marzo, 2015

Los datos publicados tras una protesta con altercados impiden conocer el verdadero alcance de las lesiones. El director general de la Policía responde de forma parcial a una solicitud de información.

Policía Nacional lesionado durante las cargas del 22M. Foto de Jonh Chichas.

Un agente de las UIP es trasladado por un miembro del SAMUR para ser atendido tras las cargas del 22M. Foto de Jonh Chichas.

“101 personas atendidas, de las cuales 67 son policías”. Acaba la manifestación y llega el tradicional balance de heridos. El listado de los agentes que acaban con lesiones suele ser público a las pocas horas del fin de una protesta. Conocer cuántos manifestantes acabaron heridos es más complicado (si se da la cifra, además, es mucho menor que la de agentes). Saber con detalle de qué tipo de lesiones se habla cuando se nombra a los policías heridos, más aún.

Hace casi un año confluyeron en Madrid las Marchas de la dignidad procedentes de varios puntos del país. Al término de una de las mayores manifestaciones de los últimos años, se sucedieron graves altercados entre las plazas de Cibeles y Neptuno, en pleno centro de la capital. El saldo: 101 personas heridas, de las cuales 47 fueron policías nacionales y 20 agentes municipales, según los servicios de emergencia madrileños.

El balance, una vez más, incluía esas cifras genéricas pero no el parte desglosado del número de atendidos ni el alcance de sus lesiones: qué tipo de lesión fue la más recurrente y cuantos sufrieron baja laboral o tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario para ser atendidos. De esta forma, no es posible diferenciar entre aquellas personas que sufrieron un tropiezo de las que fueron agredidas.

El director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, respondió a una solicitud de información realizada a través de TuDerechoaSaber.es, con la Ley de Transparencia en la mano, que fueron siete los funcionarios que estuvieron de baja por las heridas. Se trata de la misma información que aportó en la comisión de interior del 23 de abril en el Congreso de los Diputados, donde confirmó que ningún agente fue hospitalizado más allá de la noche de los disturbios. No hay información de los 20 policías municipales atendidos por el SAMUR. Ni Cosidó ni el delegado de Seguridad y Emergencias de Madrid, Enrique Núñez, en su intervención en el pleno del ayuntamiento, aclararon si algún miembro del cuerpo municipal recurrieron a la baja laboral tras aquella jornada.

Así las cosas, conocemos el número de policías nacionales heridos y de baja, si bien seguimos sin saber la consideración oficial de las heridas. Por el contrario, no disponemos de ningún dato sobre los ciudadanos que participaron en la convocatoria y que necesitaron atención médica. Ante la petición de información, Ignacio Cosidó argumentó que “no se elabora un registro de manifestantes heridos, sin que esto impida la obligación de dar cuenta a la autoridad judicial de todas aquellas personas de las que se tenga conocimiento que resulten lesionadas”, por lo que sólo se pueden conocer algunos casos publicados por la prensa.

Cosidó reconocía en su comparecencia en la Cámara Baja “fallos en la ejecución del dispositivo” desplegado por las fuerzas de seguridad en aquella jornada. Más de 1.700 agentes participaron en ella, según afirmaron entonces varios diputados presentes. “Un número idóneo de funcionarios actuantes”, según el máximo responsable del cuerpo de policía.

La determinación del director general tras el caos sucedido en Madrid en la noche del 22M fue destituir a Francisco Javier Virseda Serna, uno de los jefes de los antidisturbios responsable del operativo. Virseda trabaja en la actualidad como agregado en la embajada de Chile.

No es la primera vez que la opacidad caracteriza la información ofrecida desde el Ministerio del Interior. El 25 de septiembre de 2013, un grupo de antidisturbios irrumpieron en la estación de Atocha al final de la convocatoria Rodea el Congreso. Las imágenes de esta actuación policial mostraban a periodistas y viajeros golpeados por algunos agentes mientras esperaban en los andenes. La investigación realizada por la Dirección General de la Policía después de la polémica concluyó que “no se produjeron irregularidades en la intervención policial realizada” según Cosidó. Punto. Sin dar más detalles.

La apuesta por una medida se muestra no solo en las palabras con las que el Gobierno la anuncia, sino en los medios -y los tiempos- destinados a ponerla en marcha. Pero la del Consejo de Transparencia, el organismo que debe velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y por defender el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, es una historia de retrasos y medios escasos. Si el decreto que lo debía constituir entró en vigor ocho meses tarde (según los plazos que dictaba la propia norma), la formación del equipo empieza a dar pasos hoy, tres meses después de la entrada en vigor de la ley.

El BOE recoge hoy la convocatoria de 13 plazas, vía concurso, para nombrar consejeros técnicos, jefes de servicio y analistas de sistemas, que serán quienes deben gestionar los distintos medios de comunicación con quienes deseen realizar solicitudes, llevar al día las cuentas del organismo y atender a las reclamaciones y consultas de los ciudadanos, entre otras tareas clave para su funcionamiento. El problema es que los ciudadanos llevan presentando reclamaciones desde, al menos, enero.

A día de hoy, la única persona del Consejo de Transparencia que ha pasado por el nombramiento oficial, vía BOE, es su presidenta, Esther Arizmendi, que fue nombrada por Real Decreto días más tarde de la entrada en vigor de la ley. De hecho, aunque tanto Esperanza Zambrano (subdirectora general de reclamaciones) como Javier Amorós (subdirector general de transparencia y buen gobierno) ejercen, oficialmente, de forma provisional. El BOE recoge hoy la convocatoria de sus dos plazas por libre designación, además de las de un subdirector adjunto y dos secretarios.

Dentro de 15 días hábiles, plazo necesario para presentar solicitudes a estos puestos, podrían ser nombrados pero, esta vez sí, de forma definitiva. Además de este organigrama, la presidenta del Consejo de Transparencia lidera las reuniones de la Comisión de Transparencia, un organismo formado por siete vocales llegados de distintas administraciones públicas y de los partidos políticos (uno del Congreso y otro desde el Senado).

El 31 de octubre, tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el Estatuto del Consejo de Transparencia, el Gobierno aseguró que “el Consejo estará listo con tiempo para el próximo 10 de diciembre, que es cuando entran en vigor las obligaciones de transparencia que la Ley prevé para la Administración General del Estado”.

Tramita así una solicitud de información recibida por el Tribunal de Cuentas, que pedía esos documentos entre 1998 y 2001, y estudia si esos datos pueden dañar a terceros

El Tribunal de Cuentas recibió, al amparo de la Ley de Transparencia, una petición para acceder los informes realizados por la Intervención General del Estado sobre las empresas mineras.

Ante la duda de si facilitar esa información puede afectar a “derechos o deberes de terceros” (artículo 19.3 de la norma), en este caso de los propias compañías, les ha dado el plazo establecido de 15 días para presentar alegaciones, puesto que los informes contienen la fiscalización de cada una de ellas.

Cuatro de ellas, que no han podido ser localizadas por otros medios, han recibido la notificación en el BOE de hoy. Si no fuera por ello, solo la persona que solicitó la información podría conocer que este trámite de alegaciones está en proceso, ya que la norma obliga a avisar de este tipo de procedimientos.

La Ley de Transparencia establece ciertas excepciones para el acceso a la información pública: la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; la protección del medio ambiente; y, de forma amplia y sin especificar cómo se concreta, los intereses económicos y comerciales.

[Una información publicada originalmente en El BOE nuestro de cada día]

Ya podemos conocer, aun con retraso y en un formato no reutilizable, a qué empresas y por qué precios se emitieron esas facturas en el último trimestre de 2014

Celia Villalobos jugando a "Frozen" en su tablet durante el debate sobre el estado de la nación

Celia Villalobos jugando a “Frozen”, un videojuego, en su tablet durante el debate sobre el estado de la nación. Foto de Antonio Maestre para La Marea

La aplicación de la Ley de Transparencia en el Congreso es una historia de retrasos. Si la propia norma (el estatuto del Consejo de Transparencia llegó varios meses después de lo que debía) y su puesta en marcha (el portal tiene graves problemas de funcionamiento aún hoy) ya van tarde, su aplicación en la Cámara Baja se ha retrasado aún más. Aunque la ley entraba en vigor el pasado 10 de diciembre, no fue hasta el 20 de enero que se aprobó el reglamento para aplicarla en el Congreso.

Y hay más: aunque dicho texto obliga a publicar los contratos menores (los de importes menores de 50.000 euros en obras y de 18.000 euros en el resto de tipos*), no se hicieron públicos en un principio. De hecho, sorprendidos por el incumplimiento de sus propias normas, a finales de febrero pedimos esa información, pero no ha sido hasta este viernes, 6 de marzo, cuando se ha hecho pública en la web del organismo. Así, ya podemos conocer a qué empresas y por qué precios se emitieron esas facturas en el último trimestre de 2014.

Tarde y en un formato no reutilizable. Si tratamos esa información, podemos ir más allá de las anécdotas (que las hay) a una visión mucho más global [aquí te puedes descargar los datos estructurados]. Así, sabemos que las empresas que sumaron una cantidad mayor de ingresos gracias a esos contratos menores son Ortiz Construcciones y proyectos (más de 98.000 euros en siete adjudicaciones), Dragados (73.700 en otras dos) y la UTE (Unión Temporal del Empresas) llamada Mantenimiento Congreso, formada por Ingesan y el gigante OHL (29.500 euros en una única factura).

Apple es el sexto proveedor por volumen de negocio gracias a las tablets y teléfonos con los que trabajan, entre otros, los diputados. En total, sumó 23.550 euros, casi 20.000 de ellos destinados a la compra de iPads. Para los menos mañosos, el servicio de reparación de la firma de la manzana ha facturado unos 1.400 euros en reparaciones de estos dispositivos.

También podemos saber, por ejemplo, que el contrato más caro sumó un coste de 55.800 euros, lo cobró Dragados y se destino a la conexión de red de agua en los sanitarios. O que el menor es de 14,76 euros para la compra de un cristal para marco de foto.

En el apartado de curiosidades encontramos una medalla de 1108 euros, 300 CDs de la sesión de proclamación de Felipe VI (unos 3.000 euros en total), transcripciones de sesiones de comisiones y subcomisiones (que suman más de 10.000 euros), y memorias USB compradas a una empresa de asesoría -Asesores Corporativos It’s Posible [sic]- por 3.291 euros.

El Congreso compró varias publicaciones, hasta un total de 50 contratos que suman 21.700 euros, sin especificar de qué publicaciones se trata. Poco más podemos saber de todos esos contratos, puesto que la información publicada no ofrece más detalles.

Para adjudicar un contrato menor no es necesario ni concurso ni negociado, simplemente la emisión de la factura. Hasta la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, este tipo de adjudicaciones no se publicaban en los organismos de la Administración General del Estado o de los órganos constitucionales nacionales, como es el caso del Congreso.

* Si se dan un paseo por las cifras, encontrarán algunas mayores de esas cuantías. Esto se debe a que el límite de lo que son o no contratos menores se calcula sin IVA y los precios de los contratos en la web del Congreso se han publicado con IVA.