septiembre, 2015

La Comunidad de Madrid se enreda en el proceso de ofrecer información pública y, en ocasiones, llega al anacrónico extremo de requerir el envío por correo postal, obviando la comunicación por vía electrónica con el ciudadano.

Sello del centenario del Pony Express, el servicio postal de EEUU del siglo XIX previo al desarrollo del telégrafo. Fuente: wikipedia.org

El Pony Express, servicio de mensajería creado en 1860, consiguió reducir a 10 días el correo postal entre St. Joseph (Missouri) y Sacramento (California) gracias al uso de caballos. Año y medio después de su consolidación, la innovación del telégrafo terminó con este método de comunicación. Fuente: wikipedia.org

El Gobierno de la Comunidad de Madrid esquiva las respuestas directas a solicitudes de información pública. Al efecto disuasorio del “acuda a otra ventanilla” se le añade el silencio administrativo y el requisito de enviar un escrito, con motivación e identificación, por correo postal, para atender al ciudadano. El pasado mes de agosto, con una composición de Gobierno renovada, el Centro de Información Telemática de la Consejería de Sanidad volvió a requerir el envío de una carta para considerar si otorgaba el acceso a una información pública.

Por su parte, y pocos días después de su toma de posesión como Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos afirmó con énfasis en una entrevista en Onda Madrid que el nuevo Gobierno de Cristina Cifuentes iba “a luchar por la transparencia que desde hace años pedimos los ciudadanos”. A tenor de las respuestas ofrecidas mediante correo electrónico, pareciera que los ciudadanos piden transparencia de estafeta y matasellos.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo reconoció el efecto disuasorio de los mecanismos complejos y largos que actualmente son necesarios para solicitar una información, tras una queja sobre el Portal de Transparencia y su proceso de registro e identificación presentada por Access Info.

Todo es cuestión de voluntad, más allá de limitaciones legales. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acepta solicitudes enviadas por correo electrónico –incluso acepta las remitidas de forma anónima-. Así lo anunció el día que se publicó la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Además de garantizar el acceso a la información pública como “derecho fundamental de carácter universal”, el CGPJ añadió que priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso.

En aquella entrevista como recién nombrado consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos aseveró: “El norte de nuestra presidenta es la trasparencia total y absoluta”. Toca esperar al cartero para ver si reciben un astrolabio, una brújula o un GPS para encontrar su rumbo.