silencio administrativo

Desde que Access Info Europe empezó a monitorear en 2005 el nivel de respuesta de las instituciones públicas españolas a las solicitudes de acceso a la información hasta el último informe de Tuderechoasaber.es en 2014, la falta de respuesta ha sido la tónica dominante: cerca de una de cada dos solicitudes de información ha obtenido la callada por respuesta. Eso es lo que implica el silencio administrativo, que si pasado el plazo que indica la ley para un procedimiento administrativo, de un mes en el caso de solicitudes de información, ésta se considera denegada.

El silencio administrativo de las instituciones resulta una mala práctica, algo contrario a los principios básicos del derecho de acceso a la información, y un ejemplo de opacidad que las dos organizaciones que impulsamos Tuderechoasaber.es denunciamos a menudo. Para poder vigilar mejor cómo se está aplicando la Ley de Transparencia, hemos preguntado recientemente al Gobierno cuál es el nivel de silencio administrativo registrado a lo largo de los últimos meses. La contestación ha sido que, “a día 4 de mayo, se ha dado respuesta expresa a 1.654 solicitudes de acceso a la información, 186 solicitudes están en trámite y 16 no han sido respondidas en el plazo de un mes establecido en la norma, por lo que técnicamente estarían en silencio”. Es decir que, según el Gobierno, a esa fecha, solo un 1% de las solicitudes que habían llegado a las instituciones públicas no han sido contestadas en plazo.

Con estos datos, sería una gran noticia y reflejaría una buena implementación del derecho de acceso a la información, aunque eso no significa que el resto de solicitudes hayan sido contestadas positivamente, aportando exactamente la información solicitada. Las dudas surgen porque el sistema adoptado para tramitar las solicitudes puede llevar a engaño y dilatar el plazo de respuesta de una forma arbitraria.

Como ya hemos informado, desde hace pocas semanas hemos apreciado que el solicitante recibe dos notificaciones cuando inicia el proceso de pedir información: un acuse de recibo el día en el que realiza la petición, y otro cuando ésta llega a la persona competente para responder. Es un matiz muy importante porque el mes de plazo que tienen las administraciones para contestar comienza a partir del segundo acuse de recibo, no a partir del momento en que se envía la solicitud. Y el segundo acuse de recibo, el que cuenta, no se ha introducido hasta muy recientemente.

La ley indica que el plazo empieza a contar a partir de la recepción de la pregunta por el “órgano competente para resolver”. Sin embargo, como eso no se recuerda claramente a lo largo del proceso, y tampoco se establece un tiempo máximo de garantía entre que se realiza la solicitud y ésta llega al órgano competente, podemos acabar encontrándonos con preguntas que se resuelven a los dos meses.

El problema reside en la arbitrariedad extra que añade el hecho de que ese lapso de más no esté delimitado. Desde la Oficina de la Transparencia nos aseguran que están trabajando para no dejar solicitudes en el limbo y que el proceso sea eficiente.

Creemos que esta situación debería ser clarificada en el propio reglamento de aplicación de la ley que, tras cinco meses de vigencia de la misma, aún no se ha hecho público. Un reglamento que debe poner coto a esta y otras arbitrariedades. Por eso vamos a seguir estando atentos a la implementación de la norma y pedimos acceso a las estadísticas básicas de aplicación de la ley. Y mientras, seguimos a la espera de conocer de una vez por todas ese reglamento pendiente.

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Unas semanas después de la respuesta del Gobierno, la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio de Presidencia ha actualizado los datos acumulados de visitas y solicitudes recibidas en el portal de transparencia desde el 10 de diciembre de 2014.  Según estos datos, el portal ha recibido “más de tres millones de páginas vistas y más de 2.000 solicitudes de acceso a la información”. Sobre la clasificación del estado la solicitudes como “revisar”, “firmar”, “notificar”, “finalizado”, “archivado” y “aceptada la competencia”, nos genera dudas y en las próximas semanas vamos a pedir información para clarificar el significado preciso de esta nomenclatura.

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El silencio, primer baremo de la opacidad institucional, baja del 57% en 2013 al 42,7% gracias a una mejora sustancial de las entidades locales; las respuestas satisfactorias también aumentan.

En 2014, el año de plazo que las administraciones públicas han tenido para adaptarse a sus nuevas obligaciones de transparencia, las instituciones españolas recurrieron en menos ocasiones que en 2013 al silencio administrativo para eludir dar respuesta a las peticiones de información los ciudadanos. Del total de solicitudes realizadas durante 2014 mediante Tuderechoasaber.es, la primera web que simplifica este proceso en España, un 42,7% recibieron la callada por respuesta. O, lo que es lo mismo, 134 de las 314 solicitudes enviadas. En 2013, el silencio superó el 57%. Así lo revela el Informe de Tuderechoasaber 2014, que hoy publican la Fundación Ciudadana Civio y Access Info Europe, las dos organizaciones responsables de esta iniciativa.

Este informe se basa en el análisis de 314 peticiones de información enviadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, tres semanas después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia para la Administración General del Estado. La mejoría no solo se deja notar en la reducción del silencio administrativo, sino también en el porcentaje de respuestas satisfactorias, aquellas en las que un organismo proporciona exactamente la información solicitada. Son el 18,5% de las solicitudes registradas, una cifra aún muy baja pero que mejora casi cinco puntos con respecto al año anterior.

Entre las excusas más habituales para no dar una respuesta adecuada se encuentra el clásico “eso es en otra ventanilla” –no posee la información (13,4%)-; las contestaciones parciales –incompletas (6,4%)-; aquellos que responden una cosa distinta a la preguntada –inadecuadas (6,1%)-; los que se niegan a dar la información –rechazadas (5,4%)-; los que remiten a un formulario (4,5%); y un pequeño porcentaje (3,2%) de solicitudes incorrectas, aquellas que utilizan Tuderechoasaber.es, por ejemplo, para enviar quejas o peticiones de índole personal.

Tipos de respuestas recibidas por los usuarios durante 2014 | Create infographics

 

Relevante mejoría de las entidades locales

Aunque la Ley de Transparencia no estaba en vigor cuando se hicieron estas solicitudes para las entidades locales (tienen de plazo hasta diciembre de 2015), son estas las que han provocado, en buena parte, la mejora en los resultados. De hecho, han reducido su silencio administrativo de una forma sustancial: del 81,3% al 54,4%. En cambio, las entidades nacionales, como ministerios y Presidencia del Gobierno, mantienen altas cifras de silencio administrativo, que como en 2013 ronda el 47%.

 

Evolución de las respuestas | Create infographics

“Es pronto para saber cómo afecta la Ley de Transparencia a las solicitudes de información puesto que, a efectos de este informe, solo ha estado en marcha durante las tres últimas semanas de 2014, y los mecanismos que deben velar por su cumplimiento han arrancado con muchos retrasos”, explica Eva Belmonte, responsable de proyectos de Civio. “Podremos conocer y evaluar mejor los resultados más adelante. Mientras tanto, con Tuderechoasaber.es seguiremos facilitando la labor de solicitar información a aquellos que encuentran demasiados obstáculos en el Portal de Transparencia”.

“Debemos recordar que la ley permite presentar una solicitud a través de cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante y una forma de contacto a efectos de notificaciones”, añade Victoria Anderica, responsable de campañas de Access Info Europe. “A pesar de ello, el Ministerio de Presidencia sigue apostando por un portal que pone trabas a un acceso ágil a la información pública al restringir los medios por los que atender a la población. Incluso el Defensor del Pueblo reconoce que su complejidad puede tener un efecto disuasorio sobre el derecho de acceso a la información”.

Los organismos que más solicitudes reciben

Los organismos públicos más preguntados en Tuderechoasaber.es por los ciudadanos durante 2014 han sido los ministerios de Interior, Hacienda y Sanidad. Sanidad aprueba, aportando al menos algún tipo de respuesta a 15 de 17 solicitudes. Una cifra muy superior a la de Hacienda, que hasta en seis ocasiones aseguró no poseer la información solicitada, en dos ocasiones ofreció una respuesta inadecuada y en otras dos, remitió a un formulario. Un año más, el Ministerio del Interior hace pleno: 17 silencios administrativos para 17 solicitudes de información.

Para encontrar un pleno de respuestas satisfactorias tenemos que acudir a la Junta de Castilla y León. Con siete preguntas, todas ellas con respuesta satisfactoria, esta institución fue la que más solicitudes de información recibió a nivel autonómico durante el año pasado, lo que demuestra que las buenas prácticas animan a los ciudadanos a ejercer su derecho.

Los organismos que gestionan la sanidad en Madrid también están entre los que mayor interés despertaron. La Consejería de Sanidad y la Dirección General de Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid registraron un total de 11 solicitudes de información, aunque solo dos fueron resueltas de forma satisfactoria. A nivel local, los vecinos de Sangüesa (Navarra) fueron los más participativos en Tuderechoasaber.es, aunque el ayuntamiento no les correspondió: de seis solicitudes, cinco nunca obtuvieron respuesta). Otros pueblos y ciudades que destacan por el número de solicitudes recibidas fueron Sant Feliu de Llobregat (una satisfactoria de cinco), Ávila (cuatro preguntas, ninguna respuesta), Barcelona (tres de tres desatendidas), Lleida (de tres remitidas, una de ellas respondida de forma parcial) o Madrid (que derivó a los ciudadanos a su formulario).

O, si lo prefieres, puedes descargarte la versión completa del informe en PDF.

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Seguimiento de solicitudes denegadas en el Portal de Transparencia – Iniciativa de ElConfidencial.LAB, Access Info Europe y Civio

El Portal de Transparencia del Gobierno está en marcha desde diciembre de 2014, y desde entonces muchos usuarios ya han recibido denegaciones de información.

Para conocer mejor cómo están respondiendo las instituciones y qué motivos concretos esgrimen para justificar la denegación, El ConfidencialAccess Info Europe y Civio facilitamos desde ahora un formulario abierto donde te animamos a compartir tu caso:

Formulario sobre denegaciones de
acceso a la información

Si participas, te pediremos que compartas:

  • La fecha en que hiciste la solicitud
  • Su estado (si la denegación es total o parcial)
  • A qué organismo iba dirigida
  • Cuál era exactamente la información que solicitabas
  • El artículo que, según la respuesta, justifica la inadmisión de tu solicitud

Usaremos esta información para poder hacer un mejor seguimiento de cómo responden las administraciones, y te mantendremos informado de los siguientes pasos que demos.

Los cargos públicos publicitan la transparencia allí donde van y crean páginas web para alardear de su cercanía, pero siguen sin dar respuesta a lo básico: las peticiones de acceso a la información

Ante el elevado grado de silencio administrativo (el 54%, según nuestro último informe), los ciudadanos empiezan a cuestionar a las administraciones públicas no sobre un aspecto en concreto, sino sobre su falta de transparencia y reacción ante las peticiones de información. La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) ha aprovechado el estreno del portal de transparencia de la Generalitat de Catalunya y la celebración del día del derecho a saber para cuestionar las políticas de transparencia del gobierno catalán.

Además de presentar una instancia oficial -a menudo las administraciones obligan a seguir este tipo de métodos tan poco tecnológicos- han realizado una petición de información a través de Tu Derecho a Saber. Y exigen respuestas muy concretas sobre la deuda pública, desahucios, inversión en educación… Reclaman que las palabras (“Quiero hacer de Cataluña un país de buenas prácticas, un país de transparencia”) pronunciadas en público por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no se queden en nada una vez más.

¿Cuál ha sido la respuesta de la administración, que acaba de estrenar un flamante portal de transparencia? No responde y remite a un formulario, lo que supone, como hemos explicado en este mismo blog, una barrera para el ejercicio del derecho de acceso a la información.

En las administraciones locales, en las que el silencio administrativo es del 70%, algunos ciudadanos exigen rendición de cuentas a esos procesos participativos. David Guàrdia ha preguntado al ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat cuál es el retraso que acumulan en sus respuestas a los ciudadanos y las cifras de estas peticiones, ya que considera que el consistorio está sobrepasando, con mucho, los plazos prometidos.

Por su parte, Fernando, de Málaga, ha preguntado a su ayuntamiento qué ha pasado con los presupuestos participativos que anunció el consistorio durante los últimos años. La propuesta es, a priori, positiva. Pero, ¿qué paso finalmente con las propuestas de los ciudadanos? ¿se han desarrollado los proyectos que sugirieron? Seguimos sin respuestas.

El informe del primer cuatrimestre de Tuderechoasaber.es revela que el 47% de las solicitudes de información no obtienen respuesta, y solo el 14% recibe una contestación satisfactoria.

A pesar de la inminente puesta en marcha de una ley de acceso a la información pública, el informe del primer cuatrimestre de actividad en ‘Tu Derecho A Saber‘ pone de manifiesto que, en la práctica, existen graves problemas de transparencia en España. El informe, que te puedes descargar aquí, revela que la mayoría de las solicitudes no obtienen respuesta, o ésta es incompleta. En concreto, el 47 % no tienen contestación alguna (lo que llamamos ‘silencio administrativo’), y sólo un 14% cuentan con una respuesta satisfactoria. Es decir, en un 86 % de los casos, el ciudadano no obtuvo la información que deseaba, si es que obtuvo alguna.

El estudio, realizado por Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio, analiza 373 peticiones de información realizadas por los usuarios entre el 22 de marzo y el 21 de julio de 2012 a distintas instituciones españolas, a nivel nacional, autonómico y local, siendo clasificadas las respuestas en función de su efectividad.

Un ejemplo de respuesta satisfactoria fue la del Principado de Asturias, proporcionando al ciudadano la información solicitada sobre el coste de sus últimas elecciones. El desglose de estos datos y los del Gobierno Vasco, nos permitieron un análisis más profundo sobre el gasto en unos comicios autonómicos, publicado recientemente en el eldiario.es. Como otro ejemplo de buenas prácticas, aparecen el Congreso de los Diputados, preguntado por los asesores de los parlamentarios, y el Senado, que facilitó la información solicitada sobre el coste anual de los intérpretes.

Cuando la institución contactada no posee la información que se solicita, lo ideal sería que, como en el caso del Gobierno de Navarra, se facilitase el contacto del organismo competente para el caso. Lo que no tiene mucho sentido, por el contrario, es lo sucedido en esta petición al Ministerio de Justicia, que, siendo responsable de dictar los indultos, alegó no tener un listado de los mismos, y se limitó a remitir al ciudadano al Boletín Oficial del Estado.

España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no tiene una ley de acceso a la información pública, y la única ley que reconoce un acceso parcial a la misma (Ley 30/1992) es muy restrictiva. Sin embargo, sí que existe una normativa específica para la información de medio ambiente (Ley 27/2006), en la que se establece un plazo de 30 días para que las instituciones contesten a las peticiones ciudadanas. Como se puede comprobar en el siguiente gráfico, las respuestas satisfactorias sólo alcanzan un 22%, y el silencio administrativo sigue rozando la mitad del total de solicitudes.

El principal problema parece ser, según un estudio de la Asociación Ambientalista ACIMA, que los propios funcionarios desconocen la información que se les pide. Es el caso de la Plataforma Eurovegas No, que solicitó los informes de impacto medioambiental de la construcción de un macro complejo de ocio en la Comunidad de Madrid. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta alguna.

Para el resto de peticiones, si en tres meses no se ha recibido respuesta alguna, se considera ‘silencio administrativo’. Un plazo que, en leyes similares europeas, se limita a 15 días. Entre ese 47 % de solicitudes sin respuesta, podemos citar por ejemplo la del presupuesto de Sanidad o la del coste del alumbrado público de las Autovías, entre otras

Analizando las solicitudes por el tipo de institución contactada, se confirma que la mayoría, un 69%, se dirigieron a organismos nacionales, entre los que un 77% se destinaron a los ministerios; en especial, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El alto porcentaje en ausencia total de respuesta (un 47%) señala el estado deficiente de la transparencia en las instituciones españolas.

Un claro ejemplo es el siguiente caso: cuando la Ministra de Sanidad Ana Mato comentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que 700.000 extranjeros usaron indebidamente servicios sanitarios en 2009. Después, un usuario de ‘Tu Derecho A Saber’ preguntó en qué basaban esas cifras y, como única respuesta, obtuvo el nombre de un informe del que se habían sacado las cifras, pero ni se facilitó el informe, ni los datos.

En el caso de instituciones autonómicas, el número de solicitudes disminuye bastante, aunque el porcentajes de respuesta satisfactoria es similar al de peticiones nacionales. En cambio, los organismos de ámbito local son especialmente opacos: de 35 solicitudes (el 10% del total), solo dos recibieron respuesta, a una se alegó no poseer la información y otras tres remitieron a un formulario. El silencio administrativo asciende en estos casos al 77%, en cuestiones que afectan particularmente al día a día de los ciudadanos como los planes de limpieza del barrio de Lavapiés en Madrid, los contenedores de reciclaje en Valencia o las condiciones de trabajo en los servicios de transporte del País Vasco.

En el informe se incluyen una serie de recomendaciones detalladas que la ley debería incluir para mejorar la eficacia de la comunicación con las instituciones y la transparencia de las mismas.