Coincidiendo con el segundo aniversario de la entrada en vigor de Ley de Transparencia, catedráticos y profesores de universidad de toda España han hecho un llamamiento a las fuerzas políticas y poderes públicos a reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental en nuestro país, siguiendo lo establecido por la jurisprudencia internacional.

Los firmantes, entre los que se encuentran juristas y politólogos de reconocido prestigio- como Manuel Villoria, José Luis Piñar, Emilio Guichot, David Ortega, Manuel Sánchez de Diego, Miguel Ángel Blanes o Elisa de La Nuez-, reconocen el avance que ha supuesto en España la ley de transparencia, pero han alertado sobre las limitaciones que conlleva que esta norma no reconozca el derecho como fundamental.

Los expertos defienden que el reconocimiento tiene cabida en Constitución Española y no sería necesaria una reforma de la misma, ya que el derecho de acceso a información viene amparado por su artículo 20.1.d y también por la jurisprudencia internacional, que reconoce el acceso a la información como imprescindible a la hora de permitir a los ciudadanos formar una opinión y participar en el debate público.

Las principales organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el derecho de acceso a información y la transparencia, como Access Info Europe, Civio o la PDLI han celebrado esta declaración y han expresado su apoyo. “Esta carta supone un impulso a algo que reclamamos desde hace años. El derecho de acceso a la información ya se reconoce como fundamental en más de 70 países y por la Naciones Unidas, incluso hay sentencias favorables del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, ha declarado Alba Gutiérrez, Coordinadora de campañas de Access Info.

Además, las organizaciones recuerdan que este reconocimiento del derecho de acceso a información como fundamental tiene claras repercusiones prácticas por su efecto disuasorio y preventivo sobre la corrupción. Igualmente, afirman que tiene un impacto directo sobre los derechos democráticos más esenciales como el derecho a participar en la toma de decisiones; de una prensa libre e independiente; y a la rendición de cuentas completa de lo público.

Puede leerse la carta de los juristas y académicos aquí.

El pasado 28 de septiembre, con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, convocamos un “maratón” de solicitudes de información para animar a la ciudadanía a preguntar a las instituciones y ejercer su derecho. Junto con el Consejo de Transparencia y Access Info Europe, habilitamos un sencillo formulario para que cualquier persona pudiera solicitar información sin restricciones técnicas, canalizando nosotros mismos sus preguntas.

A lo largo de la jornada, 90 ciudadanos nos enviaron más de 160 solicitudes de información dirigidas a la ministerios, diputaciones, ayuntamientos y otros organismos públicos. Las instituciones más preguntadas por los ciudadanos fueron ministerios (43,2%), ayuntamientos de toda España (16,7%), diferentes consejerías de Castilla y León (9,9% de las solicitudes) y Madrid (5,6%) y la Universidad de Salamanca (7,4%). De todas las solitudes recibidas durante ese día, aún nos quedan algunas por remitir a las instituciones. Lo haremos a lo largo de estas semanas, informando al solicitante de todo el proceso.

Como preveíamos, a excepción de las 70 preguntas formuladas a la Administración General del Estado –que son canalizadas mediante el Portal de Transparencia del Estado–, cada petición enviada a un organismo diferente supuso, además de una inversión importante de tiempo, una adaptación al sistema propio de cada institución. En ocasiones se trataba de un email, un formulario o de un sistema de identificación integrado en su sede electrónica.

La disparidad de los requisitos técnicos de cada plataforma complica el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Entre aquellos organismos a los que enviamos preguntas durante la jornada, algunos usaban formularios relativamente sencillos, como los de los ayuntamientos de Madrid o Barakaldo, AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) o el del Parlamento de Andalucía, aunque este último no sea de fácil acceso.

En el otro extremo están los portales que no están adaptados a todos los sistemas operativos –es decir, si utilizas iOS no puedes preguntar de forma telemática a todas las administraciones públicas–, portales que utilizan sedes electrónicas, con o sin mención al derecho a saber, o que requieren la instalación de credenciales o extensiones diferentes. El más restrictivo de los casos que encontramos fue el del Ayuntamiento de Málaga, que solo admitía peticiones de información entregadas en persona. Esto es contrario a la propia Ley de Transparencia, que contempla la tramitación del derecho a saber por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información solicitada y una dirección de contacto para dar respuesta (artículo 17.2 de la Ley).

La participación, más alta de lo previsto, también demuestra que cuando la ciudadanía cuenta con formas fáciles y rápidas de pedir información y de interactuar con las administraciones públicas, las utiliza.

Queremos agradecer a las personas que se acercaron a la sede del Consejo de Transparencia para recibir información, conocernos y saber más sobre esta iniciativa. Tuvimos el placer de contar con un diputado de la Asamblea de Madrid; de conocer a ciudadanos con un gran interés por el buen funcionamiento de las instituciones; a personas interesadas en colaborar en nuestros proyectos; a profesionales del sector público que, desde dentro de la administración, responden a las preguntas de los ciudadanos. También contamos con un miembro de una organización social que vino en persona a ejercer su derecho a saber y con un periodista que acudió para plantear sus dudas a los profesionales del Consejo de Transparencia.

Gracias al Consejo de Transparencia por albergar esta iniciativa y a todos los participantes por su implicación. Seguiremos trabajando para tratar de que el ejercicio del derecho a saber sea más conocido y accesible a todos los ciudadanos.

El 28 de septiembre celebramos el Día Internacional del Derecho a Saber, una iniciativa reconocida por las Naciones Unidas en la que se reclama derecho a acceder a la información de las administracionespúblicas como vía esencial para facilitar la participación ciudadana y garantizar la rendición de cuentas. En España el Derecho a Saber fue reconocido en 2013, pero no como un derecho fundamental. Eso le resta prevalencia frente a otras normas y limita el acceso a la información de los ciudadanos.

El Día Internacional del Derecho a Saber sirve además para recordar que la mayoría de los avances en transparencia han sido fruto del trabajo de una ciudadanía exigente, y que hoy es más necesario que nunca que los ciudadanos se involucren más en el proceso. El derecho a saber comienza por el deber de preguntarPor eso, la Fundación CivioAccess Info Europe y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Españaqueremos animarte y ayudarte a ejercer tu derecho a solicitar información a las instituciones ese día.

Queremos que te animes a preguntar sobre los asuntos públicos y queremos ayudarte a solventar todos los impedimentos que puedas tener al preguntar a la Administración.  Por ejemplo, que nunca hayas preguntado antes porque no sabes cómo hacerlo, no te has atrevido, te resulta un proceso complicado o no tienes un certificado electrónico.

1. Identifica cualquier información o datos de tu interés que puedan estar en manos de un organismo público. Si no sabes cuál es, o encuentras dificultades durante el proceso, escríbenos.

2. Si no cuentas con el certificado electrónico o los requisitos de identificación digital que exige la Administración y eso supone una barrera para que puedas ejercer tu derecho, haremos por ti tu pregunta y te haremos llegar la respuesta. No tienes más que usar el formulario que encontrarás al final de esta página. Civio y Access Info Europe utilizaremos nuestro propio certificado electrónico para puedas realizar tu pregunta. Cuando la Administración conteste, te enviaremos la contestación al correo electrónico que nos facilites.

3. Si tienes dudas sobre cómo  solicitar información o cómo reclamar en caso de que tu solicitud haya sido denegada, el 28 de septiembre estaremos en las oficinas del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno deseando conocerte y ayudándote a resolver cualquier cuestión.

Si estás en Madrid, no tienes más que acercarte a la sede de Consejo de Transparencia el día 28 de septiembre (calle José Abascal, 2,- 5ª Planta, de Madrid) entre las 09:00 y las 14:00 horas.

Si no puedes venir de forma presencial, puedes hacernos llegar cualquier pregunta a través de este formulario,  por las redes sociales a a través del hashtag #derechoasaber16 en Twitter o a través de los siguientes correos electrónicos:

USA ESTE FORMULARIO PARA QUE NOSOTROS TRASLADEMOS TUS SOLICITUDES A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS:

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La Coalición ProAcceso , formada por más de 60 organizaciones y actores de la sociedad civil, hace un llamamiento a las distintas fuerzas políticas españolas para que asuman, de cara a las próximas elecciones generales del 26 de junio, un firme compromiso que garantice el pleno derecho de acceso a la información en España y la transparencia de lo público ajustándose a los 10 principios defendidos por la Coalición desde el año 2006.

Estas organizaciones instan a las principales fuerzas políticas a incluir en sus programas como área de reforma prioritaria las necesarias mejoras en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno para que se adecue a los estándares internacionales.

Las limitaciones de la actual Ley han sido puestas de manifiesto en numerosas ocasiones, evidenciando que es una ley a todas luces insuficiente para poder garantizar el acceso a información como un derecho fundamental. Sin embargo, los principales actores políticos de este país no han abordado durante estos meses el tema en profundidad. Los compromisos y las propuestas de mejora han sido parciales y poco ambiciosas.

En un contexto de descrédito las instituciones y de desafección ciudadana ante la labor política e institucional, consideramos esencial y urgente emprender el camino hacia una clara y definitiva mejora de la ley de transparencia para recuperar la confianza de los ciudadanos.

Por ello, hoy recordamos nuestro decálogo como principios fundamentales que toda legislación en materia de acceso a la información es esencial que recoja:

1. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona.
2. El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.
3. El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.
4. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.
5. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.
6. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción.
7. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.
8. Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
9. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.
10. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.

Llamamos a los candidatos y sus partidos a incluir estos principios en sus prioridades para velar por que se consolide el derecho a la información en España y a garantizar, tanto en materia legal como en la práctica unas instituciones transparentes y abiertas para una ciudadanía informada. Para ello es esencial que, además de asumir los principios de la Coalición ProAcceso, se incluyan las propuestas electorales programas de acción y en los presupuestos para educar y formar al público y a los funcionarios sobre el sentido, utilidad y uso de la Ley de Transparencia.

Firma invitada. Este artículo ha sido publicado originalmente por Encarna Hernández en su blog

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Imagen de Juan J. Martínez, extraída de Wikimedia Commons

Los presupuestos son una herramienta fundamental dentro de la gestión pública, de ahí que su conocimiento por parte de todos los actores interesados (desde los Parlamentos hasta la ciudadanía en general) sea decisivo para garantizar una correcta planificación y control del gasto público. Muchas veces, la complejidad y magnitud de la información contable hace difícil ese control, no solo para el ciudadano de a pie, sino también para los propios representantes públicos que no tienen formación específica en este campo. Ello refuerza la necesidad de acudir a órganos independientes y especializados como las oficinas presupuestarias.

¿Qué hace una oficina presupuestaria? El gran referente lo encontramos en la del Congreso de los Estados Unidos, cuya tarea central es la de analizar de forma independiente asuntos relacionados con el presupuesto y la política económica para servir de apoyo al proceso presupuestario, aportando a su vez transparencia a los resultados de estos análisis. Por ello sus informes son públicos, lo que aporta al conjunto de la sociedad civil la posibilidad de acceder a una información independiente sobre la situación financiera del país al margen de la documentación que aporta el Gobierno y los partidos políticos, garantizando así una parte importante de lo que entendemos por un presupuesto y gasto público transparente.

En definitiva, una oficina presupuestaria no solo ofrece asesoramiento técnico a los parlamentarios, sino que los resultados de su trabajo, a través de distintos informes o estudios, deben estar abiertos a la sociedad, de forma actualizada y comprensible, algo muy sencillo de ofrecer con el actual desarrollo de las TIC.

La Oficina Presupuestaria de las Cortes: lo que sabemos

En España, la puesta en funcionamiento de una oficina presupuestaria en el seno de las Cortes ha sido un reclamo histórico, pero no se creó por Ley hasta 2010. El órgano de nuevo cuño obedece a la necesidad “de articular en el seno de las Cámaras un mecanismo eficaz de asesoramiento técnico en materia de seguimiento y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y sobre aquellos aspectos que tengan repercusión en los ingresos y gastos públicos”. Se trata, a su vez, de un “instrumento inspirado en los principios de independencia, objetividad y transparencia que se pone al alcance de los Diputados y Senadores”.  La Oficina estaría adscrita orgánicamente a la Secretaría General del Congreso, su director sería elegido por las Mesas de las Cámaras entre personas de reconocido prestigio y se le asignaría una dotación presupuestaria dentro de la partida destinada a las Cortes Generales.

Algo más de un año después, se aprueba una Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 19 de julio de 2011, por la que se regula su composición y funcionamiento, y donde se establece que la Oficina Presupuestaria llevará un registro en el que constará cada una de las consultas realizadas y el órgano de la Cámara, Diputado, Senador o Grupo Parlamentario que las formula, así como los informes y notas elaborados. Así mismo, podrá elaborar notas sobre cualquier información económica o presupuestaria que se remita a la Cámara, en particular, podrá realizar informes sobre la evolución de la recaudación tributaria a partir de los datos que proporcione la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Esto es lo que se recoge sobre el papel, aunque lo cierto es que la Oficina no tuvo un director hasta abril de 2013, siendo el designado Vicente Fernández de Gamarra, un alto funcionario del Ministerio de Hacienda jubilado, que aceptó el cargo con fecha de caducidad. Renunció en septiembre de 2014, sustituyéndole Lidia García Fernández, letrada de Las Cortes. Hasta entonces, la Oficina Presupuestaria se había distinguido por su inactividad, que procuró reactivarse con la firma del Convenio entre ésta y el Gobierno, para que la oficina pudiera acceder a las bases de información contable y presupuestaria de los Ministerios de Economía y Hacienda.

Este paso no se dio hasta diciembre de 2014, hace ahora algo más de un año. Y lo cierto es que los retrasos para que la Oficina pueda operar se vuelven a retrasar por la (según el Gobierno) complejidad técnica para poner en marcha la plataforma o pasarela informática que debe conectar a la Intervención General del Estado con la Oficina Presupuestaria de las Cortes, para poder acceder en tiempo real a los datos sobre la ejecución del presupuesto. Esta conexión se habilitó hace unos pocos meses, en mayo de 2015, y se aclaró a su vez que dicha información solo estaría disponible para los diputados y no para los ciudadanos.*

La nula publicidad activa de la Oficina Presupuestaria

Todo el relato anterior está extraído de una búsqueda exhaustiva realizada para intentar conocer algo sobre la actividad de la Oficina, de la que encontramos referencias exiguas en el portal del Congreso, que básicamente se limitan a lo contemplado en la normativa vigente que regula este órgano. Ni rastro, por otro lado, de su trabajo o composición. Se supone que la Oficina Presupuestaria está activa, respondiendo consultas de sus Señorías, que a su vez hacen uso del sistema informático (¿usan mucho este servicio?) y elaborando informes, pero no sabemos sobre qué exactamente porque no hay un registro público de ello. Tampoco hemos encontrado referencias explícitas a la dotación presupuestaria de la Oficina en los PGE, por lo que es difícil saber lo que cuesta (al margen de los contratos de la pasarela informática), cuando además tampoco sabemos qué funcionarios o personal la componen.

Es por ello que nos decidimos a utilizar el formulario de solicitud de información delPortal de Transparencia del Congreso, solicitando información sobre la composición de la Oficina, presupuesto asignado, así como aquellos documentos que emanan de su actividad: registro de consultas de los diputados e informes emitidos hasta la fecha (si los hubiere). Esta solicitud se hizo el 20 de enero de este año, recibiendo contestación dentro del plazo establecido (un mes).

Respuesta del Congreso a la solicitud de información sobre la Oficina Presupuestaria

El primer escollo para conocer la respuesta a nuestra solicitud de información es que se nos remite un correo con un adjunto cifrado (extensión P7M), sin más indicaciones. El archivo en cuestión no se puede abrir, y tenemos que recurrir a algunos foros informáticos para probar varias formas de abrirlo. Finalmente, lo conseguimos con un programa específico para ello. Primer apunte negativo.

Una vez abierto, nos encontramos con una nota escueta, con demasiadas obviedades y referencias a las normas legales que regulan la Oficina, y que ya conocemos. En lo que concierne a la información solicitada, se nos apunta, de forma muy escueta:

Sobre la composición de la Oficina: la oficina cuenta con una directora asistida por un administrativo.

Sobre el presupuesto: no dispone de ninguna partida específica dentro del presupuesto de la Cortes, ya que el único gasto es el de personal y se trata de funcionarios de las Cortes (ya hemos visto gracias al Portal de Contratación del Estado que no es así, y que ha habido costes asociados a su actividad).

Sobre el registro de consultas: se nos indica simplemente que ha habido 70 consultas sobre los PGE y otras 148 sobre proyectos de inversión.

Sobre los informes emitidos: se nos despacha con que se han elaborado dos informes, que parece que no podemos conocer de su contenido.

Con esta respuesta se confirma que nuestra Oficina Presupuestaria no quiere parecerse a otras de referencia, que aplican transparencia (activa y pasiva) a su trabajo, aportando con ello una visión independiente muy valiosa para el conjunto de la sociedad. Las oficinas presupuestarias son un instrumento de control parlamentario y ciudadano, pero la nuestra se queda sin uno de los pilares.

Las trampas de la Ley de Transparencia 

¿Qué puedo hacer si quiero conocer el contenido de esos informes? Lo mejor de la respuesta a la solicitud de información está al final del archivo smime.p7m: “Contra la presente resolución cabe recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa”.

En efecto, una de las “trampas” de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) está en su artículo 23.2: “contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo”. Es decir, que no podemos acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) cuando se trata de instituciones como la Casa del Rey, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial…

En realidad, la LTAIPBG deja coja la potestad del CTBG para vigilar el cumplimiento de la Ley al margen de la Administración General del Estado, algo que este órgano está corrigiendo en buena parte a través de convenios con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, pero que para instituciones como las citadas en el famoso 2.1.f) poco cabe hacer.

El sabor que nos queda después de este ejercicio de derecho de acceso a la información pública es agridulce: la transparencia debe ser una cosas mucho más sencilla, accesible y sobre todo ejercerse con sentido común. Sabemos que se trata de un camino que, en nuestro país, casi acabamos de empezar a recorrer, pero no llegaremos ni donde queremos ni cuando queremos con trampas y piedras innecesarias en el camino.

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Encarna Hernández Rodríguez es periodista e investigadora sobre Gobierno Abierto y Transparencia

* Rectificación: eliminamos una afirmación sobre el coste de esta pasarela. Por error, los contratos que enlazábamos correspondían a otro organismo.

La imposición de sistemas complejos de identificación, y en decenas de portales con distintas diferentes características técnicas, ha motivado esta decisión.

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El portal pro-transparencia Tu Derecho a Saber nació a finales de 2011 para facilitar que cualquier persona pudiera enviar solicitudes de información a cualquier institución pública española. Aunque el derecho a acceder a información pública aún no estaba reconocido por ley, entonces ya era una demanda social inaplazable, así que Access Info Europe y la Fundación Civio, con muchísima ayuda y colaboración, nos unimos para empezar a extenderlo.

Con Tu Derecho a Saber tratábamos de atajar varios factores que dificultaban el proceso de pedir información a las instituciones: una persona cualquiera, al no conocer las solicitudes de otras, podía no saber bien qué cuestiones podría preguntar, o cómo hacerlo, o cuál era el organismo adecuado. O podría no tener los datos de contacto de la persona responsable en este organismo, o no saber si el plazo de respuesta ha expirado y cómo reclamar. Como hacer todo esto uno mismo, en privado, podía resultar desmoralizante y generaba indefensión, Tu Derecho a Saber estaba específicamente diseñada para reducir esa brecha entre las administraciones y la sociedad. La web contenía los datos de contacto de cada organismo y enviaba la solicitud por correo electrónico. Después, tanto las solicitudes de información como las posibles respuestas quedaban abiertas al conocimiento público.

Desde marzo de 2012, Tu Derecho a Saber ha canalizado más de 1.800 solicitudes de información, poniendo unos 900 organismos y administraciones públicas al alcance de un solo click. También ha sido el eje de la labor de control y monitorización que tanto Civio como Access Info Europe hemos realizado sobre la transparencia de las instituciones cuando no existía ningún otro medio para obtener datos. La información recabada gracias esta plataforma (un silencio administrativo del 54% en 2012; del 57% en 2013; del 42% en 2014) ha sacado la luz la verdadera cara de las instituciones a la hora de responder a los ciudadanos. 385.000 usuarios únicos han consultado la plataforma en este tiempo, y muchos miles más han conocido los entresijos de la tramitación de la Ley de Transparencia, sus limitaciones y las de su implementación a través del blog de Tu Derecho a Saber.

Un muro administrativo y técnico entre la administración y el ciudadano

El 10 de diciembre de 2014, el mismo día de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, paradójicamente, comenzaron las dificultades para Tu Derecho a Saber. Las dos organizaciones responsables lo supimos en cuanto tuvimos acceso por primera vez al Portal de Transparencia (un día después que la prensa, dicho sea de paso): “Se cumplieron los peores pronósticos. Los obstáculos para ejercer nuestro derecho a solicitar y recibir información son más y más férreos de lo que esperábamos”. El Gobierno, al desestimar el correo electrónico (el canal más sencillo, ágil y accesible para solicitar información), había optado por colocar una barrera administrativa y técnica que sigue siendo infranqueable para muchos ciudadanos: la exigencia de identificarse mediante un certificado digital, un DNI electrónico o mediante una clave personal obtenida a través del móvil.

Al quedar relegadas las comunicaciones por correo electrónico, y ante la imposibilidad de adaptar técnicamente la plataforma para franquear esta barrera, nos hicimos una pregunta obvia, la misma que los usuarios de la plataforma: si seguimos enviando solicitudes de información desde Tu Derecho a Saber a los poderes públicos, ¿nos responderán?

Tu Derecho a Saber ha seguido cumpliendo su función durante 2015 ya que algunos organismos nacionales (reguladores, embajadas, delegaciones del Gobierno), autonómicos y locales seguían admitiendo solicitudes de información vía email. Lamentablemente, en estos últimos meses, cada vez menos lo hacen. Alegando que el email no es la vía establecida para preguntar a la administración, son mayoría los organismos que deniegan la respuesta. A medida que las instituciones se adaptaban a sus nuevas obligaciones de transparencia, la identificación electrónica y los formularios propios se han consolidado como el ‘peaje a pagar’ por el ciudadano, en detrimento del correo electrónico.

Intentando, en balde, revertir la situación

Para sortear estas barreras, desde febrero de 2015 hemos estado canalizando manualmente desde Tu Derecho a Saber al Portal de Transparencia todas las preguntas a la Administración General del Estado (AGE), y haciéndolas públicas en la plataforma, como hasta entonces. Un trabajo y un esfuerzo ingente al que cada día hemos dedicado varias horas de trabajo. En total, hemos hecho llegar a las instituciones 146 solicitudes de información de otras personas usando nuestro propio certificado, en una medida que debía ser temporal.

En paralelo, de nada sirvió que el Consejo General del Poder Judicial rechazara exigir a los solicitantes de información que se identifiquen, por respeto a los estándares internacionales (“priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano”) y accediera a responder por correo electrónico. Tampoco ha servido recordar que este sistema había ocasionado problemas en la declaración del IVA, o elevar la queja a la Defensora del Pueblo, a los medios de comunicación (como en este y este caso), al Consejo de Transparencia y al propio Ministerio de Presidencia, a través de las recomendaciones al reglamento de la ley que hemos formulado tanto Civio como Access Info Europe.

Por todos estos motivos, hemos decidido cerrar indefinidamente la web de Tu Derecho a Saber.

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Miembros de Access Info Europe y de Civio, de duelo

¿Y ahora?

Hoy, el día en que las obligaciones de transparencia entran en vigor para entes autonómicos y locales, la web de Tu Derecho a Saber pasa a negro. Las más de 1.800 solicitudes (y las respuestas recibidas) no se perderán, solo dejan de estar disponibles por unos días. La plataforma de envío se cierra, pero el proyecto no termina aquí. El blog de Tu Derecho a Saber, que se ha convertido en la fuente de referencia sobre el Acceso a la Información en España, seguirá activo y en él os seguiremos informando sobre la implementación de la Ley de Transparencia en las distintas administraciones.

A lo largo del próximo año, tanto Access Info Europe como Civio vamos a presionar más si cabe para que se simplifique el procedimiento de solicitar información a cualquier institución con un objetivo de máximos: que se permita preguntar y responder por correo electrónico. Lograrlo supondría un avance extraordinario para el Derecho de Acceso, el alineamiento con los estándares que aplican otros países y, además, una oportunidad para reflotar Tu Derecho a Saber. Por eso, seguiremos colaborando activamente con todas las instituciones para lograr juntos una mejor implementación del Derecho de Acceso a la información pública. Entre tanto, te animamos a permanecer atento a través de nuestros canales sociales (en Twitter y Facebook), del boletín y del blog.

Muchas administraciones afirman (y más que lo harán) que ya son transparentes. Solo tú, pidiendo información al amparo de la Ley de Transparencia, puedes comprobar si eso es cierto. Nosotros lo tenemos claro: solo existe transparencia si recibes la información que solicitas. Por eso está en tu mano iniciar este camino. El derecho a saber comienza con el deber de preguntar.

Gracias por hacer esto posible

A los patrocinadores, micro-financiadores, entidades colaboradoras y a todos los que hicieron posible o participaron en la creación y madurez de este proyecto.

A MySociety y toda la comunidad de organizaciones que gestionan portales pro-transparencia basados en Alaveteli, como Tu Derecho a Saber. Con su esfuerzo, han canalizado cerca de 315.000 solicitudes de información en más de 25 países. Compartir problemas y soluciones resulta imprescindible para continuar avanzando.

A las organizaciones, movimientos sociales y particulares que han usado la web para iniciar sus propias campañas de acceso a la información, ya sea sobre las subvenciones a eventos taurinos, el coste de los portales de datos abiertos, los gastos de cada ministerio en asesores, los informes tras la privatización del Canal de Isabel II, los protocolos policiales en manifestaciones, la financiación de los partidos o los documentos sobre el supuesto impacto de EuroVegas.

Y, muy especialmente, gracias a los usuarios de Tu Derecho a Saber. Ellos han lidiado contra un muro de la opacidad y el silencio administrativo. Cada una de vuestras preguntas a un organismo público es un granito de arena que sirve para demostrar que la transparencia es importante para nosotros. Muy importante. Sois un ejemplo para todos.

El silencio, primer baremo de la opacidad institucional, baja del 57% en 2013 al 42,7% gracias a una mejora sustancial de las entidades locales; las respuestas satisfactorias también aumentan.

En 2014, el año de plazo que las administraciones públicas han tenido para adaptarse a sus nuevas obligaciones de transparencia, las instituciones españolas recurrieron en menos ocasiones que en 2013 al silencio administrativo para eludir dar respuesta a las peticiones de información los ciudadanos. Del total de solicitudes realizadas durante 2014 mediante Tuderechoasaber.es, la primera web que simplifica este proceso en España, un 42,7% recibieron la callada por respuesta. O, lo que es lo mismo, 134 de las 314 solicitudes enviadas. En 2013, el silencio superó el 57%. Así lo revela el Informe de Tuderechoasaber 2014, que hoy publican la Fundación Ciudadana Civio y Access Info Europe, las dos organizaciones responsables de esta iniciativa.

Este informe se basa en el análisis de 314 peticiones de información enviadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, tres semanas después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia para la Administración General del Estado. La mejoría no solo se deja notar en la reducción del silencio administrativo, sino también en el porcentaje de respuestas satisfactorias, aquellas en las que un organismo proporciona exactamente la información solicitada. Son el 18,5% de las solicitudes registradas, una cifra aún muy baja pero que mejora casi cinco puntos con respecto al año anterior.

Entre las excusas más habituales para no dar una respuesta adecuada se encuentra el clásico “eso es en otra ventanilla” –no posee la información (13,4%)-; las contestaciones parciales –incompletas (6,4%)-; aquellos que responden una cosa distinta a la preguntada –inadecuadas (6,1%)-; los que se niegan a dar la información –rechazadas (5,4%)-; los que remiten a un formulario (4,5%); y un pequeño porcentaje (3,2%) de solicitudes incorrectas, aquellas que utilizan Tuderechoasaber.es, por ejemplo, para enviar quejas o peticiones de índole personal.

Tipos de respuestas recibidas por los usuarios durante 2014 | Create infographics

 

Relevante mejoría de las entidades locales

Aunque la Ley de Transparencia no estaba en vigor cuando se hicieron estas solicitudes para las entidades locales (tienen de plazo hasta diciembre de 2015), son estas las que han provocado, en buena parte, la mejora en los resultados. De hecho, han reducido su silencio administrativo de una forma sustancial: del 81,3% al 54,4%. En cambio, las entidades nacionales, como ministerios y Presidencia del Gobierno, mantienen altas cifras de silencio administrativo, que como en 2013 ronda el 47%.

 

Evolución de las respuestas | Create infographics

“Es pronto para saber cómo afecta la Ley de Transparencia a las solicitudes de información puesto que, a efectos de este informe, solo ha estado en marcha durante las tres últimas semanas de 2014, y los mecanismos que deben velar por su cumplimiento han arrancado con muchos retrasos”, explica Eva Belmonte, responsable de proyectos de Civio. “Podremos conocer y evaluar mejor los resultados más adelante. Mientras tanto, con Tuderechoasaber.es seguiremos facilitando la labor de solicitar información a aquellos que encuentran demasiados obstáculos en el Portal de Transparencia”.

“Debemos recordar que la ley permite presentar una solicitud a través de cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante y una forma de contacto a efectos de notificaciones”, añade Victoria Anderica, responsable de campañas de Access Info Europe. “A pesar de ello, el Ministerio de Presidencia sigue apostando por un portal que pone trabas a un acceso ágil a la información pública al restringir los medios por los que atender a la población. Incluso el Defensor del Pueblo reconoce que su complejidad puede tener un efecto disuasorio sobre el derecho de acceso a la información”.

Los organismos que más solicitudes reciben

Los organismos públicos más preguntados en Tuderechoasaber.es por los ciudadanos durante 2014 han sido los ministerios de Interior, Hacienda y Sanidad. Sanidad aprueba, aportando al menos algún tipo de respuesta a 15 de 17 solicitudes. Una cifra muy superior a la de Hacienda, que hasta en seis ocasiones aseguró no poseer la información solicitada, en dos ocasiones ofreció una respuesta inadecuada y en otras dos, remitió a un formulario. Un año más, el Ministerio del Interior hace pleno: 17 silencios administrativos para 17 solicitudes de información.

Para encontrar un pleno de respuestas satisfactorias tenemos que acudir a la Junta de Castilla y León. Con siete preguntas, todas ellas con respuesta satisfactoria, esta institución fue la que más solicitudes de información recibió a nivel autonómico durante el año pasado, lo que demuestra que las buenas prácticas animan a los ciudadanos a ejercer su derecho.

Los organismos que gestionan la sanidad en Madrid también están entre los que mayor interés despertaron. La Consejería de Sanidad y la Dirección General de Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid registraron un total de 11 solicitudes de información, aunque solo dos fueron resueltas de forma satisfactoria. A nivel local, los vecinos de Sangüesa (Navarra) fueron los más participativos en Tuderechoasaber.es, aunque el ayuntamiento no les correspondió: de seis solicitudes, cinco nunca obtuvieron respuesta). Otros pueblos y ciudades que destacan por el número de solicitudes recibidas fueron Sant Feliu de Llobregat (una satisfactoria de cinco), Ávila (cuatro preguntas, ninguna respuesta), Barcelona (tres de tres desatendidas), Lleida (de tres remitidas, una de ellas respondida de forma parcial) o Madrid (que derivó a los ciudadanos a su formulario).

O, si lo prefieres, puedes descargarte la versión completa del informe en PDF.

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Seguimiento de solicitudes denegadas en el Portal de Transparencia – Iniciativa de ElConfidencial.LAB, Access Info Europe y Civio

El Portal de Transparencia del Gobierno está en marcha desde diciembre de 2014, y desde entonces muchos usuarios ya han recibido denegaciones de información.

Para conocer mejor cómo están respondiendo las instituciones y qué motivos concretos esgrimen para justificar la denegación, El ConfidencialAccess Info Europe y Civio facilitamos desde ahora un formulario abierto donde te animamos a compartir tu caso:

Formulario sobre denegaciones de
acceso a la información

Si participas, te pediremos que compartas:

  • La fecha en que hiciste la solicitud
  • Su estado (si la denegación es total o parcial)
  • A qué organismo iba dirigida
  • Cuál era exactamente la información que solicitabas
  • El artículo que, según la respuesta, justifica la inadmisión de tu solicitud

Usaremos esta información para poder hacer un mejor seguimiento de cómo responden las administraciones, y te mantendremos informado de los siguientes pasos que demos.

Este comunicado ha sido publicado por Access Info Europe en su página web:

Access Info Europe presentó el 17 de diciembre de 2014 una queja ante el Defensor del Pueblo en la que denunciaba el complejo sistema de solicitud de información que el Gobierno ha puesto en marcha en el Portal de la Transparencia. En concreto se denunciaban tres cuestiones:

  1. Que el Portal de la Transparencia no contiene información sobre cómo realizar solicitudes al margen del portal mismo.
  2. Que los mecanismos para solicitar información a través del portal son extremadamente complejos y excluyentes.
  3. Que no debería exigirse la presentación de un DNI para solicitar información.

El día 16 de marzo de 2015 el Defensor del Pueblo contestó a estos tres argumentos reconociendo algunas de las cuestiones planteadas por Access Info. En concreto así respondía a cada argumento:

  1. Reconoce que el portal no informa sobre otras vías para enviar solicitudes de información e informará al Ministerio de la Presidencia al respecto, pero no aprecia ninguna irregularidad porque la Ley de Transparencia establece claramente que se pueden enviar solicitudes por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante.
  2. Sobre los mecanismos y pasos para presentar una solicitud en el portal de la Transparencia, el Defensor del Pueblo considera que son complejos y muy largos, por lo que pueden incluso convertirse en obstáculos para el ejercicio del derecho. Además, reconoce que algunas personas legitimadas por la ley, como los extranjeros, pueden ver dificultado o imposibilitado el acceso a través del Portal de la Transparencia debido a los mecanismos de registro.

El Defensor del Pueblo reconoce que para identificar a un solicitante debe ser suficiente con los nombres y el apellido o con el DNI, pero que en ningún caso es necesario el proceso de validación que ha establecido el Portal de la Transparencia. Por ello, ha solicitado al Gobierno un informe sobre los mecanismo de registro y su impacto disuasorio y excluyente sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

  1. Sobre el tercer punto se limita a indicar que, en nuestro Derecho, las solicitudes anónimas no tiene validez ni producen efectos jurídicos.

Valoramos esta respuesta positivamente, ya que se reconoce el efecto disuasorio que tienen los mecanismos de identificación establecidos en el Portal de la Transparencia y la no necesidad de los mismos, ya que la ley requiere identificación pero no habla de validación de la identificación presentada.

A la espera de la reacción del Gobierno ante los requerimientos que ha hecho el Defensor del Pueblo sobre este asunto, Access Info Europe procederá a responder al Defensor del Pueblo con nuevas pruebas. La respuesta será publicada tan pronto como la recibamos.

Respuesta completa del Defensor del Pueblo

La ley da un plazo de un mes para recurrir al Consejo de la Transparencia, que empieza a contar al día siguiente de que se produzca el silencio administrativo.

Imagen: RTVE.es en Twitter

A pesar de que la ley de transparencia entró en vigor hace más de un mes, aún no se conoce si existe un trámite específico para presentar un recurso ante el Consejo de la Transparencia, que se constituyó ayer lunes. Esta falta de información afecta a los ciudadanos que enviaron solicitudes de información desde el pasado 10 de diciembre. Cumplido el plazo de un mes que establece la ley, quienes hayan recibido una respuesta negativa (denegando la información), o directamente no han recibido respuesta, aún no conocen los cauces específicos para poder recurrir al Consejo de la Transparencia para defender su derecho a acceder a la información. La única opción, por el momento, es presentar el recurso ante el registro central de la administración, aunque ni siquiera aparece el Consejo de la Transparencia como posible receptor del mensaje.

Este retraso supone un agravio para los ciudadanos que han realizado solicitudes de información. La ley da un plazo de un mes para recurrir al Consejo de la Transparencia, que empieza a contar al día siguiente de que se produzca el silencio administrativo. De esta forma, se acumulan los problemas de implementación de la transparencia. A los  obstáculos para enviar solicitudes de acceso a la información y al hecho de que el reglamento que debe acompañar a la ley de transparencia aún no es público, se suma ahora la poca información sobre los cauces para recurrir hasta que el Consejo de Transparencia no ponga en marcha el trámite. El Consejo fue creado pocos días antes de la entrada en vigor de la ley, y la experiencia previa de sus miembros se centra más en la protección de datos que en el derecho de acceso a la información pública.

“El Gobierno sigue demostrando que la ley de transparencia solo le importa como titular en los medios.”, declara Victoria Anderica, coordinadora de proyectos en Access Info Europe, “Su implementación es altamente decepcionante y a pesar de los continuos problemas el ejecutivo sigue sin hacer ni una declaración sobre los mismos.”.

“Ya no es solo una cuestión de mala fe ni de poco interés, sino de incumplimiento de la propia ley”, añade Eva Belmonte, Responsable de Proyectos de Civio. “El decreto del Consejo se presentó con ocho meses de retraso, se constituye ahora más de un mes después de la entrada en vigor de la ley, aún no tenemos reglamento y ni siquiera tenemos un cauce específico donde recurrir, pese a que los plazos están más que cumplidos”, concluye.

A día de hoy, los organismos públicos no han respondido a preguntas sobre los informes de auditoría, las retribuciones de altos cargos y las indemnizaciones pagadas por RTVE, así como el reparto de la publicidad institucional por cabeceras (solicitud enviada al Ministerio de Presidencia) y el desglose del parque móvil por departamentos (a Hacienda y Administraciones Públicas), entre muchas otras cuestiones.

Desde ahora está en manos de los ciudadanos comprobar si las instituciones se tornan más transparentes a partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia

Ayer, 10 de diciembre, entraron en vigor las primeras obligaciones de transparencia para la Administración General del Estado, tanto la de publicar de oficio la información que especifica la ley como la de responder a las solicitudes de información que formulemos los ciudadanos.

Para empezar a cumplir con la primera, el Gobierno abrió también ayer el esperado Portal de Transparencia. Access Info y Civio, las dos organizaciones que estamos detrás de Tuderechoasaber.es, hemos preguntado varias veces en los últimos meses al Gobierno para conocer las características de este portal, y ver si recogía las buenas prácticas que existen en países más transparentes que el nuestro. Aunque la prensa sí fue convocada el 9 de diciembre en Moncloa para conocer de mano del Gobierno el número de gigas y los miles de documentos del portal, nosotros no fuimos convocados ni informados en ningún momento.

Portal Transparencia_previewA final, se cumplieron los peores pronósticos: los obstáculos para ejercer nuestro derecho a solicitar y recibir información son más y más férreos de lo que esperábamos. El principal, que será necesario registrarse con DNI electrónico o a través de una clave que se recibe en el teléfono móvil para pedir información a la administración central por vía telemática. Lo comunicamos ayer a primera hora y, si has seguido en las últimas horas las valoraciones que han publicado los medios (desde El País a El Mundo o el Huffington Post), seguro que estás al tanto.

¿Y ahora?

Como siempre insistimos, desde ahora está en manos de los ciudadanos comprobar si las instituciones se tornan más transparentes a partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Te animamos a pedir información por cualquier medio. En Tuderechoasaber.es puedes seguir formulando preguntas a muchos organismos que sí facilitan una dirección de correo electrónico y no exigen tu identificación certificada electrónicamente. También puedes seguir pidiendo información a instituciones autonómicas y localesaunque aún no tienen que aplicar la la ley de transparencia. Recuerda que si no tenemos su contacto, podemos buscarlo y añadirlo.

Hemos recorrido ya un largo camino. Desde 2012, Tuderechoasaber.es ha canalizado más de 1.500 solicitudes de información. Reiteramos nuestro compromiso de vigilancia responsable para que las medidas de transparencia no se diluyan en palabras vanas. Estudiaremos si es posible adaptar técnicamente Tuderechoasaber.es para que pueda seguir facilitando la tarea a los ciudadanos y compartir además públicamente las preguntas y las respuestas. Lo haremos en las próximas semanas y os mantendremos informados.

Gracias por tu confianza.

El equipo de Tuderechoasaber.es

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El derecho a saber comienza con el deber de preguntarHazlo en Tuderechoasaber.es

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Bola extra: el 9 de diciembre, Access Info Europe y Civio mantuvimos un encuentro digital en ElConfindencial.com donde respondimos a preguntas enviadas por los lectores sobre la Ley de Transparencia y la situación del acceso a la información en España. Nos gusto mucho la experiencia. Gracias a los organizadores por invitarnos.

Aquí puedes consultarlo>>