agosto, 2012

El próximo 28 de septiembre se celebra el décimo Día Internacional del Derecho a Saber. Para conmemorarlo, los colectivos protransparencia y ciudadanos  agrupados en FOIAnet, una red de activistas en defensa de la libertad de información, han decidido organizar un concurso de fotografía. Cualquiera que se sienta capaz de ilustrar el derecho a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura a través de una foto es bienvenido a participar. Habra tres premios, por un valor total de 1.000€, donados por el Open Society Institute.

Precisamente en septiembre comenzará la tramitación de la Ley de Transparencia en el Congreso. Recuerda que España es el único país europeo de más de un millón de habitantes que aún no garantiza el derecho de acceso a la información pública. A pesar de ello, también nos sumamos a la celebración: Access Info Europe coordina la campaña en nuestro país.

¿Por qué un concurso fotográfico?

Un concurso fotográfico puede ayudarnos a ilustrar aquellas circunstancias en las que un buen acceso a la información marque la diferencia. Las fotografías pueden revelar cómo las personas, o la sociedad en general, resultaría afectada si no existiera el derecho a saber. FOIAnet espera que estas imágenes ayuden a motivar y concienciar sobre la importancia de este derecho a todos los ciudadanos del mundo.

El jurado otorgará tres premios repartidos de la siguiente manera:

  • 1er Premio: 500 EUR
  • 2º Premio: 300 EUR
  • 3er Premio: 200 EUR

Ademas, la imagen ganadora ilustrará la portada de la publicación anual Right to Information World Advocacy Update, que será publicada el mismo 28 de septiembre. El resto de imágenes se exhibirán en una galería en la web. Además, podrán utilizarse en fecha posterior para la documentación, difusión y promoción de otros eventos y actividades organizadas por FOIAnet.

¿Cómo participar?

Descarga y rellena el siguiente formulario, selecciona un máximo de dos fotografías y envíalo todo a photo@foiadvocates.net. Puedes leer aquí el resto de las bases.

El plazo ya está abierto y finaliza el próximo miércoles 12 de septiembre.

Foto: Juan Pablo Olmo

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno llega al Parlamento como proyecto de ley tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio. El texto que pasa a las Cortes (disponible aquí) es la tercera versión desde el primer borrador que el Gobierno dio a conocer en marzo. En tuderechoasaber.es hemos confrontado los cambios del proyecto actual con la versión anterior (y ésta, con la primera) para que puedas ver las modificaciones hechas durante el proceso consultivo.

La gestación del proyecto de Ley de Transparencia ha seguido una agenda de cinco meses. A lo largo de ella, el Gobierno ha consultado a diversos cuerpos del Estado, convocado encuentros de expertos y celebrado una consulta pública que recibió casi 3.700 aportaciones ciudadanas. Sin embargo, los pocos cambios incorporados no llegan a satisfacer las exigencias de los colectivos pro-transparencia.

La ley que llama a las puertas del Congreso, ¿introduce muchas mejoras o se trata de un texto fiel a las líneas maestras del primer borrador? Repasamos algunas claves que ayudan a contestar a esta cuestión:

  • ¿Qué es una Ley de Transparencia y por qué es importante?

Es una ley que permite a cualquier persona pedir información a las instituciones públicas y que obliga a estas a proporcionársela porque se reconoce como derecho. Además, regula la “publicidad activa“. Así, las instituciones incluidas en la norma estarán obligadas a dar a conocer regularmente información sobre su funcionamiento y actuación pública. España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que todavía no cuenta con una ley de este tipo. En el caso del proyecto español, se incorpora también la particularidad de un título de “Buen Gobierno“, que castigará a aquellos gestores que cometan infracciones en el manejo de fondos públicos.

  • ¿Qué opinan los organismos consultivos que han examinado el texto?

De los tres organismos consultivos que han revisado el texto -el Consejo de Estado, la Agencia de Protección de Datos y Consejo General del Poder Judicial-, dos han sido bastante críticos con él. El Consejo de Estado ha recomendado más rigor técnico en la redacción de la ley. Entre sus temores destaca que el actual texto “es potencialmente susceptible de generar numerosos conflictos de interés”, y añade que conviene “definir con mayor precisión los límites y excepciones” del derecho de acceso a la información pública. Tuderechoasaber.es ha tenido acceso al dictamen completo y aquí puedes leerlo. El Gobierno afirma que ha tomado nota de estas recomendaciones y modificado el texto con ellas antes de aprobarlo.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha recomendado tipificar penalmente el “despilfarro” de fondos públicos, aunque la gestión deficiente de recursos no será castigada con cárcel. Sí lo será el falseamiento de información o la ocultación de datos en perjuicio de la Administración –penado con entre 1 y 4 años-.

  • ¿Ha tenido en cuenta el Gobierno las sugerencias de la comisión de expertos convocada para mejorar la ley?

Entre los propios expertos, algunos creen que no. La comisión de expertos no fue informada por el Gobierno en mayo de la existencia de un segundo borrador y el actual no incluye varias de las recomendaciones más importantes: el derecho de acceso a la información no será considerado como un derecho fundamental; no ha cambiado la definición de información, con numerosas excepciones, y no garantiza de por sí la independencia de la Agencia Estatal de Transparencia.

Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, una de las organizaciones que impulsan tuderechoasaber.es y miembro de la Coalición Pro Acceso, duda que la ley propuesta sirva para ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos y pueda cumplir los estándares internacionales.

A estas voces ha unido la de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que ha publicado dos informes criticando la redacción de la ley. En su segundo análisis, publicado en junio, señalaba que “la mayoría de los cambios son ’cosméticos’ y, en general, no contribuyen a mejorar el anteproyecto respecto de la versión anterior”.

  • ¿Qué aportaciones ciudadanas ha recogido esta ley y cuáles se han quedado fuera?

Pese a las insistentes reclamaciones de la Coalición Pro Acceso, el Gobierno rehusó hacer públicas las 3.683 sugerencias ciudadanas hechas el pasado marzo durante la consulta pública. El borrador resultante no difería esencialmente el primero. El Ministerio de Presidencia confirmó que había incorporado una quincena de aportaciones ciudadanas y que no las haría públicas porque las consideraba como “correspondencia” (y por tanto no tenía permiso). También recordó que no existe obligación de hacer una consulta pública cuando se prepara una ley.

  • Y ahora, ¿qué pasa? 

El proyecto de ley del Gobierno se debatirá en el Congreso a partir de septiembre para su definitiva aprobación, que se prevé fácil en un escenario de mayoría absoluta. El título II -de Buen Gobierno– entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Para el título I -de Transparencia de la Actividad Pública– habrá un periodo de entrada en vigor de un año, para que las instituciones puedan adaptarse al cambio. Por lo tanto, el acceso a la información no estará garantizado, como pronto, hasta otoño de 2013.

Te presentamos un caso de éxito: España en llamas, una aplicación para contextualizar una década de incendios forestales a un nivel de detalle nunca visto.

españaenllamas

España todavía no tiene ley de transparencia, pero sí hay un resquicio legal que permite acceder a información de medio ambiente. Utilizando esta ley de 2006, y con un poco de paciencia, pueden aflorar datos públicos que tratados por terceros generan valor añadido a la ciudadanía. Te presentamos un caso de éxito: España en llamas, una aplicación para contextualizar una década de incendios forestales a un nivel de detalle nunca visto. La Fundación Ciudadana Civio (una de las responsables de tuderechoasaber.es), en colaboración con Juan Elosua y This is Visual, está detrás de la herramienta. Ahora, buscan dinero para ampliar el proyecto.

La iniciativa partió de Juan, un ingeniero de telecomunicaciones gallego sensibilizado con el problema de los incendios, que quería saber si Galicia era la comunidad autónoma más afectada. En la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) mencionaban la existencia de la Base de Datos Nacional de Incendios Forestales (EGIF), elaborada con los datos de todos los partes de incendios. Pero no estaba disponible para el público. Así que Juan ejerció su derecho a acceder a esta información y la pidió el pasado noviembre a la Comisión Europea y al ministerio. Para febrero ya tenía todos los datos sobre los incendios ocurridos en España de 2001 a 2010 (últimos datos disponibles con este nivel de precisión). El pasado 13 de agosto nació www.españaenllamas.es.

“Hemos visualizado los datos en un mapa para que se entendiesen mejor y la información estuviese al alcance de todos”, cuenta Juan. “Así la gente podrá tener conversaciones informadas sobre el grave problema de los incendios”.

Ayuda a investigar los incendios

Civio ha puesto en marcha una campaña de financiación colectiva (crowdfunding) en Goteo.org,  que en la primera semana ya ha recibido 35 donaciones, por un importe de 1.310 euros y que suponen el 28% del objetivo mínimo. El objetivo es investigar el porqué de los incendios forestales y analizar cómo afectan los recortes en prevención y extinción,  qué ocurre con los culpables o qué sucede con los terrenos quemados.

Colaborar es muy fácil: solo hay que registrarse en la plataforma y elegir la cantidad a donar.  Las donaciones solo serán efectivas si suman o superan 4.650€ en los 40 primeros días de campaña. Puede que ya conozcas el mecanismo, ya que tuderechoasaber.es nació gracias a los más de 6.000 euros recibidos en Goteo.

Datos a disposición de la ciudadanía

‘España en llamas’ pretende ayudar a poner en contexto los fuegos que están ocurriendo y localiza sobre el mapa todos aquellos incendios de 100 hectáreas o más ocurridos entre 2001 y 2010. Para cada uno podrás conocer la fecha de inicio y duración, si el fuego fue intencionado, la superficie quemada, si hubo víctimas, los medios empleados y si los datos están disponibles, el gasto de las labores de extinción y la estimación de pérdidas económicas. Incluso puedes descargarte los datos para hacer tus propios análisis.

Además, en “Visita guiada” se cuentan algunas claves de la década a través de ocho historias. Cifras llamativas como que más de la mitad de los incendios fueron provocados (en Galicia supera el 80%), que casi el 20% del suelo quemado entre 2005 y 2010 pertenecía a un espacio natural protegido o que estadísticamente el día 27 de julio es en el que más hectáreas han ardido.