junio, 2012

El Comité de Expertos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública continúa su trabajo. Mañana se celebrará el quinto encuentro, bajo el título de «Diálogo sobre transparencia y buen gobierno» y que contará con Antonio Garrigues Walker —presidente de Garrigues Abogados—, y Víctor Pérez Díaz —sociólogo y presidente de Analistas Socio-Políticos Gabinete de Estudios—, como ponentes.

En tuderechoasaber.es te acercamos los contenidos de la reunión del 31 de mayo, Propuestas de la Sociedad Civil“, cuya ponencia corrió a cargo de Elisa de la Nuez, directora general de Iclaves y miembro de la Junta Directiva del Foro de la Sociedad Civil y de Juan José Lavilla, Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, letrado de las Cortes Generales y abogado de Clifford Chance.

La cita transcurrió entre la decepción causada por el nuevo borrador, sin apenas novedades, y la incertidumbre provocada por los representantes del Gobierno, quienes no despejaron las dudas acerca de cómo se incluirán las propuestas de los expertos en el futuro proyecto de ley.

Abrió la sesión Benigno Pendás, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales —adscrito al Ministerio de la Presidencia—, quien invitaba a no caer en el desánimo en el caso de que las modificaciones propuestas no fueran finalmente incluidas en el texto definitivo. Además, anunció que el trabajo del grupo de expertos será recopilado en un libro.

En el turno de los ponentes, Elisa de la Nuez incidió en la importancia de que el acceso a la información pública se regule como un derecho fundamental, lo que requeriría el tratamiento de ley orgánica, de forma que sería equiparado a otros derechos constitucionales, como la protección de datos.Entre sus peticiones, la abogada mencionó  la necesidad de un portal de datos que acompañe a la Ley de Transparencia y de que el órgano supervisor sea independiente. Para ello propuso un organismo colegiado, con un pleno de composición paritaria entre funcionarios y representantes de la sociedad civil, y presidido por uno de estos últimos, a imagen del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

Juan José Lavilla hizo un recorrido por la legislación actual en materia de consultas a la ciudadanía durante los procesos legislativos, al tiempo que defendió  la importancia de involucrar a la sociedad civil en los mismos, en especial, en la elaboración de los reglamentos. En este sentido reclamó una ley que regule la participación ciudadana. Por otro lado, Lavilla consideró imprescindible para ejercer el derecho de participación, el acceso a los informes y el resto de documentación de soporte, calificando de  oportunidad perdida su exclusión del anteproyecto de ley.

Ya en el turno de preguntas, se trataron aspectos técnicos, ante lo que Esperanza Zambrano, del Ministerio de la Presidencia, pidió que no se confundieran transparencia con reutilización, aspecto este que podría tratarse en los reglamentos que desarrollen la ley, si bien advirtió que ya hay legislación al respecto.

Jacobo Elosúa, presidente de la Fundación Ciudadana Civio, no obtuvo respuestas cuando sugirió que el artículo 14.2 abre la puerta a la identificación mediante DNI electrónico, como requisito a la hora de realizar peticiones.  Asimismo, quiso conocer si serán publicadas las casi 3.700 aportaciones ciudadanas realizadas durante el período de consulta, a lo que Zambrano no supo contestar, afirmando no tener información sobre este aspecto.

José Luis Dader, Catedrático de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, incidió en las incongruencias provocadas por el futuro proyecto de ley y el derecho fundamental a la protección de datos. En el mismo sentido intervino Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, que reiteró la importancia de vincular el derecho de acceso a la información con el artículo 20 de la Constitución Española (CE) —sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión— y que permitiría reducir los escenarios de contradicción entre transparencia y protección de datos.

En sus réplicas, Benigno Pendás rechazó las declaraciones de quienes acusaban al Gobierno de no dar respuesta a las inquietudes sociales en la materia, escudándose  en que el actual ejecutivo, al contrario que el del PSOE, promulgará la ley. Pendás llegó a declarar que no estamos ante un derecho fundamental,  para después justificar la redacción actual en el marco del artículo 105 de la CE (desarrollado en la Ley 30/1992, que regula el trato con las Administraciones Públicas ) y advertir que el Gobierno no estaría obligado a elaborar la Ley de Transparencia.

 

Sin hacer ningún ruido y con un simple título de “nuevo texto” colgaba el Gobierno en su web la nueva versión del anteproyecto de Ley de Transparencia. Una semana antes, el Ejecutivo hablaba de “significativas modificaciones“, tras incorporar las aportaciones de los ciudadanos. Sin embargo, ese nuevo texto presenta pocos cambios estructurales, como se puede ver en la comparación de las dos versiones.

No se considera el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental; no cambia la definición de información, que todavía incluye una decena de excepciones, y poco más se hace por garantizar la independencia de la Agencia Estatal de Transparencia. Estos son los puntos a modificar en los que insiste la mayoría de miembros de la comisión de expertos convocada para mejorar la ley, pero que parecen no haber sido escuchados.

La Coalición Pro Acceso, plataforma de organizaciones que lucha por el derecho de acceso a la información, ha mostrado su preocupación por la “insuficiencia” de la propuesta y ha mandado una carta al Gobierno exigiendo más transparencia en su tramitación.

“Con esta ley sería imposible ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos”, dijo Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, una de las organizaciones detrás de tuderechoasaber.es y miembro de la Coalición. “Es difícil de entender por qué España propone una ley que ni siquiera cumple con los estándares mínimos internacionales”.

El borrador, que está siendo revisado por la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Estado, sí ha incluido la prueba de interés público. El problema es que ésta es solo aplicable a algunas de las excepciones. Además, ahora se habla de la exclusión de acceso a “informes internos“, pero sin definir este concepto.

Como aspecto positivo el texto incorpora esta vez sanciones por no responder reiteradamente a las solicitudes de información dentro del plazo de un mes marcado por la ley (artículo 17.5).

Todas estas modificaciones se han realizado, según el Gobierno, tras leer las casi 3.700 sugerencias que los ciudadanos hicieron durante dos semanas el pasado mes de marzo y abril. Sigue siendo imposible valorar en qué medida se han tenido en cuenta ya que a fecha de hoy ninguna de ellas ha sido publicada.