abril, 2013

Aunque el futuro del sistema de salud preocupa cada vez más a los ciudadanos españoles, las administraciones con competencias sobre el mismo apenas aportan ninguna información

la Ribera

Imagen: RiberaExpress.es / Sala de espera del Hospital Universitario de La Ribera, en Alzira

El copago, el viraje hacia una gestión privada de la salud, la sostenibilidad del sistema sanitario, las competencias autonómicas,… El estado de la Sanidad en España preocupa y la información que trasladan los medios resulta con frecuencia contradictoria. Un chequeo de las respuestas obtenidas a través de Tuderechoasaber.es nos lleva directamente a la dolencia: las administraciones con competencias sobre el sistema de salud no están satisfaciendo las necesidades de información directa de los ciudadanos.

Entra dentro de toda normalidad que usted quiera contrastar por sí mismo los datos que respaldan una afirmación tajante como “El gasto en Sanidad se duplica desde que se transfirió a las CCAA. Tras la entrega de la sanidad a las comunidades autónomas en 2002, los españoles pagamos 50.265 millones más al año por este concepto”. En abril de 2012 Luis se dirigió al Ministerio de Sanidad preguntando sobre esta cuestión. “¿Qué parte de este sobrecoste se debe al capítulo de “Personal”? ¿Y a la “designación de cargos de responsabilidad?” Sus pesquisas se toparon con el silencio administrativo y un año después no ha recibido respuesta.

Quizá el 20 de abril de 2012 sintonizase usted la rueda de prensa de Ana Mato, ministra de Sanidad, y escuchase que “700.000 extranjeros usaron indebidamente servicios 
sanitarios en 2009”. Puede  que le intrigase el dato sobre el que se apoya esa afirmación. Antonio decidió preguntar al propio ministerio sobre el uso de servicios sanitarios en España por parte de extranjeros. El Gabinete Técnico Secretaría General de Sanidad le contestó que el dato procedía del “ Informe de Fiscalización de la Gestión de las
Prestaciones de Asistencia Sanitaria derivadas de la aplicación de los
Reglamentos Comunitarios y Convenios Internacionales de la Seguridad
 Social, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 
29 de marzo de 2012”. No le facilitaron ningún enlace pero pudo consultar dicho informe en la web del Tribunal de Cuentas. Su lectura permite hacer unas cuantas precisiones sobre las cifras mencionadas.

 

Hacia una gestión privada sin informar al ciudadano

Si existen datos que justifiquen la privatización parcial del sistema de salud, las administraciones no los usan para tranquilizar a los ciudadanos. Danielle solicitó a la Comunidad de Madrid los “estudios, documentos o evaluaciones
 previas” en que se basa la medida número 1 del “Plan de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid”, que contempla la “externalización de la actividad
 sanitaria en 6 hospitales, utilizando el modelo de concesión“.
 El plan señala:

 “Se ha comprobado que el modelo de concesión es más eficiente, da buenos 
resultados clínicos y alta satisfacción a los pacientes. 
De media, el coste total de la asistencia sanitaria especializada de la 
población de los hospitales de gestión mixta es de unos 600 euros por
 habitante, mientras que en los hospitales con modelo capitativo más
recientes, este coste medio anual es de 441 euros”.



Danielle no pudo obtener la información que requería para contrastar los datos. Algunas informaciones señalaron que este cálculo estaba inflado: “en febrero de 2011, el consejero Javier Fernández Lasquetty situaba ese coste per capita en 428 euros. Un salto de 128 euros y un 40% en los hospitales mixtos en algo más de un año hasta en un 40%.”

A escala autonómica, la falta de respuesta es similar. Teresa Villodres escribió a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para conocer qué tipo de gestión específica –pública o privada- tienen los hospitales andaluces y, en caso de ser privados, qué empresas los gestionan. Tras dirigir a Teresa a dos enlaces que no aportaban ninguna respuesta, la Consejería lamentó no disponer de la información, recomendandodirigirse a otros organismos competentes, en este caso al área de prensa”.

Tampoco la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana contestó a un ciudadano que en mayo de 2012 quiso conocer detalles sobre la implantación de un modelo mixto de gestión sanitaria público/privada en Valencia.

 

¿Para qué quiere usted esta información?
En el caso de una solicitud sobre las estadísticas de ingresos y altas en Urgencias de todos los hospitales públicos de Navarra, el ciudadano fue dirigido al formulario del área de atención ciudadana del Gobierno Foral que, como hemos censurado anteriormente en este blog, pide identificador electrónico y es claramente restrictivo (más sobre los formularios como barrera). Tampoco a Carlos le ha sido posible conocer las estadísticas básicas de atención sanitaria en la Región de Murcia. El gobierno autonómico no pudo facilitarle la información y el Ministerio de Sanidad ignoró su solicitud.
El 9 de marzo de 2013, Íñigo Espert escribió a la Comunidad de Madrid para conocer “la ejecución presupuestaria detallada del servicio madrileño de salud para los ejercicios 2010, 2011 y 2012. 
Necesitaría los datos desglosados por conceptos y subconceptos.
 No me ha sido posible encontrarla en la página web de la Comunidad
 de Madrid”. La Dirección General de Gestión Económica de 
Consejería de Sanidad le respondió que debía formular su solitcitud de información “por escrito” y “especificando para qué quiere dichos datos”. Íñigo lo hizo, dejando antes patente su desacuerdo. No nos consta que recibiese la información.

 

Un caso satisfactorio: las prótesis de pecho fraudulentas

Hace pocos días que arrancó en Francia el macrojuicio contra el fabricante de las prótesis mamarias PIP, que usó un gel no homologado cuyas consecuencias –infecciones, roturas, dolores,…- pueden afectar a 18.500 españolas, según estimaciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) citadas por El País. El 4,2% de ellas, operadas en la sanidad pública. 

Una ciudadana se dirigió al Ministerio de Sanidad para conocer quién es el responsable de la homologación de las prótesis de pecho fraudulentas PIP para el mercado español.  La 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ofreció una completa respuesta explicando que, debido a la regulación europea armonizada, la certificación de estas prótesis la otorgó un organismo designado por la autoridades alemanas:

Los productos sanitarios, por tanto, no están sometidos a evaluación ni autorización de comercialización por las autoridades sanitarias nacionales de los diferentes Estados Miembros y circulan libremente en el territorio comunitario siempre que vayan provistos del marcado CE. Los Estados Miembros no pueden impedir en su territorio, la comercialización ni la puesta en servicio de los productos que ostentan el marcado CE, a menos que se demuestre que presentan riesgos para la salud. Esto fue lo que ocurrió en el momento en que las autoridades francesas comunicaron al resto de países los problemas con estas prótesis”. (Leer el resto de la respuesta).

Hoy conocemos que España pronto contará con un registro de prótesis y otro tipo de productos sanitarios sensibles que facilitará el control de esta clase de incidencias.

En tuderechoasaber.es cada vez es más común que las instituciones a las que se solicita información respondan remitiendo a un formulario propio. Esta práctica nos parece inadecuada porque pone trabas innecesarias al acceso a la información y no es lo común en los países de nuestro entorno.

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¿Por qué no es recomendable usar formularios?

En primer lugar porque los estándares internacionales, entre otros el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos, establecen que para solicitar información solo habrá que indicar la información que sea necesaria para poder contestar a la solicitud, y cuando se habla de identificación se pide simplemente un nombre para poder dirigirse al solicitante.

En el caso de los formularios, la gran mayoría exige mucha información, incluyendo el DNI. El peor de los ejemplos es sin duda Navarra que para solicitar información por vía electrónica exige un DNIe o certificado digital para acceder y a continuación datos como la dirección postal, el teléfono y el DNI. Esto es una interpretación muy extrema del artículo de la ley que indica que el solicitante debe identificarse y que va en contra de los estándares internacionales de acceso a la información (ver post sobre Navarra en tuderechoasaber.es).

En segundo lugar porque solicitar información debería ser algo rápido y sencillo, y todo trámite que se añada en el proceso de solicitud es un obstáculo innecesario que hace que mucha gente no realice sus solicitudes, haciendo así que la ley de transparencia pierda su eficacia. Tener que introducir todos los datos, sobre todo un el número de DNI, frena a mucha gente a la hora de solicitar información.

En tercer lugar porque el email es el medio de comunicación que usamos todos en nuestro día a día para comunicarnos, en nuestras relaciones laborales o personales. La administración debe adaptase a los nuevos medios. Por último, uno de los lemas de las políticas de gobierno abierto es que la administración tiene que estar donde estén los ciudadanos. Los ciudadanos usan el correo electrónico para comunicarse; los formularios en cambio distancian a la administración de los ciudadanos, al no saber éstos a quién se están dirigiendo, ni quién es la persona encargada de su solicitud, ambos también objetivos de las políticas de gobierno abierto que España y muchos otros países dicen estar implementando.

 

Algunos ejemplos recientes de malas prácticas:

 

La Comunidad de Madrid remite a un formulario, a un escrito y pide conocer para qué se pide una información sobre la ejecución presupuestaria del servicio madrileño de Salud. Todo trabas.

El Gobierno de Cantabria reclama identificación electrónica a un ciudadano que pide una copia del contrato público con una empresa para gestionar la incineradora.

 

¿Qué se hace en otros países?

Hemos realizado una encuesta en FOIAnet, la red mundial de expertos de acceso a la información, y hemos conocido la realidad en 13 países, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Estados Unidos, Georgia, Hungría, Italia, Jordania, Reino Unido, Rumanía, Ucrania y Uruguay. De esos 13 países solo 4 obligan a los solicitantes a enviar sus solicitudes vía formulario, Brasil, Chile, Georgia y Uruguay. Georgia ya ha aprobado una ley para poder enviar solicitudes vía email que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2013.

Al preguntarles a expertos de estos y del resto de países todos se manifiestan claramente en contra del uso de formularios por diversas razones:

  • Porque los formularios obligan a incluir información innecesaria.
  • Porque antes de que la ley impusiera el uso de formularios, solicitar información era más sencillo.
  • Porque no se puede hacer un seguimiento ni responder a la persona responsable.
  • Porque en cualquier caso en aras de un mejor reconocimiento del derecho de acceso a la información lo mejor sería tener el mayor número de opciones para realizar solicitudes.

España está en estos momentos debatiendo su ley de transparencia, entre todas las recomendaciones para conseguir una ley eficiente y moderna, añadimos la de no usar formularios que exijan información innecesaria.

Todo apunta a que la Casa Real se incluirá en la Ley de Transparencia. Debemos esperar a ver cómo se plasma esta decisión en la ley para comprobar que este gesto no es solo estético.

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Según las últimas informaciones, la Casa del Rey estará incluida dentro de la Ley de Transparencia, aunque con algunas particularidades (que aún no conocemos). Es una buena noticia, aunque en realidad debería haber sido así desde el principio. Primero, porque el Rey es el Jefe de Estado. Segundo, porque la Casa Real desarrolla una función pública que, además, está financiada en su totalidad con dinero público.

Gregorio Peces Barba, jurista de prestigio y uno de los ponentes del proceso de creación de la constitución decía hace un año en unas declaraciones a El País que “ no tiene ningún sentido ni hay razones jurídicas para excluir a la Casa del Rey de la Ley de Transparencia”. Sin embargo,  Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso, defendía que la Casa del Rey “se sitúa por encima” de otras instituciones y de los ciudadanos.

Es cierto que la figura del Rey tiene algunas peculiaridades y que ciertos documentos no deben ser publicados por su contenido confidencial, pero eso no es un problema para una ley de transparencia que incluye excepciones para tal efecto. De hecho, el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos prevé un límite excepcional para aquellos países que consideren necesario lindar el acceso a ciertas comunicaciones entre instituciones públicas y la jefatura de estado (excepción aplicable siempre tras realizar una prueba de interés público).

 

La casa real más opaca de su entorno

En otros países europeos que cuentan con monarquías parlamentarias se han buscado soluciones para adaptar el funcionamiento de sus monarquías a las dinámicas propias de un estado democrático moderno. Las casas reales y los monarcas de las naciones de nuestro entorno son, de facto, mucho más transparentes que la Casa Real Española, respondiendo incluso a solicitudes de información como es el caso de la Casa Real Sueca (podéis consultarlo en el informe anual de la Casa Real Sueca).

En estos países se puede solicitar información sobre la monarquía a cualquier institución pública y las propias casas reales cuentan en sus páginas webs con información muy detallada sobre su patrimonio, su presupuesto y su gasto, su agenda y otros detalles sobre su funcionamiento. Cualquiera puede comparar el apartado de transparencia de la página web de la monarquía británica (que publica incluso lo que se gasta en bebidas espirituosas) con el de la española.

En cualquier caso, como decíamos, esta es una buena noticia y ojalá tenga un efecto contagio sobre otras instituciones que a día de hoy están total o parcialmente excluidas de la ley (poder legislativo, poder judicial, partidos políticos, sindicatos, patronal, Congreso de los Diputados…). Esta decisión se toma en un momento en el que la Familia Real se encuentra inmersa de una creciente desconfianza y desapego por parte de la sociedad. En este contexto han decidido que la transparencia es el primer paso para recuperar esa confianza, otra lección que todas las instituciones deben aprender y aplicar.

Debemos esperar a ver cómo se plasma esta decisión en la ley para analizar los detalles y comprobar que este gesto no es solo estético. Pero sobre todo hay que recordar que el hecho de que la Casa Real no estuviera incluida en la ley era el menor de los problemas de la futura ley de transparencia.

Desde la sociedad civil hace mucho tiempo que se piden cambios importantes para que esta ley no quede obsoleta nada más nacer. Entre las mejoras que siguen pendientes para conseguir una ley en línea con los estándares internacionales encontramos: el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, un mayor alcance en su aplicación (el artículo 2 excluye muchas más instituciones y el artículo 15 muchos tipos de información como notas, borradores, informes internos…) y un organismo de revisión independiente.

Ahora que la ley de transparencia afronta su tramitación en el Congreso es necesario estar atentos a su evolución y, sobre todo, seguir insistiendo para que nuestros parlamentarios integren los cambios que la sociedad civil y los expertos nacionales e internacionales llevan proponiendo desde que se conoció el texto.

[Artículo publicado en Eldiario.es]

La cámara no facilita de forma pública los documentos relativos a los senadores que ya no están en activo, pese a que esta información estuvo publicada en su página web.

barcenasEl Senado ha respondido a una petición de información formulada el pasado 25 de marzo, en el que Luis A. Morales reclamaba la declaración de actividades de Luis Bárcenas, ya que el extesorero del PP fue senador en la IX legislatura hasta el 19 de abril de 2010, cuando renunció al escaño tras el levantamiento del secreto de sumario en la trama madrileña del caso Gürtel en la que estaba implicado. Eso sí, la cámara ha respondido para negarse a facilitar esa información de forma pública.

El único camino posible para acceder a la declaración de Bárcenas -en la que deberían figurar sus responsabilidades empresariales y públicas previas y simultáneas al ejercicio de su cargo– es a través de un proceso lleno de trabas que culmina en lo que se conoce como un “procedimiento de exhibición personal”. El interesado debe razonar su interés en conocer estos datos -una norma totalmente contraria a los estándares internacionales de derecho de acceso a la información, que insisten en que no debe ser necesario argumentar la razón de la petición- y, si la Mesa del Senado lo autoriza, podrá ver el documento ante la presencia de un funcionario y tomar notas, pero nunca realizar fotocopias o imágenes, por ejemplo.

Este sería el procedimiento a seguir para cualquier ciudadano interesado en conocer la declaración de actividades de un senador o diputado que ya no esté en activo, ya que la página web del Senado sí recoge los documentos relativos a los representantes públicos durante su mandato. Una vez finalizada la legislatura, desaparecen y son sustituidos por los nuevos ocupantes de los escaños de ambas cámaras.

La Dirección de Asistencia Técnica-Parlamentaria del Senado se acoge al apartado 4 de un acuerdo de las mesas de ambas cámaras fechado en 2009 en el que se fijó que, una vez finalizado su mandato, los registros de actividades de diputados y senadores dejan de ser públicos. Además, la respuesta de este organismo añade que tampoco puede facilitar la declaración de bienes de Bárcenas, ya que este tipo de documentos se publican sólo desde el 22 de julio de 2011 y el de el ex senador es anterior a esa fecha.

Además de revelar la falta de transparencia del Gobierno, llegando al extremo de ocultar documentos que fueron públicos con anterioridad, esta solicitud de información revela otro problema de las administraciones públicas españolas con respecto al acceso a la información: la arbitrariedad. Mientras no exista una Ley de Transparencia que exija a todos los organismos dar respuesta a estas peticiones, recibir una contestación o no dependerá, en mucho, del funcionario encargado de la gestión. La muestra es que otra solicitud de información exactamente igual a la de Luis A. Morales, formulada por David Cabo el 31 de enero de este año, sigue pendiente de respuesta.