mayo, 2012

Madrid o Barcelona se están disputando ser la capital del juego en Europa, pero muy poco se sabe de en qué se están basando los políticos para aceptar un proyecto como Eurovegas. Sin embargo, según denuncia la plataforma Eurovegas No en un informe publicado este miércoles, hay bastante información que los ciudadanos deberíamos conocer.

Además, la plataforma (integrada por organizaciones civiles, sindicatos e individuos) ha recurrido al Defensor del Pueblo por segunda vez para denunciar el “secretismo, falta de transparencia y opacidad” de las administraciones públicas encargadas de las negociaciones. En concreto, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, los gobiernos autonómico y municipal de Madrid y el Ayuntamiento de Alcorcón.

En su informe “Eurovegas: El megaproyecto que apuesta por el secretismo” destacan que:

  • La Comunidad de Madrid no está cumpliendo su obligación legal de realizar y publicar una evaluación de impacto medioambiental del proyecto Eurovegas.
  • No ha sido publicado ningún estudio que demuestre el impacto positivo del proyecto sobre el empleo. Tampoco se ha informado a la ciudadanía sobre cuál sería el efecto sobre la deuda externa del país, o a cuánto ascendería el gasto en obras públicas e infraestructuras.
  • En varias ocasiones se ha denegado permiso para formular preguntas al pleno del Ayuntamiento de Alcorcó a la organización Ecologistas en Acción del Suroeste de Madrid y a la plataforma Detengamos Eurovegas Alcorcón.

En las últimas semanas, miembros de la plataforma han enviado desde tuderechoasaber.es peticiones de información al Ministerio de Industria y a la Comunidad de Madrid solicitando acceso a los informes de impacto ambiental del proyecto. Hasta el momento, ninguna ha recibido respuesta. Ante las nuevas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, se han hecho tres peticiones más a estas dos instituciones y al Ayuntamiento de Madrid. Las puedes seguir aquí, aquí y aquí.

Jesús Bartolomé, uno de los integrantes de Eurovegas No, ha recurrido también a Change.org para exigir a las autoridades públicas el acceso a estos informes, así como a otra información relevante en el proceso de adjudicación. Aquí puedes apoyar con tu firma su campaña.

Desde tuderechoasaber.es te animamos a apoyar todas las iniciativas que sirvan para exigir a las administraciones el acceso a información clave sobre este proyecto urbanístico. En esta web puedes hacerlo realizando peticiones de información, dando difusión a las que ya existen o pinchando el botón de “También quiero saber”. Así recibirás alertas en el momento de que las instituciones respondan.

¿Cuánto ha cambiado el Gobierno el texto original? Ellos dicen que mucho. Juzga tú mismo.

El Gobierno no ha publicado ninguna de las 3.683 sugerencias ciudadanas hechas el pasado marzo al borrador del anteproyecto de Ley de Transparencia. Sin embargo, este viernes anunció que ya las había leído todas e incluido modificaciones en la legislación en base a ellas. Una información que no comunicó el día antes a la Comisión de Expertos que se reunía para dar sus recomendaciones.

Lo único que se sabe por ahora del nuevo anteproyecto es lo que se contó tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros. A la espera de leer esta versión, analizamos los cambios en el blog “Zona Crítica”, la antesala de eldiario.es (que saldrá oficialmente en septiembre).

¿Cuánto ha cambiado el Gobierno el texto original? Ellos dicen que mucho. Juzga tú mismo.

La Comisión de Expertos sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia se reunió el pasado jueves sin saber que el Gobierno ya tenía una nueva versión del texto. Nadie les dijo nada en su segundo encuentro, en el que curiosamente se hablaba del capítulo del derecho de acceso a la información pública.

La Comisión de Expertos sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia se reunió el pasado jueves sin saber que el Gobierno ya tenía una nueva versión del texto. Nadie les dijo nada en su segundo encuentro, en el que curiosamente se hablaba del capítulo del derecho de acceso a la información pública.

¿Se tendrá en cuenta lo que propusieron? Es algo que ni ellos mismos saben aún, pero muchas de sus recomendaciones no están incluidas en las anunciadas el viernes por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En tuderechosaber.es abrimos una ventana para que sepas lo que allí se dijo.

José Aurelio García Martín, inspector de servicios en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, indicó que el anteproyecto no cumple con el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos. Entre otros motivos, porque en la misma definición de información tiene unas limitaciones que calificó de “preocupantes”. Además, sugirió tratar los límites de forma conjunta, ya que al estar ubicados ahora en seis artículos distintos son susceptibles de ser malinterpretados. Otros expertos también destacaron estos dos puntos como mejorables.

García Martín a su vez propuso incluir en el texto legislativo la obligación de dar formación a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia, de recopilar estadísticas sobre su implementación y la necesidad de promover la ley entre la ciudadanía.

Emilio Guichot, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, recalcó la importancia de que el derecho de acceso a la información sea reconocido como un derecho fundamental. Ya que este derecho no está detallado explícitamente en la Constitución Española, recomendó vincularlo con el artículo 20, que ampara la libertad de expresión, tal y como están reclamando la Coalición Pro Acceso, Transparencia Internacional y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Así, la ley tendría que ser una ley orgánica y se aplicaría a los poderes legislativos y judiciales en todos sus actos (y no solo los administrativos).

Para José Luis Piñar Mañas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, esta es una mejora imprescindible. Piñar Mañas, que fue director de la Agencia de Protección de Datos, destacó que esto es esencial para poder equilibrar el derecho de acceso con otros derechos fundamentales. Además recordó que el derecho a la protección de datos personales tampoco aparecía en la Constitución y sin embargo hoy en día se reconoce como derecho fundamental, que ha sido regulado por leyes orgánicas.

Ya en el turno de preguntas, Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, volvió a recordar que en el anteproyecto se están ignorando la jurisprudencia internacional y la interpretación que hace el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que vincula claramente el derecho de acceso la información a la libertad de expresión.

Primera de las cuatro sesiones de trabajo convocadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de Presidencia.

Acto de Constitución de la Comisión de Expertos. Imagen: CEPC

El Comité de Expertos designado por el Gobierno para analizar el borrador del anteproyecto de Ley de Transparencia y asesorar durante su tramitación parlamentaria ha echado a andar. El pasado 26 de abril tuvo lugar la primera de las cuatro sesiones de trabajo convocadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de Presidencia.

Entre los asistentes estaban destacados catedráticos en Derecho Constitucional, altos cargos de la administración, juristas, académicos y colectivos en favor de la transparencia. Access Info Europe, una de las organizaciones detrás de tuderechoasaber.es, estuvo representada por Helen Darbishire, su directora ejecutiva. (Puedes consultar la lista de expertos al final del post)

El programa de la primera sesión ponía en el centro del debate el Capítulo I (Publicidad Activa) del Título I (Transparencia de la Actividad Pública) del borrador del anteproyecto. Algunos expertos preguntaron si este grupo iba a tener acceso a un texto nuevo que –como ha prometido José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes- incluyese algunas de las 3.600 aportaciones enviadas por los ciudadanos durante la consulta pública abierta el pasado marzo. También si el Comité va a tener acceso a las propias aportaciones. Ninguna de estas dos preguntas recibió una respuesta concluyente.

Desde el Ministerio de Presidencia sí se aseguró que, durante la fase de tramitación parlamentaria de la ley, los diputados podrán consultar las más de 3.600 sugerencias ciudadanas. Este procedimiento siembra dudas en algunos expertos. Access Info Europe considera que estudiar estas recomendaciones no debería ser labor de los diputados, puesto que las sugerencias más relevantes y solicitadas por la sociedad civil deberían estar ya incluidas en el anteproyecto antes de su paso por las Cortes.

También han surgido dudas sobre la adecuación del actual borrador al Convenio del Consejo de Europa. Este acuerdo internacional establece los mínimos que debe cumplir una Ley de Transparencia. El Gobierno siempre ha sostenido que su ley sería fiel a los compromisos del Convenio. No obstante, tanto la definición de información como la lista de excepciones que ha presentado no cumplen los mínimos del acuerdo. Algunos de los presentes en la reunión del Comité se manifestaron a favor de ampliar el reconocimiento del acceso a la información como derecho fundamental.

La agenda de reuniones proseguirá de la siguiente manera:

  • 17 de mayo: Debate en torno al Capítulo II, Derecho de Acceso a la Información Pública
  • 24 de mayo: Debate en torno al Título II, Buen Gobierno
  • 31 de mayo: Análisis y debate de las propuestas provenientes de distintos ámbitos de usuarios de la Ley (sociedad civil, periodistas, abogados, etc.)

El Comité de Expertos designado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales está integrado por:

  1. Borja Adsuara Varela: Director General de Red.es;
  2. María Ángeles Ahumada: Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid;
  3. Rosana Andrés Díaz: Presidenta de Archiveros Españoles en la Función Pública;
  4. Manuel Arenilla: Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos. Director del Instituto Nacional de Administración Pública ;
  5. Valle Ares González: Asesora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes;
  6. María Ester Arizmendi: Directora General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;
  7. Agatha Arranz: Instituto de Estudios de la Democracia, Universidad CEU San Pablo;
  8. María José Canel: Catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid;
  9. María Pilar Cousido: Profesora Titular de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM);
  10. Helen Darbishire: Directora de Access Info Europe;
  11. Antonio Descalzo: Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid;
  12. Juan Díez-Nicolás: Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid;
  13. José Aurelio García: Inspector de Servicios. Inspección General de los Servicios. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;
  14. Emilio Guichot: Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla;
  15. Blanca Hernández Oliver: Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;
  16. José Luis del Hierro: Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad Complutense de Madrid;
  17. Fernando Jiménez Sánchez: Profesor Titular de Ciencia Política de la Universidad de Murcia;
  18. Mario Kölling: Investigador García Pelayo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  19. Juan José Lavilla: Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Letrado de las Cortes Generales. Abogado de Clifford Chance;
  20. Jesús Lizcano Álvarez: Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Presidente de Transparencia Internacional España;
  21. Flor López Laguna: Directora de la Oficina de Conflictos de Interés. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;
  22. Juan Miguel Márquez: Responsable de Relaciones Externas del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información;
  23. Isaac Martín: Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla la Mancha;
  24. Elisa de la Nuez: Directora General de iclaves y miembro de la Junta Directiva del Foro de la Sociedad Civil. Miembro de la Coalición Pro Acceso;
  25. Paloma de la Nuez: Asesora para asuntos académicos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  26. Alberto Palomar: Magistrado de lo Contencioso-Administrativo y profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid;
  27. Antonio Panizo García: Abogado Jefe de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;
  28. José Luis Piñar: Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Ex director de la Agencia Española de Protección de Datos;
  29. Sabrina Ragone: Investigadora García Pelayo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  30. Jaime Rodríguez Arana: Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña;
  31. Rafael Rubio Núñez: Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid;
  32. Joaquín Ruiz López: Director del Departamento de Calidad de los Servicios. Agencia de Evaluación y Calidad;
  33. José Manuel Ruiz Ramos: Director de Tecnologías de la Información del Boletín Oficial del Estado;
  34. Rubén Ruiz-Rufino: Investigador García Pelayo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  35. Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva: Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de Pro-Acceso;
  36. Ángel Sánchez Navarro: Subdirector de Publicaciones y Documentación, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  37. José María Sauca: Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Director del Programa en Cultura de la Legalidad (TRUST-CM);
  38. Manuel Tuero Secades: Director General del Boletín Oficial del Estado.

Consejos del periodista irlandés Gavin Sheridan para realizar solicitudes de información exitosas.

Gavin Sheridan es un periodista irlandés cuya pasión es hacer peticiones de información. Le hemos entrevistado para el blog Periodismo con futuro del diario El País. Esto es lo que recomienda para tener una solicitud exitosa:

1/ Conoce la ley.

2/ Conoce cómo la burocracia guarda los documentos y la información. Comprende sus funciones, sus procesos y sus procedimientos. Entiende qué tipo de documentos pueden existir.

3/ Recurre todas las solicitudes que te rechacen.

4/ Estudia bien el precedente judicial en otros países y también mira qué es lo que ha pedido la gente en ellos.

¡No te pierdas el resto de sus consejos y experiencias! Sigue leyendo.

Y si quieres verle en vivo y en directo, estará el 14 de junio en Madrid, en el Grupo de Trabajo de #periodismodatos del MediaLab Prado.