junio, 2016

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Fragmento de un oficio de requerimiento del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid, en el proceso iniciado por Defensa tras su demanda contra el Consejo de Transparencia.

El Ministerio de Defensa se niega a rendir cuentas sobre el uso de los aviones oficiales para el traslado de autoridades. Y para ello, el ministerio dirigido por Pedro Morenés ha recurrido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid una resolución del Consejo de Transparencia (CTBG) que le insta a ofrecer los datos de los acompañantes en los vuelos de altos cargos del Estado, a excepción de los traslados del rey y del presidente del Gobierno, que están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales.
 
Esta demanda es el último movimiento de un proceso iniciado en octubre de 2015, cuando Civio solicitó a través del Portal de Transparencia un listado de pasajeros transportados por la flota del Grupo 45 del Ejército del Aire, unidad responsable del traslado de autoridades. Tras obtener una negativa por respuesta, se planteó un recurso ante el Consejo de Transparencia, que este admitió de forma parcial.

Según la interpretación del CTBG llevada a los tribunales, los nombres de las personas que acompañan a ministros y altos cargos a bordo de los aviones oficiales no son materia clasificada, ya que la Ley de Secretos y una orden ministerial que aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa solo afecta a jefatura del Estado y del Gobierno. Es más, tras su argumentación, el CTBG considera que es de “especial relevancia” la información concerniente al uso de las aeronaves del Ejército del Aire destinadas al transporte de autoridades. A juicio del Consejo, esta información debe ser entregada para conocer la utilización de este medio de transporte sufragado con fondos públicos, “vedado a los ciudadanos” y disfrutado por los altos cargos –y sus acompañantes– “por razón de su cargo”.

Antes de esta demanda, en lugar de llevar a los tribunales la interpretación del CTBG, como establece la Ley de Transparencia, Defensa decidía saltarse el procedimiento y emitir una nueva resolución para denegar la información. Es decir, tras la resolución del Consejo de Transparencia, Defensa tiene dos alternativas contempladas en la normativa: acatar la decisión del CTBG o apelar ante el Contencioso-Administrativo. Pero no siguió ninguna. Decidió desobedecer al organismo presidido por Esther Arizmendi e ignorar la ley, al reiniciar contra procedimiento la tramitación de la petición de información pública y emitir una nueva denegación.

Esta cabriola procedimental fue protestada por Civio y criticada por el CTBG, que el pasado mes de abril exigió a Defensa dejar sin efecto esta última resolución firmada por el General Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire y apremió a que fuera ejecutada su resolución en la que pedía la identificación de los acompañantes de las autoridades a bordo de los aviones de la Fuerza Aérea Española. La respuesta de Defensa a este requerimiento se traduce hoy en una demanda del abogado del Estado contra la posición del Consejo de Transparencia. Ahora será el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo quien decida sobre la rendición de cuentas en el uso de los aviones oficiales.

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La Coalición ProAcceso , formada por más de 60 organizaciones y actores de la sociedad civil, hace un llamamiento a las distintas fuerzas políticas españolas para que asuman, de cara a las próximas elecciones generales del 26 de junio, un firme compromiso que garantice el pleno derecho de acceso a la información en España y la transparencia de lo público ajustándose a los 10 principios defendidos por la Coalición desde el año 2006.

Estas organizaciones instan a las principales fuerzas políticas a incluir en sus programas como área de reforma prioritaria las necesarias mejoras en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno para que se adecue a los estándares internacionales.

Las limitaciones de la actual Ley han sido puestas de manifiesto en numerosas ocasiones, evidenciando que es una ley a todas luces insuficiente para poder garantizar el acceso a información como un derecho fundamental. Sin embargo, los principales actores políticos de este país no han abordado durante estos meses el tema en profundidad. Los compromisos y las propuestas de mejora han sido parciales y poco ambiciosas.

En un contexto de descrédito las instituciones y de desafección ciudadana ante la labor política e institucional, consideramos esencial y urgente emprender el camino hacia una clara y definitiva mejora de la ley de transparencia para recuperar la confianza de los ciudadanos.

Por ello, hoy recordamos nuestro decálogo como principios fundamentales que toda legislación en materia de acceso a la información es esencial que recoja:

1. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona.
2. El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.
3. El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.
4. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.
5. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.
6. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción.
7. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.
8. Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
9. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.
10. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.

Llamamos a los candidatos y sus partidos a incluir estos principios en sus prioridades para velar por que se consolide el derecho a la información en España y a garantizar, tanto en materia legal como en la práctica unas instituciones transparentes y abiertas para una ciudadanía informada. Para ello es esencial que, además de asumir los principios de la Coalición ProAcceso, se incluyan las propuestas electorales programas de acción y en los presupuestos para educar y formar al público y a los funcionarios sobre el sentido, utilidad y uso de la Ley de Transparencia.