La queja contiene dos denuncias. La primera el hecho que solo se pueda utilizar el portal para enviar solicitudes, y que el proceso sea complejo y largo. La segunda, el hecho de que haya que entregar un DNI para poder acceder a la información.

Comunicado de Access Info Europe del 17 de diciembre de 2014: Ante los numerosos y variados obstáculos que el Gobierno ha introducido en el portal de transparencia, Access Info Europe ha planteado una queja al Defensor del Pueblo reivindicando el derecho de poder solicitar información bajo la ley de transparencia que entró en vigor el 10 de diciembre de 2014.

La queja contiene dos denuncias. La primera el hecho que solo se pueda utilizar el portal para enviar solicitudes, y que el proceso es tan complejo y largo que hasta ahora ningún miembro de Access Info Europe lo ha completado y por lo tanto no hemos podido presentar ninguna solicitud. La segunda, el hecho de que haya que entregar un DNI para poder acceder a la información.

Otra dimensión de la queja es que el portal excluye la posibilidad de solicitar información para extranjeros, con la excepción de contados países de Europa para algunos de los cuales los hipervínculos ni siquiera funcionan.

Todos estos requisitos son, además de excluyentes, una traba para el acceso a la información pública que debería ser sencillo y rápido“, comenta Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe.

Darse de alta en cualquiera de estas formas de identificación supone un obstáculo para el derecho de acceso a la información y desincentivan al solicitante, especialmente al solicitar un número de cuenta bancaria o exigir la instalación de un certificado digital que es un proceso complejo y que lleva días completar“, añadía Anderica.

Las cuatro opciones que ofrece el Gobierno para enviar una solicitud de acceso a la información implican además de tener un ordenador e internet:

» Estar en posesión de un DNI electrónico. Según el Instituto Nacional de Estadística en 2014 el 47,9% de la población de 16 a 74 años de edad declara disponer de DNIe, pero sólo el 8,5% de estos tiene lector de tarjetas con microchip electrónico, complemento que hay que comprar separadamente.

» Estar en posesión de un certificado digital, según CERES a fecha de 16/12/2014 hay 3,972,705 certificados activos.

» Usar el sistema Cl@ve que obliga a los usuarios a indicar el número de cuenta bancaria que usa para pagar sus impuestos y a pasar por una oficina de la Agencia Tributaria o esperar la llegada de un código por correo postal.

En cuanto a la solicitud de un DNI, es un requisito que el Gobierno considera obligatorio por tratarse de un procedimiento administrativo, sin embargo el Consejo General del Poder Judicial afirma que no lo es y que ellos no van a solicitarlo por tratarse de un derecho fundamental.

Ya en 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que el derecho de acceso a la información en manos de entidades públicas es un derecho fundamental, algo que ha sido confirmado en 2011 por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dado que ambas son instituciones pertenecientes a tratados ratificados por España, el Gobierno de España debería haber impulsado el reconocimiento de este derecho como un derecho fundamental [1] al tramitar la ley y debería al menos respetarlo en la práctica.

Entre los argumentos que apoyan la no necesidad de entregar un DNI es importante destacar el memorándum explicativo del Convenio de Acceso a la Información Pública del Consejo de Europa que anima a los estados a permitir las solicitudes anónimas, ya que sería una consecuencia lógica del principio de no tener que justificar las solicitudes.

Se puede afirmar sin ninguna duda que España es el país del mundo que en este momento más trabas impone a los solicitantes“, dijo Helen Darbishire, Directora de Access Info Europe, quien ha presentado solicitudes en muchos países.

La información es pública y la identidad del que la solicite es irrelevante“, concluía Darbishire.

Aquí se puede leer la queja completa.

En este post vamos a analizar qué instituciones deberán aplicar nueva norma sobre transparencia y hasta qué punto deberán hacerlo. La Ley de Transparencia es bastante confusa al definir en los artículos 2 y 3 los sujetos que están obligados a cumplirla, pero sobre todo genera confusión cuando intentamos entender qué obligaciones de transparencia tendrá cada uno de estos sujetos; ahí está la trampa: no todos deben ser igual de transparentes.
En la siguiente tabla hemos indicado las distintas obligaciones que establece la ley y las instituciones obligadas a cumplirlas. Encontramos dos tipos de obligaciones: la de publicar proactivamente información y la de responder a solicitudes de los ciudadanos. Veremos que no todas las instituciones mencionadas en esta ley deben cumplir con ambas obligaciones.

¿Qué obligaciones tienen las diferentes instituciones? by tuderechoasaber

En tuderechoasaber.es vamos a publicar una serie de posts en los que vamos explicar en qué consiste realmente la Ley de Transparencia para que, así, estemos todos preparados para usarla a partir de su entrada en vigor el 10 de diciembre de 2014. El resto de posts  pertenecientes a esta serie los puedes encontrar aquí:

En Tuderechoasaber.es empezamos una serie de posts en los que vamos a intentar explicar en qué consiste la Ley de Transparencia para que estemos todos preparados para usarla a partir de su entrada en vigor el 10 de diciembre de 2014.

¿Cuándo entra en vigor la ley de transparencia?

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno consta de tres partes. Vamos a aclarar cuándo entra en vigor cada una de ellas y para qué instituciones:

–  La parte de Buen Gobierno en la que se detallan una serie de principios y sanciones para los funcionarios públicos, entró en vigor al día siguiente la publicación de la ley en el BOE, el 10 de diciembre de 2013.

– Las partes de transparencia  y acceso a la información entrarán en vigor en dos tandas:

  • El 10 de diciembre de 2014 entrarán en vigor las obligaciones de transparencia y acceso a la información para todos los organismos estatales.
  • El 10 de diciembre de 2015 entrarán en vigor las obligaciones de transparencia y acceso a la información para todos los organismos autonómicos y locales.

¿Qué aportan las leyes autonómicas y locales?

Además de la legislación estatal, cada Comunidad Autónoma y entidad local podrá tener una legislación propia sobre transparencia, basada en la legislación básica aprobada por la Ley 19/2013. En estos momentos ya se han aprobado algunas leyes autonómicas y locales y otras están siendo debatidas y aprobadas. Todas estas normativas tienen mucho en común, pero es importante conocerlas puesto que también existen algunas diferencias que afectan a la forma de solicitar información y a las obligaciones de publicación proactiva de información. Un ejemplo es el tiempo que tienen para contestar las solicitudes en cada lugar, variando desde los 15 días al mes.
Según vayan entrando en vigor las leyes de transparencia a nivel autonómico, desde Tu Derecho a Saber haremos una ficha por cada norma con la información clave de cada comunidad autónoma. Aquí puedes consultar el estado de tramitación de todas esas normas:

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Se ha dejado varias asignaturas para septiembre: el estatuto del Consejo de la Transparencia, el reglamento de la ley y el portal de la administración siguen siendo una incógnita para el ciudadano

El próximo 10 de diciembre entra en vigor el grueso de La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que se aplicará escalonadamente. Mientras que los principios que se han llamado ‘de Buen Gobierno’ (la previsión de sanciones para conflicto de intereses, las infracciones en gestión económico-presupuestaria) ya llevan casi un año en vigor, los organismos autonómicos y locales aún dispondrán de un año más para adaptarse a la obligaciones de la ley. Así pues, lo que entra en vigor el próximo 10 de diciembre son las disposiciones de transparencia de actividad pública para la Administración Central (el Título I de la ley: las obligaciones de proporcionar información, los principios de publicidad activa, la creación del portal de transparencia, la regulación del derecho de acceso a la información y también el ejercicio del mismo para poder formular solicitudes a las instituciones públicas) y el mandato del Consejo de la Transparencia (el Título III).

Sin embargo, pese a que las fechas se aproximan y a que el cambio normativo es complejo y será exigente con el cuerpo de funcionarios encargado de llevarlo a cabo, el Gobierno no ha informado todavía sobre los nuevos reglamentos que permitirán implementar la ley. Por eso, a tres meses de la entrada en vigor, Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio -las dos organizaciones que impulsamos la web Tuderechoasaber.es– hemos enviado una carta a José Luis Ayllón, Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, para preguntar por el estado de estas tareas de implementación.

Las dos organizaciones firmantes entendemos que el Gobierno aún tiene pendiente por completar al menos tres pasos y que debería informar públicamente sobre el estado de los mismos:

  • Presentar el Real Decreto con el que se dará a conocer el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Se trata de una norma especialmente importante porque definirá los requisitos que deben cumplir los candidatos a presidir este organismo, sus mecanismos de independencia y muchas otras cuestiones importantes para el desarrollo de su mandato. Según la propia ley, este reglamento debería haber sido aprobado en marzo de 2013, pero lo último que sabemos es que en las próximas semanas el Gobierno lo compartirá con el Consejo de Estado para recabar sus impresiones antes de hacerlo público.
  • El Gobierno debería dar a conocer lo antes posible el Reglamento con el desarrollo en detalle de la propia ley. Resulta clave porque debe definir de forma precisa cómo podrá solicitar cualquier ciudadano información a las instituciones públicas. Además, quizá pueda mejorar algunas restricciones del propio texto de la ley al llevarlas a la práctica diaria, como la exclusión de “notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos entre entidades administrativas”, que no podrán ser solicitadas (artículo 18).
  • En tercer lugar está la creación del Portal de Transparencia, que debería estar listo en diciembre para proporcionar información procedente de las administraciones de ámbito nacional.

Tanto la propia ley como todo su proceso de tramitación han sido muy criticados por expertos nacionales e internacionales y por la sociedad civil. Los principales motivos son no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, limitar su alcance casi exclusivamente a la información administrativa y por proponer un sistema de apelación muy poco garante para el ciudadano. El reglamento que aún está pendiente de aprobación podría paliar algunas de estas deficiencias, y por eso Access Info Europe y Civio pedimos más transparencia y participación de la sociedad civil en esta fase precedente de la entrada en vigor de la ley.

Más información:

  • Aquí puedes consultar la carta que hemos enviado a Secretario de Estado
  • Consulta el análisis de Access Info Europe sobre la Ley de Transparencia
  • Descarga un breve dossier de prensa con información esencial sobre la implantación de medidas de transparencia en España

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  • La ley tardará un año en entrar en vigor a nivel estatal y dos a nivel autonómico

La ley de transparencia que fue votada el miércoles en el Pleno del Senado vuelve al Congreso sin ninguna mejora para el derecho  de acceso a la información y a pesar del rechazo del texto actual por la mayoría de los grupos parlamentarios: en esta última votación han votado en contra de la ley los partidos ERC, AMAIUR, IU, ENTESA PROGRES PER CATALUNYA y PSOE.

“El Partido Popular ha ignorado a la sociedad civil durante todo el proceso de adopción de la ley de transparencia manteniendo una postura única, muy limitada y que plantea una propuesta que viola los estándares mínimos internacionales”, comenta Victoria Anderica Caffarena, coordinadora de campañas de Access Info Europe.

El Senado también ha ignorado los distintos llamamientos que ha hecho la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para que España mejore su proyecto de ley. En Junio de 2012, la OSCE advirtió que el anteproyecto de esta ley “no acata las normas y los principios ya consagrados por los Tribunales de Derechos Humanos o las organizaciones intergubernamentales, incluido el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos”. El último mensaje lo envió el pasado 13 de septiembre 2013 y decía que esta ley dificultaba el trabajo de los periodistas como perro guardián.

La ley que se aprobará en el Congreso el día 28 de noviembre de 2013 no estará en línea con los estándares internacionales y acabaría ocupando la posición 75 de 96 en la lista de países con leyes de acceso a la información, con una puntuación de 68 sobre 150 puntos, según el análisis que hace Access Info Europe en base a los indicadores del Global RTI Rating (ranking global de leyes de acceso a la información).

España necesita con urgencia una ley de transparencia, sobre todo en  el contexto actual de crisis, de gran preocupación social por las actuaciones de las autoridades públicas y de escándalos de corrupción. No en vano, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa comentó en octubre 2013 que “los procedimientos y la toma de decisiones deberían ser abiertos y transparentes, con miras a garantizar la responsabilidad.”

Además de todas las carencias señaladas por la sociedad civil y a pesar del informe de evaluación que Gobierno Español ha preparado en octubre de 2013 para el Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto, OGP) dice que ya había cumplido con su compromiso de adoptar una Ley de Transparencia, la ley de momento no entrará en vigor. Las disposiciones adicionales de esta ley señalan que todo lo relacionado con la transparencia, el derecho de acceso a la información y las obligaciones de publicación proactiva tardará un año más en estar vigente y dos años en las Comunidades Autónomas. En cambio, el título de Buen Gobierno, que no tiene relación directa con la transparencia, entrará en vigor al día siguiente de la publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado.

La necesidad de una ley de transparencia es urgente y aunque entendemos que la creación de un portal de transparencia lleva tiempo, consideramos que no hay ningún motivo para que no se respondan desde ya a las solicitudes de acceso, a nivel estatal y a nivel autonómico”, añadía Anderica.

Notas:

Esta ley fue presentada en Consejo de Ministros en marzo de 2012 como un anteproyecto de ley y antes de llegar al Congreso de los Diputados sufrió una serie de cambios considerados como cosméticos según la OSCE. Durante  su debate en el Congreso se amplió el ámbito de aplicación de la ley incluyendo en el artículo 3 a algunas instituciones como los partidos políticos, los sindicatos o asociaciones patronales pero con de forma limitada ya que solo deberán cumplir con algunas de las obligacioens de publicación proactiva de información.

En el informe  de la ponencia designada para estudiar el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se han integrado cambios en su mayoría técnicos y que no corresponden a los que la Sociedad Civil pide desde 2006, y que tampoco corresponde a la campaña #SenadoTransparente que demandaba tres cambios concretos: El reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, que la ley no excluya de su alcance tipos de información, y que el organismo que vigile la transparencia sea independiente y tenga poder vinculante.

mapa campos experimentales españa

  •  Castilla y León acoge 40 de los 62 experimentos solicitados por empresas
  • Las organizaciones denuncian que el Gobierno da la información cuando la mayoría de los experimentos ha finalizado

Madrid 13 de noviembre de 2013– Amigos de la Tierra, Access Info Europe, COAG, Plataforma Rural y Red de Semillas  han publicado hoy el mapa con la ubicación exacta de los campos experimentales con transgénicos (también se puede consultar el mapa). El Gobierno ha proporcionado la información a las organizaciones fuera de plazo, cuando la mayor parte de los experimentos han finalizado. Los experimentos al aire libre con cultivos transgénicos presentan elevados riesgos ambientales y sanitarios. Ante los numerosos casos de contaminación en todo el mundo las organizaciones solicitan al gobierno mayor transparencia y rigor en torno a los transgénicos.

Esta información se ha obtenido a través de una solicitud de acceso a la informaicón y forma parte de una campaña en tuderechoasaber para mejorar la transparencia de campos de transgénicos en España, hay más solicitudes sin respuesta que puedes apoyar (localización de campos y localización de parcelas donde se liberan organismos modificados genéticamente). España se ha convertido en el campo de experimentación de las multinacionales del sector debido a que el Gobierno ha ocultado su localización exacta. Así España acoge el 67% de todos los experimentos realizados en Europa. También ha sido el lugar elegido por la empresa británica Oxitec para la primera liberación de moscas transgénicas en todo el mundo, experimento aún pendiente de autorización.

Mientras el resto de países europeos publican esta información en páginas web oficiales, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha ocultado durante muchos años esta información. “La transparencia es imprescindible para que se produzca un debate serio sobre el uso de los transgénicos. Al proporcionar la información tarde el Gobierno ha incumplido con el Convenio de Aarhus y con la ley de acceso a la información ambiental”, afirmó Victoria Anderica de Access-Info Europe.

El 80% de las solicitudes de experimentación en España son realizadas por empresas multinacionales, con Bayer a la cabeza con dieciséis solicitudes, seguida por Monsanto y KWS con seis experimentos cada una. “Tanto Bayer como Monsanto tienen un conocido historial de escándalos de contaminación: en 2006 fue el arroz de Bayer el que invadió la cadena alimentaria, este año ha sido el turno de Monsanto, responsable del caso de la contaminación con trigo que puso patas arriba el mercado mundial de trigo el pasado verano”, añadió Blanca Ruibal responsable de Agricultura y Almentación de Amigos de la Tierra

La mayor parte de los experimentos solicitados en 2012 y 2013 por las empresas biotecnológicas han tenido lugar en ubicaciones desconocidas de Castilla y León, muchos de ellos con remolacha transgénica. “El cultivo de la remolacha es muy importante en la región. Los agricultores no queremos experimentos con remolacha transgénica, si se contaminan nuestros cultivos tendríamos serios problemas para comercializar nuestra producción”, afirmó Prisciliano Losada, Secretario Técnico de COAG Castilla y León.

El riesgo de contaminación es muy alto en el caso de la remolacha, debido a que es una planta cuyo polen alcanza grandes distancias. Aunque no es autóctona, existen poblaciones asilvestradas de remolacha en muchas zonas.

“Los transgénicos no benefician al campo. Un medio rural vivo solo es posible con una agricultura respetuosa con el medio ambiente, diversa y de pequeña escala. Los transgénicos representan el modelo opuesto, solo benefician a las grandes multinacionales mientras los campesinos y campesinas tienen que abandonar el campo” añadió Jerónimo Aguado de Plataforma Rural.

Las organizaciones  denuncian también la ausencia de información por parte las Consejerías de Agricultura de las Comunidades Autónomas que tiene la competencia de aprobar la realización de campos experimentales en sus territorios. Su gestión se caracteriza al igual que el gobierno central por la opacidad. Las organizaciones demandan que en cumplimiento de la ley esta información se publique directamente por la administración

El organismo pidió que se eliminaran las barreras de acceso a las solicitudes de información, pero el Gobierno no ha hecho ningún cambio

defensor del pueblo navarra

El pasado 11 de junio de 2013 Victoria Anderica Caffarena, coordinadora de proyectos de Access Info Europe, interpuso una queja ante el Defensor del Pueblo de Navarra contra el Gobierno Foral por obstaculizar el acceso a la información requiriendo demasiados datos para poder realizar una solicitud de acceso a la información.

El Defensor del Pueblo dio la razón a la queja y recomendó al gobierno de Navarra que cambiara el procedimiento de solicitud y aceptara las solicitudes enviadas vía email y eliminara la obligación de utilizar un certificado digital o DNIe y además a dar su DNI, dirección postal y teléfono para solicitar información. En su recomendación, daba dos meses al Gobierno navarro para contestarle.

El 6 de septiembre de 2013 el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior respondía al Defensor del Pueblo aceptando algunos cambios propuestos pero no todos, ya que las solicitudes deberán ser enviadas a través de una de las vías de entrada oficiales de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

El Defensor del Pueblo considera que el Gobierno de Navarra no acepta el pronunciamiento de su institución a pesar de que este está debidamente argumentado. A día de hoy el Gobierno de Navarra no ha realizado ningún cambio en el procedimiento de solicitud de información.

Desde tuderechoasaber.es consideramos esta situación inaceptable y destacamos la necesidad de crear un sistema de recursos independiente y con poder vinculante para que las administraciones nos puedan ignorar sus decisiones como en el caso que nos ocupa.

senado

El jueves 12 de septiembre se votaron en el Congreso de los diputados las enmiendas parciales a la a ley de transparencia. Tal y como era previsible, con los votos del Partido Popular, PNV y CIU todas las enmiendas fueron aprobadas y el nuevo texto ya va de camino al Senado.

Antes de que esto ocurriera la organización Access Info Europe ya adelantaba que con las enmiendas  el proyecto de ley ocuparía el lugar 72 en el ranking de 96 países con leyes de acceso a la información en el mundo (obteniendo 68 puntos de 150 en el RTI Global Rating, puedes leer el análisis de la ley española aquí). Este resultado queda confirmado con la aprobación de las enmiendas.

Los problemas que adolecen la ley son los mismos que antes de presentar las enmiendas, incluso son los mismos desde que se presentó la ley: la ley sigue sin reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, excluye mucha información del alcance de la ley, las obligaciones de publicación proactiva no son igual para todas las instituciones y el organismo de revisión no es independiente y solo conocerá de conflictos con las administraciones públicas y no del resto de instituciones.

Entre los cambios que aportan las enmiendas que fueron aprobadas el jueves 12 de septiembre en el pleno del Congreso, cabe destacar la inclusión de los partidos políticos, sindicatos y patronal y algunas entidades privadas de publicar cierta información proactivamente, y la inclusión de la Casa Real y el Banco de España. Aunque es importante destacar que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, por lo tanto queda por ver cómo será en la práctica este procedimiento.

El otro cambio relevante es la creación del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (antes el organismo previsto era la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios), que sigue sin ser independiente (depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y tiene una composición muy politizada.

Puedes leer el texto tal y como quedó tras la incorporación de las últimas enmiendas aquí.

Para entender el alcance de la ley de transparencia puedes ver la siguiente tabla explicativa aquí.

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La Ley de Transparencia sigue enmarañada en el Congreso, ahora pendiente de que se valoren las enmiendas parciales que ha propuesto cada uno de los grupos parlamentarios. Si el proyecto orquestado por el Gobierno ya era de por sí insuficiente y muy por debajo de lo que señalan los estándares internacionales, las enmiendas parciales que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular demuestran una intención clara de esta formación por restringir aún más el alcance de la ley y vaciar de contenido algunas de las medidas que se esperan de una buena Ley de Transparencia y Acceso a las Información.

Aquí repasaremos algunas de ellas. No abordaremos el título de Buen Gobierno por considerar que no tiene nada que ver con la transparencia y el derecho de acceso.

1) El Grupo Parlamentario Popular, que ostenta la mayoría absoluta en la cámara y tiene por tanto preeminencia en la configuración de la norma, ha presentado una enmienda parcial (la enmienda 512) para que ningún organismo al margen de la administración se vea exigido a publicar información económica, presupuestaria y estadística –esto incluiría, por ejemplo, contratos, convenios, subvenciones, presupuestos, cuentas anuales o las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos-.

Esta enmienda eximiría de publicar este tipo de información a numerosas instituciones, desde las corporaciones de derecho público a la Casa Real, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, las fundaciones del sector público, etc.

2) La inclusión de los partidos políticos, los sindicatos, la patronal y otras entidades dependientes del dinero público también sufriría a propuesta del Grupo Parlamentario Popular una amplia limitación. Además de no tener que publicar información económica, presupuestaria y estadística, únicamente estarían obligadas por esta ley a dar a conocer:

      • Contratos y convenios celebrados con una Administración Pública
      • Las subvenciones recibidas de una Administración Pública.

Así lo establecería la enmienda 521 del Partido Popular en caso de incluirse en el proyecto.

3) Pese a que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció la creación de un organismo de revisión distinto del que planteaba inicialmente el proyecto de ley –un Consejo de la Transparencia no adscrito al Ministerio de Hacienda, como estaba previsto-, la enmienda 530 de Grupo Popular sobre este ente sigue sin aclarar el alcance y garantías de su independencia, su mandato, sus funciones, sus poderes ni su naturaleza. Además, se confirma el doble silencio negativo: si el ciudadano no obtiene respuesta a una solicitud de información y recurre al órgano de revisión pero este tampoco responde, en cuatro meses tendrá que considerar la respuesta denegada sin obtener ningún motivo.

A estas nueva limitaciones propuestas por el Grupo Popular debemos añadir las ya conocidas: la exclusión de la información auxiliar (informes internos, notas, borradores…) y el no reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental (el 25 de junio el Tribunal Europe de Derechos Humanos volvía a reconocer este derecho como derecho fundamental).

Analizaremos qué enmiendas han propuesto otros grupos parlamentarios en siguientes artículos de este blog. Aquí puedes consultarlas todas.

navarra

El Defensor del Pueblo de Navarra ha recomendado por escrito al Gobierno foral flexibilizar los requisitos de acceso a la información y ser menos restrictivo en la ejecución técnica de la nueva Ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto de la Comunidad de Navarra.

Esta reacción se ha producido tras una queja formal planteada desde Access Info Europe por Victoria Anderica, alertando de que a una ley de transparencia fundada sobre unos estándares avanzados como la navarra seguía en realidad toda una serie de restricciones que dificultaban el acceso a la información pública de los ciudadanos. Entre ellas, obligar a los solicitantes a utilizar un certificado digital o DNIe y además a dar su DNI, dirección postal y teléfono para solicitar información. Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio, las dos organizaciones que impulsan Tuderechoasaber.es, alertaron por carta al Director de Gobierno Abierto de Navarra de estos obstáculos al acceso a la información en enero de 2013.

Además, el Defensor del Pueblo Navarro ha recomendado al Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra que imparta las instrucciones oportunas para los correos electrónicos se puedan considerar válidos jurídicamente y para que no se exija la dirección postal ni el número de teléfono a los solicitantes de información.

En esta nueva Administración no caben, por tanto, clichés o exigencias de la vieja Administración que dificulten o impidan los nuevos derecho de los ciudadanos”, ha manifiestado el Defensor del Pueblo de Navarra. “Si todo siguiera igual o parecido la ley foral fracasaría y lo que es peor sus objetivos de transparencia, de gobierno abierto, de acceso a la información pública, de simplicidad, no serían sino un mero desiderátum o un fiasco”.

Quedamos a la espera de saber si el Gobierno de Navarra va a realizar los cambios recomendados por el Defensor del Pueblo cuyas recomendaciones no resultan vinculantes.

Aquí puedes consultar el intercambio de correspondencia entre el Defensor del Pueblo de Navarra y Access Info Europe: