El Partido Animalista PACMA ha iniciado una campaña de solicitudes de acceso a la información para conocer cuánto dinero público destinan los ayuntamientos españoles para celebrar festejos taurinos. Empezando por los municipios de la Comunidad de Madrid, desde hoy esta formación se pondrá en contacto a través de Tuderechoasaber.es con todos los ayuntamientos que aún no han facilitado datos oficiales de contratación de festejos taurinos o sobre subvenciones para el fomento de la tauromaquia. Los datos obtenidos se irán actualizando en la web noconmisimpuestos.info. Los ciudadanos podrán adherirse y difundir las solicitudes de información enviadas.

¿Cuántos fondos públicos se emplean para celebrar festejos taurinos o fomentar la tauromaquia?

El Partido Animalista baraja cifras cercanas a 600 millones de euros, aunque no existe información oficial al respecto. En la Comunidad de Madrid, de los 119 municipios que celebran festejos taurinos según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Interior, solo 18 tienen la información disponible de forma pública en los perfiles de contratante de las páginas web municipales. Según el Partido Animalista, el total del importe destinado al fomento de la tauromaquia por parte de estos 18 ayuntamientos asciende a un millón y medio de euros.

“A estas cifras habría que añadir las subvenciones estatales a escuelas de tauromaquia, asociaciones y premios, así como ayudas camufladas desde la Unión Europea a través de los subsidios agrarios y la financiación de las Comunidades Autónomas. Solamente la Comunidad de Madrid en 2012 estableció una partida de más de dos millones de euros para el fomento de la tauromaquia en la región”, añade PACMA en su comunicado.

Para obtener más información:

Más campañas en Tuderechoasaber.es

En Tuderechoasaber.es queremos que todos, particulares, asociaciones y movimientos ciudadanos, ejerzan su derecho de acceso a la información. Si quieres iniciar una campaña de acceso a la información con nosotros, escríbenos a contacto@tuderechoasaber.es. Aquí puedes conocer otras campañas.

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[ARTÍCULO PUBLICADO POR LA PERIODISTA LALI SANDIUMENGE EN GUERREROS DEL TECLADO]
¿Cuántas instalaciones para retener a inmigrantes sin papeles existen? ¿Dónde están? ¿Cómo se las denomina? ¿Cuántas personas se detuvieron a lo largo de los últimos tres años por cuestiones relacionadas con la inmigración? ¿Cuántas de ellas eran menores? ¿Cuántas eran solicitantes de asilo? Estos son algunos de los datos que las organizaciones Access Info Europe y Global Detention Project pidieron entre ayer y hoy a los gobiernos de un total de 33 países, los 27 miembros de la Unión Europea más Canadá, Islandia, Noruega, Rusia, Suiza y Estados Unidos. El propósito de la campaña es doble, según explica Lydia Medland, investigadora y coordinadora de campañas en Access Info: construir una imagen real y comparativa de la situación y valorar la transparencia con la que los gobiernos desvelan el enigma de los CIE, como se llaman en España a los Centros de Internamiento de Extranjeros. En el territorio español hay siete en funcionamiento, tras el cierre del de Fuerteventura y el de Málaga. Lo que no se sabe con exactitud es cuántas personas han pasado por ahí y cuantas han sido devueltas a sus países de origen, además de otros muchos datos.

La campaña lanzada conjuntamente por ambas organizaciones parte de la base de que la transparencia es aún más necesaria cuando lo que hay en juego son los derechos humanos. “Los internamientos relacionados con la inmigración son de especial importancia, ya que están derivando en una violación generalizada de los derechos en Europa”, alerta Medland. Michael Flynn, fundador del Global Detention Project, que forma parte del programa para el estudio de la Migración Global del Graduate Institute de Ginebra, recuerda a su vez que “la retención de inmigrantes se ha convertido en una herramienta clave usada por los estados para controlar la migración”. Sin embargo, el secretismo administrativo suele ser la norma en algunos países: no está claro cuántos centros de retención existen en el continente europeo ni a cuántas personas albergan ni en qué condiciones. Sí se sabe, en cambio, que las legislaciones varían de un sitio a otro, y que algunos ordenamientos jurídicos no tienen normas claras, lo que según ambas organizaciones causa indefensión en los retenidos (privación de libertad, ausencia de limitación del encierro y/o escasas posibilidades de impugnar su retención ante los tribunales).

Aunque el Global Detention Project está construyendo desde el año 2006 una base de datos en la que recopila el número, crecimiento y tipología de las instalaciones de detención, así como mucha información relacionada, queda mucho por saber. “El motivo de la campaña es precisamente la falta de información verificable”, explica Lydia Medland. ”Es difícil tener una visión global de lo que está pasando en Europa”.

La web del Global Detention Project dedica un apartado a cada país, con la información que ha podido recoger, proceda de la propia administración (a menudo vía preguntas parlamentarias) o, en muchos casos, de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, testigos o noticias de prensa  Ese es precisamente lo que pasa en España, según subraya el Global Detention Project, que ha actualizado recientemente la situación en el país: “La opacidad de las detenciones de inmigrantes en España se evidencia por la ausencia de datos públicos sobre las operaciones de detención y el débil control parlamentario.”

De las estadísticas que ha conseguido, se puede deducir que el promedio anual de personas extranjeras expulsadas y devueltas a sus países de origen ronda la mitad de las detenidas en los CIE, al menos eso es lo que pasó en 2009 y 2011 (6.825 de un total de 13.241 en 2011 y 8.935 de 16.590 en 2009). Un pico llama la atención, el que se produjo entre diciembre de 2011 y marzo de 2012, cuando cerca de 4.000 personas fueron encerradas en los nueve CIE en funcionamiento en ese momento (Algeciras, Barcelona, Madrid, Málaga, Murcia, Valencia, Las Palmas, Tenerife y Fuerteventura) y hasta 2.357 fueron expulsadas de España.

La campaña tiene como objetivo llevar a cabo un estudio comparativo sobre los distintos regímenes de detención y obtener información que pueda proporcionar pruebas a las víctimas y a los defensores de derechos humanos y promover el debate público y transparente sobre esta cuestión. “Es sumamente importante para la sociedad civil estar al corriente sobre dónde están siendo retenidos -y en qué condiciones- los inmigrantes y demandantes de asilo”, opina Flynn en el comunicado de lanzamiento de la investigación.

Las preguntas, articuladas en dos solicitudes de información sencillas y claras, se han enviado a las autoridades competentes vía email, a través de formularios públicos online o utilizando herramientas ciudadanas digitales especialmente diseñadas para promover la transparencia y el acceso a la información pública. Este es el caso, por ejemplo, de la petición que Lydia Medland ha enviado a la Agencia de Fronteras del Reino Unidos vía What do they know.  En el caso español, se ha preguntado al ministerio del Interior a través de Tu derecho a saber.

La campaña pretende también poner a prueba el nivel de transparencia que existe en las políticas de control de la inmigración y desvelar hasta qué punto la opacidad forma parte integrante de sus mecanismos. “Veremos hasta qué nivel contestan a las preguntas”, afirman desde Access Info. El período medio de respuesta administrativa en Europa es de alrededor de 15 días. Este es el plazo que la organización considera razonable. Más allá de un mes, afirma Medland, “no sería justificable”.

La mayoría de países preguntados cuentan con leyes que garantizan el derecho de acceso a la información pública y, por tanto, tienen la obligación de contestar. No es el caso, sin embargo, de Chipre, Luxemburgo y, también, España, cuya primera y muy polémica y criticada ley de transparencia se está debatiendo desde hace meses en el Congreso con opacidad, según denuncian Access Info Europe y dos plataformas españolas que trabajan para erradicar el secretismo de la administración, Fundación Civio y Qué hacen los diputados.

Solicitud de información sobre retención de inmigrantes menores de edad Solicitud sobre la retención de inmigrantes en España

 

Amigos de la Tierra y Access Info Europe recurren para exigir el cumplimiento de la normativa europea

 maiz_910Amigos de la Tierra y Access Info Europe han presentado un recurso ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente exigiendo que cumpla con las normas europeas de transparencia [1] y que publique los datos exactos sobre la ubicación de los campos de cultivos comerciales transgénicos.

El recurso impugna la falta de información dada por el Ministerio, en respuesta a una solicitud presentada el 17 de diciembre de 2012 [2] y disponible en tuderechoasaber.es, en la que se pedía un listado completo de todas las parcelas con maíz transgénico comercial, con su ubicación geográfica exacta y su extensión.

El escrito del Ministerio, mandado el 6 de febrero de 2013, facilitaba un mero listado por comunidades autónomas, el mismo listado que aparece en la página web del Ministerio [3]. La información entregada por la Administración es “inadecuada, evasiva y pobre en detalles” señala Helen Darbishire, Directora de Access Info Europe.

“El registro sobre la ubicación exacta de los cultivos transgénicos es fundamental para evitar contaminaciones de campos colindantes, bien convencionales, bien ecológicos”, afirma Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra.

La falta de transparencia del Gobierno Español choca directamente con las obligaciones explícitas contenidas en un fallo del Tribunal de Justicia Europeo de 2009 [4]. La sentencia obliga a los estados miembros de la Unión Europea a publicar el “lugar de liberación” de los organismos modificados genéticamente, entendiendo por tal todos aquellos datos que la ciudadanía precise para delimitar con exactitud la parcela [5].

España, con prácticamente 100.000 hectáreas de maíz modificado genéticamente, es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala, mientras las principales potencias agrarias europeas, como Francia o Alemania, prohíben su cultivo. Por dicho motivo el acceso a la información que exige la UE debería ser un principio básico. Por esta razón ya son varias las asociaciones que exigen transparencia en materia de cultivos transgénicos [6].

A pesar de no haber contestado a todas las preguntas de las ONG, el Ministerio de Agricultura admite en su escrito que en España “la industria de fabricación de piensos utiliza materia prima que procede de cultivos convencionales y cultivos de variedades modificadas genéticamente y todo ello es mezclado en destino. Por esta razón, todo se etiqueta y comercializa como modificado genéticamente”. Confirma de esta forma que todo producto animal, como carne, leche, huevos, etc., consumido en España, procede de animales alimentados con transgénicos, a menos que sean ecológicos, sin que el consumidor esté informado.

España cuenta con una ley sobre acceso a información ambiental desde 2006, pero según el último informe de tuderechoasaber.es, sólo el 22% de las respuestas de solicitudes de acceso a la información medioambiental son satisfactorias, mientras casi la mitad (47%) acaban en silencio.

La gran carencia de información alrededor de los cultivos transgénicos por parte de la administración ha llevado a Amigos de la Tierra a promover campañas informativas sobre los impactos de los cultivos transgénicos, como la lanzada la semana pasada www.unicoseneuropa.org [7].

Para más información, por favor, contactar con:

Teresa Rodríguez, Amigos de la Tierra
e-mail: prensa@tierra.org | + 34 91 306 99 00 | móvil: 680 936 327

Alicia Costas, Access Info Europe
e-mail: alicia@access-info.org | tel: +34 91 365 65 58 | móvil: +34 655 970 814

Notas:

[1] Directiva 2001/18/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de marzo de 2001 sobre la liberación intencional en medio ambiente de organismos modificados genéticamente: http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/food/l28130_es.htm
[2] Petición de información, 17 de diciembre de 2012, http://tuderechoasaber.es/ca/request/ambiental_de_localizacin_y_exten
http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1687
[3]Ver: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/biotecnologia/organismos-modificados-geneticamente-omg-/consejo-interministerial-de-ogms/superficie.aspx
[4] La Directiva 2001/18/CE de 12 de marzo sobre la Liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente requiere que dicha información sea puesta a disposición del público a través de un registro.
[5] Es el propio Ministro de Agricultura, quien haciéndose eco de la jurisprudencia del TJUE que citamos en nuestro escrito de solicitud, ha aclarado cualquier duda sobre nuestro derecho a acceder a la información que solicitamos, en la Orden AAA/1601/2012, de 26 de junio, por la que se dictan instrucciones sobre la aplicación en el Departamento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente cuando concluye al final de su texto :
En concreto, en cuanto a la información relativa a organismos modificados genéticamente (OMGs), la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto C-552/07 ha venido a declarar que no cabe invocar una reserva relativa a la protección del orden público o a otros intereses de Estado para denegar una solicitud de información sobre la ubicación exacta, mediante coordenadas geográficas, del lugar donde se realice la liberación de organismos modificados genéticamente, debiendo prevalecer las exigencias de transparencia derivadas de las Directivas 2001/18 y 2003/4.”
[6] La organización ecologista, Greenpeace, presentó la semana pasada una denuncia ante de la Comisión Europea por no existir un registro público con esta información http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2013/Marzo/Greenpeace-denuncia-a-Espana-ante-la-Comision-Europea-por-incumplir-la-directiva-de-transgenicos/
[7] Campaña de Amigos de la Tierra: www.únicoseneuropa.org

 

Ayúdanos a difundir esta campaña de twitter para saber en qué estado se encuentra la ley de transparencia: solo tienes que mandar un tuit.

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Hace 228 días que la ley de transparencia entró en el Congreso para ser debatida y no sabemos nada de su estado. Desde entonces se han sucedido 20 ampliaciones del plazo que tienen los grupos parlamentarios para presentar sus enmiendas al texto. La Comisión Constitucional encargada de debatirlo no ha publicado un calendario, no da fechas sobre cuándo se aprobará y no está contando con la ciudadanía para mejorar el proyecto de ley. Todo ello a pesar de que el actual redactado ha sido muy criticado por expertos, nacionales e internacionales, por la sociedad civil y por los que participaron la consulta pública que convocó el Gobierno.

Queremos que la Comisión Constitucional publique:

  • Un calendario con las fechas de las comparecencias de expertos que quedan y con las fechas de las votaciones.
  • La lista de los expertos que van a comparecer antes de la votación de la ley.

Ninguno tenemos ya duda alguna sobre la urgente necesidad de establecer un sistema de transparencia sólido, completo y transversal en España. Los casos de corrupción siguen floreciendo, y Gobierno y oposición parecen no querer aprobar medidas tajantes para acabar con un problema que la mayoría percibimos como endémico, por mucho que nuestros gobernantes no lo reconozcan.

La transparencia es una medida fundamental para luchar contra la corrupción y para hacer más eficiente el funcionamiento de nuestras instituciones. Para conseguir este cambio necesitamos que la futura ley de transparencia sea mejor, en línea con los estándares internacionales y adaptada a los nuevos movimientos que definen la transparencia como el Open Data o El Open Government.

Las promesas ya no valen. Tenemos la ley entre las manos y es una oportunidad única para cambiar el rumbo y la forma de hacer política en España. El nuevo pacto contra la corrupción no es vinculante, la ley de financiación de partidos no da resultados… Necesitamos un cambio a mejor y solo una ley que reconozca el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental aplicable a todas las instituciones públicas puede traer ese cambio.

 

¡Ayúdanos a pedir más transparencia sobre la ley de transparencia!

El miércoles 13 de marzo de 2013 a partir de las 09:00 manda un tuit al Congreso con un link a este post para conseguir entre todos más información sobre la futura ley. Puedes añadir a tu diputado favorito, búscalo en esta lista.

Algunos ejemplos:

¿Dónde está la ley de #transparencia? @Congreso_Es #PreguntaCongreso -> http://bit.ly/Zkbc8S

¿Cuándo sabremos si la ley de #transparencia incorpora mejoras que pide la ciudadanía? @Congreso_Es #PreguntaCongreso -> http://bit.ly/Zkbc8S

Gracias por tu apoyo,

Access Info Europe, la Fundación Ciudadana Civio y Qué hacen los diputados

Esta reacción se produce tras una queja formal remitida por la Plataforma Eurovegas No ante la escasa información facilitada sobre este proyecto.

El Defensor del Pueblo ha criticado severamente el secretismo de la Comunidad de la Madrid sobre el macroproyecto Eurovegas y exige total transparencia sobre el mismo. En una respuesta por escrito tras una queja formal remitida por la Plataforma Eurovegas No ante la escasa información facilitada sobre este proyecto, Francisco Fernández Marugán (adjunto primero a la Defensora del pueblo) destaca que se trata de un proyecto de “excepcional interés público”, por lo que “la Comunidad de Madrid ha de ser transparente sobre cuanto conozca sobre el futuro centro de ocio, y debe informar a los interesados“.

Desde que salió a la luz la intención de construir Eurovegas en Madrid, la Plataforma Eurovegas No ha realizado 12 solicitudes de información a diferentes instituciones solicitando detalles sobre este proyecto sin que ninguna haya sido satisfactoria, algunas por falta de respuesta y otras por respuestas vagas e imprecisas, como las enviadas por el Ministerio de Industria y el Ministerio de Hacienda.

El Defensor del Pueblo, en su respuesta a la queja planteada el pasado 8 de noviembre por la plataforma, comentaba que “la Comunidad de Madrid ha de obtener información, incluso tratándose de una mera expectativa de implantación de carácter privado, pues no sólo a la entidad promotora correspondería informar de su contenido”, criticando las respuestas que alegaban no tener información sobre el proyecto.

Las peticiones realizadas por la Plataforma Eurovegas No a través de Tuderechoasaber.es solicitaban, entre otra información:

    • Cualquier estudio o investigación realizado o encargado por la Comunidad de Madrid sobre Eurovegas
    • La información referente a los costes reales del proyecto para el contribuyente y los posibles impactos medioambientales y sociales que puede tener el proyecto.
    • Cartas y comunicaciones realizadas entre Las Vegas Sands Corporation y la Comunidad de Madrid.

El Defensor del Pueblo hace una mención a la adopción por la Comunidad de Madrid en diciembre de 2012 de la ley de Medidas Fiscales y Administrativas y contrasta este hecho con la falta de respuestas a las preguntas de la Plataforma. Destaca que “hay un desequilibrio entre la falta de respuesta a una solicitud legítima formulada por los ciudadanos y la respuesta en forma de ley ante una mera expectativa”.

El Defensor del Pueblo también solicitará más información

En la carta, el Defensor del Pueblo afirma que investigará, por ejemplo, si Las Vegas Sands Corporation ha presentado alguna solicitud para la aprobación como Centro Integrado de Desarrollo para un proyecto de juego, ocio y turismo de grandes dimensiones, si ha sido presentada por la empresa una solicitud de declaración de viabilidad, y si habría sido resuelta por el Consejero competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

La opinión del Defensor del Pueblo demuestra el vínculo entre transparencia y el derecho fundamental de la libertad de expresión: sin información es imposible tener un debate público sobre un tema de gran interés público, tal y como es Eurovegas”, comenta Helen Darbishire, directora de Access Info Europe. “Es evidente que España necesita con urgencia una ley de acceso a la información; el gobierno debe actuar con prisa para rellenar este vacío legal”.

La Plataforma Eurovegas No va a continuar con su campaña por una mayor transparencia en la tramitación y decisiones sobre Eurovegas para poder esclarecer las condiciones y las consecuencias de la construcción de este macroproyecto del que se sabe tan poco.

Para más información sobre este tema, puedes contactar con Alicia Costas de Access Info Europe a través del email alicia(arroba)access-info(punto)org.

La carta del Defensor del Pueblo:

La directora de Access Info Europe, Helen Darbishire, analiza el estado de la tramitación parlamentaria de la Ley de Transparencia, sus limitaciones y su relación con los casos de corrupción.

ley_transparencia1120Las declaraciones de los miembros del Gobierno y de los partidos políticos que tienen la misión de debatir la Ley de Transparencia en el Congreso durante estas semanas pueden llevar a confusión. ¿Qué quiere decir Rajoy cuando afirma que aplicará los “principios de transparencia” que desarrolle la norma a todos los organismos financiados con fondos públicos -lo que incluiría partidos políticos, Casa Real…-? Lo que está claro es lo que no significa: por el momento, el Gobierno no incluye formalmente a estas instituciones como objeto de la ley en trámite.

La directora de Access Info Europe, Helen Darbishire, que lleva en España más de seis años promoviendo el derecho de acceso a la información, analiza la situación (el artículo completo, aquí) de la reforma legislativa y su relación con los escándalos de corrupción (Bárcenas, Urdangarin, etc), la creciente desafección de la ciudadanía, el aumento de los impuestos y del paro y el recorte de servicios sociales. “Los expertos y activistas están pidiendo que el texto del proyecto de ley sea reforzado. La cuestión es si la actual crisis política será suficiente para persuadir a las autoridades españolas de acercar la ley a la línea de los estándares internacionales”, afirma. Recogemos algunas de sus reflexiones sobre este asunto.

 

El primer borrador, insuficiente

“El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno está siendo considerado por la Comisión Constitucional del Congreso. La versión que actualmente está bajo consideración es la presentada al Congreso por el Consejo de Ministros el 27 de julio de 2012. Véase la declaración del Consejo de Ministros. Por lo que sabemos, y pese a las distintas promesas que se han hecho en respuesta a las críticas por el proyecto de ley, éste no ha sido modificado.

La proposición de ley de acceso a la información fue preparada por el Partido Popular, tras llegar al poder en las elecciones de noviembre de 2011, con la promesa de presentar una ley de transparencia en sus 100 primeros días.

El primer borrador, hecho público en marzo de 2012, fue rotundamente criticado por expertos nacionales e internacionales. Más de 3.700 personas participaron, a principios de abril de 2012, en una consulta pública sobre el borrador que estuvo abierta durante dos semanas. Aunque el gobierno nunca publicó un informe sobre dicha consulta, la filtración de un informe interno mostró que la mayoría de los participantes habían pedido que la ley fuera fortalecida de manera significativa.

En análisis de Access Info Europe, el proyecto de ley no permitirá a España ratificar la Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales”.


Prevista para antes de verano

“La Comisión Constitucional del Congreso ha mantenido dos audiencias para discutir sobre el proyecto de ley, uno el 23/01/2013 y otro el 07/02/2013, con ocho invitados externos que aportaron comentarios sobre el mismo. No todos esos invitados son expertos en acceso a la información; de hecho, un catedrático llegó a decir en su intervención que no sabía por qué había sido invitado.

Por otro lado, ni Access Info Europe ni los 65 miembros de la Coalición Pro Acceso, los cuales han estado presionando durante 6 años para aprobar una ley, han sido invitados a participar. La Coalición publicó un comunicado de interés la semana pasada, ver aquí.

Siempre que el actual gobierno no caiga, la ley debería ser aprobada antes de las vacaciones de verano de 2013. Probablemente, no vaya a ser objeto de grandes reformas, lo que significa que la ley de acceso a la información más reciente del mundo será también una de las peores.”


Las carencias de la ley

“Hay una serie de problemas con la ley, que cubre la divulgación proactiva y reactiva de información, pero también, y únicamente entre las 93 leyes de acceso a la información del mundo, contiene un capítulo sobre buen gobierno que establece sanciones por violaciones de otras leyes relativas a conductas administrativas, éticas o conflictos de intereses.

Algunos de los problemas más significativos detectados por Access Info Europe y expertos nacionales e internacionales son:

  • ¡No es un derecho! El actual proyecto de ley no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. La mayor consecuencia de esto serán las complicaciones cuando haya que aplicar la nueva norma en el complicado sistema autonómico español.
  • La privacidad prevalecerá: Otra consecuencia crucial es que la ley no tiene el mismo estatus que la ley de privacidad, que está fuertemente regulada en España y que se aplica con rigor para denegar el acceso a la información que contiene nombres de individuos.
  • Alcance limitado: El alcance del proyecto de ley está limitado a los organismos que están sujetos al derecho administrativo, excluyendo mucha información relativa al poder legislativo y judicial, así como otros organismos como el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social.
  • Información limitada: El controvertido Artículo 15 de la ley excluye grandes cantidades de información del derecho a preguntar, incluyendo “información auxiliar o de apoyo como son las notas, borradores, opiniones, sumarios, y comunicaciones e informes internos compartidos dentro o entre los organismos públicos”.
  • Difiere de otras leyes: una disposición que va más lejos, la Primera Disposición Adicional, convierte a la ley de transparencia en secundaria frente a otras informaciones que estén sujetas a “un régimen legal específico para el acceso a la información”.
  • Débil supervisión: El organismo de control propuesto (la Agencia Estatal de Transparencia) es dependiente del gobierno y sus poderes no están especificados en el proyecto de ley.

Estas deficiencias en la ley son de especial importancia porque nuestro seguimiento en España muestra un nivel de silencio administrativo que ronda el 50%, y con sólo un 15% de solicitudes que consiguen contestaciones con la información deseada. Esto es, en práctica, una considerable falta de transparencia que solo puede ser modificada por una ley de acceso a la información fuerte.

El proyecto de ley tiene una serie de obligaciones de transparencia proactiva, muchas de las cuales reflejan los requisitos o prácticas existentes. También establece un mecanismo básico para que la ciudadanía pida información, previo registro de la identidad del solicitante, una dirección, y los detalles de la solicitud de información, y establece un periodo de un mes para responder.

Los solicitantes no tienen por qué explicar su motivación, pero esto se ve socavado por un artículo que dice que “pueden incluir razones” y que si lo hacen, deben ser tenidas en cuenta en el momento de resolver la solicitud”.

En enero de 2013, Access Info Europe y la Fundación Civio lanzaron una petición online instando a que los partidos políticos entraran dentro del alcance de la ley de acceso a la información; fue firmada por más de 176.000 personas. Por el momento, las respuestas ha esta campaña no pasan de declaraciones públicas sin implementación real.

El Anteproyecto de Ley no reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental.

El pasado lunes 26 de marzo el Gobierno hizo público el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno .

Hasta el próximo 10 de abril, todos los ciudadanos podemos aportar nuestras opiniones y sugerencias para mejorar el Anteproyecto, antes de que se presente en la Cumbre del Open Government Partnership, el próximo 17 de Abril en Brasilia. “La participación ciudadana en esta consulta es esencial”, resaltó Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe y representante de la sociedad civil española en la próxima Cumbre del Open Government Partnership.

Darbishire resaltó los avances que supondría el Anteproyecto respecto a la situación actual en España: por ejemplo, exige la publicación proactiva de muchos datos públicos, como la ejecución de presupuestos. Pero también subrayó que con este Anteproyecto seguiríamos estando muy por debajo de los estándares de transparencia europeos e internacionales, reflejados en el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a Documentos Públicos.

Access Info Europe resalta la ausencia de varios puntos esenciales en la nueva propuesta gubernamental:

– El Anteproyecto de Ley no reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental

– La propuesta incluye una larga lista de excepciones en las que queda reservado el derecho de acceso a la información en varias áreas de la Administración Pública, como defensa o seguridad nacional, así como en lo que respecta a la Casa Real.

– Aunque ciertos intereses legítimos del Estado deben ser protegidos, el interés general no prima a la hora de diferenciar entre información pública y reservada, y se le da excesiva prioridad a la protección de datos. Por ejemplo, cuando se publicó el patrimonio de senadores y diputados, se dio prioridad al interés público que generaba frente a la protección de datos de diputados y senadores.

– El Anteproyecto no garantiza el fin del silencio administrativo que impera en España, donde más del 60% de las solicitudes de información pública quedan sin respuesta.

– En caso de vulneración del derecho de acceso a la información no se prevén sanciones específicas, por lo que permanecería el clima actual de impunidad.

El Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno queda así muy lejos de los 10 principios que defiende la Coalición Pro Acceso, la agrupación de más de organizaciones que lucha por el derecho a la información pública y la transparencia en España desde 2006.