La Comisión de Expertos sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia se reunió el pasado jueves sin saber que el Gobierno ya tenía una nueva versión del texto. Nadie les dijo nada en su segundo encuentro, en el que curiosamente se hablaba del capítulo del derecho de acceso a la información pública.

¿Se tendrá en cuenta lo que propusieron? Es algo que ni ellos mismos saben aún, pero muchas de sus recomendaciones no están incluidas en las anunciadas el viernes por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En tuderechosaber.es abrimos una ventana para que sepas lo que allí se dijo.

José Aurelio García Martín, inspector de servicios en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, indicó que el anteproyecto no cumple con el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos. Entre otros motivos, porque en la misma definición de información tiene unas limitaciones que calificó de “preocupantes”. Además, sugirió tratar los límites de forma conjunta, ya que al estar ubicados ahora en seis artículos distintos son susceptibles de ser malinterpretados. Otros expertos también destacaron estos dos puntos como mejorables.

García Martín a su vez propuso incluir en el texto legislativo la obligación de dar formación a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia, de recopilar estadísticas sobre su implementación y la necesidad de promover la ley entre la ciudadanía.

Emilio Guichot, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, recalcó la importancia de que el derecho de acceso a la información sea reconocido como un derecho fundamental. Ya que este derecho no está detallado explícitamente en la Constitución Española, recomendó vincularlo con el artículo 20, que ampara la libertad de expresión, tal y como están reclamando la Coalición Pro Acceso, Transparencia Internacional y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Así, la ley tendría que ser una ley orgánica y se aplicaría a los poderes legislativos y judiciales en todos sus actos (y no solo los administrativos).

Para José Luis Piñar Mañas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, esta es una mejora imprescindible. Piñar Mañas, que fue director de la Agencia de Protección de Datos, destacó que esto es esencial para poder equilibrar el derecho de acceso con otros derechos fundamentales. Además recordó que el derecho a la protección de datos personales tampoco aparecía en la Constitución y sin embargo hoy en día se reconoce como derecho fundamental, que ha sido regulado por leyes orgánicas.

Ya en el turno de preguntas, Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, volvió a recordar que en el anteproyecto se están ignorando la jurisprudencia internacional y la interpretación que hace el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que vincula claramente el derecho de acceso la información a la libertad de expresión.

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