Desde ahora está en manos de los ciudadanos comprobar si las instituciones se tornan más transparentes a partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia

Ayer, 10 de diciembre, entraron en vigor las primeras obligaciones de transparencia para la Administración General del Estado, tanto la de publicar de oficio la información que especifica la ley como la de responder a las solicitudes de información que formulemos los ciudadanos.

Para empezar a cumplir con la primera, el Gobierno abrió también ayer el esperado Portal de Transparencia. Access Info y Civio, las dos organizaciones que estamos detrás de Tuderechoasaber.es, hemos preguntado varias veces en los últimos meses al Gobierno para conocer las características de este portal, y ver si recogía las buenas prácticas que existen en países más transparentes que el nuestro. Aunque la prensa sí fue convocada el 9 de diciembre en Moncloa para conocer de mano del Gobierno el número de gigas y los miles de documentos del portal, nosotros no fuimos convocados ni informados en ningún momento.

Portal Transparencia_previewA final, se cumplieron los peores pronósticos: los obstáculos para ejercer nuestro derecho a solicitar y recibir información son más y más férreos de lo que esperábamos. El principal, que será necesario registrarse con DNI electrónico o a través de una clave que se recibe en el teléfono móvil para pedir información a la administración central por vía telemática. Lo comunicamos ayer a primera hora y, si has seguido en las últimas horas las valoraciones que han publicado los medios (desde El País a El Mundo o el Huffington Post), seguro que estás al tanto.

¿Y ahora?

Como siempre insistimos, desde ahora está en manos de los ciudadanos comprobar si las instituciones se tornan más transparentes a partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Te animamos a pedir información por cualquier medio. En Tuderechoasaber.es puedes seguir formulando preguntas a muchos organismos que sí facilitan una dirección de correo electrónico y no exigen tu identificación certificada electrónicamente. También puedes seguir pidiendo información a instituciones autonómicas y localesaunque aún no tienen que aplicar la la ley de transparencia. Recuerda que si no tenemos su contacto, podemos buscarlo y añadirlo.

Hemos recorrido ya un largo camino. Desde 2012, Tuderechoasaber.es ha canalizado más de 1.500 solicitudes de información. Reiteramos nuestro compromiso de vigilancia responsable para que las medidas de transparencia no se diluyan en palabras vanas. Estudiaremos si es posible adaptar técnicamente Tuderechoasaber.es para que pueda seguir facilitando la tarea a los ciudadanos y compartir además públicamente las preguntas y las respuestas. Lo haremos en las próximas semanas y os mantendremos informados.

Gracias por tu confianza.

El equipo de Tuderechoasaber.es

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El derecho a saber comienza con el deber de preguntarHazlo en Tuderechoasaber.es

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Bola extra: el 9 de diciembre, Access Info Europe y Civio mantuvimos un encuentro digital en ElConfindencial.com donde respondimos a preguntas enviadas por los lectores sobre la Ley de Transparencia y la situación del acceso a la información en España. Nos gusto mucho la experiencia. Gracias a los organizadores por invitarnos.

Aquí puedes consultarlo>>

Una campaña de Access Info Europa para obtener esta información ha recogido hasta el momento siete respuestas plenamente satisfactorias, seis respuestas parciales o imprecisas y seis silencios

A lo largo de 2013 Access Info Europe puso en marcha una serie de 19 solicitudes de información para conocer el coste de creación y mantenimiento de los numerosos portales de datos abiertos que estaban aflorando en España. En total contactó con diez gobiernos autonómicos, siete ayuntamientos, una entidad nacional y una universidad.

La campaña se saldó con siete respuestas plenamente satisfactorias, seis respuestas parciales o imprecisas y seis silencios.

Gracias a las primeras conocemos información sobre la creación, el mantenimiento y el personal de los portales de datos abiertos del Gobierno de Navarra, el Gobierno Vasco, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Castilla La Mancha, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. La Generalitat de Cataluña remitió al solicitante a un formulario estándar en lugar de responder a través del medio solicitado. Access Info continuó la solicitud por esa vía y obtuvo la información completa.

Las respuestas de la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias, los ayuntamientos de Pamplona, Lleida y Barcelona, y la del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (responsable del portal nacional datos.gob.es) no aclaran algunos de los puntos solicitados o lo hacen de un modo vago. Aún así los resultados nos acercan al funcionamiento de estos portales.

El Gobierno de las Islas Baleares, la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Badalona, San Boi y Gijón, directamente, no respondieron.

Los resultados obtenidos arrojan un mapa diverso. La mayor parte de los portales fueron creados y son mantenidos a través de recursos propios de la administración correspondiente, que afirma que el lanzamiento no supuso costes adicionales. Los portales de la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de España, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno Vasco fueron los más caros, todos por encima de los 100.000 € de inversión inicial. En general, los costes de mantenimiento de los portales son bajos y la mayor parte de los portales sólo requieren una o dos personas trabajando a tiempo completo. Una muestra más amplia de casos arrojará datos más concluyentes sobre el gasto y el funcionamiento de los portales en los distintos niveles de la administración.

En 2014 Access Info ha comenzado una segunda ronda de solicitudes de información para cubrir los nuevos portales que siguen proliferando, cada vez más en la administración local. Los resultados iniciales continúan la línea de los anteriores y serán analizados en profundidad en sucesivos informes.

A raíz de una investigación llevada a cabo por la defensora del pueblo europeo, ha decido publicar 140 documentos internos solicitados por un periodista alemán sobre la entrada de Grecia en la Eurozona

Buenas noticias en el campo del acceso a la información dentro de las instituciones europeas. Las investigaciones llevadas a cabo por la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, han conducido a que la Comisión Europea haya publicado 140 documentos internos relacionados con la entrada de Grecia en la Eurozona en el año 2001. Estos documentos habían sido solicitados por un periodista alemán hace ya más de dos años, e inicialmente le habían sido denegados.

Emily O’Reilly ha felicitado a la Comisión Europea por haberse finalmente ajustado a las disposiciones de la Ley 1049/2011 y no entorpecer el ejercicio por parte de los ciudadanos del indispensable, necesario y democrático derecho de acceso a la información. La nota de prensa y la decisión  completa emitidas por la Defensora del Pueblo no pasan por alto, sin embargo, que la Comisión no actuó bien al retrasar injustificadamente la publicación de los documentos solicitados y al interrumpir el contacto con el solicitante de una forma tan abrupta, errores que la propia Comisión ha asumido como suyos. Pero igualmente la decisión de O’Reilly también valora que una vez iniciadas las investigaciones por parte del organismo que preside, la Comisión reaccionó de manera rápida y publicó tan pronto como le fue posible los documentos en cuestión.

Emily O’Reilly ha aprovechado la buena resolución del incidente para emitir unas breves declaraciones: “Especialmente en tiempos de crisis, es vital que los europeos entiendan cómo suceden las decisiones importantes que afectan a sus vidas. Europa sigue afectada tangiblemente por estas decisiones y el papel jugado por los diferentes actores necesita ser clarificado para poder aprender lecciones para el futuro”.

Los detalles del proceso

En noviembre de 2011 el periodista en cuestión se puso en contacto con la Comisión para trasladarle una solicitud de acceso a la información, amparado por el Reglamento Europeo 1049/2001 sobre acceso a información de la UE, que estableció el derecho de acceso a la información a nivel europeo y definió los mecanismos para solicitar documentos a las instituciones europeas. Concretamente, solicitó el acceso a todos los documentos fechados entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de junio de 2000 que guardasen relación con la entrada de Grecia en la Eurozona incluyendo, entre otros, documentos preparatorios, informes de convergencia y las cartas e emails entre miembros de la Comisión y autoridades griegas y de otros estados miembros.

La Comisión procedió a publicar un conjunto muy limitado de documentos, no logrando satisfacer los intereses del solicitante. En este punto el periodista alemán recibió una comunicación oficial en la que se le hacía saber que debido a la antigüedad de los documentos solicitados, muchos de ellos no estaban informatizados y se encontraban diseminados por diversos archivos históricos. El trabajo de recopilar todos ellos hacía imposible cumplir los plazos establecidos por la mencionada ley 1049/2001, por lo que la Comisión propuso, a modo de solución, el envío de todos los documentos solicitados para el 29 de febrero de 2012, a más tardar.

El solicitante aceptó la propuesta pero, un mes más tarde de la fecha acordada no había recibido aún noticias de la Comisión. Tras enviar un nuevo email que no recibió contestación alguna, el solicitante optó por formular una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo en abril de 2012. Tras una larga investigación y un diálogo tripartito entre Comisión, Defensor y solicitante durante más de un año y medio, en noviembre de 2013 la Comisión accedió a publicar un total de 140 documentos que la investigación llevada a cabo por los investigadores del Defensor del Pueblo había juzgado relevantes para la petición del solicitante.

Valoración de Access Info Europe

A nuestro juicio es muy positivo que la Comisión haya respondido favorablemente a las observaciones realizadas por la Defensora del Pueblo Europeo y consideramos que este caso sentará un importante precedente para futuras peticiones de acceso a la información a la Comisión y al resto de instituciones europeas. Sin embargo nos alarma considerablemente que, si no hay supervisión alguna de organismos de control como el Defensor del Pueblo, la Comisión no responda a estas solicitudes con la prontitud y corrección que le corresponde, y por el contrario ponga trabas al ejercicio de un derecho que consideramos esencial para lograr una transparencia efectiva en nuestras instituciones democráticas. Es fundamental que las instituciones que nos representan y que redactan las leyes que nos gobiernan se ajusten plenamente a las regulaciones sobre el acceso a la información y que cumplan estrictamente los plazos y procedimientos establecidos. Confiamos en que a raíz de este caso, tanto la Comisión como el resto de instituciones europeas valoren como se merece la importancia del derecho fundamental de acceso a la información, y apliquen las lecciones aprendidas a las solicitudes que reciban en el futuro.

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Javier Bornstein, Investigador de proyectos de Access Info Europe

Firma invitada. Este post ha sido publicado originalmente en el blog de David Muñoz Sastre.

 

En un país normal, con unas instituciones públicas normales y con una Ley de Transparencia normal (o, simplemente, una Ley de Transparencia) no pasarían cosas como las que vengo a contar hoy. Pero España no cumple esos simples requisitos. Y los ciudadanos pagamos las consecuencias.

Un documento tan simple como los presupuestos de un ayuntamiento, alimentados fundamentalmente con dinero público de todos nosotros a través de los impuestos, debería ser algo fácil de consultar por todos, ¿no? Al fin y al cabo, si pedimos dinero a nuestros padres, lo mínimo que querrán ellos es que les digamos en qué nos gastamos ese dinero, ¿no? ¿O es que podemos gastarnoslo todo en ropa y fiestas sin necesidad de justificarlo? No, ¿verdad?

Pues algo parecido debería pasar con los documentos públicos que muestran en qué invierten (o gastan) nuestro dinero las administraciones públicas, en este caso los consistorios. Yo, ingenuo, al ver el art. 169.7 de la Ley Reguladora Haciendas Locales (“La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio”), creí que esto de pedir los presupuestos no sería complicado o que, incluso, estarían colgados en las webs pertinentes de cada municipio. Me equivoqué.

Presupuestos municipales de un ayuntamiento de Menorca

 

No hablo, obviamente, de los presupuestos de Barcelona, Madrid o cualquier gran ciudad española. Estos son fáciles de encontrar y a menudo son trabajados por los medios de comunicación. Me refiero a municipios pequeños, en concreto los de Menorca, cuya población no supera los 30.000 habitantes y a veces no llega a los 5.000.

Llevo unos cuantos meses persiguiendo a los 8 ayuntamientos de la Isla para preparar un trabajo de análisis y visualización de datos y comparar sus gastos. En Menorca (esa isla de aproximadamente 100.000 habitantes que sigue existiendo más allá del verano), la mayoría de ellos no publican los documentos presupuestarios en sus respectivas webs institucionales y tampoco ponen demasiadas facilidades para que accedas al documento si te diriges presencialmente al consistorio. Ni como periodista ni como ciudadano. Si vives en un pueblo pequeño probablemente te pase lo mismo.

Que no estén online no es lo más grave. Al fin y al cabo, uno puede pensar (aunque cuesta) que por escasez de recursos tecnológicos no puedan colgarlos. Lo que es grave es que intenten esconder, de todas formas, este tipo de documentos pensando que así salvaguardan poder y evitan que esos periodistas cabrones rebusquen demasiado entre tanto dato. A ver si los ingenuos serán ellos…

Y el problema no es sólo de las instituciones opacas, también nuestro por no reclamar derechos como el de acceder a este tipo de información pública. He podido hablar con funcionarios (personal de administración de dichos ayuntamientos) que, tras dos décadas en el puesto, nunca habían recibido una petición de presupuestos. O con el mismo interventor de un ayuntamiento, quién se ocupa de revisar todos los temas económicos del consistorio, y recibí la misma respuesta: “Nadie pregunta por un documento que suele ser tan difícil de entender”.

Después de varias semanas de llamadas, emails e instancias, he conseguido los presupuestos de la mayor parte de consistorios menorquines. Algunos escaneados, otros en versión digital original. Algunos en PDF, otros en Excel, otros en Word. En fin, un caos. Con esto quiero dejar claro que no es imposible acceder a la información (más faltaría), pero sí muy complicado. Demasiado. Y eso es lo que hay que denunciar.

A lo largo de este camino me he encontrado con argumentos surrealistas de todo tipo de los responsables de las áreas económicas, interventores y personal de administración que solamente pueden interpretarse de una forma: no querían cederme esa información. Para que os hagáis una idea, he recogido las 10 excusas que más me han impactado, algunas de ellas inverosímiles. No me invento nada, son citas literales:

1. Deberías hacer una instancia primero. Ya te avisaremos.

2. Es un documento solo disponible para los ciudadanos de ese municipio.

3. Estamos liados cerrando el presupuesto del año que viene y no disponemos de tiempo para gestionar tu petición.

4. La ley nos obliga a poder ofrecerlo para consultas, no a entregarte una copia.

5. No te lo podemos pasar digitalmente, los archivos pesan mucho.

6. El interventor está de vacaciones.

7. Solo llevo aquí 3 años, los presupuestos anteriores no sé quién los tiene.

8. Estamos muy liados después de las vacaciones navideñas y no tenemos tiempo de enviártelos.

9. Llevo 20 años aquí y nadie me había pedido los presupuestos. Espera que lo pregunto.

10. Yo solo soy la secretaria, llama dentro de dos semanas y pregunta por alguien de contabilidad.

En fin, creo que esto ilustra lo que decía al comienzo: este no es un país normal con unas instituciones normales.

El reto acaba de empezar (no basta con recopilar los datos, ahora hay que entenderlos, analizarlos, compararlos y visualizarlos). Os mantendré actualizados con la evolución del trabajo. De momento voy a leerme con calma los presupuestos, espero no caer muerto entre tanta partida presupuestaria.

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David Muñoz Sastre es periodista, emprendedor digital, autor del blog davidmunozsastre.com y cofundador de elideario.com.

La organización denuncia que ninguna institución de la comunidad hace pública su financiación de la tauromaquia y exige que los ciudadanos puedan acceder a toda la información detallada.

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La plataforma ‘Galicia, Mellor Sen Touradas‘ ha puesto en marcha la primera campaña a favor de la transparencia en el uso de dinero público para subvencionar corridas de toros en el territorio gallego. Para llevarla a cabo, esta organización ha formulado varias solicitudes de acceso a través del portal Tuderechoasaber.es para exigir a los consistorios gallegos que hagan pública la información detallada de las partidas presupuestarias que destinan a la celebración de eventos taurinos.

La organización ya ha registrado seis solicitudes de información a las instituciones que destinan financiación pública a festejos taurinos, como los municipios de Sarria, Padrón, Muíños y A Coruña. Todas las peticiones pueden consultarse www.taurosubvenciones.info. Rubén Pérez, portavoz de ‘Galicia, Mellor Sen Touradas’, ha calificado de lamentable que “los ciudadanos desconozcan cuál es el montante real de los subsidios. Ciudadanos que pagan sus impuestos y que tienen derecho a saber en qué se dedica su dinero”.

Descarga aquí su nota de prensa (.pdf)

Para obtener más información:

Más campañas en Tuderechoasaber.es

En Tuderechoasaber.es queremos que todos, particulares, asociaciones y movimientos ciudadanos, ejerzan su derecho de acceso a la información. Si quieres iniciar una campaña de acceso a la información con nosotros, escríbenos a contacto@tuderechoasaber.esAquí puedes conocer otras campañas.

Nota – Este compendio de artículos publicados durante el año fue enviado a los suscriptores del boletín informativo de Tuderechoasaber.es el pasado diciembre. Para suscribirte no tienes más que rellenar este formulario.

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Siguiendo la estela del año anterior, en 2013 la palabra “transparencia” se ha instalado irreversiblemente en el argumentario oficial de los partidos y las instituciones. Un proceso que hoy mismo se materializa en el BOE, con la publicación del redactado definitivo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.

Durante los últimos 12 meses, las organizaciones impulsoras de Tuderechoasaberhemos defendido que a la transparencia no se ingresa de un día para otro, usando una ley a modo de visado. La web refleja -como ha sido siempre su propósito- la auténtica voluntad de nuestras instituciones para abrir las puertas de la información a los ciudadanos. No hay mejor modo de contrastar la predisposición de nuestros representantes a ser transparentes que comprobar cuántas peticiones de información han respondido los organismos que dirigen, y el modo en que lo han hecho. El Ministerio de Presidencia -impulsor del proyecto de ley de transparencia- es el mejor punto de partida, con 34 solicitudes remitidas desde marzo de 2012 y que no acepta recibir mediante correo electrónico. Ministerios como Interior (41 solicitudes recibidas), Economía (otras 41), Hacienda (73); órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (5 solicitudes) o el Tribunal de Cuentas (8 solicitudes); reguladores como el Banco de España (13 solicitudes); así como la gran mayoría de entes autonómicos ylocales dejan vacías de contenido la palabra “transparencia” y la ley que la invoca.

La única “transparencia” real es la que se traduce en información que los ciudadanos podamos usar para tomar mejores decisiones en nuestro día a día, participar más y mejor en el sistema representativo y comprobar por nosotros mismos la responsabilidad y buen hacer de las instituciones.

Hemos recopilado los artículos publicados en nuestro blog en 2013 que abordan buena parte de los impedimentos cotidianos que el ciudadano afronta en España para acceder a la información. También los que divulgan las mejores prácticas en otros países y los que denuncian los peores hábitos del nuestro. Por último, debajo encontrarás todo lo que hemos escrito mes a mes sobre la tramitación de la propia ley.

Queremos que conozcas esta información y la uses. Considéralo un recurso de referencia, pues será la base sobre la que la Fundación Ciudadana Civio * y Access Info Europe vamos a continuar monitorizando y evaluándo muy de cerca en 2014 la implantación, ejecución y resultados de las medidas de transparencia que nos han estado prometiendo. Y, como hasta ahora, te lo iremos contando en el blog de Tuderechoasaber.es.

Muchas gracias por tu apoyo.

El equipo de Tuderechoasaber.es

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Más información

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  • Las organizaciones pro transparencia denunciamos la tibieza de una ley totalmente insuficiente. 31 de julio. Leer
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  • Transparencia: España 0-4 Ruanda. 20 de marzo. Leer
  • Tras la campaña #PreguntaCongreso exigimos conocer el futuro de la Ley de Transparencia. 19 de marzo. Leer
  • ¿Dónde está la Ley de Transparencia? @Congreso_es #PreguntaCongreso. 13 de marzo. Leer
  • ¿En qué punto está la Ley de Transparencia? 7 de marzo. Leer
  • Todo sobre la 2ª comparecencia de expertos sobre transparencia en el Congreso.15 de febrero. Leer
  • Si los partidos se declaran dispuestos a someterse a la Ley de Transparencia, ¿por qué no lo hacen? 31 de enero. Leer
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Proponemos a los ciudadanos que contacten directamente con un senador conocer públicamente su opinión sobre la Ley de Transparencia y saber si está dispuesto a proponer mejoras en la misma

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El día 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho a Saber y lo queremos celebrar. España está aprobando en estos momentos una Ley de Transparencia (¡por fin!) y la sociedad civil está siguiendo este proceso muy de cerca para conseguir que esa norma esté a la altura de las mejores leyes del mundo.

Sin embargo, tras pasar por el Congreso de los Diputados, la ley no es buena. Seguiremos sin poder saber cómo toman sus decisiones los políticos, un ejemplo representativo es la pregunta de si es más barato privatizar la sanidad o por qué hay que pagar una tasa por generar energías renovables.

Ahora le toca al Senado decidir el futuro de la transparencia, por eso vamos hablar con nuestros senadores.

Poder contactar con un/a senador/a y ayudar a mejorar la Ley de Transparencia no es difícil:

  1. Elige a un/a senador/a de tu provincia y ponte en contacto con él/ella directamente a través de esta página. Puedes intentar quedar en persona o directamente enviar un mail (marca en esta lista el senador que elijas).
  2. Explícale por qué queremos cambios en la Ley deTransparencia (a continuación encontrarás una propuesta de mail que puedes usar para imprimirlo y dárselo en persona o enviárselo o simplemente para tener más información y hablar con tu senador/a)
  3. Pregúntale cuál es su postura y cuéntanos qué te ha dicho (puedes contárnoslo en la misma lista donde apuntamos todos los nombres)

¡Cuantas más personas hablemos con los senadores podremos conseguir un compromiso para mejorar la transparencia en España!

Si apoyas la campaña, difúndela en Facebook, Google+, Twitter, identi.ca… con el hashtag #senadotransparente

Si quieres saber más, sigue leyendo.

Nueve años esperando una ley de acceso a la información

Hace 9 años que se prometía en España por primera vez la aprobación de una ley de acceso a la información. Desde entonces la sociedad civil, a través de la Coalición Pro Acceso y otras organizaciones, ha luchado por defender que la futura norma garantice el derecho de acceso a la información y que España sea uno de los países con mejores leyes de transparencia.

Por fin hay un Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que acaba de pasar su primera etapa parlamentaria y se ha enviado al Senado.

El problema es que esta ley está lejos de ser “vanguardista” tal y como prometía el Gobierno del Partido Popular y es, en realidad, una ley débil que dejaría a España en la posición 72 de 96 países con leyes de transparencia en el mundo, según el análisis de la Organización Access Info Europe (puedes leer el análisis aquí).

¿Qué podemos hacer?

Durante todos estos años la sociedad civil ha mantenido reuniones con los diferentes gobiernos y con los diputados para presentarles nuestro punto de vista (definido en los 10 principios de la Coalición Pro Acceso y basado en los estándares internacionales en la materia). Ahora vamos a hablar con los senadores.

Lo cierto es que hasta la fecha no hemos tenido suerte y nuestro mensaje no ha calado. Si bien el Proyecto de Ley de Transparencia ha mejorado en algunos aspectos desde que se presentó como anteproyecto el día 26 de marzo de 2012, estas modificaciones no van en la línea con lo que pedía la sociedad civil y se han limitado a introducir algunos “cambios cosméticos”, tal y como señalaba la OSCE en su análisis del texto español.

El Senado, al igual que el Congreso de los Diputados, es una institución en la que reside la soberanía del pueblo español, ejercida a través de los senadores elegidos por las personas con derecho a voto.

Mucha gente opina que el Senado no sirve para nada, pero eso no es cierto. El Senado interviene en la elaboración de las leyes y puede realizar cambios importantes. Por eso vamos a hablar con ellos.

Elige un/a Senador/a de la lista y ponte en contacto con él/ella a través del correo electrónico, Twitter, Facebook, por teléfono o incluso solicita una entrevista cara a cara (los datos de contacto también están en la lista).

La idea es entregarles la documentación donde se dan argumentos a favor de una mejor Ley de Transparencia y comentarla con ellos/ellas. Queremos que los senadores se expresen públicamente su opinión y nos digan si van a proponer cambios sustanciales a la futura ley. Cuando consigas una respuesta, por favor háznoslo saber para tener un mensaje unificado a favor de la transparencia.

¿Qué vamos a pedir? 

Además de entregar el análisis de la ley desarrollado por Access Info Europe (puedes encontrarlo aquí), hay algunos puntos que consideramos esenciales para conseguir una garantía del derecho de acceso a la información.

1. El reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental.

2. Que la ley no excluya de su alcance tipos de información.

3. Que el organismo que vigile la transparencia sea independiente y tenga poder vinculante

A continuación te proponemos un texto en el que desarrollamos estos tres puntos que puedes usar para mandarlo en un email a tu senador/a o te puede servir de guía para preparar tu propio texto. Versión en .doc y en .pdf.

¿Por qué queremos participar?

La necesidad de transparencia es algo que en España ya nadie duda, esta ley es muy importante porque su ambición va a definir el techo al que queremos llegar en materia de transparencia.

Podemos elegir entre el texto que tenemos, que limita la transparencia a tener mayor claridad sobre las cuentas del estado o podemos luchar para que la ley se modifique y afecte a toda la actividad pública: Que explique cuánto cuestan, quién ha tomado las decisiones, por qué y cómo.

¡Ahora vamos a contárselo a los senadores!

  • La norma sigue sin reconocer el derecho fundamental de acceso a la información
  • No incluye informes, borradores y material de trabajo de las administraciones
  • El presidente del Consejo por la transparencia será nombrado por el Gobierno

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha dado hoy carpetazo –con los votos a  favor de PP, CiU y PNV, la abstención por error del PSOE y el ‘no’ del resto de grupos- al debate de enmiendas del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y remite su texto al Pleno del Congreso. Superado este primer trámite parlamentario y con la conformidad del Pleno, que lo valorará en septiembre, el Senado acogerá el proyecto de ley para avanzar hacia su definitiva aprobación.

Las organizaciones que remitimos este comunicado, Access Info Europe, la Fundación Ciudadana Civio y Qué hacen los diputados, hemos tratado durante meses de dialogar y convencer a los distintos grupos parlamentos de que únicamente introduciendo ciertos cambios sustanciales, suprimiendo algunas limitaciones y abordando la norma con un sentido de la responsabilidad y algo de valentía, este texto -que llega con años de retraso y en el transcurso de una crisis de confianza institucional cuyo alcance está aún por valorar- podría servir de base para un régimen de transparencia eficaz, de garantía para el ciudadano y sólido en el cumplimiento de los estándares internacionales.

Un derecho fundamental

El Gobierno ha dejado clara su intención de no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. Se sostiene para ello en valoraciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo anteriores a 2003 que, según nuestros análisis, no tratan en profundidad el asunto de si la Constitución incluye, en el ámbito de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información. Así ha sido reconocido en muchos países de nuestro entorno y en entidades internacionales de Derechos Humanos.

De hecho, esta postura nos sitúa por debajo de los estándares internacionalmente reconocidos que rigen la transparencia y el derecho a la información, cuyo reconocimientomás reciente como derecho fundamental se produjo el pasado 25 de junio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A pesar de que los grupos parlamentarios de UPyD e Izquierda Plural pedían también en España este reconocimiento en sus baterías de enmiendas, el derecho de acceso a la información nacerá lastrado y débil frente a normas fundamentales como el derecho fundamental a la protección de datos.

Una norma con poco alcance

Como hemos denunciado reiteradamente, el proyecto de Ley de Transparencia continúa excluyendo de su alcance [a través del artículo 15(nuevo artículo18)] numerosa información de interés para el ciudadano. Se trata de notas, informes internos, memorandos o comunicaciones internas que generalmente tienen un peso importante en las decisiones de tipo político o administrativo. Esta información queda fuera de la ley y podría suponer para España la imposibilidad de suscribir el Convenio del Consejo de Europa de Acceso a Documentos Oficiales, cuya definición de información es más amplia y resulta incompatible con todas estas exclusiones.

Por otra parte, consideramos muy positivo que las entidades privadas con un 40% de financiación pública a través de ayudas o subvenciones o más de 100.000 euros anuales del erario deban someterse también a la Ley de Transparencia.

Pero este apartado no incluye, por ejemplo, a las empresas que reciban ese porcentaje de su presupuesto vía contratos públicos o a las que se dedican a gestionar servicios públicos privatizados, por ejemplo. Además, aunque finalmente se han incluido, entidades como las formaciones políticas, los sindicatos, las patronales empresariales y otros órganos privados se verán eximidos de dar a conocer otra información económica, estadística o presupuestaria que no sean subvenciones o contratos con la administración. Abogamos por que cumplan la reiterada promesa del gobierno de hacer estas instituciones más transparentes.

Sobre el órgano de revisión

El Consejo de la Transparencia, el órgano que debe velar por el cumplimiento de la ley, no estará adscrito al Ministerio de Hacienda -como estaba previsto-. Aunque la norma no aclara el proceso de elección de los miembros de su comisión, sí deja claro su origen. Serán: un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas, y un representante de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal. La vinculación de la mayoría de estos miembros con el Ejecutivo pone en duda la futura independencia del organismo, cuyo presidente, además, será nombrado directamente mediante Real Decreto por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, aunque deberá ser refrendado en el Congreso.

Concluye así más de un año de trabajo en el Congreso. Lo que las tres organizaciones firmantes sacamos en claro es que de un proceso de tramitación tan opaco como el que ha rodeado a esta ley –dirigido por el Ministerio de Presidencia y ejecutado desde la Secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes-, surge una ley poco ambiciosa, laxa, con pocas garantías de proteger un derecho ciudadano y con escasas expectativas de eficacia contra la opacidad institucional y la corrupción.

Por ello, Access Info Europe, la Fundación Ciudadana Civio y Qué hacen los diputados lamentamos que se haya desaprovechado esta gran oportunidad.

La enorme distancia que existe entre los estándares internacionales de transparencia y el derecho de acceso como lo desarrolla el Gobierno queda reflejado en muchas de las enmiendas de los grupos parlamentarios.

Congreso-efe

Autor: José Pedro Fernández, colaborador de Access Info Europe como investigador de proyectos

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Las enmiendas presentadas el pasado día 2 de julio al Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, reflejan que la mayor parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados se muestra contraria a la regulación propuesta por el Gobierno. Los Grupos Parlamentarios Izquierda Plural y UPyD, así como las formaciones políticas recogidas en el Grupo Mixto, han sido muy críticos con el articulado del presentado.

Entre las enmiendas presentadas, destaca por su relevancia jurídico-política, la necesidad de considerar el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. La enorme distancia que existe entre los estándares internacionales de transparencia y el derecho de acceso  a la información pública como lo desarrolla el Gobierno queda reflejado en muchas de las argumentaciones.

Izquierda Plural ha presentado la que quizás sea la batería de enmiendas más ilustrativa. Las enmiendas 74 y 208 justifican jurídicamente la necesidad de calificar el derecho de acceso como fundamental, es decir, reconociéndolo como un desarrollo legislativo de los artículos 20 y 23 de la Constitución. Esta interpretación viene avalada por numerosos acuerdos y sentencias internacionales, muchas de las cuales son vinculantes para el Estado español (recientemente el TEDH  se volvió a pronunciar a favor del derecho fundamental en su sentencia de 25 de junio).

El Grupo Parlamentario de UPyD también reconoce la necesidad de regular el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental. Si bien nuestra Constitución no reconoce expresamente el derecho fundamental de acceso, nada impide realizar tal reconocimiento mediante una Ley Orgánica. Este procedimiento no sería nuevo en España, dado que ya así realizó con el Derecho Fundamental a la Protección de los Datos de Carácter Personal.

Entre las diferentes fuerzas políticas que componen el Grupo Mixto, no son pocas las voces que critican el carácter ordinario de la ley. Joan Baldoví, diputado de Compromís-Equo, ha expresado en la enmienda número 2 que la Constitución reconoce y garantiza el acceso a la información como un derecho fundamental -en virtud de su artículo 20.1.d relativo a la libertad de recibir y comunicar información-. Desde Geroa Bai se manifesta la necesidad de garantizar el derecho de acceso como fundamental con el objeto de convertir la transparencia en un eje fundamental de toda acción política.

A estas críticas se suma además un amplio abanico de enmiendas presentadas por gran parte del hemiciclo (Izquierda Plural, UpyD, Compromís-Equo, ERC, BNG, Geroa Bai, Amaiur  o Coalición Canaria), que piden mejorar puntos básicos de la regulación para un correcto ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Para señalar las enmiendas de mayor relevancia, resulta bastante clarificador el texto alternativo presentado por el diputado por ERC Alfred Bosch i Pascual, que recoge propuestas defendidas por diferentes fuerzas políticas. Los ejemplos más llamativos son la actualización y mejora en la definición de documento público, el reconociendo de un ámbito de aplicación más extenso (enmienda 123 y 146) y, la eliminación del silencio negativo en favor de silencio positivo, para evitar la discrecionalidad de la administración en la tramitación de las solicitudes recibidas (enmienda 154).

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Otros artículos de esta serie sobre las enmiendas parciales a la Ley de Transparencia:

Enmiendas parciales a la Ley de Transparencia (I): El Grupo Popular propone restringir aún más su alcance