Senado

El Ministerio de Hacienda asigna los recursos del nuevo órgano regulador, elige a su presidente y tiene lazos con dos de los siete vocales de su comisión, donde la sociedad civil no está representada.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Quién Manda, un proyecto de Civio. Pincha en cada individuo u organismo mencionado en el texto para consultar sus relaciones e influencia.

La reunión mensual del Consejo de la Transparencia, que muy pronto tendrá que salir del cascarón, no será un encuentro de novicios. Todos los vocales designados por distintas administraciones son altos funcionarios públicos con predominio del perfil jurídico. También lo es su presidenta, Ester Arizmendi, la elección de Cristóbal Montoro para dirigir este organismo, y a la que antes encomendó modernizar la función pública e impulsar la administración electrónica desde el Ministerio de Hacienda. Cada uno representa acervos y doctrinas muy distintos sobre lo que significa “transparencia”, pero juntos deben hacer cumplir la misma ley. Aunque está en sus manos dar forma a una nueva cultura pública para España, todos proceden de dentro del aparato administrativo o de la política activa, en contra de las recomendaciones y de todos los estándares de independencia. No les acompaña ningún representante independiente de la sociedad civil. ¿Quiénes son y de dónde vienen?

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Los siete vocales

Si el derecho a la información tiene una de sus contrapartes en la protección de datos, Agustín Puente Escobar, que es jefe del gabinete jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), parece idóneo para garantizar lo segundo. Abogado del Estado desde 1994, Agustín Puente inició su carrera en el Tribunal de Justicia de Cataluña para saltar en 1996 a la jefatura del gabinete técnico del subsecretario de Industria y Energía. Tras un periodo en Interior, en 2001 se trasladó a Praga para participar en el desarrollo legislativo de las normas comunitarias y en la creación de la oficina checa para la protección de datos. Su segunda etapa en la AEPD transcurre desde 2002 hasta hoy.

Las Cortes están representadas en el Consejo de la Transparencia por la diputada del Grupo Popular por Zaragoza  Pilar Cortés Bureta y por Jokin Bildarratz, portavoz del PNV en el Senado. La primera es portavoz adjunta de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, exprofesora de Derecho Constitucional y especialista en protección de datos. Antes que senador, Bildarratz fue alcalde del Ayuntamiento de Tolosa, presidente de la Asociación de Ayuntamientos Vascos (EUDEL) y profesor de la Anoetako Herri Ikastola.

El Tribunal de Cuentas ha confiado la tarea de vocal a María José de la Fuente y de la Calle, que dirige desde 2012 el Departamento Séptimo de Fiscalización. Éste controla las cuentas del sector público local, de diputaciones a ayuntamientos, comarcas y consorcios. Licenciada en Derecho y letrada asesora de empresa por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas en 1993. Allí ha desempeñado casi toda su carrera.

Si el departamento de De la Fuente participa directamente en la auditoría de cuentas públicas, la estabilidad presupuestaria de las mismas, su control de gasto y vigilancia de la deuda recae sobre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Se trata un organismo supuestamente autónomo pero adscrito, como el propio Consejo de la Transparencia, al Ministerio de Hacienda. La AIReF confía su vocalía a otro abogado del Estado, José Luis Martínez-Almeida, su director jurídico. Su trayectoria es particularmente interesante: está ligado desde 2007 al ámbito de la administración de la Comunidad de Madrid, primero como director general de Patrimonio Histórico y después como secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad durante el tercer gobierno de Esperanza Aguirre. Desde septiembre de 2013 hasta abril de 2014 fue secretario general y del consejo de administración de SEPI Desarrollo Empresarial (SEPIDES).

José Manuel Sánchez Saudinós es secretario del Defensor del Pueblo y el representante que ha propuesto esta institución para llevar su voz en el Consejo de la Transparencia. Es doctor en Derecho Constitucional, ha sido profesor titular en la Universidad Carlos III durante más de una década y desde 2012 trabaja junto a Soledad Becerril, quien asumió el cargo tras dejar su escaño como diputada del Grupo Parlamentario Popular.

Por último, el Ministerio de Hacienda no solo se reserva el nombramiento de la presidenta del Consejo de la Transparencia, Ester Arizmendi, sino también el de una vocal, María Pía Junquera Temprano, designada el mismo día en el que Arizmendi cesó de su cargo en Hacienda. Junquera es directora general de Organización Administrativa y Procedimientos en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Lleva desde 1995 ligada a la administración, alternando etapas entre Hacienda y Justicia con gobiernos de todos los colores.

Hasta que eche a andar, sabemos que…

…este organismo contará con casi 1,9 millones para “evaluar la transparencia de la actividad pública”, pero no supondrá ningún incremento del gasto público (ni en dotaciones, ni retribuciones ni incremento de personal) puesto que se dota exclusivamente de recursos reasignados del Ministerio de Hacienda. Sánchez Saudinós, Bildarratz, Cortés y sus compañeros tendrán un mandato de cinco años, y podrán ser cesados por acuerdo del Gobierno, pero ninguno percibirá ninguna remuneración ni deberá dedicación exclusiva. La presidenta, por su parte, sí tiene asignado un sueldo de 54.640 euros anuales. Si cada cual pierde su condición de diputado, de senador o de consejero del Tribunal de Cuentas, será relevado. Lo mismo sucederá si el Defensor del Pueblo, la AEPD, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o la AIReF entienden que sus representantes han dejado de cumplir sus obligaciones.

Este equipo, compuesto también por dos subdirecciones que aún no han sido asignadas públicamente, deberá presentar anualmente a las Cortes una memoria analizando el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia. Todas sus resoluciones, todas, serán publicadas –disociadas de toda la información de carácter personal- en el portal de transparencia, y el BOE llevará un resumen de la memoria anual, pero no se contempla de forma explícita que la memoria completa sea pública, aunque deberá ser presentada en el Congreso.

En el caso de que se detecte un incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia, la presidenta podrá únicamente proponer el inicio de un procedimiento sancionador. La Ley de Transparencia atribuye la capacidad sancionadora al Consejo de Ministros o al Ministerio de Hacienda, según el caso, así que parece improbable que el propio Gobierno sancione a uno de sus miembros o a un alto cargo afín.

Distintas aproximaciones al derecho de acceso a la información

Cada vocal trae consigo una experiencia distinta sobre qué es la transparencia y cuál debe ser su alcance. Sánchez Saudinós estará al corriente de las triquiñuelas más utilizadas por las instituciones para denegar la información. El Defensor del Pueblo advierte de que “una comunicación de una administración a otra no es interna, sino externa”, y por tanto puede ser publicada. Su memoria anual alerta de que existen trabajos, estudios, opiniones y decisiones plasmados en comunicaciones e informes que “pueden ser incluso preceptivos, y que serían calificados de internos o entre órganos o entidades administrativas sólo para denegar el acceso a la información que contienen”. También avisa de que varios de los límites al acceso a información que recoge la ley pueden ser utilizados “para añadir opacidad”.

En eso coincide con Jokin Bildarratz, que pidió mejoras en los límites de la Ley de Transparencia a su paso por el Senado. Reclamó que tres de ellos (la protección del medio ambiente, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria) fueran modificados o suprimidos por no ser claros y que “limitarían de forma arbitraria el derecho de acceso”. Además, su grupo (el PNV) propuso que los puestos de los parlamentarios en el Consejo de la Transparencia fueran rotatorios.

También sabemos que la visión que tiene la diputada popular Pilar Cortés Bureta sobre la transparencia es conservadora y restrictiva, como se apreció en el trámite parlamentario de la ley. Cuando el directivo de Transparencia Internacional Manuel Villoria mencionó la dificultad de distinguir cuándo debería aplicarse el silencio positivo y cuándo valdría el negativo, Cortés propuso aceptar “la generalidad del silencio negativo, como la ley establece”. Para ella era “excesivo” someter a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales al mismo régimen de transparencia que las administraciones públicas. También restó importancia a la abundante información que la ley dejaba fuera: “aunque en un principio pueda parecer que haya una laguna o falte algún tipo de documentación, los propios ciudadanos irán marcando la pauta a las administraciones para que se sepa cuál es la información que consideran útil”.

El Congreso eligió a Cortés con 24 votos frente a Joan Tardà (Grupo Parlamentario Mixto), que no obtuvo ninguno, y 12 quedaron en blanco. Varios grupos cuestionaron la elección de la diputada, que Bermúdez de Castro (PP) defendió con la siguiente alusión: “no tiene sentido que nosotros no cuestionemos la independencia y la idoneidad de la señora Batet (Meritxell Batet, diputada socialista con presencia en el consejo asesor de la Agencia Española de Protección de Datos), que tiene un perfil similar al de la señora Cortés, y usted sí haga un juicio de valor previo”. Traducimos: nosotros no hemos criticado a los tuyos, tú no critiques a los nuestros.

Ni la transparencia ni la protección de los datos personales son derechos absolutos. Siempre hay que encontrar un equilibrio y ponderar los intereses en juego. Aquí destaca la experiencia de Agustín Puente, cuya labor en la AEPD ha sido dictaminar sobre supuestos jurídicos como la publicación de datos de concejales electos (“legítima, dado el carácter manifiestamente público del dato”) o sobre las actas de órganos de gobierno municipales. La AEPD estima “como regla general” que procede hacer públicas sólo las actas de las Asambleas, pero no las de las Juntas de Gobierno. “Y en todo caso es necesario ponderar los derechos en juego de los particulares”, manifestó Agustín Puente durante una conferencia.

En cambio, no consta ninguna experiencia previa de José Luis Martínez-Almeida, el vocal de la AIReF, relacionada con la transparencia. En el Fotomandón le encontramos en una imagen, durante una visita del magnate de los casinos Sheldon Adelson a la sede de la Comunidad de Madrid. Los medios le emplazan, cuando era secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la delegación que Esperanza Aguirre envió a Las Vegas para promover la candidatura madrileña para acoger el macrocasino EuroVegas.

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María José de la Fuente y de la Calle es consejera de cuentas a propuesta del Partido Popular, y en su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos señaló que la transparencia es una “clave esencial”. Respecto a la vocal de Hacienda, María Pía Junquera Temprano, aunque es miembro del pleno de la Cámara de Comercio de España, se omite este dato en su currículo del Portal de la Transparencia. El Ministerio de Hacienda no ha respondido aún a dos requerimientos de prensa ni a una solicitud de información para poder confirmar o desmentir si es pariente de Juan Junquera Temprano, exsecretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

Proponemos a los ciudadanos que contacten directamente con un senador conocer públicamente su opinión sobre la Ley de Transparencia y saber si está dispuesto a proponer mejoras en la misma

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El día 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho a Saber y lo queremos celebrar. España está aprobando en estos momentos una Ley de Transparencia (¡por fin!) y la sociedad civil está siguiendo este proceso muy de cerca para conseguir que esa norma esté a la altura de las mejores leyes del mundo.

Sin embargo, tras pasar por el Congreso de los Diputados, la ley no es buena. Seguiremos sin poder saber cómo toman sus decisiones los políticos, un ejemplo representativo es la pregunta de si es más barato privatizar la sanidad o por qué hay que pagar una tasa por generar energías renovables.

Ahora le toca al Senado decidir el futuro de la transparencia, por eso vamos hablar con nuestros senadores.

Poder contactar con un/a senador/a y ayudar a mejorar la Ley de Transparencia no es difícil:

  1. Elige a un/a senador/a de tu provincia y ponte en contacto con él/ella directamente a través de esta página. Puedes intentar quedar en persona o directamente enviar un mail (marca en esta lista el senador que elijas).
  2. Explícale por qué queremos cambios en la Ley deTransparencia (a continuación encontrarás una propuesta de mail que puedes usar para imprimirlo y dárselo en persona o enviárselo o simplemente para tener más información y hablar con tu senador/a)
  3. Pregúntale cuál es su postura y cuéntanos qué te ha dicho (puedes contárnoslo en la misma lista donde apuntamos todos los nombres)

¡Cuantas más personas hablemos con los senadores podremos conseguir un compromiso para mejorar la transparencia en España!

Si apoyas la campaña, difúndela en Facebook, Google+, Twitter, identi.ca… con el hashtag #senadotransparente

Si quieres saber más, sigue leyendo.

Nueve años esperando una ley de acceso a la información

Hace 9 años que se prometía en España por primera vez la aprobación de una ley de acceso a la información. Desde entonces la sociedad civil, a través de la Coalición Pro Acceso y otras organizaciones, ha luchado por defender que la futura norma garantice el derecho de acceso a la información y que España sea uno de los países con mejores leyes de transparencia.

Por fin hay un Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que acaba de pasar su primera etapa parlamentaria y se ha enviado al Senado.

El problema es que esta ley está lejos de ser “vanguardista” tal y como prometía el Gobierno del Partido Popular y es, en realidad, una ley débil que dejaría a España en la posición 72 de 96 países con leyes de transparencia en el mundo, según el análisis de la Organización Access Info Europe (puedes leer el análisis aquí).

¿Qué podemos hacer?

Durante todos estos años la sociedad civil ha mantenido reuniones con los diferentes gobiernos y con los diputados para presentarles nuestro punto de vista (definido en los 10 principios de la Coalición Pro Acceso y basado en los estándares internacionales en la materia). Ahora vamos a hablar con los senadores.

Lo cierto es que hasta la fecha no hemos tenido suerte y nuestro mensaje no ha calado. Si bien el Proyecto de Ley de Transparencia ha mejorado en algunos aspectos desde que se presentó como anteproyecto el día 26 de marzo de 2012, estas modificaciones no van en la línea con lo que pedía la sociedad civil y se han limitado a introducir algunos “cambios cosméticos”, tal y como señalaba la OSCE en su análisis del texto español.

El Senado, al igual que el Congreso de los Diputados, es una institución en la que reside la soberanía del pueblo español, ejercida a través de los senadores elegidos por las personas con derecho a voto.

Mucha gente opina que el Senado no sirve para nada, pero eso no es cierto. El Senado interviene en la elaboración de las leyes y puede realizar cambios importantes. Por eso vamos a hablar con ellos.

Elige un/a Senador/a de la lista y ponte en contacto con él/ella a través del correo electrónico, Twitter, Facebook, por teléfono o incluso solicita una entrevista cara a cara (los datos de contacto también están en la lista).

La idea es entregarles la documentación donde se dan argumentos a favor de una mejor Ley de Transparencia y comentarla con ellos/ellas. Queremos que los senadores se expresen públicamente su opinión y nos digan si van a proponer cambios sustanciales a la futura ley. Cuando consigas una respuesta, por favor háznoslo saber para tener un mensaje unificado a favor de la transparencia.

¿Qué vamos a pedir? 

Además de entregar el análisis de la ley desarrollado por Access Info Europe (puedes encontrarlo aquí), hay algunos puntos que consideramos esenciales para conseguir una garantía del derecho de acceso a la información.

1. El reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental.

2. Que la ley no excluya de su alcance tipos de información.

3. Que el organismo que vigile la transparencia sea independiente y tenga poder vinculante

A continuación te proponemos un texto en el que desarrollamos estos tres puntos que puedes usar para mandarlo en un email a tu senador/a o te puede servir de guía para preparar tu propio texto. Versión en .doc y en .pdf.

¿Por qué queremos participar?

La necesidad de transparencia es algo que en España ya nadie duda, esta ley es muy importante porque su ambición va a definir el techo al que queremos llegar en materia de transparencia.

Podemos elegir entre el texto que tenemos, que limita la transparencia a tener mayor claridad sobre las cuentas del estado o podemos luchar para que la ley se modifique y afecte a toda la actividad pública: Que explique cuánto cuestan, quién ha tomado las decisiones, por qué y cómo.

¡Ahora vamos a contárselo a los senadores!

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El jueves 12 de septiembre se votaron en el Congreso de los diputados las enmiendas parciales a la a ley de transparencia. Tal y como era previsible, con los votos del Partido Popular, PNV y CIU todas las enmiendas fueron aprobadas y el nuevo texto ya va de camino al Senado.

Antes de que esto ocurriera la organización Access Info Europe ya adelantaba que con las enmiendas  el proyecto de ley ocuparía el lugar 72 en el ranking de 96 países con leyes de acceso a la información en el mundo (obteniendo 68 puntos de 150 en el RTI Global Rating, puedes leer el análisis de la ley española aquí). Este resultado queda confirmado con la aprobación de las enmiendas.

Los problemas que adolecen la ley son los mismos que antes de presentar las enmiendas, incluso son los mismos desde que se presentó la ley: la ley sigue sin reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, excluye mucha información del alcance de la ley, las obligaciones de publicación proactiva no son igual para todas las instituciones y el organismo de revisión no es independiente y solo conocerá de conflictos con las administraciones públicas y no del resto de instituciones.

Entre los cambios que aportan las enmiendas que fueron aprobadas el jueves 12 de septiembre en el pleno del Congreso, cabe destacar la inclusión de los partidos políticos, sindicatos y patronal y algunas entidades privadas de publicar cierta información proactivamente, y la inclusión de la Casa Real y el Banco de España. Aunque es importante destacar que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, por lo tanto queda por ver cómo será en la práctica este procedimiento.

El otro cambio relevante es la creación del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (antes el organismo previsto era la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios), que sigue sin ser independiente (depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y tiene una composición muy politizada.

Puedes leer el texto tal y como quedó tras la incorporación de las últimas enmiendas aquí.

Para entender el alcance de la ley de transparencia puedes ver la siguiente tabla explicativa aquí.

La cámara no facilita de forma pública los documentos relativos a los senadores que ya no están en activo, pese a que esta información estuvo publicada en su página web.

barcenasEl Senado ha respondido a una petición de información formulada el pasado 25 de marzo, en el que Luis A. Morales reclamaba la declaración de actividades de Luis Bárcenas, ya que el extesorero del PP fue senador en la IX legislatura hasta el 19 de abril de 2010, cuando renunció al escaño tras el levantamiento del secreto de sumario en la trama madrileña del caso Gürtel en la que estaba implicado. Eso sí, la cámara ha respondido para negarse a facilitar esa información de forma pública.

El único camino posible para acceder a la declaración de Bárcenas -en la que deberían figurar sus responsabilidades empresariales y públicas previas y simultáneas al ejercicio de su cargo– es a través de un proceso lleno de trabas que culmina en lo que se conoce como un “procedimiento de exhibición personal”. El interesado debe razonar su interés en conocer estos datos -una norma totalmente contraria a los estándares internacionales de derecho de acceso a la información, que insisten en que no debe ser necesario argumentar la razón de la petición- y, si la Mesa del Senado lo autoriza, podrá ver el documento ante la presencia de un funcionario y tomar notas, pero nunca realizar fotocopias o imágenes, por ejemplo.

Este sería el procedimiento a seguir para cualquier ciudadano interesado en conocer la declaración de actividades de un senador o diputado que ya no esté en activo, ya que la página web del Senado sí recoge los documentos relativos a los representantes públicos durante su mandato. Una vez finalizada la legislatura, desaparecen y son sustituidos por los nuevos ocupantes de los escaños de ambas cámaras.

La Dirección de Asistencia Técnica-Parlamentaria del Senado se acoge al apartado 4 de un acuerdo de las mesas de ambas cámaras fechado en 2009 en el que se fijó que, una vez finalizado su mandato, los registros de actividades de diputados y senadores dejan de ser públicos. Además, la respuesta de este organismo añade que tampoco puede facilitar la declaración de bienes de Bárcenas, ya que este tipo de documentos se publican sólo desde el 22 de julio de 2011 y el de el ex senador es anterior a esa fecha.

Además de revelar la falta de transparencia del Gobierno, llegando al extremo de ocultar documentos que fueron públicos con anterioridad, esta solicitud de información revela otro problema de las administraciones públicas españolas con respecto al acceso a la información: la arbitrariedad. Mientras no exista una Ley de Transparencia que exija a todos los organismos dar respuesta a estas peticiones, recibir una contestación o no dependerá, en mucho, del funcionario encargado de la gestión. La muestra es que otra solicitud de información exactamente igual a la de Luis A. Morales, formulada por David Cabo el 31 de enero de este año, sigue pendiente de respuesta.