febrero, 2014

La entidad no responde ante la petición de información del número de afectados por el cambio de sistema en la tramitación online del impuesto.

declaracion iva

El 30 de enero de 2014 fue el último día en el que empresas y autónomos en España pudieron presentar su declaración anual del IVA de 2013. Lo que en otras ocasiones no es más que un procedimiento rutinario se convirtió en un caos como consecuencia del cambio del sistema de tramitación. El modelo 390 de declaración anual del IVA obligaba a partir de este año a presentar la declaración únicamente de forma telemática. Aquellos que lo hicieron de otro modo (en papel, como buena parte de los contribuyentes suele hacer) podrán recibir una multa pecuniaria de 1.500 euros, según la Ley General Tributaria.

A pesar de que la Agencia Tributaria puso a disposición de los contribuyentes con mayores dificultades un servicio de ayuda personalizada, muchos ciudadanos presentaron quejas ante las demoras, problemas técnicos y complejidad del sistema de tramitación online. Buena parte de ellas provinieron de contribuyentes que carecen de conocimientos informáticos suficientes para cumplimentar la tramitación, aunque los problemas del sistema afectaron del mismo modo a diferentes ciudadanos. Muchos de ellos tuvieron que acudir a asesores tributarios, que cobran entre 50 y 100 euros. Las personas de avanzada edad y sin conexión de internet fueron las más afectadas.

Las quejas llegaron hasta la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que las admitió a trámite y pidió a la Agencia Tributaria que permita de nuevo la presentación de declaraciones también en papel. Se desconoce, sin embargo, el alcance de los problemas y el número de solicitudes que fueron entregadas fuera de plazo, cuáles de ellas fueron presentadas con errores y a cuántos contribuyentes se sancionó. Esto mismo es lo que preguntó hasta en dos ocasiones en Tu Derecho a Saber Stéphane M. Grueso, que comenta las dificultades que tuvo para realizar la declaración correctamente y pide los datos estadísticos de la declaración. Grueso considera que tanto la interfaz, el sistema de firma electrónica, el sistema de PIN y el modo de autenticación como el lenguaje y el modelo fueron demasiado complicados.

Los únicos datos disponibles son los agregados: en esta campaña se han registrado un total de 3.366.000 declaraciones, 249.000 más que el año pasado, lo que supone un incremento de un 8%. 403.000 de esas declaraciones se realizaron con el nuevo sistema de firma electrónica ‘PIN 24 horas’, uno de los sistemas que ha provocado más quejas.

La agencia que dirige Santiago Menéndez, y que depende del Ministerio de Hacienda, defiende este nuevo sistema porque considera que facilita la lucha contra el fraude fiscal. No se conocen, sin embargo, las consecuencias de este cambio del sistema, y hasta qué punto ha afectado económicamente a aquellos contribuyentes que no han podido cumplimentar su declaración, o la han cumplimentado fuera de plazo. La Defensora del Pueblo considera que no deberían llevarse a cabo procedimientos sancionadores hasta que no se garantice que el sistema funciona correctamente.

A raíz de una investigación llevada a cabo por la defensora del pueblo europeo, ha decido publicar 140 documentos internos solicitados por un periodista alemán sobre la entrada de Grecia en la Eurozona

Buenas noticias en el campo del acceso a la información dentro de las instituciones europeas. Las investigaciones llevadas a cabo por la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, han conducido a que la Comisión Europea haya publicado 140 documentos internos relacionados con la entrada de Grecia en la Eurozona en el año 2001. Estos documentos habían sido solicitados por un periodista alemán hace ya más de dos años, e inicialmente le habían sido denegados.

Emily O’Reilly ha felicitado a la Comisión Europea por haberse finalmente ajustado a las disposiciones de la Ley 1049/2011 y no entorpecer el ejercicio por parte de los ciudadanos del indispensable, necesario y democrático derecho de acceso a la información. La nota de prensa y la decisión  completa emitidas por la Defensora del Pueblo no pasan por alto, sin embargo, que la Comisión no actuó bien al retrasar injustificadamente la publicación de los documentos solicitados y al interrumpir el contacto con el solicitante de una forma tan abrupta, errores que la propia Comisión ha asumido como suyos. Pero igualmente la decisión de O’Reilly también valora que una vez iniciadas las investigaciones por parte del organismo que preside, la Comisión reaccionó de manera rápida y publicó tan pronto como le fue posible los documentos en cuestión.

Emily O’Reilly ha aprovechado la buena resolución del incidente para emitir unas breves declaraciones: “Especialmente en tiempos de crisis, es vital que los europeos entiendan cómo suceden las decisiones importantes que afectan a sus vidas. Europa sigue afectada tangiblemente por estas decisiones y el papel jugado por los diferentes actores necesita ser clarificado para poder aprender lecciones para el futuro”.

Los detalles del proceso

En noviembre de 2011 el periodista en cuestión se puso en contacto con la Comisión para trasladarle una solicitud de acceso a la información, amparado por el Reglamento Europeo 1049/2001 sobre acceso a información de la UE, que estableció el derecho de acceso a la información a nivel europeo y definió los mecanismos para solicitar documentos a las instituciones europeas. Concretamente, solicitó el acceso a todos los documentos fechados entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de junio de 2000 que guardasen relación con la entrada de Grecia en la Eurozona incluyendo, entre otros, documentos preparatorios, informes de convergencia y las cartas e emails entre miembros de la Comisión y autoridades griegas y de otros estados miembros.

La Comisión procedió a publicar un conjunto muy limitado de documentos, no logrando satisfacer los intereses del solicitante. En este punto el periodista alemán recibió una comunicación oficial en la que se le hacía saber que debido a la antigüedad de los documentos solicitados, muchos de ellos no estaban informatizados y se encontraban diseminados por diversos archivos históricos. El trabajo de recopilar todos ellos hacía imposible cumplir los plazos establecidos por la mencionada ley 1049/2001, por lo que la Comisión propuso, a modo de solución, el envío de todos los documentos solicitados para el 29 de febrero de 2012, a más tardar.

El solicitante aceptó la propuesta pero, un mes más tarde de la fecha acordada no había recibido aún noticias de la Comisión. Tras enviar un nuevo email que no recibió contestación alguna, el solicitante optó por formular una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo en abril de 2012. Tras una larga investigación y un diálogo tripartito entre Comisión, Defensor y solicitante durante más de un año y medio, en noviembre de 2013 la Comisión accedió a publicar un total de 140 documentos que la investigación llevada a cabo por los investigadores del Defensor del Pueblo había juzgado relevantes para la petición del solicitante.

Valoración de Access Info Europe

A nuestro juicio es muy positivo que la Comisión haya respondido favorablemente a las observaciones realizadas por la Defensora del Pueblo Europeo y consideramos que este caso sentará un importante precedente para futuras peticiones de acceso a la información a la Comisión y al resto de instituciones europeas. Sin embargo nos alarma considerablemente que, si no hay supervisión alguna de organismos de control como el Defensor del Pueblo, la Comisión no responda a estas solicitudes con la prontitud y corrección que le corresponde, y por el contrario ponga trabas al ejercicio de un derecho que consideramos esencial para lograr una transparencia efectiva en nuestras instituciones democráticas. Es fundamental que las instituciones que nos representan y que redactan las leyes que nos gobiernan se ajusten plenamente a las regulaciones sobre el acceso a la información y que cumplan estrictamente los plazos y procedimientos establecidos. Confiamos en que a raíz de este caso, tanto la Comisión como el resto de instituciones europeas valoren como se merece la importancia del derecho fundamental de acceso a la información, y apliquen las lecciones aprendidas a las solicitudes que reciban en el futuro.

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Javier Bornstein, Investigador de proyectos de Access Info Europe

Firma invitada. Este post ha sido publicado originalmente en el blog de David Muñoz Sastre.

 

En un país normal, con unas instituciones públicas normales y con una Ley de Transparencia normal (o, simplemente, una Ley de Transparencia) no pasarían cosas como las que vengo a contar hoy. Pero España no cumple esos simples requisitos. Y los ciudadanos pagamos las consecuencias.

Un documento tan simple como los presupuestos de un ayuntamiento, alimentados fundamentalmente con dinero público de todos nosotros a través de los impuestos, debería ser algo fácil de consultar por todos, ¿no? Al fin y al cabo, si pedimos dinero a nuestros padres, lo mínimo que querrán ellos es que les digamos en qué nos gastamos ese dinero, ¿no? ¿O es que podemos gastarnoslo todo en ropa y fiestas sin necesidad de justificarlo? No, ¿verdad?

Pues algo parecido debería pasar con los documentos públicos que muestran en qué invierten (o gastan) nuestro dinero las administraciones públicas, en este caso los consistorios. Yo, ingenuo, al ver el art. 169.7 de la Ley Reguladora Haciendas Locales (“La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio”), creí que esto de pedir los presupuestos no sería complicado o que, incluso, estarían colgados en las webs pertinentes de cada municipio. Me equivoqué.

Presupuestos municipales de un ayuntamiento de Menorca

 

No hablo, obviamente, de los presupuestos de Barcelona, Madrid o cualquier gran ciudad española. Estos son fáciles de encontrar y a menudo son trabajados por los medios de comunicación. Me refiero a municipios pequeños, en concreto los de Menorca, cuya población no supera los 30.000 habitantes y a veces no llega a los 5.000.

Llevo unos cuantos meses persiguiendo a los 8 ayuntamientos de la Isla para preparar un trabajo de análisis y visualización de datos y comparar sus gastos. En Menorca (esa isla de aproximadamente 100.000 habitantes que sigue existiendo más allá del verano), la mayoría de ellos no publican los documentos presupuestarios en sus respectivas webs institucionales y tampoco ponen demasiadas facilidades para que accedas al documento si te diriges presencialmente al consistorio. Ni como periodista ni como ciudadano. Si vives en un pueblo pequeño probablemente te pase lo mismo.

Que no estén online no es lo más grave. Al fin y al cabo, uno puede pensar (aunque cuesta) que por escasez de recursos tecnológicos no puedan colgarlos. Lo que es grave es que intenten esconder, de todas formas, este tipo de documentos pensando que así salvaguardan poder y evitan que esos periodistas cabrones rebusquen demasiado entre tanto dato. A ver si los ingenuos serán ellos…

Y el problema no es sólo de las instituciones opacas, también nuestro por no reclamar derechos como el de acceder a este tipo de información pública. He podido hablar con funcionarios (personal de administración de dichos ayuntamientos) que, tras dos décadas en el puesto, nunca habían recibido una petición de presupuestos. O con el mismo interventor de un ayuntamiento, quién se ocupa de revisar todos los temas económicos del consistorio, y recibí la misma respuesta: “Nadie pregunta por un documento que suele ser tan difícil de entender”.

Después de varias semanas de llamadas, emails e instancias, he conseguido los presupuestos de la mayor parte de consistorios menorquines. Algunos escaneados, otros en versión digital original. Algunos en PDF, otros en Excel, otros en Word. En fin, un caos. Con esto quiero dejar claro que no es imposible acceder a la información (más faltaría), pero sí muy complicado. Demasiado. Y eso es lo que hay que denunciar.

A lo largo de este camino me he encontrado con argumentos surrealistas de todo tipo de los responsables de las áreas económicas, interventores y personal de administración que solamente pueden interpretarse de una forma: no querían cederme esa información. Para que os hagáis una idea, he recogido las 10 excusas que más me han impactado, algunas de ellas inverosímiles. No me invento nada, son citas literales:

1. Deberías hacer una instancia primero. Ya te avisaremos.

2. Es un documento solo disponible para los ciudadanos de ese municipio.

3. Estamos liados cerrando el presupuesto del año que viene y no disponemos de tiempo para gestionar tu petición.

4. La ley nos obliga a poder ofrecerlo para consultas, no a entregarte una copia.

5. No te lo podemos pasar digitalmente, los archivos pesan mucho.

6. El interventor está de vacaciones.

7. Solo llevo aquí 3 años, los presupuestos anteriores no sé quién los tiene.

8. Estamos muy liados después de las vacaciones navideñas y no tenemos tiempo de enviártelos.

9. Llevo 20 años aquí y nadie me había pedido los presupuestos. Espera que lo pregunto.

10. Yo solo soy la secretaria, llama dentro de dos semanas y pregunta por alguien de contabilidad.

En fin, creo que esto ilustra lo que decía al comienzo: este no es un país normal con unas instituciones normales.

El reto acaba de empezar (no basta con recopilar los datos, ahora hay que entenderlos, analizarlos, compararlos y visualizarlos). Os mantendré actualizados con la evolución del trabajo. De momento voy a leerme con calma los presupuestos, espero no caer muerto entre tanta partida presupuestaria.

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David Muñoz Sastre es periodista, emprendedor digital, autor del blog davidmunozsastre.com y cofundador de elideario.com.

coche

  • Un ciudadano pregunta el número y uso de estos vehículos a seis comunidades autónomas
  • Sólo Cantabria ha respondido: tiene 11 coches destinados a consejeros y presidente del gobierno
  • Cataluña remite a un formulario y Navarra exige requisitos para preguntar como el DNI electrónico

Sobre el número y uso de los coches oficiales en el Estado y las comunidades autónomas se ha hablado mucho, muchas veces sin datos y con titulares que se basaban en simples estimaciones. En la mayoría de casos conocemos el parque móvil total y, en menos ocasiones, su reparto entre departamentos. Esta información básica no se publica de forma detallada en todos los organismos públicos, sino que depende -como en muchas otras ocasiones- de la buena voluntad del gobernante o encargado de turno.

Mientras no exista una norma que obligue a publicar esta información, nuestra única vía para acceder a ella en los casos en los que no se publica es escarbando en contratos públicos de seguros o carburante o, como pasa siempre que Tu Derecho a Saber entra en juego, preguntando. Eso es lo que ha hecho Argoitz, un ciudadano que preguntó el pasado 8 de enero a seis comunidades autónomas por su parque móvil y, más importante aún, cómo se distribuye entre vehículos destinados a la representación de altos cargos y aquellos cuyo fin es ofrecer servicios (bomberos, policía, parques y jardines…).

Por el momento, sólo una comunidad autónoma ha respondido de forma satisfactoria, aunque sea una contestación parcial. El gobierno cántabro, tal y como recoge su respuesta, tiene 11 coches para altos cargos: uno para cada uno de los ocho consejeros, otro para el presidente y dos más para incidencias. Eso sí, remite al resto de organismos públicos dependientes de su propio gobierno para recabar el resto de los datos.

Navarra, por su parte, sigue obviando las recomendaciones de su Defensor del Pueblo y reclama un DNI electrónico, entre otros requisitos, para poder realizar una petición de información. Una vez más, pone barreras a lo que debería ser una simple interacción entre ciudadano y administración pública: una pregunta, una respuesta.

Cataluña, en otra de las vías que frenan este proceso, se niega a contestar por correo electrónico y sólo acepta preguntas en su propio formulario. La Xunta de Galicia ha enviado un acuse de recibo de la peticiñon y seguimos a la espera de la respuesta. El gobierno de Asturias, por su parte, remite a su portal de transparencia y al perfil del contratante, para que sea el propio ciudadano el que recopile dicha información. El Gobierno Vasco, por su parte, aún no se ha pronunciado sobre el tema.