solicitudes de información que formulemos los ciudadanos.

Para empezar a cumplir con la primera, el Gobierno abrió también ayer el esperado Portal de Transparencia. Access Info y Civio, las dos organizaciones que estamos detrás de Tuderechoasaber.es, hemos preguntado varias veces en los últimos meses al Gobierno para conocer las características de este portal, y ver si recogía las buenas prácticas que existen en países más transparentes que el nuestro. Aunque la prensa sí fue convocada el 9 de diciembre en Moncloa para conocer de mano del Gobierno el número de gigas y los miles de documentos del portal, nosotros no fuimos convocados ni informados en ningún momento.

Portal Transparencia_previewA final, se cumplieron los peores pronósticos: los obstáculos para ejercer nuestro derecho a solicitar y recibir información son más y más férreos de lo que esperábamos. El principal, que será necesario registrarse con DNI electrónico o a través de una clave que se recibe en el teléfono móvil para pedir información a la administración central por vía telemática. Lo comunicamos ayer a primera hora y, si has seguido en las últimas horas las valoraciones que han publicado los medios (desde El País a El Mundo o el Huffington Post), seguro que estás al tanto.

¿Y ahora?

Como siempre insistimos, desde ahora está en manos de los ciudadanos comprobar si las instituciones se tornan más transparentes a partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Te animamos a pedir información por cualquier medio. En Tuderechoasaber.es puedes seguir formulando preguntas a muchos organismos que sí facilitan una dirección de correo electrónico y no exigen tu identificación certificada electrónicamente. También puedes seguir pidiendo información a instituciones autonómicas y localesaunque aún no tienen que aplicar la la ley de transparencia. Recuerda que si no tenemos su contacto, podemos buscarlo y añadirlo.

Hemos recorrido ya un largo camino. Desde 2012, Tuderechoasaber.es ha canalizado más de 1.500 solicitudes de información. Reiteramos nuestro compromiso de vigilancia responsable para que las medidas de transparencia no se diluyan en palabras vanas. Estudiaremos si es posible adaptar técnicamente Tuderechoasaber.es para que pueda seguir facilitando la tarea a los ciudadanos y compartir además públicamente las preguntas y las respuestas. Lo haremos en las próximas semanas y os mantendremos informados.

Gracias por tu confianza.

El equipo de Tuderechoasaber.es

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El derecho a saber comienza con el deber de preguntarHazlo en Tuderechoasaber.es

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Bola extra: el 9 de diciembre, Access Info Europe y Civio mantuvimos un encuentro digital en ElConfindencial.com donde respondimos a preguntas enviadas por los lectores sobre la Ley de Transparencia y la situación del acceso a la información en España. Nos gusto mucho la experiencia. Gracias a los organizadores por invitarnos.

Aquí puedes consultarlo>>

Reunimos algunos ejemplos de solicitudes formuladas desde Tuderechoasaber.es que, con la ley delante y en vigor, ahora deberían obtener como respuesta la información solicitada.

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Con la entrada en vigor de la normativa de transparencia para la Administración General del Estado (AGE) se reconocerá, dentro de pocas semanas, el derecho de cualquier ciudadano a acceder a nueva información que antes quedaba fuera de su alcance. Por eso reunimos algunos ejemplos de solicitudes formuladas desde Tuderechoasaber.es que, con la ley delante y en vigor, ahora deberían obtener como respuesta la información solicitada. Recordemos además que el reglamento de aplicación de la ley aún no se ha hecho público, por lo que existen incógnitas, ambigüedad y muchas salvedades a la hora de poder asegurar que, en un escenario concreto, el ciudadano recibirá con seguridad toda la información que solicita.

    • A partir del 10 de diciembre se podrán solicitar y recibir datos sobre partidas presupuestarias específicas y su desglose. Así, esta solicitud de información que Juan Elosua dirigió en mayo de 2014 al Ministerio de Economía y Competitividad sobre “las partidas
 presupuestarias anuales destinadas a la creación y mantenimiento
del INL (International Iberian Nanotechnology Laboratory)” debería ser atendida y resuelta. Hasta ahora, este Ministerio ha estado ignorando la gran mayoría de las solicitudes recibidas, como se puede comprobar en este link. No obstante, de cara a la aplicación efectiva de la ley, existe una salvedad: no se especifica cuál es el grado mínimo de desglose, por lo que cada institución podrá decidir por sí misma en cada caso concreto el nivel de detalle de los datos que aporte. Por eso es tan importante una ley estricta que cierre el camino a este tipo de indefiniciones.
    • Se podrá preguntar por TODAS las subvenciones concedidas por un organismo público o recibidas por una entidad. Recuerda que, según la ley, puedes preguntar a ambos. Así, esta solicitud en la que un ciudadano pide conocer los expedientes de reintegro de subvenciones con cargo al IRPF tramitados por Sanidad entre 2008 y 2011 debería obtener respuesta con la información que solicita.
    • Podrás solicitar y recibir los nombres de los asesores de ministros. En esta solicitud, Romà Seguí preguntaba en 2012 al Ministerio de Presidencia por el número (ni siquiera por el nombre) de personas contratadas como personal eventual y por aquellas que, con otro contrato, prestaban “trabajos de asesoramiento”. Nunca recibió respuesta. Como vemos, Presidencia también está entre las instituciones que peor atienden a las solicitudes de los ciudadanos, y eso pese a haber liderado la gestación de la Ley de Transparencia.
    • Se podrá pedir y obtener las memorias de impacto normativo de cualquier órgano de Administración General del Estado. En Tuderechoasaber.es hemos recibido muy pocas solicitudes de este tipo. En este ejemplo, un ciudadano solicitó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social una copia del informe de impacto de género que acompañó a la aprobación del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. La respuesta que recibió, hasta en tres ocasiones, fue que “todos los informes preceptivos que acompañan a las normas o proyecto de normas aprobadas por el Consejo de Ministros no constituyen un documento de público acceso, por lo que no es posible atender su solicitud”. 
Pues bien, ahora sí lo son.

Sin embargo…

Existen otros ejemplos de información que no podrás solicitar a partir del 10 de diciembre. Con el texto en mano, las entidades sujetas a la Ley de Transparencia no tendrán obligación de darte información que tenga carácter  auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes e informes internos o entre órganos o entidades administrativas se quedan fuera del paraguas de la ley. Pese a que la información auxiliar desempeña un papel, variable, en la toma de decisiones, tendremos que esperar y observar cómo se desarrolla esta limitación en cada caso particular. “No podemos facilitártela porque se trata de información auxiliar” puede ser tendencia en la temporada 2015. La ley establece también una serie de limitaciones que dejan la puerta abierta a dobles lecturas. Así, cortapisas muy genéricas para pedir información relacionada con “intereses económicos y comerciales”, o aquellas que afecten a “la garantía de confidencialidad o secreto requerido en los procesos de toma de decisión” pueden servir para denegar una solicitud. Recuerda que, si rechazan tu solitud porque la información que reclamas contiene datos personales, puedes insistir por segunda vez para que te la proporcionen disociada de esos datos. A la espera de conocer mejor la “letra pequeña” (el reglamento que desarrolla le ley aún no es público), la propia norma sí contempla esta opción.

No solo a las administraciones públicas

Corregimos un errorTen muy presente también que la obligación de responder no solo la tienen los organismos públicos, también partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales. No solo los organismos públicos tienen obligaciones de transparencia. También los partidos políticos, las organizaciones empresariales, sindicales, y algunas empresas privadas. Aquellas que reciban más de 100.000 euros en un año en subvenciones o que más del 40% de sus ingresos provengan de ayudas públicas. Sin embargo, sus obligaciones son de PUBLICIDAD PROACTIVA (deben publicar organigrama y CV de altos cargos; contratos, convenios y subvenciones con administraciones públicas; presupuestos y estado de ejecución, cuentas anuales, auditorías y retribuciones de directivos), pero  tienen obligación de responderte NO tienen obligación de responderte. Aquí está más claro.  Y ojo, en el caso de empresas privadas, sólo si son subvenciones o ayudas. Si se trata de contratos con la administración (por ejemplo, la gestión de un servicio público, como un hospital o el transporte metropolitano), NO estarán bajo las obligaciones de publicidad proactiva de la ley de transparencia.

Y, ante la duda, ¡pregunta!

Botón pREGUNTA tdas

En este post vamos a analizar qué instituciones deberán aplicar nueva norma sobre transparencia y hasta qué punto deberán hacerlo. La Ley de Transparencia es bastante confusa al definir en los artículos 2 y 3 los sujetos que están obligados a cumplirla, pero sobre todo genera confusión cuando intentamos entender qué obligaciones de transparencia tendrá cada uno de estos sujetos; ahí está la trampa: no todos deben ser igual de transparentes.
En la siguiente tabla hemos indicado las distintas obligaciones que establece la ley y las instituciones obligadas a cumplirlas. Encontramos dos tipos de obligaciones: la de publicar proactivamente información y la de responder a solicitudes de los ciudadanos. Veremos que no todas las instituciones mencionadas en esta ley deben cumplir con ambas obligaciones.

¿Qué obligaciones tienen las diferentes instituciones? by tuderechoasaber

En tuderechoasaber.es vamos a publicar una serie de posts en los que vamos explicar en qué consiste realmente la Ley de Transparencia para que, así, estemos todos preparados para usarla a partir de su entrada en vigor el 10 de diciembre de 2014. El resto de posts  pertenecientes a esta serie los puedes encontrar aquí:

  • Tenía que haberse publicado antes del pasado 10 de marzo
  • El presidente será elegido por mayoría absoluta
  • No exige ‘reconocido prestigio’ a los miembros de la Comisión
  • Los presupuestos de 2015 incluyen 1,9 millones para este órgano

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La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada hace casi un año, establecía que el Gobierno debía aprobar en un plazo de tres meses el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo encargado de asegurar que se cumplan los requisitos de transparencia y de proteger el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Esa plazo legal se cumplió el pasado mes de marzo, pero no ha sido hasta hoy que el BOE recoge, con ocho meses de retraso, este decreto.

El Gobierno alegó, en declaraciones a Europa Press, que se trataba de un retraso “deliberado”, ya que no tenía sentido crear el organismo y nombrar a su presidente antes de la entrada en vigor de las obligaciones de transparencia que marca la ley para la Administración General del Estado, esto es, el próximo 10 de diciembre. En realidad, la excusa no es válida: podían haber cumplido la obligación legal que ellos mismos incluyeron en la norma, ya que la aprobación del Estatuto no implica que el organismo se ponga a funcionar al día siguiente ni mucho menos tiene relación con el nombramiento de su presidente, que no se incluye en este texto. De hecho, el decreto, aunque ha sido publicado hoy en el BOE, incluye una disposición que retrasa su entrada en vigor hasta el próximo 10 de diciembre.

Independencia del Consejo y su presidente

El documento aporta pocas novedades respecto a las funciones, sistema de nombramiento y organización del Consejo de la Transparencia con respecto a lo que ya adelantaba la ley. El presidente será propuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, refrendado en comisión en el Congreso por mayoría absoluta y nombrado por el Gobierno por Real Decreto para un plazo de cinco años. La persona elegida deberá contar con “reconocido prestigio y experiencia profesional”, un requisito que, como es habitual en este tipo de organismos independientes, no se detalla (¿cuánto años de experiencia? ¿en qué ámbitos concretos?). Además, el decreto no prohíbe que el presidente de este organismo tenga vínculos políticos, una de las recomendaciones de la sociedad civil para asegurar su independencia.

El hecho de que solo el Ministerio de Hacienda pueda proponer al candidato y la elección por mayoría absoluta en el Congreso permite que el Gobierno actual pueda elegir y nombrar al presidente que quiera sin necesidad de contar con el apoyo de ningún otro grupo parlamentario. Ante una pregunta sobre este asunto en el pasado Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría argumentó que se trata del mismo sistema que se utiliza para otros organismos independientes y que el PSOE también lo utilizó cuando gobernaba: “Yo le invito a que se repase cómo se produce el nombramiento de los principales órganos reguladores en el ámbito de nuestro Derecho, con leyes que, unas, las ha aprobado el Gobierno del Partido Popular y, otras, Gobiernos del Partido Socialista”. Si hacemos caso de las palabras de la Vicepresidenta y repasamos la composición de otros organismos independientes nombrados de forma similar, encontramos altos niveles de politización (RTVE, el CSN, el Tribunal Constitucional…).

Además del presidente, el organismo contará con dos subdirecciones generales (una de ellas centrada en atender las reclamaciones y otra en vigilar que se cumplan las obligaciones de publicidad activa), que estarán lideradas por dos funcionarios de carrera. Y con la Comisión de Transparencia, un  organismo que se reunirá, al menos, una vez al mes, y que tiene mucho menos peso en sus funciones que el del presidente.

La Comisión estará formada por un representante propuesto por el Tribunal de Cuentas, otro por el Defensor del Pueblo, otro por la Agencia Española de Protección de Datos, otro por el ministro de Hacienda en representación de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y otro por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. A estos cinco vocales propuestos por entidades públicas se sumarán un diputado y un senador escogidos por Congreso y Senado, aunque el decreto no aclara cuál será el procedimiento para elegirlos.

En este caso, no es que la vinculación política no se haya prohibido para asegurar su independencia, es que se establece por ley. Los miembros de esta comisión serán nombrados por el Gobierno y a ellos no se les exige, como al presidente, “reconocido prestigio y experiencia profesional”.

Presupuesto: 1,9 millones

El decreto, como ya lo hizo la ley, aclara que la creación de este organismo no supone incremento neto de la estructura pública ni de personal, sino una “redistribución” de efectivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al que está adscrito. En concreto, los Presupuestos Generales del Estado para 2015 cuentan con un presupuesto de casi 1,9 millones destinado a “evaluación de la transparencia de la actividad pública”. De estos, más de un millón están destinados al pago de los salarios de los funcionarios que trabajen en el Consejo de la Transparencia. El presidente, por su parte, tiene asignado un sueldo de 54.640 euros anuales. Los miembros de la Comisión no recibirán salarios ni tendrán dedicación exclusiva.

El Estatuto establece, además, que las resoluciones del Consejo se publicarán en el Portal de Transparencia (del que aún no se conocen detalles) y que presentará ante el Congreso y publicará en el BOE una memoria anual que detalle el cumplimiento de la ley por parte de las administraciones públicas. El organismo deberá “articular mecanismos de participación” ciudadana, afirma el documento, que no aclara qué mecanismos ni cómo se pondrán en marcha.

El decreto no cumple con los estándares internacionales para para garantizar su independencia y eficacia (miembros profesionales, prohibición de vínculos políticos, poder suficiente para asegurar el derecho de los ciudadanos frente a las administraciones…), que detalló Access Info Europe. Así, su funcionamiento se aleja de las buenas prácticas registradas en organismos análogos de países como Escocia, Chile o Reino Unido.

A casi un mes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, el Gobierno tiene deberes pendientes: nombrar al presidente del Consejo y publicar el reglamento de la norma, un documento clave si tenemos que cuenta que algunas de las excepciones al derecho de acceso a la información (defensa de intereses económicos, el “secreto requerido en procesos de toma de decisión”) son poco concretas y, por lo tanto, fomentan una aplicación arbitraria del derecho de acceso a la información pública.

En Tuderechoasaber.es empezamos una serie de posts en los que vamos a intentar explicar en qué consiste la Ley de Transparencia para que estemos todos preparados para usarla a partir de su entrada en vigor el 10 de diciembre de 2014.

¿Cuándo entra en vigor la ley de transparencia?

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno consta de tres partes. Vamos a aclarar cuándo entra en vigor cada una de ellas y para qué instituciones:

–  La parte de Buen Gobierno en la que se detallan una serie de principios y sanciones para los funcionarios públicos, entró en vigor al día siguiente la publicación de la ley en el BOE, el 10 de diciembre de 2013.

– Las partes de transparencia  y acceso a la información entrarán en vigor en dos tandas:

  • El 10 de diciembre de 2014 entrarán en vigor las obligaciones de transparencia y acceso a la información para todos los organismos estatales.
  • El 10 de diciembre de 2015 entrarán en vigor las obligaciones de transparencia y acceso a la información para todos los organismos autonómicos y locales.

¿Qué aportan las leyes autonómicas y locales?

Además de la legislación estatal, cada Comunidad Autónoma y entidad local podrá tener una legislación propia sobre transparencia, basada en la legislación básica aprobada por la Ley 19/2013. En estos momentos ya se han aprobado algunas leyes autonómicas y locales y otras están siendo debatidas y aprobadas. Todas estas normativas tienen mucho en común, pero es importante conocerlas puesto que también existen algunas diferencias que afectan a la forma de solicitar información y a las obligaciones de publicación proactiva de información. Un ejemplo es el tiempo que tienen para contestar las solicitudes en cada lugar, variando desde los 15 días al mes.
Según vayan entrando en vigor las leyes de transparencia a nivel autonómico, desde Tu Derecho a Saber haremos una ficha por cada norma con la información clave de cada comunidad autónoma. Aquí puedes consultar el estado de tramitación de todas esas normas:

Leyes Transparencia CCAA by tuderechoasaber

Se ha dejado varias asignaturas para septiembre: el estatuto del Consejo de la Transparencia, el reglamento de la ley y el portal de la administración siguen siendo una incógnita para el ciudadano

El próximo 10 de diciembre entra en vigor el grueso de La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que se aplicará escalonadamente. Mientras que los principios que se han llamado ‘de Buen Gobierno’ (la previsión de sanciones para conflicto de intereses, las infracciones en gestión económico-presupuestaria) ya llevan casi un año en vigor, los organismos autonómicos y locales aún dispondrán de un año más para adaptarse a la obligaciones de la ley. Así pues, lo que entra en vigor el próximo 10 de diciembre son las disposiciones de transparencia de actividad pública para la Administración Central (el Título I de la ley: las obligaciones de proporcionar información, los principios de publicidad activa, la creación del portal de transparencia, la regulación del derecho de acceso a la información y también el ejercicio del mismo para poder formular solicitudes a las instituciones públicas) y el mandato del Consejo de la Transparencia (el Título III).

Sin embargo, pese a que las fechas se aproximan y a que el cambio normativo es complejo y será exigente con el cuerpo de funcionarios encargado de llevarlo a cabo, el Gobierno no ha informado todavía sobre los nuevos reglamentos que permitirán implementar la ley. Por eso, a tres meses de la entrada en vigor, Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio -las dos organizaciones que impulsamos la web Tuderechoasaber.es– hemos enviado una carta a José Luis Ayllón, Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, para preguntar por el estado de estas tareas de implementación.

Las dos organizaciones firmantes entendemos que el Gobierno aún tiene pendiente por completar al menos tres pasos y que debería informar públicamente sobre el estado de los mismos:

  • Presentar el Real Decreto con el que se dará a conocer el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Se trata de una norma especialmente importante porque definirá los requisitos que deben cumplir los candidatos a presidir este organismo, sus mecanismos de independencia y muchas otras cuestiones importantes para el desarrollo de su mandato. Según la propia ley, este reglamento debería haber sido aprobado en marzo de 2013, pero lo último que sabemos es que en las próximas semanas el Gobierno lo compartirá con el Consejo de Estado para recabar sus impresiones antes de hacerlo público.
  • El Gobierno debería dar a conocer lo antes posible el Reglamento con el desarrollo en detalle de la propia ley. Resulta clave porque debe definir de forma precisa cómo podrá solicitar cualquier ciudadano información a las instituciones públicas. Además, quizá pueda mejorar algunas restricciones del propio texto de la ley al llevarlas a la práctica diaria, como la exclusión de “notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos entre entidades administrativas”, que no podrán ser solicitadas (artículo 18).
  • En tercer lugar está la creación del Portal de Transparencia, que debería estar listo en diciembre para proporcionar información procedente de las administraciones de ámbito nacional.

Tanto la propia ley como todo su proceso de tramitación han sido muy criticados por expertos nacionales e internacionales y por la sociedad civil. Los principales motivos son no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, limitar su alcance casi exclusivamente a la información administrativa y por proponer un sistema de apelación muy poco garante para el ciudadano. El reglamento que aún está pendiente de aprobación podría paliar algunas de estas deficiencias, y por eso Access Info Europe y Civio pedimos más transparencia y participación de la sociedad civil en esta fase precedente de la entrada en vigor de la ley.

Más información:

  • Aquí puedes consultar la carta que hemos enviado a Secretario de Estado
  • Consulta el análisis de Access Info Europe sobre la Ley de Transparencia
  • Descarga un breve dossier de prensa con información esencial sobre la implantación de medidas de transparencia en España

Los ayuntamientos tienen el récord de silencio administrativo, a pesar de que la mayoría de las preguntas a entidades locales tratan temas inofensivos y de interés común para los vecinos.

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Imagen: Civio.es

Aunque la administración local es la más cercana al ciudadano, los ayuntamientos baten el récord de silencio administrativo en España. Hasta un 81% de solicitudes de información a entidades locales no recibió ningún tipo de respuesta en 2013.  Nada. Aunque la gran mayoría de ellas trataba sobre cuestiones tan inofensivas como el cuidado de las palmeras de una avenida,  el coste de un nuevo parque infantil o la solicitud de una audiencia con el alcalde, y aun así se quedaron sin contestación.

El año 2015 debería ser, sin embargo, el año de la transparencia en ayuntamientos y comunidades autónomas. En diciembre de ese año termina el plazo de entrada en vigor de la ley de transparencia a nivel local y autonómico. Hay, además, elecciones locales en mayo, lo que quizá acreciente el interés de las entidades locales por la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno.

Pero, ¿cómo responden los pocos que sí lo hacen? Mayoritariamente mediante evasivas, respuestas indefinidas y acuses de recibo. El caso de un ciudadano del municipio navarro de Sangüesa, de no más de 5.000 habitantes, es un claro ejemplo de que la cercanía no es sinónimo de transparencia. A la solicitud de información sobre un posible proyecto de minería en las afueras del municipio, el alcalde, en tono paternalista y campechano, contesta con evasivas y exige que se le pregunte mediante el formulario de la web del ayuntamiento. Este ciudadano insiste en preguntar a través de Tuderechoasaber.es para que la respuesta sea pública, algo que no pasa con el formulario oficial. El rifirrafe acaba, desgraciadamente, con el rechazo del alcalde a dar información.

Pero al menos hay rifirrafe. En otras ocasiones, la respuesta es excesivamente escueta y sin excusa alguna. Es el caso del ayuntamiento de Teror, en la provincia de las Palmas.  En 2011, el alcalde de la localidad fue imputado junto al arquitecto municipal, el secretario del Ayuntamiento y el abogado de la Oficina Técnica por un presunto delito urbanístico. Un ciudadano pregunta sobre el gasto en abogados de su defensa y una lista de imputados del ayuntamiento. La respuesta: “Buenas tardes, no es posible trasladar la información que usted solicita”. Ni excusa, promesa de respuesta o o ni siquiera un “vuelva usted mañana”. Simplemente un portazo virtual.

En algunas ocasiones, tampoco el procedimiento oficial hay éxito. Un ciudadano de Sant Feliu de Llobregat, presidente de su comunidad de vecinos, presentó dos instancias para tener una audiencia con el alcalde. Consiguió contactar con el ayuntamiento de forma oficial, le proporcionaron un número de registro y luego se olvidaron de él. Ante el silencio administrativo, acudió a Tuderechoasaber.es para insistir, esta vez, de forma pública. De nuevo silencio.

¿Es siempre así? A pesar de que la mayoría de las veces sí, existen casos positivos. La respuesta del concejal de festejos del municipio valenciano de Alfafar a una pregunta sobre los costes de las fiestas del pueblo, aunque finalmente fue analógica,  representa un buen ejemplo de vocación por la transparencia. Se comprometió a responder lo más rápido posible  (“sin ningún problema te lo preparo y te lo hago llegar”) e incluso se ofreció a hablar por teléfono o vía Facebook con el ciudadano. Finalmente envió la información en formato papel.

Tampoco tiene reparos en contestar solicitudes de información el alcalde de Hinojos, un municipio de Huelva de no más de 4.000 habitantes, que tiene abiertos varios grupos de Whatsapp para consultas de los ciudadanos.  Aunque aislados, estos casos positivos demuestran que el silencio administrativo es una elección, y no la consecuencia de preguntas complejas o solicitudes que se extralimitan. Responder sobre el coste de un parque infantil o las fiestas del pueblo debería estar a la orden del día.

Algunas instituciones ya retuercen la nueva norma aprobada por el Gobierno, que aún no está en vigor, y la emplean en sus justificaciones para denegar información a ciudadanos

Desde el momento en que aparece una nueva norma, hay personas que piensan y se las ingenian para poder evitarla. En Tu Derecho A Saber hemos reflejado toda clase de excusas que las instituciones ponen a los ciudadanos para no facilitar la información que éstos reclaman. Ahora con la ley a las puertas (la norma entra en vigor para las instituciones estatales en diciembre) está ganado adeptos una nueva, “no podemos facilitarte la información porque así lo establece la Ley de Transparencia”.

El contrato de defensa

El Consejo de Ministros aprobó el 02 de agosto de 2013 un acuerdo entre los ministerios de Hacienda y Defensa que reformaba en el techo de gasto de este último. Así, se autorizaba a Defensa a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros “en función de la necesidad de atender a reprogramaciones, ajustes de anualidades y nuevos proyectos correspondientes a Programas Especiales de Modernización”. Se trata del programa 122B de los Presupuestos Generales del Estado, que incluye las inversiones necesarias para cumplir los compromisos internacionales de España con la OTAN y con la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), pagos que se disputan empresas como Navantia, Santa Bárbara Sistemas o el consorcio EADS. En la rueda de prensa, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría destacó que esta reprogramación del gasto suponía un ahorro de hasta 7.000 millones de euros”

Un ciudadano, Bernardo, recurrió en diciembre a Tu Derecho A Saber para solicitar una copia del acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Con cinco meses de retraso, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos le remitió su respuesta, consensuada con el Ministerio de Hacienda. Solicitud de información rechazada. ¿Rechazada por qué? La respuesta dice así:

“Ahora bien, el artículo 14 de la citada Ley 19/2013 (de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno) establece determinados límites al acceso a la información. Entre éstos se encuentra el caso de que la información afecte a la defensa.”

Se trata de una lectura retorcida y arbitraria de lo que realmente dice el artículo 14, que es lo siguiente:

Artículo 14. Límites al derecho de acceso.
1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) La seguridad nacional b) La defensa c) Las relaciones exteriores d) La seguridad pública […]

 ¿Se aprecia la diferencia? Cuando “suponga un PERJUICIO. No se trata de una interpretación casual. Que “afecte a la defensa”, en general, es una excusa habitual de carteras como Interior y Defensa para denegar cualquier información sobre este ámbito, aunque no suponga ningún perjuicio. En países con una transparencia efectiva ya toman medidas para acabar con este abuso. En Escocia, la Oficina del Comisionado para la Información falla a favor del ciudadano si el ministerio no demuestra que publicar la información supondría un daño, pero no un daño cualquiera: un “perjuicio sustancial”, “un daño real, demostrable y significativo”. En México, por poner otro ejemplo, se debe demostrar un daño “presente, probable y específico” En caso contrario, prevalece el interés público y se actúa contra el ministerio por violar la Ley de Libertad de Información. ¿Actuará igual el futuro Consejo español para la Transparencia?

Para terminar de enterrar la solicitud de información de este ciudadano, el Ministerio de Defensa remite a la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968, que otorga “con carácter genérico, la clasificación de reservado a la adquisición, suministros y transportes de armamento, munición y material bélico, por lo que la información solicitada al estar relacionada con la adquisición de este tipo de material, no puede ser facilitada a quien no se encuentre facultado para tener conocimiento de ella”.

 MORALEJA: es necesario contar con un auténtico órgano de revisión independiente que se encargue de hacer cumplir la ley y ponga coto a estas arbitrariedades.

¿Quién convoca las concentraciones?

En abril otro ciudadano, David, pidió a la Delegación del Gobierno de Navarra conocer quiénes y en nombre de qué organizaciones habían convocado concentraciones en un día concreto en la localidad de Ansoain y qué resolución se había tomado. En este caso, el departamento de Derecho de Reunión recurrió tanto a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal como al artículo 15 de la Ley de Transparencia, que protege los datos personales si no se cuenta con el consentimiento expreso y por escrito del afectado.

Cuando el ciudadano solicitó de nuevo la información “omitiendo los datos de la persona comunicante” y acreditándose como parte interesada, la Delegación del Gobierno de Navarra ignoró su reclamación y guardó silencio administrativo.

MORALEJA: Como hemos alertado muchas veces en este blog, el carácter orgánico de la Ley de Protección de Datos Personales se impone nuestra débil Ley de Transparencia, por voluntad de quienes la han aprobado. Así, en casos como éste, donde no hay voluntad del funcionario para diferenciar una solicitud de datos personales de una mera petición de información, cada vez que una petición aluda de pasada a datos personales se denegará la respuesta.

Los currículos de altos cargos públicos

Eva solicitó en noviembre los currículos completos de cinco nuevos directivos del ente público Red.es, dado que los incluidos en la web del Ministerio de Industria “no cuentan con suficiente nivel de detalle”. Más de tres meses y medio después, el ente presumió de que la pequeña reseña laboral de sus directivos, apenas dos párrafos y sin entrar en detalle relativos a responsabilidades, tiempo en puesto u otra información relativa a su aptitud para el cargo, “da cumplimiento, por adelantado, al artículo 6.1 de la Ley 19/2013
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
 buen gobierno, según el cual: ‘Los sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones 
que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su
 estructura organizativa’”. En lugar de la información solicitada, adjuntaban enlaces al perfil de LinkedIn de cada uno. Pese a insistir, Red.es no facilitó ninguna versión completa de su experiencia laboral que permita valorar la idoneidad de sus nombramientos.

MORALEJA: La publicación de los currículos completos de los altos cargos debería ser un hecho generalizado, aunque la ley no obligue. Y siempre que quepa ambigüedad en ella, las instituciones se aferrarán a ella  no sólo para no responder sino, además, para tratar de convencerte de que cumplen con los estándares de transparencia exigidos.

Los organismos reguladores del acceso a la información en países con mejor rendición de cuentas están cargados de buenas prácticas y estándares de los que el Gobierno español debería tomar nota.

Anuncio de TV para divulgar el derecho a solicitar información en Escocia

Anuncio de TV para divulgar el derecho a solicitar información en Escocia

“Ocho años después de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información, podríamos esperar de las autoridades que fueran más eficientes a la hora de manejar las solicitudes, no menos”. Esta valoración tan severa procede de Rosemary Agnew, que desde 2012 dirige la Oficina del Comisionado para la Información de Escocia, el órgano de revisión que vela por el cumplimiento en ese país de la Ley de Transparencia. Cuando Agnew presentó su evaluación del año 2013, insistió en que, al tomar medidas, las instituciones escocesas “deberían recordar también que no responder no implica que la solicitud de información desaparezca, sino que crea un trabajo extra innecesario y aumentan los costes. Las solicitudes no satisfactorias generan quejas, revisiones y apelaciones a mi oficina, y dañan la reputación de una institución pública. La opción más eficiente es hacer las cosas bien a la primera”.

Estas declaraciones reflejan el tono y la autoridad con que trabaja un organismo regulador equivalente al futuro Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno de España. Además, el enfado de la comisionada escocesa estaba justificado. De las 594 apelaciones de arbitraje recibidas en 2013 (un 14% más que en 2012 y un 49% más que en el año 2008), el 30% estaban relacionadas con la ausencia de respuesta en el plazo máximo de 20 días establecido por ley. Datos que llevan a descartar un discurso complaciente con el Ejecutivo por parte de una autoridad estrictamente independiente.

Lo poco que sabemos del futuro Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno de España es lo que incorpora la ley. Su estatuto debía estar aprobado antes del pasado 10 de marzo, pero aún no ha llegado al Consejo de Ministros. Lo principal, que estará adscrito estructural y presupuestariamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Que constará de un presidente –nombrado por Hacienda, refrendado por el Congreso- y de una comisión. Y que ésta estará compuesta por el propio presidente, un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, uno del Defensor del Pueblo, uno de la Agencia Española de Protección de Datos, otro de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y finalmente uno más de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Con esta adscripción y composición, su naturaleza jurídica excepcional será la única garantía de independencia.

A expensas de una ley que no responde a las exigencias ciudadanas ni a las de organismos internacionales, es lícito preguntarse si este nuevo organismo demostrará la voluntad y la autoridad suficientes para tomar partido y hacer cumplir la ley cuando las administraciones incumplan sus obligaciones de transparencia con el ciudadano.

¿Cómo se salvaguarda el derecho de acceso en otros países?

Siguiendo con el ejemplo escocés, en 2013 el dictamen de la comisionada en los recursos de amparo ha sido perfectamente salomónico: reconoce haber arbitrado a favor del solicitante de información en el 37% de los casos, haber fallado a favor de las instituciones en otro 37% y haber dado la razón parcialmente a una u otra parte en los demás casos de arbitraje. Calculadamente o no, lo cierto es que cualquiera puede consultar una lista de las instituciones que han protagonizado más apelaciones, y este organismo informa sobre su actividad cada cuatro meses, publica sus cuentas y, quizá más importante, presenta una estrategia de trabajo a largo plazo.

En Irlanda, otro ejemplo, la Oficina del Comisionado de Información también se ha quejado de que las solicitudes de amparo a su departamento aumentan año tras año. En 2012 se pronunció a favor de las instituciones en el 45% de los  casos, en el 25% en contra de su razones para no facilitar la información solicitada, y en el 20% se alcanzó un acuerdo entre el solicitante y el cuerpo público.

Como en otros países, para estudiar las apelaciones de ciudadanos que no han recibido la información que requerían, el organismo de revisión de Escocia realiza un “test de daño”:  la administración debe demostrar que la divulgación de un documento o dato específico puede producir un daño concreto a un valor a un derecho protegido. Por ejemplo, no basta con alegar que un documento puede dañar la “seguridad nacional”. Hay que demostrarlo y ponderar si el interés público y el derecho de acceso prevalecen o no en cada caso concreto. En el caso de México, para el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) el daño debe ser “presente, probable y específico”. En Reino Unido, la Ley de Libertad de Información establece 23 excepciones a la publicidad de la información, la mayoría sujetas al “test de daño”.

Así, encontramos que en Escocia la comisionada determinó que, cuando un ciudadano no recibió respuesta al solicitar los detalles de la hospitalidad que el Primer Ministro ha recibido de determinadas compañías energéticas, la petición merecía una respuesta apropiada de acuerdo a derecho y al interés público. También conminó a un ministerio a responder al ciudadano que solicitó información sobre las reuniones del Ejecutivo con empresarios y editores de medios de comunicación, o las comunicaciones intercambiadas entre la oficina del Primer Ministro y el magnate Donald Trump.

En el caso de Chile, el Consejo para la Transparencia determinó que los emails enviados por un ministro desde la cuenta institucional de un órgano del Estado eran información pública a la que cualquier ciudadano tenía derecho a acceder. Así se decidió incluso con el voto contrario, en minoría, del presidente del Consejo para la Transparencia. Finalmente, el Tribunal Constitucional de Chile falló en contra de publicar los correos, pasando por encima de la Ley de Transparencia.

Por su parte, la Oficina del Comisionado de Información de Reino Unido se ha pronunciado desde 2005 en más de 6.000 casos, quejas, solicitudes de amparo y arbitrajes relacionados con solicitudes de acceso a información. Además, posee poder legal vinculante para imponer a una institución pública la obligación de responder a un ciudadano, aunque ésta puede ser apelada ante la Cámara General de Regulación. Así, se ha posicionado de parte del ciudadano para dirimir el  papel y responsabilidades del Ministro de Hacienda durante su asistencia a la última reunión del ‘Club Bilderberg’, o sobre qué asesoramiento legal recibió el gobierno británico para intervenir militarmente en Kosovo en 1999. En este caso, el comisionado instó a la oficina del fiscal general a confirmar o desmentir si poseía esta información y, en tal caso, a hacerla pública.

¿Seguro que no posee más información?

En España, según demuestra el Informe Tuderechoasaber.es 2013, las instituciones alegaron no poseer la información solicitada en el 11% de las peticiones. En Escocia, para comprobar si esto es cierto, cuando una institución alega no poseer más información y el solicitante pide amparo, la Oficina del Comisionado para la Información investiga a fondo del caso.

Sucede lo mismo si la administración responde que recabar todos los datos solicitados podría ser demasiado engorroso o caro, como en esta petición en Escocia sobre el coste, preparación y correspondencia completa de 6 meses sobre un viaje del Primer Ministro escocés a China. Cuando el coste de responder excede el límite de £600, la institución puede justificar su postura. El comisionado investigó a conciencia los costes por hora de trabajo de 80 funcionarios en 13 departamentos para reunir todos los datos. Se calculó que la tarea implicaría unas 90 horas de trabajo. Considerando la menor escala salarial, el comisionado estimó en £663 el coste exacto de cumplir con la solicitud, así que eximió a la administración de tener que responder. Sin embargo, la investigación sirvió para desvelar que el coste real era la mitad del que en principio cuantificaban las instituciones para no tener que responder.

La influencia de los lobbies, sujeta al interés general

Al contrario que en España, donde la actividad de lobbies y grupos de interés permanece totalmente desregulada, en Reino Unido se considera que es de interés general para la buena gestión pública. Su comisionado dictaminó que los emails intercambiados entre el asesor de Sanidad del Primer Ministro y el director de la empresa NHS Partners Network debían ser públicos. En aquel caso, el comisionado halló “interés general en el hecho de poder comprender el papel de los lobbistas y su relación con el gobierno, y esto incluye a) comprender las mecánicas de Lobbying y b) la relación entre el gobierno y un lobista particular, así como la influencia que éste ejerce”. También existe interés público en el “escrutinio de la honradez de los funcionarios públicos”. Por eso se ampara el derecho ciudadano a conocer los gastos de los asesores especiales del Primer Ministro.

Con sus propios defectos, los organismos reguladores del acceso a la información en otros países están cargados de buenas prácticas y estándares internacionales de las que el Gobierno español podría tomar nota. Si no lo hace, como pasó entonces con el redactado de la ley, en este caso tampoco tendrá ninguna excusa aceptable.