septiembre, 2013

Proponemos a los ciudadanos que contacten directamente con un senador conocer públicamente su opinión sobre la Ley de Transparencia y saber si está dispuesto a proponer mejoras en la misma

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El día 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho a Saber y lo queremos celebrar. España está aprobando en estos momentos una Ley de Transparencia (¡por fin!) y la sociedad civil está siguiendo este proceso muy de cerca para conseguir que esa norma esté a la altura de las mejores leyes del mundo.

Sin embargo, tras pasar por el Congreso de los Diputados, la ley no es buena. Seguiremos sin poder saber cómo toman sus decisiones los políticos, un ejemplo representativo es la pregunta de si es más barato privatizar la sanidad o por qué hay que pagar una tasa por generar energías renovables.

Ahora le toca al Senado decidir el futuro de la transparencia, por eso vamos hablar con nuestros senadores.

Poder contactar con un/a senador/a y ayudar a mejorar la Ley de Transparencia no es difícil:

  1. Elige a un/a senador/a de tu provincia y ponte en contacto con él/ella directamente a través de esta página. Puedes intentar quedar en persona o directamente enviar un mail (marca en esta lista el senador que elijas).
  2. Explícale por qué queremos cambios en la Ley deTransparencia (a continuación encontrarás una propuesta de mail que puedes usar para imprimirlo y dárselo en persona o enviárselo o simplemente para tener más información y hablar con tu senador/a)
  3. Pregúntale cuál es su postura y cuéntanos qué te ha dicho (puedes contárnoslo en la misma lista donde apuntamos todos los nombres)

¡Cuantas más personas hablemos con los senadores podremos conseguir un compromiso para mejorar la transparencia en España!

Si apoyas la campaña, difúndela en Facebook, Google+, Twitter, identi.ca… con el hashtag #senadotransparente

Si quieres saber más, sigue leyendo.

Nueve años esperando una ley de acceso a la información

Hace 9 años que se prometía en España por primera vez la aprobación de una ley de acceso a la información. Desde entonces la sociedad civil, a través de la Coalición Pro Acceso y otras organizaciones, ha luchado por defender que la futura norma garantice el derecho de acceso a la información y que España sea uno de los países con mejores leyes de transparencia.

Por fin hay un Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que acaba de pasar su primera etapa parlamentaria y se ha enviado al Senado.

El problema es que esta ley está lejos de ser “vanguardista” tal y como prometía el Gobierno del Partido Popular y es, en realidad, una ley débil que dejaría a España en la posición 72 de 96 países con leyes de transparencia en el mundo, según el análisis de la Organización Access Info Europe (puedes leer el análisis aquí).

¿Qué podemos hacer?

Durante todos estos años la sociedad civil ha mantenido reuniones con los diferentes gobiernos y con los diputados para presentarles nuestro punto de vista (definido en los 10 principios de la Coalición Pro Acceso y basado en los estándares internacionales en la materia). Ahora vamos a hablar con los senadores.

Lo cierto es que hasta la fecha no hemos tenido suerte y nuestro mensaje no ha calado. Si bien el Proyecto de Ley de Transparencia ha mejorado en algunos aspectos desde que se presentó como anteproyecto el día 26 de marzo de 2012, estas modificaciones no van en la línea con lo que pedía la sociedad civil y se han limitado a introducir algunos “cambios cosméticos”, tal y como señalaba la OSCE en su análisis del texto español.

El Senado, al igual que el Congreso de los Diputados, es una institución en la que reside la soberanía del pueblo español, ejercida a través de los senadores elegidos por las personas con derecho a voto.

Mucha gente opina que el Senado no sirve para nada, pero eso no es cierto. El Senado interviene en la elaboración de las leyes y puede realizar cambios importantes. Por eso vamos a hablar con ellos.

Elige un/a Senador/a de la lista y ponte en contacto con él/ella a través del correo electrónico, Twitter, Facebook, por teléfono o incluso solicita una entrevista cara a cara (los datos de contacto también están en la lista).

La idea es entregarles la documentación donde se dan argumentos a favor de una mejor Ley de Transparencia y comentarla con ellos/ellas. Queremos que los senadores se expresen públicamente su opinión y nos digan si van a proponer cambios sustanciales a la futura ley. Cuando consigas una respuesta, por favor háznoslo saber para tener un mensaje unificado a favor de la transparencia.

¿Qué vamos a pedir? 

Además de entregar el análisis de la ley desarrollado por Access Info Europe (puedes encontrarlo aquí), hay algunos puntos que consideramos esenciales para conseguir una garantía del derecho de acceso a la información.

1. El reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental.

2. Que la ley no excluya de su alcance tipos de información.

3. Que el organismo que vigile la transparencia sea independiente y tenga poder vinculante

A continuación te proponemos un texto en el que desarrollamos estos tres puntos que puedes usar para mandarlo en un email a tu senador/a o te puede servir de guía para preparar tu propio texto. Versión en .doc y en .pdf.

¿Por qué queremos participar?

La necesidad de transparencia es algo que en España ya nadie duda, esta ley es muy importante porque su ambición va a definir el techo al que queremos llegar en materia de transparencia.

Podemos elegir entre el texto que tenemos, que limita la transparencia a tener mayor claridad sobre las cuentas del estado o podemos luchar para que la ley se modifique y afecte a toda la actividad pública: Que explique cuánto cuestan, quién ha tomado las decisiones, por qué y cómo.

¡Ahora vamos a contárselo a los senadores!

El organismo pidió que se eliminaran las barreras de acceso a las solicitudes de información, pero el Gobierno no ha hecho ningún cambio

defensor del pueblo navarra

El pasado 11 de junio de 2013 Victoria Anderica Caffarena, coordinadora de proyectos de Access Info Europe, interpuso una queja ante el Defensor del Pueblo de Navarra contra el Gobierno Foral por obstaculizar el acceso a la información requiriendo demasiados datos para poder realizar una solicitud de acceso a la información.

El Defensor del Pueblo dio la razón a la queja y recomendó al gobierno de Navarra que cambiara el procedimiento de solicitud y aceptara las solicitudes enviadas vía email y eliminara la obligación de utilizar un certificado digital o DNIe y además a dar su DNI, dirección postal y teléfono para solicitar información. En su recomendación, daba dos meses al Gobierno navarro para contestarle.

El 6 de septiembre de 2013 el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior respondía al Defensor del Pueblo aceptando algunos cambios propuestos pero no todos, ya que las solicitudes deberán ser enviadas a través de una de las vías de entrada oficiales de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

El Defensor del Pueblo considera que el Gobierno de Navarra no acepta el pronunciamiento de su institución a pesar de que este está debidamente argumentado. A día de hoy el Gobierno de Navarra no ha realizado ningún cambio en el procedimiento de solicitud de información.

Desde tuderechoasaber.es consideramos esta situación inaceptable y destacamos la necesidad de crear un sistema de recursos independiente y con poder vinculante para que las administraciones nos puedan ignorar sus decisiones como en el caso que nos ocupa.

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El jueves 12 de septiembre se votaron en el Congreso de los diputados las enmiendas parciales a la a ley de transparencia. Tal y como era previsible, con los votos del Partido Popular, PNV y CIU todas las enmiendas fueron aprobadas y el nuevo texto ya va de camino al Senado.

Antes de que esto ocurriera la organización Access Info Europe ya adelantaba que con las enmiendas  el proyecto de ley ocuparía el lugar 72 en el ranking de 96 países con leyes de acceso a la información en el mundo (obteniendo 68 puntos de 150 en el RTI Global Rating, puedes leer el análisis de la ley española aquí). Este resultado queda confirmado con la aprobación de las enmiendas.

Los problemas que adolecen la ley son los mismos que antes de presentar las enmiendas, incluso son los mismos desde que se presentó la ley: la ley sigue sin reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, excluye mucha información del alcance de la ley, las obligaciones de publicación proactiva no son igual para todas las instituciones y el organismo de revisión no es independiente y solo conocerá de conflictos con las administraciones públicas y no del resto de instituciones.

Entre los cambios que aportan las enmiendas que fueron aprobadas el jueves 12 de septiembre en el pleno del Congreso, cabe destacar la inclusión de los partidos políticos, sindicatos y patronal y algunas entidades privadas de publicar cierta información proactivamente, y la inclusión de la Casa Real y el Banco de España. Aunque es importante destacar que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, por lo tanto queda por ver cómo será en la práctica este procedimiento.

El otro cambio relevante es la creación del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (antes el organismo previsto era la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios), que sigue sin ser independiente (depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y tiene una composición muy politizada.

Puedes leer el texto tal y como quedó tras la incorporación de las últimas enmiendas aquí.

Para entender el alcance de la ley de transparencia puedes ver la siguiente tabla explicativa aquí.

El juez de instrucción ha decidido frenar la privatización de seis hospitales madrileños de manera cautelar hasta que haya una sentencia firme sobre el tema. La magnitud del proceso (afecta el servicio de miles de ciudadanos) y el hecho de que sea irreversible son, para el magistrado, razones de peso para parar, de momento, el proceso. En el auto, además de criticar que las administraciones “asuman sin más su incapacidad” para mejorar la gestión de la sanidad pública, el juez pone en duda el argumento de la Comunidad de Madrid, que asegura que la privatización ahorrará gastos. Para hacerlo, nombra el caso de otros países:

 

¿A cuáles se refiere? Podría tratarse, por ejemplo, de Escocia. Como ya explicamos en este blog, allí utilizaron un sistema de gestión público-privada muy parecido durante años: el PFI (Private Finance Inciative). El sistema consiste en que una empresa construye un edificio público, como podría ser un hospital, y lo gestiona durante los años que dure la concesión, en los que recibe un canon anual desde las administraciones públicas.

Gracias a la insistencia de los ciudadanos y a que en Escocia cuentan con una ley de derecho de acceso a la información potente y una entidad de control realmente independiente, los datos sobre este sistema salieron a la luz. El Sunday Herald estudió esa información y concluyó que habían gastado más del doble de lo necesario por unos 700 proyectos públicos planificados y construidos.

En Reino Unido también se demostró que este procedimiento no era el más eficiente. ¿Y aquí? Ni tenemos los datos ni una ley que garantice que los podamos reclamar.

 

Vuelta al cole y buen momento para ponernos al día: ¿alguna asignatura pendiente para septiembre? Para las administraciones públicas el verano no ha sido provechoso y siguen suspendiendo en transparencia aunque, eso sí, hay excepciones. Sus últimos exámenes, en forma de peticiones de información de los ciudadanos, no han dado los resultados de los que alardean cuando hablan de transparencia. La voluntad de un gobierno -local, autonómico, nacional…- de acercarse a los ciudadanos y esquivar la opacidad se demuestra ejerciéndola.

Los dos partidos principales en el parlamento, PP y PSOE, se llevan un cero. Nunca han respondido a una petición de información, ni siquiera para negarse a responder o dar largas. Nada. Un ‘no presentado’ como una casa.

Peticiones al PSOE Peticiones al PP

Algunos organismos asomaron la cabeza el día del examen y, sólo por eso, se llevan puntuación. Eso sí, no pasaron de poner su nombre y apellidos en la ficha. Es el caso del Ayuntamiento de Valencia, que respondió por última vez (y mal) en mayo de 2012. Desde entonces, lo único que reciben los ciudadanos es un correo modelo en el que se les informa de que han remitido su pregunta al organismo correspondiente. No sabemos si la remitieron o no, pero lo que sí podemos comprobar es que ese es el único correo que reciben quienes preguntan. Imposible darle más de un uno, como a la mayoría de los ministerios. Educación, por ejemplo, sólo respondió una vez y para decir que no tenían la información. En el mismo rango encontramos a un recién añadido a nuestra base de datos, el Ayuntamiento de Carlet, que remite a otro organismo y no es capaz de ofrecer al ciudadano una simple dirección de correo electrónico.

Peticiones a Valencia Peticiones a Educación Peticiones al Ayuntamiento de Carlet

Algo más de nota rasca la Comunidad de Madrid, que insiste en pasar la pelota a otro organismo, del que ni siquiera facilitan una dirección de correo electrónico, y que por eso se queda en un dos. Y la Generalitat de Catalunya que, pese a que acaba de estrenar portal de transparencia y antes solía responder a las peticiones, ahora remite a un formulario, un sistema que supone una barrera al derecho de acceso a la información de los ciudadanos.

Peticiones a la Comunidad de Madrid Peticiones a la Generalitat de Catalunya

¿Es que nadie aprueba? Pues sí, algunos. La mejor nota se la lleva Castilla y León, que en los últimos meses se ha aplicado a conciencia. Notable alto y mejorando.

Peticiones a la Junta de Castilla y León