mayo, 2013

El Consejo para la transparencia de Chile considera que la ley española de transparencia necesita muchas mejoras.

chile_bigEl pasado el día 26 de abril 2013 David Cabo realizó una solicitud de información al Consejo para la transparencia de Chile (CPLT) en la que solicitaba documentos relacionados con la tramitación de la ley de transparencia en España. Cada una de sus peticiones fue contestada de forma completa y directa, tanto el nombre de los miembros del CPLT que viajaron a España; la agenda del viaje, incluyendo la lista de reuniones mantenidas con miembros del Gobierno Español; las notas, actas, etc; así como una copia del informe realizado por el CPLT sobre el borrador de Ley de Transparencia español, así como la fecha en la que fue remitido al Gobierno Español.

Resulta difícil de entender por qué al preguntar por información sobre la tramitación de la ley de transparencia española en España no obtenemos ninguna respuesta o, para mayor asombro, nos remiten constantemente a la aprobación de la futura ley. Aquí tenemos algunos ejemplos: la petición del informe jurídico sobre el acceso a la información como derecho fundamental; la pregunta sobre los criterios seguidos para la inclusión de las aportaciones ciudadanas; y los informes sobre la ley.

¿Qué opina Chile sobre la ley española de transparencia?

En el informe recibido el Consejo para la transparencia de Chile destaca algunos puntos positivos de la futura ley de transparencia española, como el hecho mismo de que exista este tipo de legislación, ya que “es esencial para promover la participación ciudadana y luchar contra la corrupción en la gestión pública” (no entra a analizar la parte de Buen Gobierno ya que no está relacionado con su ámbito competencial que es la transparencia). Además, el organismo proponía los siguientes cambios a la futura ley:

  • Incorporar al proyecto un conjunto de principios que rijan específicamente el derecho de acceso a la información pública para facilitar su interpretación (como el principio de relevancia, el de libertad de información, el de apertura, el de máxima divulgación, el de divisibilidad, el de facilitación, el de no discriminación, el de oportunidad y el de gratuidad, entre otros).
  • El organismo de revisión debe ser independiente, con autonomía efectiva respecto del Gobierno y potestades sancionatorias en caso de configurarse algunas de las infracciones que contemplan los artículos 45 a 47 de la Ley.
  • Establecer quién será competente para revisar los recursos a las solicitudes realizadas a los organismos constitucionales, de no ser así habría campos que escaparían al control social y limitarían el derecho de acceso, que busca precisamente que no existan ni sujetos ni objetos excluidos.
  • Que se defina mejor cómo se publicará la información de forma proactiva: que la información se incluya en un lugar fácilmente identificable del sitio web institucional; exigir autenticidad e integridad en la información publicada; entregar a un solo órgano la competencia de homogenizar los formatos y plantillas a publicar y de sancionar el cumplimiento de estos deberes; que la publicación se ajuste, en lo posible, al estándar que exige una política de Datos Abiertos (Open Data) para permitir la reutilización de la información; establecer cuándo se publican las obligaciones de publicidad proactiva y cuánto tiempo se mantienen publicadas. Sobre este último punto, es importante destacar, por ejemplo, que en España las declaraciones de bienes de los diputados se eliminan de la web del Congreso cuando acaba su legislatura.
  • Sugieren definir el Portal de Transparencia como un sitio único que recogerá toda la información del Estado y no sólo la de la Administración General.
  • Aconsejan que se defina más precisa lo que la ley considera información, incluyendo en esta definición sea cual sea “el formato o soporte en que se contenga”. Además, creen que es necesario incluir expresamente los correos electrónicos intercambiados por funcionarios en el ejercicio de funciones públicas.
  • Los miembros del consejo chileno recomiendan no incluir más excepciones que los límites del artículo 11 porque eso permitiría restar del conocimiento y control público mucha información que es la base o fundamento de la toma de decisiones públicas; y, en cualquier caso, si se mantienen esos vetos, deben de poder aplicarse las pruebas de daño e interés público.
  • Aconsejan que se aclara qué implica la identificación del solicitante. En el caso chileno la ley exige indicar únicamente nombre y apellidos y no reclaman acreditar su veracidad.

A día de hoy, estas propuestas de cambio no se han incorporado al redactado. Pero este no es el único caso en el que el Gobierno español ignora por completo las sugerencias de otros países u organizaciones internacionales. En 2012, la Organización de Europa por la Seguridad y la Cooperación analizó y criticó la ley española. No se conoce ninguna respuesta pública del Estado a esta misiva las sugerencias, pero el Secretario de Estado de Relación con las Cortes comentaba en unas declaraciones al El Mundo que el análisis de la OSCE “pone de manifiesto un desconocimiento, por parte de la OSCE y del profesor Eduardo Bertoni, de la realidad legislativa en España y casi todas las recomendaciones sencillamente no caben en el marco constitucional”.

 

photo credit: Mariano Rajoy Brey via photopin cc

photo credit: Mariano Rajoy Brey via photopin cc

Todos los partidos menos PP y PSOE han pedido a través de una enmienda a la totalidad que se devuelva al Gobierno el proyecto de ley de transparencia. Las razones coinciden: esta ley es insuficiente porque no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, porque deja fuera muchas instituciones y muchos tipos de información. CIU y PNV han añadido que la norma, además, invade competencias autonómicas.

Este jueves, 30 de mayo, se debatirán en el Congreso cada una de estas enmiendas a la totalidad y el Partido Popular contestará, esperemos, a cada una de las demandas que los diferentes partidos plantean y que además coinciden con los cambios que se exigen desde la sociedad civil.

El Partido Popular está a tiempo de cambiar esta ley para que sea más garantista, transversal y, lo que es más importante, para que esté en línea con los estándares internacionales en la materia. Quedamos muy atentos al debate que tendrá lugar este jueves en el Congreso de los Diputados.

Estas son las principales razones que han llevado a todos los grupos parlamentarios excepto PP y PSOE a presentar enmiendas a la totalidad (solo hemos analizado aquellas enmiendas que piden cambios en la ley de transparencia y no aquellas que se refieren a los preceptos de buen gobierno por ser estas dos cuestiones totalmente distintas):

Compromís-Equo

Considera que la norma que presenta el gobierno es muy poco ambiciosa, excluye muchas instituciones y pide que se reconozca el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental.

UPyD

Pide el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental vinculado al artículo 20 de la Constitución Española que reconoce la libertad de expresión, además de la inclusión de todos los organismos que reciban dinero público en todo su ámbito de actuación y no solo en lo que afecte a derecho administrativo y que se contemplen sanciones específicas. Consideran que la ley es insuficiente, contiene muchas carencias y contradicciones además de ser de una pobre calidad jurídica.

Amaiur

Exige que se reconozca el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, que se incluya a todas las instituciones públicas en todo su ámbito de actuación y no solo en lo que afecte a derecho administrativo, que no se excluya la información auxiliar, que se reconozca el silencio administrativo positivo, que se añadan sanciones específicas para el incumplimiento de las normas de transparencia y que el organismo de revisión sea independiente.

BNG

Destaca que esta ley no reconoce un derecho de acceso a la información real y pleno sino que establece las condiciones de uso en determinados ámbitos y que este derecho debería ser reconocido como un derecho fundamental. Añade que se deja fuera información de muchas instituciones que son fundamentales para entender el funcionamiento del estado.

Izquierda Plural

Critica que esta ley no reconoce el carácter fundamental del derecho de acceso a la información vinculado a la libertad de expresión, que se excluyen muchas instituciones, que el listado de información que debe publicarse proactivamente es insuficiente y que no todas las instituciones públicas tienen las mismas obligaciones de transparencia. Además, señala que la definición de información es insuficiente, que el silencio administrativo debería ser positivo y que el organismo de revisión no es independiente y solo es competente para recursos a denegaciones de la Administración General del Estado.

CiU y PNV (dos enmiendas idénticas)

Consideran que esta ley debe incluir a la Casa Real, partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, así como a todas las instituciones y organizaciones que se financien con dinero público. Según CiU y PNV, deberían aprobarse dos leyes distintas: la de transparencia y la de Buen Gobierno. Además, critican que la norma no concrete cada cuánto tiempo se actualizará la información que se debe publicar proactivamente ni qué es información de relevancia pública. Los dos partidos consideran que la ley establece límites demasiado genéricos y amplios y que el nivel de detalle de esta ley invade competencias de las Comunidades Autónomas.

Esquerra Republicana de Catalunya Si

Destaca que la ley debería cumplir con los 10 principios de la Coalición Pro Acceso y propone un texto alternativo para la ley de transparencia.

Enmiendas a la Totalidad a la Ley de Transparencia by tuderechoasaber

En Tu Derecho a Saber estamos cada vez más acostumbrados, por desgracia, al constante goteo de preguntas sin respuesta. El silencio administrativo, en 2012, fue del 54%. En paralelo, se multiplican los organismos que remiten a un formulario -la última en sumarse a esta mala práctica ha sido la Generalitat de Catalunya-, una traba al derecho a la acceso a la información.

Lo que no era tan común, pero también crece, es la versión vía email del ‘Vuelva usted mañana’ que dibujó Larra. Hace sólo una semana comentábamos en este mismo blog cómo un médico reclamaba, ante el habitual baile de cifras, los datos de participación en la huelga sanitaria del pasado 7 de mayo. La respuesta de la Comunidad de Madrid a esta pregunta se limita a enviar al ciudadano a Atención al Paciente. En un nuevo giro argumental, Atención al Paciente reenvía la pegunta a la consejería de Sanidad que, según sus propias palabras, no cuenta ni siquiera con un correo electrónico para comunicarse con los ciudadanos. Y la pregunta sin responder.

El Ministerio de Hacienda asigna los recursos del nuevo órgano regulador, elige a su presidente y tiene lazos con dos de los siete vocales de su comisión, donde la sociedad civil no está representada.

Nadie podría afirmar de forma tajante ahora mismo y con datos fiables sobre la mesa que la gestión privada de la sanidad es más eficiente que la pública. Ni viceversa. Por desgracia, el debate sobre el modelo sanitario en España se ha desarrollado desde las vísceras y sobre un baile de cifras sin arraigo tangible. Los organismos públicos no ofrecen datos fundados que respalden la progresiva privatización de la sanidad española y en algunos casos, incluso, muestran a la opinión pública cifras poco rigurosas cocinadas  para apoyar sus medidas.

¿Sabremos que un sistema no funciona cuando sea demasiado tarde para dar marcha atrás? Eso mismo ocurrió en Escocia. Durante años utilizaron un modelo de gestión mixta denominado Private Finance Iniciative (PFI) para la construcción y gestión de edificios públicos, como hospitales y escuelas. La mecánica era simple: una empresa construía el edificio y se encargaba de su mantenimiento durante los años que durara el acuerdo y, a cambio, cobraba un canon anual de las administraciones. Una vez terminado el plazo del contrato, el edificio pasaba a manos públicas. Tras años trabajando bajo este sistema de colaboración público-privada, muchos ciudadanos empezaron a ponerla en duda.

Trabajadores de la sanidad y sindicatos reclamaron, por ejemplo, el contrato de construcción y mantenimiento del nuevo hospital de Edimburgo. La petición fue denegada alegando intereses comerciales, pero el Gobierno les dio la razón y decidió que esos acuerdos debían ser, a partir de entonces, publicados automáticamente. De lo particular a lo general, el Sunday Herald estudió decenas de páginas de información detallada sobre este tipo de gestión que fueron reclamadas a las administraciones gracias a la existencia de la Freedom of Information Law escocesa. Con los datos en la mano, calcularon que las entidades públicas pagaron más del doble de lo necesario por unos 700 proyectos públicos planificados o construidos.

Aunque han dejado de utilizar este sistema, los escoceses siguen pagando cánones por escuelas y hospitales construídos bajo ese paraguas. En muchos casos, el sistema de salud ha llegado a pagar 10 veces más por un hospital que si lo hubiera levantado con sus propios recursos, tal y como han denunciado en múltiples ocasiones, entre otros, el profesor Ayson Pollock. En Reino Unido también se demostró que este procedimiento no era el más eficiente.

Los detalles de los contratos salen a la luz

A raíz de una plaga de larvas de insectos, el quirófano de un hospital escocés pasó semanas cerrado. Los pacientes reclamaron información sobre el asunto y descubrieron, gracias a la ley de acceso a la información, que la clausura había sido provocada por la falta de limpieza de la empresa adjudicataria del PFI, que no había retirado una paloma muerta del techo de la instalación. Además, el contrato de gestión público-privada desveló la penalización por el cierre del quirófano era sólo de 28 libras al día. Este caso volvió a poner en primera línea el debate sobre ese sistema de construcción y mantenimiento de edificios públicos.

El Hospital de Vallecas, uno de los que se levantó y funciona vía PFI, impondría multas mucho más altas en el caso de infracciones graves de los términos del contrato: de 4.001 a 35.000 euros más una multa diaria que puede llegar a los 4.000 euros. El contrato que marca estas multas no está publicado en ninguna página web oficial en este momento, pero podemos acceder a él gracias a la labor de un portal privado.

Pero, ¿cómo funciona el PFI en España? Una vez más, no tenemos datos que nos permitan valorar la eficacia de este sistema, pero las malas experiencias internacionales pueden darnos alguna pista. De hecho, en 2010 la Comunidad de Madrid aprobó un incremento del canon que pagaba a seis hospitales gestionados bajo este mismo sistema. En la actualidad, funcionan bajo el PFI siete hospitales de Madrid y otros tantos en Castilla y León, Cataluña y Baleares. No sabemos si esta gestión funcionará mejor o peor aquí que en Escocia, pero sí que la Comunidad de Madrid pagará más de 100 millones al año durante 30 años por el canon de arrendamiento de estos centros.

Un paso más en la privatización

Este sistema mixto es sólo un paso intermedio hacia la privatización total. El plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid acoge, tras ese nombre tan largo, algunas medidas como la jubilación de dos tercios de los médicos mayores de 65 años, el euro por receta (suspendido por el Tribunal Constitucional), la privatización de 27 centros de atención primaria o la externalización de cocinas, lavanderías y mantenimiento de centros sanitarios. Todas estas medidas, según el gobierno madrileño, suponen un ahorro en los costes de la sanidad pública. Pero el caso es que ninguno de estos proyectos viene respaldado por datos que apoyen que son medidas eficientes. Y el debate sigue. El euro por receta, por ejemplo, se planteó como una medida coaccionadora para evitar el despilfarro en el uso del medicamentos, pero para muchos no es más que una barrera en el acceso a los fármacos por parte de las clases más desfavorecidas. Sin datos, ambas valoraciones son subjetivas a priori.

Pero, sin duda, la medida estrella del plan madrileño es la privatización total de seis hospitales, que hasta ahora funcionaban bajo el paraguas del sistema PFI. El objetivo: una gestión más “eficiente”, según el redactado del informe. Pero, ¿es más eficiente la gestión privada que la gestión pública? Para apoyar su teoría, el gobierno de la Comunidad de Madrid asegura que los hospitales de gestión mixta gastan una media de 600 euros por paciente y año (sí, la cifra es redonda), mientras que el gasto en el caso de una privatización total sería de 441 euros. ¿De dónde salen estas cifras?

Según el informe de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), los 600 euros no se corresponden con el gasto real de hospitales del mismo tipo que funcionan bajo gestión pública. Además, denuncian que los 441 euros surgen directamente de las ofertas de las empresas que se postulan para la concesión y que, en realidad, el gasto aumentará con la privatización de esos seis hospitales. Unos y otros utilizan cifras muy distintas, porque incluyen en el gasto diferentes baremos. Pero, de hecho, el presupuesto de 2013 de la Comunidad de Madrid ya ha aumentado por culpa de la privatización de estos centros sanitarios, como denunció UPyD en la Asamblea de Madrid.

La sanidad no es el único ámbito en el que ciudadanos, organizaciones o partidos de la oposición ponen en duda la eficiencia de los contratos con empresas privadas. De hecho, la concesión del metro ligero de Madrid fue objeto de polémica hace sólo unos días por el pago a la empresa concesionaria de millones de euros en concepto de viajeros que no utilizaron el servicio. En uno y otro caso el problema es el mismo: la falta de transparencia y de acceso a información fiable no permite debatir con los datos sobre la mesa. Al menos por el momento. Puede que, como en Escocia, la respuesta llegue demasiado tarde.

 

I: CÓMO EVITAR EL CIERRE DE ESCUELAS RURALES GRACIAS A LOS DATOS

El derecho de acceso a la información pública no es sólo una cuestión de transparencia en abstracto, sino que consiste en encontrar una vía para la mejora del día a día gracias a la mirada de todos sobre datos objetivos. Algunas de las historias que explica el excomisionado para la información de Escocia, Kevin Dunion, muestran las aplicaciones prácticas de este derecho a través de victorias concretas. ¿Cómo serían estos casos en España? Se hace difícil comparar sin una ley que obligue a las administraciones públicas a responder a las preguntas de los ciudadanos. Pero vamos a intentarlo.

escuelas_big¿Cuántas decisiones toman nuestros gobernantes cada día? ¿Cuántas de ellas están basadas en análisis razonados y fieles a la realidad? ¿Cuántas, en cambio, se fundamentan en meras suposiciones o corazonadas? En España es imposible saberlo. Si un concejal dicta una norma basándose en un análisis previo, ese informe sólo se hace público en contadísimas ocasiones.  Ni siquiera el redactado actual de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en trámite parlamentario, supone una mejora en este sentido, ya que no incluye entre los documentos susceptibles de ser analizados los informes y borradores previos a la toma de decisiones.

Bajo la Freedom Of Information Law los ciudadanos escoceses sí pueden reclamar esos informes y, lo que es mejor aún, deben recibir una respuesta -excepto en casos muy excepcionales-. Con el respaldo de la ley y gracias a su insistencia, un grupo de padres y profesores consiguió paralizar el cierre de 60 escuelas rurales. Este caso, tal y como lo narra quien fue comisionado para el acceso a la información de 2003 a 2012, Kevin Dunion, es una de las muchas pruebas concretas de la eficacia de la norma para conseguir mejoras en la comunidad.

En 2005, la Scottish Rural Schools Network (SRSN) arrancó una campaña contra la clausura de 60 escuelas rurales y pidió a las autoridades información sobre la población escolar de las zonas afectadas, la capacidad de los centros, la distancia que tendrían que recorrer los niños tras el cierre y el ahorro real que supondría para las administraciones públicas. Con los datos en la mano, la SRSN elaboró un informe alternativo en el que demostró que los cálculos oficiales eran erróneos y los cierres estaban injustificados. El gobierno escocés creó una comisión independiente para estudiar el asunto e impuso una moratoria en los cierres hasta conocer los resultados de la comisión.

Padres y profesores consiguieron frenar una decisión que les afectaba directamente pero, además, ayudaron a mejorar la transparencia de las administraciones públicas a largo plazo: a partir de entonces es obligatorio que cualquier plan de clausura de servicios públicos cuente con un estudio razonado y público que argumente la decisión, además de un proceso de consulta previo.

La victoria de la SRSN no habría sido posible sin el acceso a los datos y sin la ley que avalaba sus peticiones de acceso a la información. En España la situación es bien distinta: ¿dónde están los documentos que justifican el cierre de escuelas y ambulatorios en los pueblos? En junio de 2012, Castilla La Mancha anunciaba el cierre de unas 60 escuelas rurales. No son las únicas, también se han clausurado centros escolares en Galicia o Valencia, entre otras zonas. De hecho, las comunidades autónomas han ido elevando en los últimos años el ratio de alumnos necesarios para mantener un centro abierto. Un portavoz de Castilla La Mancha llegó a afirmar que los cierres se fundamentaban en una cuestión de calidad y no de dinero, pero nunca mostró informes o estudios que apoyaran su tesis de que la educación era de mejor calidad en los grandes colegios de las ciudades que en las pequeñas escuelas rurales.

Un caso similar se vivió con el cierre de las urgencias nocturnas en varios pueblos y ciudades de Catalunya, primero; y Castilla La Mancha, poco después, entre otras comunidades autónomas. El gobierno de María Dolores de Cospedal decretó la clausura de 21 puntos que ofrecían atención sanitaria durante la noche en distintos pueblos de Castilla La Mancha. Ante las protestas y, sobre todo, las resoluciones judiciales que tumbaron la decisión, el gobierno manchego tuvo que dar marcha atrás. Eso sí, ya ha anunciado que prepara un nuevo plan de cierres.

Durante el debate sobre el cierre de los ambulatorios, el ejecutivo autonómico aseguró que los pacientes afectados sólo deberían desplazarse unos kilómetros para ser atendidos en otro centro. Nunca mostró de dónde sacó esos datos. Una comprobación práctica demostró que esos pocos kilómetros rondaban los 40 y que el recorrido podía llegar a durar más de 40 minutos.

Con los datos en la mano, los numerosos ciudadanos que han protestado contra estas decisiones en España podrían intentar demostrar, como pasó en Escocia, si los gobiernos se equivocan al decretar todos estos cierres. Pero España no es Escocia.