CAMPAÑAS

El pasado 28 de septiembre, con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, convocamos un “maratón” de solicitudes de información para animar a la ciudadanía a preguntar a las instituciones y ejercer su derecho. Junto con el Consejo de Transparencia y Access Info Europe, habilitamos un sencillo formulario para que cualquier persona pudiera solicitar información sin restricciones técnicas, canalizando nosotros mismos sus preguntas.

A lo largo de la jornada, 90 ciudadanos nos enviaron más de 160 solicitudes de información dirigidas a la ministerios, diputaciones, ayuntamientos y otros organismos públicos. Las instituciones más preguntadas por los ciudadanos fueron ministerios (43,2%), ayuntamientos de toda España (16,7%), diferentes consejerías de Castilla y León (9,9% de las solicitudes) y Madrid (5,6%) y la Universidad de Salamanca (7,4%). De todas las solitudes recibidas durante ese día, aún nos quedan algunas por remitir a las instituciones. Lo haremos a lo largo de estas semanas, informando al solicitante de todo el proceso.

Como preveíamos, a excepción de las 70 preguntas formuladas a la Administración General del Estado –que son canalizadas mediante el Portal de Transparencia del Estado–, cada petición enviada a un organismo diferente supuso, además de una inversión importante de tiempo, una adaptación al sistema propio de cada institución. En ocasiones se trataba de un email, un formulario o de un sistema de identificación integrado en su sede electrónica.

La disparidad de los requisitos técnicos de cada plataforma complica el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Entre aquellos organismos a los que enviamos preguntas durante la jornada, algunos usaban formularios relativamente sencillos, como los de los ayuntamientos de Madrid o Barakaldo, AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) o el del Parlamento de Andalucía, aunque este último no sea de fácil acceso.

En el otro extremo están los portales que no están adaptados a todos los sistemas operativos –es decir, si utilizas iOS no puedes preguntar de forma telemática a todas las administraciones públicas–, portales que utilizan sedes electrónicas, con o sin mención al derecho a saber, o que requieren la instalación de credenciales o extensiones diferentes. El más restrictivo de los casos que encontramos fue el del Ayuntamiento de Málaga, que solo admitía peticiones de información entregadas en persona. Esto es contrario a la propia Ley de Transparencia, que contempla la tramitación del derecho a saber por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información solicitada y una dirección de contacto para dar respuesta (artículo 17.2 de la Ley).

La participación, más alta de lo previsto, también demuestra que cuando la ciudadanía cuenta con formas fáciles y rápidas de pedir información y de interactuar con las administraciones públicas, las utiliza.

Queremos agradecer a las personas que se acercaron a la sede del Consejo de Transparencia para recibir información, conocernos y saber más sobre esta iniciativa. Tuvimos el placer de contar con un diputado de la Asamblea de Madrid; de conocer a ciudadanos con un gran interés por el buen funcionamiento de las instituciones; a personas interesadas en colaborar en nuestros proyectos; a profesionales del sector público que, desde dentro de la administración, responden a las preguntas de los ciudadanos. También contamos con un miembro de una organización social que vino en persona a ejercer su derecho a saber y con un periodista que acudió para plantear sus dudas a los profesionales del Consejo de Transparencia.

Gracias al Consejo de Transparencia por albergar esta iniciativa y a todos los participantes por su implicación. Seguiremos trabajando para tratar de que el ejercicio del derecho a saber sea más conocido y accesible a todos los ciudadanos.

  • El Consejo de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos han publicado un criterio interpretativo sobre el derecho de acceso a datos personales de los participantes en estas reuniones
  • Responden a múltiples solicitudes de información sobre este asunto
  • El problema sigue siendo que las administraciones públicas no guardan información sobre sus reuniones de forma constante y estructurada

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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) ha publicado hoy un criterio conjunto de interpretación de la Ley de Transparencia centrado en aclarar si prevalece el derecho de acceso o la protección de datos a la hora de responder a solicitudes de información sobre asistentes a reuniones con cargos públicos. La conclusión general es: cuanta más responsabilidad tenga el participante, más derecho tenemos a conocer su nombre, también en entidades privadas.

Ambos organismos responden así a multitud de reclamaciones presentadas ante la negativa de dar nombres de los participantes en reuniones públicas, como las presentadas desde Civio (aquí y aquí), entre otras. Aunque cualquier dato identificativo se puede tratar como dato personal protegido, este criterio pondera este derecho con el de interés público.

Así, establece que, ante solicitudes de información de asistentes a reuniones de un cargo público en el ejercicio de sus funciones, se podrán dar los nombres de todos los altos cargos presentes, tanto por la parte pública como por la privada (empresas o asociaciones).

En concreto, en lo público, se podrá responder a la solicitud con los nombres de quienes tengan, al menos, nivel de subdirector general, subdelegado del gobierno provincial, directores de agencias estatales, entes y otros organismos públicos. De ahí para arriba. En el caso del personal eventual, se sumarán los nombres de aquellos que incidan en la toma de decisiones.

Para la parte privada, ambos organismos tienen en cuenta aquella información que ya es pública por otras vías, como quién es el administrador de una empresa, vía registros mercantiles. Así, establecen que se pueden dar los nombres de los participantes que sean administradores, miembros de los órganos de gobierno o dirección o altos directivos o asimilados. Eso sí, permite que se omita el nombre y firma en la que trabajan de los asesores externos de las compañías.

¿Quiere decir que podremos saber todos esos nombres de participantes en reuniones? En la mayoría de los casos, aún no. Como se recuerda en el texto de este criterio y pudimos comprobar en primera persona después de que se nos negara la información sobre los encuentros de altos cargos en todos los ministerios, esto aplica a la información que existe en cada organismo. Es decir, a la que tengan guardada y consolidada. Y, según aseguraron todos los departamentos, no tienen esa información. Ningún ministerio, aseguran, tiene una agenda de sus altos cargos que contenga toda esa información.

Así, aunque ya sabemos qué está protegido y qué no, la clave es que las administraciones guarden esa información de cara a permitir el escrutinio público. El CTBG está trabajando en un informe sobre qué debería ser una agenda para la transparencia y desde Civio ya hemos aportado nuestras recomendaciones. Ahora solo necesitamos voluntad política para que el concepto de rendición de cuentas se abra paso.

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La Coalición ProAcceso , formada por más de 60 organizaciones y actores de la sociedad civil, hace un llamamiento a las distintas fuerzas políticas españolas para que asuman, de cara a las próximas elecciones generales del 26 de junio, un firme compromiso que garantice el pleno derecho de acceso a la información en España y la transparencia de lo público ajustándose a los 10 principios defendidos por la Coalición desde el año 2006.

Estas organizaciones instan a las principales fuerzas políticas a incluir en sus programas como área de reforma prioritaria las necesarias mejoras en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno para que se adecue a los estándares internacionales.

Las limitaciones de la actual Ley han sido puestas de manifiesto en numerosas ocasiones, evidenciando que es una ley a todas luces insuficiente para poder garantizar el acceso a información como un derecho fundamental. Sin embargo, los principales actores políticos de este país no han abordado durante estos meses el tema en profundidad. Los compromisos y las propuestas de mejora han sido parciales y poco ambiciosas.

En un contexto de descrédito las instituciones y de desafección ciudadana ante la labor política e institucional, consideramos esencial y urgente emprender el camino hacia una clara y definitiva mejora de la ley de transparencia para recuperar la confianza de los ciudadanos.

Por ello, hoy recordamos nuestro decálogo como principios fundamentales que toda legislación en materia de acceso a la información es esencial que recoja:

1. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona.
2. El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.
3. El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.
4. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.
5. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.
6. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción.
7. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.
8. Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
9. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.
10. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.

Llamamos a los candidatos y sus partidos a incluir estos principios en sus prioridades para velar por que se consolide el derecho a la información en España y a garantizar, tanto en materia legal como en la práctica unas instituciones transparentes y abiertas para una ciudadanía informada. Para ello es esencial que, además de asumir los principios de la Coalición ProAcceso, se incluyan las propuestas electorales programas de acción y en los presupuestos para educar y formar al público y a los funcionarios sobre el sentido, utilidad y uso de la Ley de Transparencia.

La imposición de sistemas complejos de identificación, y en decenas de portales con distintas diferentes características técnicas, ha motivado esta decisión.

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El portal pro-transparencia Tu Derecho a Saber nació a finales de 2011 para facilitar que cualquier persona pudiera enviar solicitudes de información a cualquier institución pública española. Aunque el derecho a acceder a información pública aún no estaba reconocido por ley, entonces ya era una demanda social inaplazable, así que Access Info Europe y la Fundación Civio, con muchísima ayuda y colaboración, nos unimos para empezar a extenderlo.

Con Tu Derecho a Saber tratábamos de atajar varios factores que dificultaban el proceso de pedir información a las instituciones: una persona cualquiera, al no conocer las solicitudes de otras, podía no saber bien qué cuestiones podría preguntar, o cómo hacerlo, o cuál era el organismo adecuado. O podría no tener los datos de contacto de la persona responsable en este organismo, o no saber si el plazo de respuesta ha expirado y cómo reclamar. Como hacer todo esto uno mismo, en privado, podía resultar desmoralizante y generaba indefensión, Tu Derecho a Saber estaba específicamente diseñada para reducir esa brecha entre las administraciones y la sociedad. La web contenía los datos de contacto de cada organismo y enviaba la solicitud por correo electrónico. Después, tanto las solicitudes de información como las posibles respuestas quedaban abiertas al conocimiento público.

Desde marzo de 2012, Tu Derecho a Saber ha canalizado más de 1.800 solicitudes de información, poniendo unos 900 organismos y administraciones públicas al alcance de un solo click. También ha sido el eje de la labor de control y monitorización que tanto Civio como Access Info Europe hemos realizado sobre la transparencia de las instituciones cuando no existía ningún otro medio para obtener datos. La información recabada gracias esta plataforma (un silencio administrativo del 54% en 2012; del 57% en 2013; del 42% en 2014) ha sacado la luz la verdadera cara de las instituciones a la hora de responder a los ciudadanos. 385.000 usuarios únicos han consultado la plataforma en este tiempo, y muchos miles más han conocido los entresijos de la tramitación de la Ley de Transparencia, sus limitaciones y las de su implementación a través del blog de Tu Derecho a Saber.

Un muro administrativo y técnico entre la administración y el ciudadano

El 10 de diciembre de 2014, el mismo día de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, paradójicamente, comenzaron las dificultades para Tu Derecho a Saber. Las dos organizaciones responsables lo supimos en cuanto tuvimos acceso por primera vez al Portal de Transparencia (un día después que la prensa, dicho sea de paso): “Se cumplieron los peores pronósticos. Los obstáculos para ejercer nuestro derecho a solicitar y recibir información son más y más férreos de lo que esperábamos”. El Gobierno, al desestimar el correo electrónico (el canal más sencillo, ágil y accesible para solicitar información), había optado por colocar una barrera administrativa y técnica que sigue siendo infranqueable para muchos ciudadanos: la exigencia de identificarse mediante un certificado digital, un DNI electrónico o mediante una clave personal obtenida a través del móvil.

Al quedar relegadas las comunicaciones por correo electrónico, y ante la imposibilidad de adaptar técnicamente la plataforma para franquear esta barrera, nos hicimos una pregunta obvia, la misma que los usuarios de la plataforma: si seguimos enviando solicitudes de información desde Tu Derecho a Saber a los poderes públicos, ¿nos responderán?

Tu Derecho a Saber ha seguido cumpliendo su función durante 2015 ya que algunos organismos nacionales (reguladores, embajadas, delegaciones del Gobierno), autonómicos y locales seguían admitiendo solicitudes de información vía email. Lamentablemente, en estos últimos meses, cada vez menos lo hacen. Alegando que el email no es la vía establecida para preguntar a la administración, son mayoría los organismos que deniegan la respuesta. A medida que las instituciones se adaptaban a sus nuevas obligaciones de transparencia, la identificación electrónica y los formularios propios se han consolidado como el ‘peaje a pagar’ por el ciudadano, en detrimento del correo electrónico.

Intentando, en balde, revertir la situación

Para sortear estas barreras, desde febrero de 2015 hemos estado canalizando manualmente desde Tu Derecho a Saber al Portal de Transparencia todas las preguntas a la Administración General del Estado (AGE), y haciéndolas públicas en la plataforma, como hasta entonces. Un trabajo y un esfuerzo ingente al que cada día hemos dedicado varias horas de trabajo. En total, hemos hecho llegar a las instituciones 146 solicitudes de información de otras personas usando nuestro propio certificado, en una medida que debía ser temporal.

En paralelo, de nada sirvió que el Consejo General del Poder Judicial rechazara exigir a los solicitantes de información que se identifiquen, por respeto a los estándares internacionales (“priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano”) y accediera a responder por correo electrónico. Tampoco ha servido recordar que este sistema había ocasionado problemas en la declaración del IVA, o elevar la queja a la Defensora del Pueblo, a los medios de comunicación (como en este y este caso), al Consejo de Transparencia y al propio Ministerio de Presidencia, a través de las recomendaciones al reglamento de la ley que hemos formulado tanto Civio como Access Info Europe.

Por todos estos motivos, hemos decidido cerrar indefinidamente la web de Tu Derecho a Saber.

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Miembros de Access Info Europe y de Civio, de duelo

¿Y ahora?

Hoy, el día en que las obligaciones de transparencia entran en vigor para entes autonómicos y locales, la web de Tu Derecho a Saber pasa a negro. Las más de 1.800 solicitudes (y las respuestas recibidas) no se perderán, solo dejan de estar disponibles por unos días. La plataforma de envío se cierra, pero el proyecto no termina aquí. El blog de Tu Derecho a Saber, que se ha convertido en la fuente de referencia sobre el Acceso a la Información en España, seguirá activo y en él os seguiremos informando sobre la implementación de la Ley de Transparencia en las distintas administraciones.

A lo largo del próximo año, tanto Access Info Europe como Civio vamos a presionar más si cabe para que se simplifique el procedimiento de solicitar información a cualquier institución con un objetivo de máximos: que se permita preguntar y responder por correo electrónico. Lograrlo supondría un avance extraordinario para el Derecho de Acceso, el alineamiento con los estándares que aplican otros países y, además, una oportunidad para reflotar Tu Derecho a Saber. Por eso, seguiremos colaborando activamente con todas las instituciones para lograr juntos una mejor implementación del Derecho de Acceso a la información pública. Entre tanto, te animamos a permanecer atento a través de nuestros canales sociales (en Twitter y Facebook), del boletín y del blog.

Muchas administraciones afirman (y más que lo harán) que ya son transparentes. Solo tú, pidiendo información al amparo de la Ley de Transparencia, puedes comprobar si eso es cierto. Nosotros lo tenemos claro: solo existe transparencia si recibes la información que solicitas. Por eso está en tu mano iniciar este camino. El derecho a saber comienza con el deber de preguntar.

Gracias por hacer esto posible

A los patrocinadores, micro-financiadores, entidades colaboradoras y a todos los que hicieron posible o participaron en la creación y madurez de este proyecto.

A MySociety y toda la comunidad de organizaciones que gestionan portales pro-transparencia basados en Alaveteli, como Tu Derecho a Saber. Con su esfuerzo, han canalizado cerca de 315.000 solicitudes de información en más de 25 países. Compartir problemas y soluciones resulta imprescindible para continuar avanzando.

A las organizaciones, movimientos sociales y particulares que han usado la web para iniciar sus propias campañas de acceso a la información, ya sea sobre las subvenciones a eventos taurinos, el coste de los portales de datos abiertos, los gastos de cada ministerio en asesores, los informes tras la privatización del Canal de Isabel II, los protocolos policiales en manifestaciones, la financiación de los partidos o los documentos sobre el supuesto impacto de EuroVegas.

Y, muy especialmente, gracias a los usuarios de Tu Derecho a Saber. Ellos han lidiado contra un muro de la opacidad y el silencio administrativo. Cada una de vuestras preguntas a un organismo público es un granito de arena que sirve para demostrar que la transparencia es importante para nosotros. Muy importante. Sois un ejemplo para todos.

Una campaña de Access Info Europa para obtener esta información ha recogido hasta el momento siete respuestas plenamente satisfactorias, seis respuestas parciales o imprecisas y seis silencios

A lo largo de 2013 Access Info Europe puso en marcha una serie de 19 solicitudes de información para conocer el coste de creación y mantenimiento de los numerosos portales de datos abiertos que estaban aflorando en España. En total contactó con diez gobiernos autonómicos, siete ayuntamientos, una entidad nacional y una universidad.

La campaña se saldó con siete respuestas plenamente satisfactorias, seis respuestas parciales o imprecisas y seis silencios.

Gracias a las primeras conocemos información sobre la creación, el mantenimiento y el personal de los portales de datos abiertos del Gobierno de Navarra, el Gobierno Vasco, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Castilla La Mancha, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. La Generalitat de Cataluña remitió al solicitante a un formulario estándar en lugar de responder a través del medio solicitado. Access Info continuó la solicitud por esa vía y obtuvo la información completa.

Las respuestas de la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias, los ayuntamientos de Pamplona, Lleida y Barcelona, y la del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (responsable del portal nacional datos.gob.es) no aclaran algunos de los puntos solicitados o lo hacen de un modo vago. Aún así los resultados nos acercan al funcionamiento de estos portales.

El Gobierno de las Islas Baleares, la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Badalona, San Boi y Gijón, directamente, no respondieron.

Los resultados obtenidos arrojan un mapa diverso. La mayor parte de los portales fueron creados y son mantenidos a través de recursos propios de la administración correspondiente, que afirma que el lanzamiento no supuso costes adicionales. Los portales de la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de España, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno Vasco fueron los más caros, todos por encima de los 100.000 € de inversión inicial. En general, los costes de mantenimiento de los portales son bajos y la mayor parte de los portales sólo requieren una o dos personas trabajando a tiempo completo. Una muestra más amplia de casos arrojará datos más concluyentes sobre el gasto y el funcionamiento de los portales en los distintos niveles de la administración.

En 2014 Access Info ha comenzado una segunda ronda de solicitudes de información para cubrir los nuevos portales que siguen proliferando, cada vez más en la administración local. Los resultados iniciales continúan la línea de los anteriores y serán analizados en profundidad en sucesivos informes.

Los anuncios de licitación de estos contratos suelen incluir información sobre la distribución entre prensa, radio y televisión, pero no qué medios reciben más o menos inserciones.

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En 2013, el gasto previsto en publicidad institucional sólo de la Administración General del Estado era de 33 millones de euros. Para 2014, el mismo plan de medios prevé realizar 72 campañas, con un coste total de 42 millones. Ante estas cifras, sumadas al gasto de comunidades autónomas y entidades locales, el interés por el reparto de los anuncios en los distintos medios de comunicación es creciente. De hecho, una de las polémicas del año surgió cuando se hizo público el reparto de anuncios en medios de comunicación de la campaña contra la violencia de género, en el que medios con mucha menos difusión como La Gaceta recibieron más inserciones que otros como 20 Minutos.

Los anuncios de licitación de estos contratos suelen incluir información sobre la distribución entre prensa, radio y televisión, pero no qué medios reciben más o menos inserciones. Esa información, que no se hace pública, ha sido objeto de una docena de preguntas en Tuderechoasaber.es. Ocho de ellas, dirigidas a la DGT, la Agencia Española del Medicamento o el Tesoro Público, entre otros, obtuvieron la callada por respuesta.

En algún caso, como pasó con un una solicitud a la Comunidad de Madrid, las administraciones jugaron a pasarse la pelota entre ellas para acabar remitiendo a los pliegos del contrato, aunque no incluyeran la información por la que se preguntaba. De entre todas esas preguntas, sólo una obtuvo una respuesta válida. Gracias a ella pudimos saber que la Generalitat repartió los anuncios sobre su portal de transparencia sólo entre medios catalanes y sin tener en cuenta la audiencia.

Desde hoy, más opacidad

Si hasta ahora la información que los ciudadanos podían obtener de este tipo de contratos era escasa, con el nuevo modelo que publica hoy el BOE lo será aún más. El nuevo acuerdo marco para la compra de espacios en medios para la publicidad institucional de la Administración General del Estado establece que las administraciones públicas que deseen publicar una campaña en medios podrán enviar su propuesta a las empresas elegidas en el acuerdo marco y seleccionar la oferta de una de ellas. Sólo “si lo estiman oportuno” (artículo 198 4.f de la Ley de Contratos del Sector Público) publicarán la adjudicación del contrato, así como sus características detalladas (objetivo de la campaña, coste, medios preferentes…).

La organización denuncia que ninguna institución de la comunidad hace pública su financiación de la tauromaquia y exige que los ciudadanos puedan acceder a toda la información detallada.

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La plataforma ‘Galicia, Mellor Sen Touradas‘ ha puesto en marcha la primera campaña a favor de la transparencia en el uso de dinero público para subvencionar corridas de toros en el territorio gallego. Para llevarla a cabo, esta organización ha formulado varias solicitudes de acceso a través del portal Tuderechoasaber.es para exigir a los consistorios gallegos que hagan pública la información detallada de las partidas presupuestarias que destinan a la celebración de eventos taurinos.

La organización ya ha registrado seis solicitudes de información a las instituciones que destinan financiación pública a festejos taurinos, como los municipios de Sarria, Padrón, Muíños y A Coruña. Todas las peticiones pueden consultarse www.taurosubvenciones.info. Rubén Pérez, portavoz de ‘Galicia, Mellor Sen Touradas’, ha calificado de lamentable que “los ciudadanos desconozcan cuál es el montante real de los subsidios. Ciudadanos que pagan sus impuestos y que tienen derecho a saber en qué se dedica su dinero”.

Descarga aquí su nota de prensa (.pdf)

Para obtener más información:

Más campañas en Tuderechoasaber.es

En Tuderechoasaber.es queremos que todos, particulares, asociaciones y movimientos ciudadanos, ejerzan su derecho de acceso a la información. Si quieres iniciar una campaña de acceso a la información con nosotros, escríbenos a contacto@tuderechoasaber.esAquí puedes conocer otras campañas.

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  •  Castilla y León acoge 40 de los 62 experimentos solicitados por empresas
  • Las organizaciones denuncian que el Gobierno da la información cuando la mayoría de los experimentos ha finalizado

Madrid 13 de noviembre de 2013– Amigos de la Tierra, Access Info Europe, COAG, Plataforma Rural y Red de Semillas  han publicado hoy el mapa con la ubicación exacta de los campos experimentales con transgénicos (también se puede consultar el mapa). El Gobierno ha proporcionado la información a las organizaciones fuera de plazo, cuando la mayor parte de los experimentos han finalizado. Los experimentos al aire libre con cultivos transgénicos presentan elevados riesgos ambientales y sanitarios. Ante los numerosos casos de contaminación en todo el mundo las organizaciones solicitan al gobierno mayor transparencia y rigor en torno a los transgénicos.

Esta información se ha obtenido a través de una solicitud de acceso a la informaicón y forma parte de una campaña en tuderechoasaber para mejorar la transparencia de campos de transgénicos en España, hay más solicitudes sin respuesta que puedes apoyar (localización de campos y localización de parcelas donde se liberan organismos modificados genéticamente). España se ha convertido en el campo de experimentación de las multinacionales del sector debido a que el Gobierno ha ocultado su localización exacta. Así España acoge el 67% de todos los experimentos realizados en Europa. También ha sido el lugar elegido por la empresa británica Oxitec para la primera liberación de moscas transgénicas en todo el mundo, experimento aún pendiente de autorización.

Mientras el resto de países europeos publican esta información en páginas web oficiales, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha ocultado durante muchos años esta información. “La transparencia es imprescindible para que se produzca un debate serio sobre el uso de los transgénicos. Al proporcionar la información tarde el Gobierno ha incumplido con el Convenio de Aarhus y con la ley de acceso a la información ambiental”, afirmó Victoria Anderica de Access-Info Europe.

El 80% de las solicitudes de experimentación en España son realizadas por empresas multinacionales, con Bayer a la cabeza con dieciséis solicitudes, seguida por Monsanto y KWS con seis experimentos cada una. “Tanto Bayer como Monsanto tienen un conocido historial de escándalos de contaminación: en 2006 fue el arroz de Bayer el que invadió la cadena alimentaria, este año ha sido el turno de Monsanto, responsable del caso de la contaminación con trigo que puso patas arriba el mercado mundial de trigo el pasado verano”, añadió Blanca Ruibal responsable de Agricultura y Almentación de Amigos de la Tierra

La mayor parte de los experimentos solicitados en 2012 y 2013 por las empresas biotecnológicas han tenido lugar en ubicaciones desconocidas de Castilla y León, muchos de ellos con remolacha transgénica. “El cultivo de la remolacha es muy importante en la región. Los agricultores no queremos experimentos con remolacha transgénica, si se contaminan nuestros cultivos tendríamos serios problemas para comercializar nuestra producción”, afirmó Prisciliano Losada, Secretario Técnico de COAG Castilla y León.

El riesgo de contaminación es muy alto en el caso de la remolacha, debido a que es una planta cuyo polen alcanza grandes distancias. Aunque no es autóctona, existen poblaciones asilvestradas de remolacha en muchas zonas.

“Los transgénicos no benefician al campo. Un medio rural vivo solo es posible con una agricultura respetuosa con el medio ambiente, diversa y de pequeña escala. Los transgénicos representan el modelo opuesto, solo benefician a las grandes multinacionales mientras los campesinos y campesinas tienen que abandonar el campo” añadió Jerónimo Aguado de Plataforma Rural.

Las organizaciones  denuncian también la ausencia de información por parte las Consejerías de Agricultura de las Comunidades Autónomas que tiene la competencia de aprobar la realización de campos experimentales en sus territorios. Su gestión se caracteriza al igual que el gobierno central por la opacidad. Las organizaciones demandan que en cumplimiento de la ley esta información se publique directamente por la administración

Proponemos a los ciudadanos que contacten directamente con un senador conocer públicamente su opinión sobre la Ley de Transparencia y saber si está dispuesto a proponer mejoras en la misma

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El día 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho a Saber y lo queremos celebrar. España está aprobando en estos momentos una Ley de Transparencia (¡por fin!) y la sociedad civil está siguiendo este proceso muy de cerca para conseguir que esa norma esté a la altura de las mejores leyes del mundo.

Sin embargo, tras pasar por el Congreso de los Diputados, la ley no es buena. Seguiremos sin poder saber cómo toman sus decisiones los políticos, un ejemplo representativo es la pregunta de si es más barato privatizar la sanidad o por qué hay que pagar una tasa por generar energías renovables.

Ahora le toca al Senado decidir el futuro de la transparencia, por eso vamos hablar con nuestros senadores.

Poder contactar con un/a senador/a y ayudar a mejorar la Ley de Transparencia no es difícil:

  1. Elige a un/a senador/a de tu provincia y ponte en contacto con él/ella directamente a través de esta página. Puedes intentar quedar en persona o directamente enviar un mail (marca en esta lista el senador que elijas).
  2. Explícale por qué queremos cambios en la Ley deTransparencia (a continuación encontrarás una propuesta de mail que puedes usar para imprimirlo y dárselo en persona o enviárselo o simplemente para tener más información y hablar con tu senador/a)
  3. Pregúntale cuál es su postura y cuéntanos qué te ha dicho (puedes contárnoslo en la misma lista donde apuntamos todos los nombres)

¡Cuantas más personas hablemos con los senadores podremos conseguir un compromiso para mejorar la transparencia en España!

Si apoyas la campaña, difúndela en Facebook, Google+, Twitter, identi.ca… con el hashtag #senadotransparente

Si quieres saber más, sigue leyendo.

Nueve años esperando una ley de acceso a la información

Hace 9 años que se prometía en España por primera vez la aprobación de una ley de acceso a la información. Desde entonces la sociedad civil, a través de la Coalición Pro Acceso y otras organizaciones, ha luchado por defender que la futura norma garantice el derecho de acceso a la información y que España sea uno de los países con mejores leyes de transparencia.

Por fin hay un Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que acaba de pasar su primera etapa parlamentaria y se ha enviado al Senado.

El problema es que esta ley está lejos de ser “vanguardista” tal y como prometía el Gobierno del Partido Popular y es, en realidad, una ley débil que dejaría a España en la posición 72 de 96 países con leyes de transparencia en el mundo, según el análisis de la Organización Access Info Europe (puedes leer el análisis aquí).

¿Qué podemos hacer?

Durante todos estos años la sociedad civil ha mantenido reuniones con los diferentes gobiernos y con los diputados para presentarles nuestro punto de vista (definido en los 10 principios de la Coalición Pro Acceso y basado en los estándares internacionales en la materia). Ahora vamos a hablar con los senadores.

Lo cierto es que hasta la fecha no hemos tenido suerte y nuestro mensaje no ha calado. Si bien el Proyecto de Ley de Transparencia ha mejorado en algunos aspectos desde que se presentó como anteproyecto el día 26 de marzo de 2012, estas modificaciones no van en la línea con lo que pedía la sociedad civil y se han limitado a introducir algunos “cambios cosméticos”, tal y como señalaba la OSCE en su análisis del texto español.

El Senado, al igual que el Congreso de los Diputados, es una institución en la que reside la soberanía del pueblo español, ejercida a través de los senadores elegidos por las personas con derecho a voto.

Mucha gente opina que el Senado no sirve para nada, pero eso no es cierto. El Senado interviene en la elaboración de las leyes y puede realizar cambios importantes. Por eso vamos a hablar con ellos.

Elige un/a Senador/a de la lista y ponte en contacto con él/ella a través del correo electrónico, Twitter, Facebook, por teléfono o incluso solicita una entrevista cara a cara (los datos de contacto también están en la lista).

La idea es entregarles la documentación donde se dan argumentos a favor de una mejor Ley de Transparencia y comentarla con ellos/ellas. Queremos que los senadores se expresen públicamente su opinión y nos digan si van a proponer cambios sustanciales a la futura ley. Cuando consigas una respuesta, por favor háznoslo saber para tener un mensaje unificado a favor de la transparencia.

¿Qué vamos a pedir? 

Además de entregar el análisis de la ley desarrollado por Access Info Europe (puedes encontrarlo aquí), hay algunos puntos que consideramos esenciales para conseguir una garantía del derecho de acceso a la información.

1. El reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental.

2. Que la ley no excluya de su alcance tipos de información.

3. Que el organismo que vigile la transparencia sea independiente y tenga poder vinculante

A continuación te proponemos un texto en el que desarrollamos estos tres puntos que puedes usar para mandarlo en un email a tu senador/a o te puede servir de guía para preparar tu propio texto. Versión en .doc y en .pdf.

¿Por qué queremos participar?

La necesidad de transparencia es algo que en España ya nadie duda, esta ley es muy importante porque su ambición va a definir el techo al que queremos llegar en materia de transparencia.

Podemos elegir entre el texto que tenemos, que limita la transparencia a tener mayor claridad sobre las cuentas del estado o podemos luchar para que la ley se modifique y afecte a toda la actividad pública: Que explique cuánto cuestan, quién ha tomado las decisiones, por qué y cómo.

¡Ahora vamos a contárselo a los senadores!

Tras una pregunta en Tuderechoasaber.es, la AEMet justifica su cerrojazo a millones de datos (de acceso gratuito entre 2011 y noviembre de 2012) una vez “cumplido el objetivo de difusión y comunicación”

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Me gustaría saber qué informes avalaron la decisión de imponer 
pagos para el acceso a datos de la Agencia Española de Meteorología – AEMet que hasta entonces (noviembre de 2012) eran de
 acceso gratuito”. Quien pregunta es Emilio Rey, un “cazatormentas”. Como ciudadano que se dedica profesionalmente a la meteorología, Emilio ha solicitado desde Tuderechoasaber.es a la AEMet el número de descargas de 
esos datos, tanto antes como después de poner en marcha esa medida y cuánto se ha recaudado.

La respuesta, parca en explicaciones, no satisface ninguna de estas preguntas. El cerrojazo del pasado noviembre a uno de los casos más exitosos de liberación de datos en nuestro país se salda así, “sin un incremento
 significativo de solicitudes ni de ingresos a partir de la fecha de 
cancelación, circunstancia que no altera los argumentos que dieron lugar a
 la eliminación del servidor de datos”.

ftp-logoSí resulta novedosa la explicación de que si los datos meteorológicos del FTP de AEMet habían sido de acceso libre, gratuito, anónimo y exento de trabas burocráticas entre 2011 y noviembre de 2012, fue “con el fin 
de facilitar el conocimiento de unos productos que podrían ser ignorados 
por algunos interesados en ello”. Dado que AEMet se reservaba el derecho a modificar, añadir o eliminar la información incluida, “cumplido
 el objetivo de difusión y comunicación de lo que pudiera ser de interés 
para la sociedad, AEMET se ha visto en la obligación de ajustarse a la 
legislación vigente”. Dicha legislación es una orden ministerial del año 2006 que establece un régimen de precios por el uso de datos, derogando así su suministro libre y gratuito.

DATOS METEOROLÓGICOS ABIERTOS (NOV. 2010 – ✞ NOV. 2012)

El panorama de los datos meteorológicos no ha estado siempre envuelto en nubarrones. 
El 30 de noviembre de 2010, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino Rosa Aguilar anunciaba una nueva política para la AEMet basada en la liberalización de información -“disponibilidad libre y gratuita”- para facilitar las actividades de formación, investigación, desarrollo de aplicaciones y “atender a la demanda de los aficionados a la Meteorología y de los medios de comunicación”.

Se trataba de enfoque audaz, pero ni mucho menos extravagante: seguía las directrices adoptadas por otros países para los datos meteorológicos, desde la Declaración de Oslo 2009 (suscrita por 25 servicios meteorológicos, el español entre ellos) a las recomendaciones de grupos de alto nivel de materia medioambiental. La revista interna de la AEMet, El Observador, anunciaba que “la actual página web incrementará de forma notable sus contenidos de datos de observación al tiempo que se pondrá en operación un servidor de ficheros al que se podrá acceder tanto directamente como a través de la propia página web”.

¿De qué conjuntos de datos estamos hablando?

En una primera fase, se abría al uso libre y gratuito de cualquier ciudadano, empresa o institución un catálogo compuesto por datos de observación en tiempo casi real (datos diezminutales) de más de 200 observatorios de toda España; los resúmenes diarios de más de 600 estaciones de observación de las redes de superficie; los datos diarios de las redes de medida de radiación solar y de ozono; las salidas de los modelos numéricos de predicción; así como los datos climatológicos de más de 100 observatorios con series que a veces arrancan en fechas tan lejanas como los años 20 del pasado siglo.

La intención era ir ampliando paulatinamente este catálogo, así como facilitar el acceso tanto a datos crudos como a información elaborada por la agencia. “En cualquier caso todo ello se hará de acuerdo con las peticiones y deseos de los usuarios con los que se va a reforzar un diálogo fluido y continuado”.

Incluso entonces, no se pasaba por alto la cuestión del valor de los datos liberados. En una tribuna de El Observador titulada “Hacia un mejor servicio” se leía lo siguiente:

Posiblemente las dos cuestiones que han sido más debatidas en este proceso evolutivo eran la de la posible “rentabilidad” económica de los datos meteorológicos para los Estados, algo por lo que se abogó a nivel internacional hace unos años de una forma amplia pero no unánime, […] En el caso de España la decisión adoptada va a suponer una dinamización de la actividad empresarial y económica. Las empresas de servicios meteorológicos podrán trabajar con datos básicos gratuitos e inmediatos para desarrollar múltiples aplicaciones con lo que ello supone para una ampliación de oferta y demanda y un retorno económico a la inversión estatal a través de los impuestos correspondientes. Por otra parte, a las actividades de I+D se les abre un escenario muy competitivo […] además del impacto muy positivo en las actividades académicas, […] la importancia que supone esta medida en relación con las demandas crecientes de información por los medios de comunicación así como por un amplio sector del público cada vez más interesado en los temas atmosféricos. […] permaneceremos siempre abiertos y receptivos a nuestros usuarios para conseguir una mejora progresiva de modo que AEMET siga siendo la referencia básica de la meteorología en España en un marco de servicio público eficaz, cercano y transparente”.

Al cabo de un año de adoptar esta nueva política de datos, basada en el acceso libre y gratuito por vía electrónica a sus datos meteorológicos, la web de la agencia registraba un aumento del 400% en las visitas diarias a las páginas de “observación-datos” respecto al año anterior, hasta alcanzar las 300.000 visitas. El nuevo servidor FTP llegaba a surtir datos a razón de hasta 190.000 descargas diarias.

meteo

Imagen: http://blogs.protegerse.com / Estación meteorológica automática

DE “COSAS BIEN HECHAS” A PRESUPUESTOS CON FUERTE MAREJADA

 Desde la AEMet siempre se ha dicho que el cierre del servidor público de datos no se debe a razones económicas. El 25 de octubre de 2012 la agencia emitió un comunicado anunciando que:
“Con objeto de dar cumplimiento a la O.M. del MAM/160/2006 de 2 de enero, por la que se regulan las prestaciones de AEMET, los productos deberán ajustarse al régimen de precios públicos establecido. Por este motivo, a partir del próximo 29 de octubre, los datos dejarán de estar accesibles por este medio. Para su obtención, se deberá contactar directamente con AEMET, o a través de su sede electrónica (https://sede.aemet.gob.es/), donde se les indicará la forma de solicitar las prestaciones que necesiten. En cuanto a los productos con destino a la investigación y la enseñanza, se seguirá con la misma política de bonificación conforme a la normativa establecida para estos sectores”.
AEMet - Comunicado del 25 de octubre de 2012

aemet formularioEl cierre se llevó a cabo el 30 de octubre de 2012. Ahora, las tasas por acceder a gran parte de estos datos dependen del uso que se les vaya a dar y del perfil del solicitante (Particular, Autónomo, Empresa Privada, Empresa Pública, Juzgados, Administración General del Estado, Administración Autonómica, Administración Local, Organismo Público Extranjero). El servicio se solicita a través de formularios como este. Después se envía por fax, correo postal o se tramita de forma telemática (más información sobre el nuevo proceso de solicitud de datos, aquí). Los precios fijados para estos servicios varían. Organismos de investigación oficiales que realicen proyectos sin fines de lucro están exentos de pagar las tasas, previa solicitud. Las universidades se benefician de un descuento del 50% siempre que garanticen que el uso de los datos  es para la enseñanza, también previa solicitud. En realidad, se trata de la suscripción de un contrato de prestación de servicios. Una imagen de satélite de archivo tendría un coste previo unitario de 16,46€ euros, lo mismo que una imagen de la temperatura del mar. Un mapa con datos de un mes completo de densidad de rayos caídos cuesta 184,40 euros. Un dato descodificado de archivo (variable, estación y hora), 0,0019 euros. Esta es la tabla completa de precios.

Pese a que desde AEMet nunca se ha achacado este cambio radical de política a un afán recaudatorio, Daniel Cano, su presidente, se enfrentó a las críticas que siguieron al cierre anunciando una modificación de la orden ministerial que obliga a la agencia a cobrar por los datos:

Es verdad que a nivel mundial se están dando pasos hacia esa filosofía de gratuidad de los datos y de generación de economía –ha señalado–. Nosotros no estamos en contra de esa filosofía. El problema es que nosotros queremos hacer las cosas bien hechas“.

En cuanto a los ingresos que la agencia podría obtener con este servicio, Cano señala que es “complicado” estimarlo. Motivación económica o no, lo cierto es que la evolución de los presupuestos de la agencia reflejan una caída muy seria en los últimos años. Carlos Yebra, delegado de la junta de personal de AEMET de Madrid, delegado de prevención y miembro del comité de seguridad y salud de AEMET de Madrid, desgrana estos datos en su blog:

    • Recursos para la AEMet en los Presupuestos Generales del Estado 2011: 122.796.520€
    • Recursos para la AEMet en los Presupuestos Generales del Estado 2012: 87.325.580€, es decir, un 28,89% menos que en el año anterior.
    • Recursos para la AEMet en los Presupuestos Generales del Estado 2013: 82.692.560€, es decir, un 5,31% menos que en 2012.

Además, el presupuesto por ingresos contempla la captación de 26.617.490€ en concepto de “tasas, precios públicos y otros ingresos”, lo que supone un incremento del 60,18% en esta partida. En ella se incluye, por ejemplo una nueva tasa por prestaciones patrimoniales públicas por servicios meteorológicos prestados en los aeropuertos gestionados por AENA aeropuertos, S.A. por un importe de 10.000.000€.

Pese a que Daniel Cano, presidente de AEMet, prometía cambiar la normativa “que le obliga a cobrar por datos” para volver a ofrecer algunos de forma gratuita antes de Semana Santa de 2013, su política no ha vuelto a encaminarse hacia los datos libres y abiertos.

PEQUEÑAS Y GRANDES HISTORIAS DETRÁS DE LOS DATOS

Este retroceso en la liberalización de información ha sentado como un castigo a todo un ecosistema que se servía del acceso libre, gratuito, anónimo y exento de burocracia para sintetizar los datos meteorológicos y trasformarlos en valor de todo tipo: conocimiento, economía, innovación, prevención y más.

Félix Pedrera, miembro de grupos como OKFN Spain y Geoinquietos Madrid, ha documentado través de un cuestionario abierto hasta 160 usos del FTP que nos permiten valorar mejor el impacto de este cierre. Particulares, pymes, grupos de investigación, instituciones académicas, etc, comparten pequeñas historias que surgen, crecen, se reproducen y algunas incluso mueren tras cerrarse el grifo de los datos meteorológicos.

Conocemos así a David Molero, doctorando, que investigaba la adaptación del pino canario a los suelos volcánicos con los datos de AEMet. A Luis A. Arce, que se servía de ellos para completar la información de su propia estación meteorológica, y que después compartía con otros interesados. O a Juan Carlos Ceña, con su explotación frutícola modesta, que atribuye a estos datos una “enorme importancia para mi trabajo y, por ello, para mi economía familiar”.

Estudios de arquitectura consultaban fácilmente las series históricas para situar mejor las placas solares al diseñar un edificio. Empresas de servicios como MeteoLogica añadían valor a los datos de AEMet para proveer a sus clientes de información en tiempo real. Si practicas kitesurf u otro deporte náutico, quizá consultes SurfSport.es, una web de información del Instituto de Hidráulica Ambiental “IH Cantabria” que también usaba datos del mismo origen para encontrar playas con las mejores condiciones. O BCNecologia, un consorcio público de ecología y sostenibilidad urbana que realiza cálculos sobre aprovechamiento de lluvia y niebla.

Aemet_foto

Estudiantes de diversas especialidades que realizan sus prácticas, investigaciones y tesis con ayuda de del FTP. En la Universidad de la Coruña, con el fin de investigar el ciclo reproductivo de las algas marinas; en la Politécnica de Cartagena, para el seguimiento de contaminantes atmosféricos; en la Universidad de Alicante, para la monitorización de especies invasoras. El Grupo de Investigación en Modelación Hidrológica y Ambiental de la Universidad Politécnica de Valencia se servía del FTP para investigar modelos hidrológicos. Desde la Universidad de Castilla La Mancha, el Grupo de Teledetección y SIG accedía al servidor de la AEMet para generar mapas de evapotranspiración de suelos, estrés hídrico y humedad, útiles para desarrollar estimaciones de riesgo de incendios forestales. De la disponibilidad de estos datos, el Ontology Engineering Group de la Politécnica de Madrid incluso elaboró un paper sobre cómo hacer la información de AEMet más y mejor “enlazable” dentro de la web semántica (lo que se ha dado en llamar Linked Data).

Félix ha llegado a recoger 4.635 firmas contra la decisión de la AEMet a través de una petición en Change.org, y aún solicita más. Muchas proceden de activistas del movimiento Open Data. Otras muchas, de la ingente comunidad de aficionados a la información meteorológica. Una comunidad exuberante de proyectos y lista para abrir nuevas fronteras. Es la gente a la que el físico Freeman Dyson elogiaba al decir que “el porcentaje de aficionados que hay en una población nos da una buena medida de la libertad de una sociedad. […] Es de esperar que los aficionados del próximo siglo, utilizando las nuevas herramientas que la tecnología moderna pondrá en sus manos, consigan invadir y rejuvenecer toda la ciencia”.