marzo, 2014

Esta información, facilitada como ficheros descargables en el catálogo de 'Abert@s', había sido solicitada en febrero por el programador Juan Elosua a través de Tuderechoasaber.es

Abertos

La Axencia para la Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), dependiente de la Xunta, ha publicado en el portal autonómico de datos abiertos las estadísticas mensuales de descargas de información y de nuevos conjuntos de 
datos desde la creación de la web. Esta información, facilitada como ficheros descargables en catálogo del portal Abert@s, había sido solicitada en febrero por el programador Juan Elosua a través de Tuderechoasaber.es. Un año antes conocimos, también gracias a una solicitud de información satisfactoria, que el coste inicial de puesta en marcha de este portal 
fue de alrededor de 50.000 euros.

El silencio administrativo -cuando las administraciones eluden responder siquiera al ciudadano- se produce hasta en un 41% de las solicitudes de información a las entidades autonómicas, una incidencia menor de la que hemos comprobado entre organismos nacionales (53%) y especialmente en instituciones locales (70%). Por eso corresponde agradecer que la Xunta haya puesto estas estadísticas de uso del portal Abert@s a disposición de cualquier ciudadano, y también su compromiso de actualizar semestralmente estas métricas.

La información facilitada nos permite recordar que las políticas institucionales de open data deben suponer un esfuerzo continuo y con criterios bien definidos para facilitar conjuntos de datos ‘críticos’ (licitaciones, agendas de trabajo institucionales, estadísticas de salud, educación, empleo,…) en un volumen que permita evitar más casos de ‘portales fantasma‘, como la analogía de los aeropuertos sin aviones. En abril de 2012 Mar Pereira, directora de Amtega, destacaba ante la prensa durante unas jornadas de Open Data de Galicia que Abert@s ocupaba la “quinta posición en volumen de contenidos al poner a disposición del público un catálogo inicial de 250 conjuntos de documentos”. Pereira emplazaba ahí el “punto de partida de una estrategia encaminada a incrementar el volumen y cantidad de los formatos”, como informaron entonces los medios. Con las estadísticas facilitadas recientemente podemos aseverar que el número de nuevos conjuntos de datos incorporados mensualmente desde entonces es un aspecto aún bastante mejorable.

Además, algunos de estos “conjuntos de datos” son informes completos en formato .pdf , como este anuario de estadísticas sociolaborales, o los calendarios laborales y escolares de la comunidad (primer y tercer catálogo por número de descargas, respectivamente), que en realidad no son datos abiertos.

Los gestores de Abert@s han adoptado una serie de buenas prácticas que aportan valor a este portal: las fichas de cada dataset especifican las fechas de alta y frecuencia de actualización; los términos de licencia son claros (CC-by 3.0 por defecto) y facilitan la reutilización; cualquiera puede contactar con Abert@s para solicitar nuevos conjuntos de datos, actualizaciones o informar sobre errores; o consultar una lista de aplicaciones (14, de momento) que ya están poniendo en uso los datos abiertos por la Xunta. Te animamos a consultar el catálogo de datos y a solicitar la información que te interese.

Gracias a que las métricas de descarga de datasets son ahora públicas, podremos conocer y valorar el el uso y la utilidad real de la información facilitada. Todos los portales oficiales de datos abiertos deberían dar a conocer estas estadísticas.

Contesta a una pregunta sobre el coste y el reparto de la los anuncios institucionales, que no se publicaron en medios como El País o 20 Minutos.

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Publicidad aparecida en El Periódico de Catalunya

Los portales de transparencia deben servir para permitir el acceso de los ciudadanos a los datos públicos más relevantes o demandados. Pero, para que cumplan su función, necesitan contener información relevante y, por encima de todo, ser útiles. Por eso, en ocasiones, el lanzamiento de una página web de estas características va acompañado de una campaña de publicidad para darlos a conocer y promover su uso. Así pasó con el reciente estreno del portal de transparencia de la Generalitat de Catalunya, que nació acompañado de anuncios en medios que explicaban su funcionamiento y, de paso, relataban las bondades del gobierno en este campo.

Tras encontrarse con un suplemento de siete páginas en El Periódico de Catalunya sobre la nueva página web, Pablo Castro quiso saber cuánto habían costado esos anuncios y en qué medios se habían insertado. Y así lo planteó en una pregunta formulada a través de Tu Derecho a Saber el pasado cuatro de diciembre. La respuesta, aunque tardía, ha llegado este siete de marzo. Gracias a ella podemos saber que, en total, la Generalitat gastó exactamente 620.849,77 euros más IVA en la compra de estos espacios publicitarios.

Pero la respuesta contiene más información relevante. Del coste total, casi 455.000 euros se destinaron a pagar anuncios en medios impresos. En concreto, las páginas de publicidad aparecieron en La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Punt Avui, Ara, Diari de Tarragona, Més Tarragona, Segre, BonDia.cat, Diari de Girona, El 9 Nou, Regió 7, Diari de Sabadell, Diari de Terrassa, Diari de Sant Cugat, Diari del Vallès, Setmanari de l’Ebre, L’Econòmic, El Vigia y Cataluña Económica. Así, el reparto obvia a medios impresos como 20 Minutos o El País (tercero y cuarto en difusión en Cataluña entre los diarios generalistas, respectivamente, según datos del EGM), entre muchos otros.

El resto del presupuesto, 166.254 euros, se destinó a comprar banners de medios online. Los agraciados en este reparto fueron Vilaweb, e-Notícies, El Singular Digital, Nació Digital, la ACN, CatMedia, Imaginaradio.cat y Reus Digital.

Aunque la respuesta ofrece información sobre las cabeceras que acogen la campaña, un dato que las administraciones públicas evitan ofrecer, no es completa del todo. Por eso, Pablo Castro ha vuelto a insistir para saber qué porcentaje de ese presupuesto se destinó a cada uno de los medios.

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  • Debe regular la organización y funciones del organismo
  • La Ley de Transparencia daba tres meses para aprobarlo

El pasado 10 de diciembre el BOE recogía la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada un día antes. En el texto se estableció que los apartados relativos a la transparencia de la norma entrarían en vigor en un año, esto es, diciembre de 2014. Para preparar ese camino, el Consejo de Ministros debía aprobar, en el plazo de tres meses desde la publicación en el boletín oficial, un real decreto por el que se aprobara el estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la nueva ley.

Hoy, 10 de marzo, tres meses después, se ha cumplido ese plazo. Ni el BOE ha recogido la aprobación de ningún decreto referente a este organismo ni el tema se ha incluido en las referencias de las reuniones de los miembros del Gobierno celebradas hasta hoy. Además, desde Moncloa han confirmado a esta página web que el tema no ha pasado aún por el Consejo de Ministros.

La disposición final séptima establece el plazo de aprobación del decreto que debía regular la “organización, estructura, funcionamiento, así como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones” del Consejo de Transparencia, un organismo que según la propia norma deberá ser independiente y que está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por el momento, todo lo que conocemos sobre el mismo se encuentra en la propia Ley de Transparencia. La entidad que deberá velar por su cumplimiento estará formada por un presidente (propuesto por el Gobierno y que deberá ser refrendado en el Congreso), un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, otro del Defensor del Pueblo, otro de la Agencia Española de Protección de Datos, otro de la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas y otro de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Gracias a una petición de información de marzo de 2012 sabemos ahora que el consistorio recaudó 129.000 euros en multas de zona azul y verde en 2012.

photo credit: tetegil via photopin cc

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En marzo de 2012, el Ayuntamiento de Barcelona recibió dos peticiones de información. Una de ellas, realizada por un investigador de la Universidad de Barcelona que estaba preparando un estudio, reclamaba información estadística sobre el barrio de Ciutat Meridiana. En la otra, un ciudadano reclamaba la recaudación del consistorio en multas de aparcamiento en zonas verdes y azules de la ciudad. Ambas preguntas tienen algo en común: recibieron respuesta en noviembre de 2013, un año y ocho meses después.

Después de meses de silencio, la petición sobre el censo de Ciutat Meridiana recibió una respuesta austera, en la que le remitían al investigador a la página web y a que se pusiera en contacto directo con el organismo en caso de necesitar más información. Y es que algunos de los datos que reclamaba en su petición no han sido atendidos. En concreto, y para llevar a cabo su proyecto, Jaime Palomera había preguntado por los datos sobre ocupación, movilidad residencial y ejecuciones hipotecarias en el barrio durante los últimos años.

 

El consistorio recaudó 129.000 euros en multas de zona azul y verde en 2012

En la otra petición encontramos una respuesta parcial. Aun así, es una de las respuestas más concretas y completas registradas en Tu Derecho a Saber. Gracias a ella podemos saber que en 2012 el consistorio puso multas en las zonas verdes y azules por valor de 387.757 euros y cobró un 33,7%, lo que se traduce en 129.413 euros.

En 2011 el porcentaje de sanciones cobradas era mucho mayor, un 40%. Así, de 427.446 euros en multas ingresaron 172.446. La respuesta desglosa, incluso, los datos por tipo de multa: las impuestas por falta de comprobante o por superar el límite horario. Eso sí, Luis había pedido datos desde la implantación de las zonas de aparcamiento de pago y el Ayuntamiento ofrece sólo la información de 2012 y 2011 por “motivos informáticos”.

El 70% de las preguntas realizadas a entidades locales durante 2012 se quedaron sin respuesta, así que estos dos casos han acabado siendo, aunque tarde, una excepción a la norma, por muy vergonzosa que esta sea.