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En Tu Derecho a Saber estamos en racha. Por primera vez en mucho tiempo, sumamos varias respuestas correctas. Algunas de ellas aportan información muy interesante. Pese a la reticencia de la mayoría de las administraciones públicas a la hora de responder, en muchos casos esa comunicación con los ciudadanos les permite explicar los avances o medidas que han llevado a cabo. Es el caso del feliz resultado de una petición de información al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad realizada por Jordi Espuny, que quería saber si se habían planteado medidas para incentivar la dispensación de medicamentos por unidades, un formato acorde con algunas prescripciones médicas.

Quince días después de formular su pregunta, el ministerio contesta con un detallado correo, en el que explica las diferentes medidas que se han llevado a cabo por los diferentes gobiernos (no alaba solo sus propias iniciativas) en ese sentido. Así, podemos saber que en 2010 se aprobó un Real Decreto Ley que permite a la Agencia Española del Medicamento autorizar la dispensación por unidades medicamentos concretos para ajustarlos al tratamiento.

Otro Real Decreto Ley, fechado en 2011, planteaba la necesidad de revisar el tamaño de los envases de los medicamentos autorizados. Ya en 2012, el Ministerio de Sanidad se dio seis meses para establecer medidas que adecuaran los envases a los tratamientos más habituales. La respuesta añade que ya se han autorizado envases monodosis para fármacos como el paracetamol y el ibuprofeno y que desde 2012 tienen encomendadas instrucciones sobre la adecuación de los formatos en los distintos tipos de antibióticos.

Aunque, más allá de la dispensación unitaria de algunos fármacos, no sabemos cuáles han sido los resultados concretos o medidas adoptadas al detalle, esta respuesta nos permite sacar dos conclusiones: la primera, que en el ministerio alguien se ha tomado la molestia de responder -algo que no es habitual; la segunda, que están trabajando en este asunto, que desde hace algún tiempo está sobre la mesa.

Esta no es la única solicitud exitosa que hemos recibido últimamente. Gracias a una interesante petición de información, pudimos saber que las autopistas de peaje habían costado 5.000 millones de euros, un titular que fue a portada de El Confidencial.

 

El juez de instrucción ha decidido frenar la privatización de seis hospitales madrileños de manera cautelar hasta que haya una sentencia firme sobre el tema. La magnitud del proceso (afecta el servicio de miles de ciudadanos) y el hecho de que sea irreversible son, para el magistrado, razones de peso para parar, de momento, el proceso. En el auto, además de criticar que las administraciones “asuman sin más su incapacidad” para mejorar la gestión de la sanidad pública, el juez pone en duda el argumento de la Comunidad de Madrid, que asegura que la privatización ahorrará gastos. Para hacerlo, nombra el caso de otros países:

 

¿A cuáles se refiere? Podría tratarse, por ejemplo, de Escocia. Como ya explicamos en este blog, allí utilizaron un sistema de gestión público-privada muy parecido durante años: el PFI (Private Finance Inciative). El sistema consiste en que una empresa construye un edificio público, como podría ser un hospital, y lo gestiona durante los años que dure la concesión, en los que recibe un canon anual desde las administraciones públicas.

Gracias a la insistencia de los ciudadanos y a que en Escocia cuentan con una ley de derecho de acceso a la información potente y una entidad de control realmente independiente, los datos sobre este sistema salieron a la luz. El Sunday Herald estudió esa información y concluyó que habían gastado más del doble de lo necesario por unos 700 proyectos públicos planificados y construidos.

En Reino Unido también se demostró que este procedimiento no era el más eficiente. ¿Y aquí? Ni tenemos los datos ni una ley que garantice que los podamos reclamar.

 

El derecho de acceso a la información pública no es una cuestión de transparencia en abstracto, consiste en encontrar una vía para la mejora del día a día gracias a la mirada de todos sobre datos objetivos. Algunas de las historias que explica el excomisionado para la información de Escocia, Kevin Dunion, muestran las aplicaciones prácticas de este derecho a través de victorias concretas. ¿Cómo serían estos casos en España? Se hace difícil comparar sin una ley que obligue a las administraciones públicas a responder a las preguntas de los ciudadanos. Pero vamos a intentarlo.

Cada decisión política que afecta a la vida pública debería ser fiscalizada a la vista de todos: ¿está basada en datos tangibles? ¿funciona? ¿cuál ha sido su resultado a posteriori? Esta premisa de la rendición de cuentas, que suele obviarse en las administraciones públicas españolas, es más importante aún si de lo que hablamos es de sanidad. Gestionar los recursos públicos sin caer en decisiones arbitrarias es una de las maneras de utilizar los datos para generar eficiencia. Pero no es la única. La apertura de los datos públicos permite fabricar información de servicio público, como la visualización sobre la diferencia de precio de los procedimientos en diferentes hospitales de Estados Unidos que acaba de publicar The New York Times o el análisis de cómo los datos pueden ayudar  a mejorar la sanidad pública que recogió The Economist.

Pero si existe un caso que demuestra que, con una buena ley de acceso mediante, el empeño de una sóla persona puede mejorar las cosas para todos, es la historia del diágnostico del ojo vago en Escocia. Su protagonista es el padre de dos niños a los que diagnosticaron esta enfermedad a los siete años y que preguntó a los diferentes sistemas de salud regionales sobre su protocolo de prevención. Gracias a las respuestas, descubrió que en todo el país las pruebas se realizaban antes de los cinco años, ya que a esas edades el tratamiento es mucho más efectivo. El padre consiguió denunciar la situación en su región y, lo que es más importante, cambiarla. Además, este caso fue el detonador para que se estableciera un plan nacional de detección del ojo vago.

Esta no es una victoria aislada. Los parientes de varios enfermos fallecidos por una infección de C difficile en el Vale of Leven Hospital escocés pidieron información sobre el número de casos y las causas de esa enfermedad, que había producido 18 fallecimientos. Los datos facilitados permitieron abrir una investigación y desvelaron falta de higiene del centro, que las enfermeras estaban demasiado ocupadas para rellenar informes por la carga de trabajo, que se había suministrado la medicina equivocada a algunos pacientes y que, en realidad, las muertes por esta infección aumentaban a 28. Este escándalo acabó en una investigación pública -la página web creada en exclusiva para el caso incluye testimonios y datos de todo el proceso- que juzgó la actuación de los responsables de una manera abierta y transparente.

Pero el caso más importante al que se enfrentó el comisionado escocés Kevin Dunion fue el que le permitió sacar a la luz miles de partes e informes de incidentes hospitalarios que habían acabado en fallecimiento o causado heridas graves a los pacientes. A raíz de la denuncia de un enfermero que quería acceder al parte de un incidente en el que había estado implicado, el equipo del comisionado buceó en los archivos de los hospitales y descubrió que muchos de esos informes estaban ocultos o, sencillamente, no se habían realizado. Tras una dura batalla legal, Dunion consiguió que esos informes se hicieran públicos y desveló cientos de negligencias médicas que no habían sido estudiadas. El caso saltó a la BBC, que realizó un reportaje para contar la historia y reclamar cientos de informes sobre incidentes en hospitales de todos los distritos de Escocia.

De hecho, la ley de acceso a la información escocesa obliga a las autoridades sanitarias regionales a responder las preguntas de los ciudadanos sobre materias tan concretas como el gasto en telefonía móvil o el equipamiento, entre muchas otras, como se puede ver en la lista de peticiones de información de uno de estos servicios sanitarios regionales.

¿Y en España? Aquí suena lejano poder contar con datos tan detallados sobre negligencias, proyectos sanitarios públicos o estadísticas médicas. De hecho, es más que complicado recibir una respuesta por parte de las autoridades sanitarias sobre algo tan concreto como el seguimiento de una huelga de profesionales sanitarios. Ni siquiera las preguntas más técnicas, como la petición de estadísticas sobre tipos de cirugía, ha recibido respuesta. La apertura de estos datos permitiría, como ha pasado en Escocia, que todos -médicos, pacientes, enfermeros, familiares…- tuviéramos la posibilidad de mejorar nuestro sistema sanitario.

I: CÓMO EVITAR EL CIERRE DE LAS ESCUELAS RURALES GRACIAS A LOS DATOS

 

II: DATOS PARA DESTAPAR EL DESPILFARRO EN LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD