El proceso para adquirir bienes o servicios con dinero público, a partir de ciertas cuantías y en la mayoría de los casos, tiene que ser público. Por ley. Pero en algunos casos nos encontramos con incumplimientos de la norma y barreras al acceso de los ciudadanos a esa información. Uno de los casos más llamativos de los últimos meses es el de Pablo Castro, que ha pedido a la Generalitat de Catalunya en repetidas ocasiones el desglose del contrato para gestionar la red Rescat. No es un asunto trivial: el monto suma 160 millones de euros.

Empezó a preguntar en junio y, tras insistir, le pidieron sus datos personales, un requisito que no supone más que una barrera al acceso a la información. Si un ciudadano pregunta, basta con su nombre para darle una respuesta. En paralelo, le remitieron a otro organismo, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya. Ha vuelto a preguntar y sigue sin obtener respuesta.

El proceso que se siguió para adjudicar este contrato millonario fue el de negociado sin publicidad, lo que supone que las administraciones públicas negocian y adjudican en privado y sólo tienen que dar cuenta de la empresa elegida y el precio del contrato. Pero, una vez firmado, es difícil entender por qué la Generalitat no explica en qué consisten los trabajos contratados con algo de detalle.

En ocasiones, la opacidad de los negociados sin publicidad llegan a límites insospechados. En junio, Castilla La Mancha adjudicó un contrato para elaborar una cartografía de habitat de aves en los Humedales de la Mancha. En la página del perfil del contratante se olvidaron, quizás por despiste, de publicar un detalle importante: a qué empresa se lo habían adjudicado. Preguntamos en Tu Derecho a Saber y la respuesta fue inmediata. Ahora ya aparece el nombre de la empresa en la página del perfil del contratante.

Tercer y último ejemplo: el pasado 7 de agosto, el BOE recogía un anuncio de licitación del Canal de Isabel II para la compra de medios y el diseño de sus campañas y acciones de comunicación por un máximo de 5.566.000 euros. Para saber más detalles -cuántas campañas, por cuánto tiempo, en qué tipo de medios se insertarán los anuncios- debemos recurrir a los pliegos que, como recoge el anuncio del BOE, deben estar publicados en los perfiles del contratante de la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II.

En la página del primer organismo sencillamente no aparece la licitación a día de hoy y en las del segundo, en lugar de publicarlos, remiten al departamento de imagen y relaciones públicas. Por eso, en Tu Derecho a Saber los hemos reclamado a la Comunidad de Madrid, aunque insitimos: es una información que ya debería haber sido publicada. Y no nos han querido enviar esos pliegos.

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