julio, 2016

  • El Consejo de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos han publicado un criterio interpretativo sobre el derecho de acceso a datos personales de los participantes en estas reuniones
  • Responden a múltiples solicitudes de información sobre este asunto
  • El problema sigue siendo que las administraciones públicas no guardan información sobre sus reuniones de forma constante y estructurada

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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) ha publicado hoy un criterio conjunto de interpretación de la Ley de Transparencia centrado en aclarar si prevalece el derecho de acceso o la protección de datos a la hora de responder a solicitudes de información sobre asistentes a reuniones con cargos públicos. La conclusión general es: cuanta más responsabilidad tenga el participante, más derecho tenemos a conocer su nombre, también en entidades privadas.

Ambos organismos responden así a multitud de reclamaciones presentadas ante la negativa de dar nombres de los participantes en reuniones públicas, como las presentadas desde Civio (aquí y aquí), entre otras. Aunque cualquier dato identificativo se puede tratar como dato personal protegido, este criterio pondera este derecho con el de interés público.

Así, establece que, ante solicitudes de información de asistentes a reuniones de un cargo público en el ejercicio de sus funciones, se podrán dar los nombres de todos los altos cargos presentes, tanto por la parte pública como por la privada (empresas o asociaciones).

En concreto, en lo público, se podrá responder a la solicitud con los nombres de quienes tengan, al menos, nivel de subdirector general, subdelegado del gobierno provincial, directores de agencias estatales, entes y otros organismos públicos. De ahí para arriba. En el caso del personal eventual, se sumarán los nombres de aquellos que incidan en la toma de decisiones.

Para la parte privada, ambos organismos tienen en cuenta aquella información que ya es pública por otras vías, como quién es el administrador de una empresa, vía registros mercantiles. Así, establecen que se pueden dar los nombres de los participantes que sean administradores, miembros de los órganos de gobierno o dirección o altos directivos o asimilados. Eso sí, permite que se omita el nombre y firma en la que trabajan de los asesores externos de las compañías.

¿Quiere decir que podremos saber todos esos nombres de participantes en reuniones? En la mayoría de los casos, aún no. Como se recuerda en el texto de este criterio y pudimos comprobar en primera persona después de que se nos negara la información sobre los encuentros de altos cargos en todos los ministerios, esto aplica a la información que existe en cada organismo. Es decir, a la que tengan guardada y consolidada. Y, según aseguraron todos los departamentos, no tienen esa información. Ningún ministerio, aseguran, tiene una agenda de sus altos cargos que contenga toda esa información.

Así, aunque ya sabemos qué está protegido y qué no, la clave es que las administraciones guarden esa información de cara a permitir el escrutinio público. El CTBG está trabajando en un informe sobre qué debería ser una agenda para la transparencia y desde Civio ya hemos aportado nuestras recomendaciones. Ahora solo necesitamos voluntad política para que el concepto de rendición de cuentas se abra paso.

  • El Gobierno no publica datos sobre a quiénes votan los residentes en el extranjero
  • Interior responde a una solicitud de información enviando a preguntar en cada junta electoral
  • El Consejo de Transparencia le obliga a remitir la petición a la JEC para comprobar si existe esa información

Si preguntas al Ministerio del Interior qué votaron los españoles residentes en el extranjero el pasado 20 de diciembre, responde que no lo sabe. El voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), según la respuesta recibida a una solicitud de información realizada por Civio, “se integra y se diluye” en los resultados definitivos. Una respuesta que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha tumbado de forma parcial.

Interior asegura que esa información está, por separado, en cada una de las juntas de zona, y anima al solicitante a pedir los datos a todas ellas. Pero, como apunta el CTBG, su respuesta podría llevar implícita una afirmación: “la información -con los datos globales- estaría a disposición de la Junta Electoral Central“. Por esa razón, obliga a Interior a remitir la solicitud de información a este organismo, para que decida si concede o no el acceso a esos datos. Es decir: cómo votaron los residentes en el extranjero.

Otro de las argumentos que dio el Ministerio para negar los resultados globales del voto CERA es que “nunca antes habían sido difundidos por la Junta Electoral Central”, una razón que, para el Consejo, no es válida. Como tampoco lo es que la respuesta dada (enviar a los enlaces en los que se publican datos sobre resultados, pero no estos) sea la misma que la que se ofrece a cualquier ciudadano que se dirija a Interior. “El derecho de acceso tiene unas normas y unas excepciones”, afirma el CTBG. Es decir: no importa qué se haya hecho hasta ahora o cómo se responda por otras vías: las solicitudes de información basadas en la Ley de Transparencia tienen unas reglas concretas.

Interior también tiene dudas sobre si la Junta Electoral Central es un organismo afectado por el derecho de acceso a la información. Para el Consejo, sí lo está y debe recibir la solicitud para decidir si da los datos o no. Si el Ministerio hace caso a la resolución y remite la solicitud, será la JEC quien tenga que responder si tiene esos datos del conjunto y si, siendo así, concede el acceso.

BOLAS EXTRA:

  • ¿Y los residentes temporales?. La solicitud de información, enviada el pasado 2 de febrero, no solo preguntaba por los resultados del voto CERA, también por el CERTA (Censo Electoral de Residentes Temporalmente Ausentes). Interior afirma en este caso que este tipo de votos se incorporan a cada mesa electoral junto al de los españoles residentes en España y que el proceso no es reversible. Es decir, que es imposible separarlos del resto. En este caso, el CTBG ha dado la razón al Gobierno.
  • Conceder denegando. La primera respuesta de Interior afirmaba que se concedía el acceso a la información. Eso, claro, no es cierto. No se envió ninguno de los datos solicitados. Al plantear esta queja en la reclamación ante el Consejo, el Ministerio lo justifica en que el solicitante “tiene derecho a saber por qué es imposible darle los datos”. Eso, justificar por qué no se concede el acceso, es una denegación. Motivada, como obliga la ley.