presupuestos

Firma invitada. Este artículo ha sido publicado originalmente por Encarna Hernández en su blog

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Imagen de Juan J. Martínez, extraída de Wikimedia Commons

Los presupuestos son una herramienta fundamental dentro de la gestión pública, de ahí que su conocimiento por parte de todos los actores interesados (desde los Parlamentos hasta la ciudadanía en general) sea decisivo para garantizar una correcta planificación y control del gasto público. Muchas veces, la complejidad y magnitud de la información contable hace difícil ese control, no solo para el ciudadano de a pie, sino también para los propios representantes públicos que no tienen formación específica en este campo. Ello refuerza la necesidad de acudir a órganos independientes y especializados como las oficinas presupuestarias.

¿Qué hace una oficina presupuestaria? El gran referente lo encontramos en la del Congreso de los Estados Unidos, cuya tarea central es la de analizar de forma independiente asuntos relacionados con el presupuesto y la política económica para servir de apoyo al proceso presupuestario, aportando a su vez transparencia a los resultados de estos análisis. Por ello sus informes son públicos, lo que aporta al conjunto de la sociedad civil la posibilidad de acceder a una información independiente sobre la situación financiera del país al margen de la documentación que aporta el Gobierno y los partidos políticos, garantizando así una parte importante de lo que entendemos por un presupuesto y gasto público transparente.

En definitiva, una oficina presupuestaria no solo ofrece asesoramiento técnico a los parlamentarios, sino que los resultados de su trabajo, a través de distintos informes o estudios, deben estar abiertos a la sociedad, de forma actualizada y comprensible, algo muy sencillo de ofrecer con el actual desarrollo de las TIC.

La Oficina Presupuestaria de las Cortes: lo que sabemos

En España, la puesta en funcionamiento de una oficina presupuestaria en el seno de las Cortes ha sido un reclamo histórico, pero no se creó por Ley hasta 2010. El órgano de nuevo cuño obedece a la necesidad “de articular en el seno de las Cámaras un mecanismo eficaz de asesoramiento técnico en materia de seguimiento y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y sobre aquellos aspectos que tengan repercusión en los ingresos y gastos públicos”. Se trata, a su vez, de un “instrumento inspirado en los principios de independencia, objetividad y transparencia que se pone al alcance de los Diputados y Senadores”.  La Oficina estaría adscrita orgánicamente a la Secretaría General del Congreso, su director sería elegido por las Mesas de las Cámaras entre personas de reconocido prestigio y se le asignaría una dotación presupuestaria dentro de la partida destinada a las Cortes Generales.

Algo más de un año después, se aprueba una Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 19 de julio de 2011, por la que se regula su composición y funcionamiento, y donde se establece que la Oficina Presupuestaria llevará un registro en el que constará cada una de las consultas realizadas y el órgano de la Cámara, Diputado, Senador o Grupo Parlamentario que las formula, así como los informes y notas elaborados. Así mismo, podrá elaborar notas sobre cualquier información económica o presupuestaria que se remita a la Cámara, en particular, podrá realizar informes sobre la evolución de la recaudación tributaria a partir de los datos que proporcione la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Esto es lo que se recoge sobre el papel, aunque lo cierto es que la Oficina no tuvo un director hasta abril de 2013, siendo el designado Vicente Fernández de Gamarra, un alto funcionario del Ministerio de Hacienda jubilado, que aceptó el cargo con fecha de caducidad. Renunció en septiembre de 2014, sustituyéndole Lidia García Fernández, letrada de Las Cortes. Hasta entonces, la Oficina Presupuestaria se había distinguido por su inactividad, que procuró reactivarse con la firma del Convenio entre ésta y el Gobierno, para que la oficina pudiera acceder a las bases de información contable y presupuestaria de los Ministerios de Economía y Hacienda.

Este paso no se dio hasta diciembre de 2014, hace ahora algo más de un año. Y lo cierto es que los retrasos para que la Oficina pueda operar se vuelven a retrasar por la (según el Gobierno) complejidad técnica para poner en marcha la plataforma o pasarela informática que debe conectar a la Intervención General del Estado con la Oficina Presupuestaria de las Cortes, para poder acceder en tiempo real a los datos sobre la ejecución del presupuesto. Esta conexión se habilitó hace unos pocos meses, en mayo de 2015, y se aclaró a su vez que dicha información solo estaría disponible para los diputados y no para los ciudadanos.*

La nula publicidad activa de la Oficina Presupuestaria

Todo el relato anterior está extraído de una búsqueda exhaustiva realizada para intentar conocer algo sobre la actividad de la Oficina, de la que encontramos referencias exiguas en el portal del Congreso, que básicamente se limitan a lo contemplado en la normativa vigente que regula este órgano. Ni rastro, por otro lado, de su trabajo o composición. Se supone que la Oficina Presupuestaria está activa, respondiendo consultas de sus Señorías, que a su vez hacen uso del sistema informático (¿usan mucho este servicio?) y elaborando informes, pero no sabemos sobre qué exactamente porque no hay un registro público de ello. Tampoco hemos encontrado referencias explícitas a la dotación presupuestaria de la Oficina en los PGE, por lo que es difícil saber lo que cuesta (al margen de los contratos de la pasarela informática), cuando además tampoco sabemos qué funcionarios o personal la componen.

Es por ello que nos decidimos a utilizar el formulario de solicitud de información delPortal de Transparencia del Congreso, solicitando información sobre la composición de la Oficina, presupuesto asignado, así como aquellos documentos que emanan de su actividad: registro de consultas de los diputados e informes emitidos hasta la fecha (si los hubiere). Esta solicitud se hizo el 20 de enero de este año, recibiendo contestación dentro del plazo establecido (un mes).

Respuesta del Congreso a la solicitud de información sobre la Oficina Presupuestaria

El primer escollo para conocer la respuesta a nuestra solicitud de información es que se nos remite un correo con un adjunto cifrado (extensión P7M), sin más indicaciones. El archivo en cuestión no se puede abrir, y tenemos que recurrir a algunos foros informáticos para probar varias formas de abrirlo. Finalmente, lo conseguimos con un programa específico para ello. Primer apunte negativo.

Una vez abierto, nos encontramos con una nota escueta, con demasiadas obviedades y referencias a las normas legales que regulan la Oficina, y que ya conocemos. En lo que concierne a la información solicitada, se nos apunta, de forma muy escueta:

Sobre la composición de la Oficina: la oficina cuenta con una directora asistida por un administrativo.

Sobre el presupuesto: no dispone de ninguna partida específica dentro del presupuesto de la Cortes, ya que el único gasto es el de personal y se trata de funcionarios de las Cortes (ya hemos visto gracias al Portal de Contratación del Estado que no es así, y que ha habido costes asociados a su actividad).

Sobre el registro de consultas: se nos indica simplemente que ha habido 70 consultas sobre los PGE y otras 148 sobre proyectos de inversión.

Sobre los informes emitidos: se nos despacha con que se han elaborado dos informes, que parece que no podemos conocer de su contenido.

Con esta respuesta se confirma que nuestra Oficina Presupuestaria no quiere parecerse a otras de referencia, que aplican transparencia (activa y pasiva) a su trabajo, aportando con ello una visión independiente muy valiosa para el conjunto de la sociedad. Las oficinas presupuestarias son un instrumento de control parlamentario y ciudadano, pero la nuestra se queda sin uno de los pilares.

Las trampas de la Ley de Transparencia 

¿Qué puedo hacer si quiero conocer el contenido de esos informes? Lo mejor de la respuesta a la solicitud de información está al final del archivo smime.p7m: “Contra la presente resolución cabe recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa”.

En efecto, una de las “trampas” de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) está en su artículo 23.2: “contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo”. Es decir, que no podemos acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) cuando se trata de instituciones como la Casa del Rey, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial…

En realidad, la LTAIPBG deja coja la potestad del CTBG para vigilar el cumplimiento de la Ley al margen de la Administración General del Estado, algo que este órgano está corrigiendo en buena parte a través de convenios con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, pero que para instituciones como las citadas en el famoso 2.1.f) poco cabe hacer.

El sabor que nos queda después de este ejercicio de derecho de acceso a la información pública es agridulce: la transparencia debe ser una cosas mucho más sencilla, accesible y sobre todo ejercerse con sentido común. Sabemos que se trata de un camino que, en nuestro país, casi acabamos de empezar a recorrer, pero no llegaremos ni donde queremos ni cuando queremos con trampas y piedras innecesarias en el camino.

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Encarna Hernández Rodríguez es periodista e investigadora sobre Gobierno Abierto y Transparencia

* Rectificación: eliminamos una afirmación sobre el coste de esta pasarela. Por error, los contratos que enlazábamos correspondían a otro organismo.

Como en 2013, la Cámara se parapeta y esconde este documento, validado por la Mesa en septiembre, a expensas de darlo a conocer en un mes por las obligaciones de la Ley de Transparencia.

Como ya hizo con los de 2013, David Cabo solicitó hace pocos días al Congreso de los Diputados una copia de sus presupuestos correspondientes al año 2015. Se trata de un documento detallado que incluye el desglose completo -a nivel de artículos, conceptos y subconceptos- que la Mesa del Congreso aprobó el pasado 23 de septiembre. En 2013 esta misma solicitud fue denegada por la Cámara,  y el documento, en vez de por vías de transparencia, solo ha llegado a conocimiento público mediante filtraciones parciales a la prensa. Lo contamos en su día en este post y decidimos hacer públicas estas cuentas, que el Congreso insistía en esconder. David incluso llevó la opacidad de las cuentas del Congreso, en contraste con lo que ocurre en otros países, a la televisión:

El contexto, esta vez, es diferente. Esta vez la solicitud de David llega en medio de un debate social alrededor de la opacidad y la falta de mecanismos de fiscalización con la que el Congreso y el Senado han gestionado los viajes de los diputados. Se produce, además, a poco menos de un mes para la entrada en vigor (para la Administración General del Estado) de la Ley de Transparencia, en un momento en que tanto dentro como fuera de la Cámara se suceden declaraciones de representantes públicos sobre lo necesario de abrir la información que generan las instituciones a cualquier ciudadano. Además, la información solicitada por David tendrá que ser pública el próximo 10 de diciembre según dispone la ley, por lo cual, cabía esperar cierto grado de buena voluntad para facilitar ahora el documento. Al contrario, como es la falta de voluntad lo que acaba acaba siendo el obstáculo determinante cuando hablamos de auténtica transparencia, el Congreso ha respondido que no dispone de la información solicitada.

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Firma invitada. Este post ha sido publicado originalmente en el blog de David Muñoz Sastre.

 

En un país normal, con unas instituciones públicas normales y con una Ley de Transparencia normal (o, simplemente, una Ley de Transparencia) no pasarían cosas como las que vengo a contar hoy. Pero España no cumple esos simples requisitos. Y los ciudadanos pagamos las consecuencias.

Un documento tan simple como los presupuestos de un ayuntamiento, alimentados fundamentalmente con dinero público de todos nosotros a través de los impuestos, debería ser algo fácil de consultar por todos, ¿no? Al fin y al cabo, si pedimos dinero a nuestros padres, lo mínimo que querrán ellos es que les digamos en qué nos gastamos ese dinero, ¿no? ¿O es que podemos gastarnoslo todo en ropa y fiestas sin necesidad de justificarlo? No, ¿verdad?

Pues algo parecido debería pasar con los documentos públicos que muestran en qué invierten (o gastan) nuestro dinero las administraciones públicas, en este caso los consistorios. Yo, ingenuo, al ver el art. 169.7 de la Ley Reguladora Haciendas Locales (“La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio”), creí que esto de pedir los presupuestos no sería complicado o que, incluso, estarían colgados en las webs pertinentes de cada municipio. Me equivoqué.

Presupuestos municipales de un ayuntamiento de Menorca

 

No hablo, obviamente, de los presupuestos de Barcelona, Madrid o cualquier gran ciudad española. Estos son fáciles de encontrar y a menudo son trabajados por los medios de comunicación. Me refiero a municipios pequeños, en concreto los de Menorca, cuya población no supera los 30.000 habitantes y a veces no llega a los 5.000.

Llevo unos cuantos meses persiguiendo a los 8 ayuntamientos de la Isla para preparar un trabajo de análisis y visualización de datos y comparar sus gastos. En Menorca (esa isla de aproximadamente 100.000 habitantes que sigue existiendo más allá del verano), la mayoría de ellos no publican los documentos presupuestarios en sus respectivas webs institucionales y tampoco ponen demasiadas facilidades para que accedas al documento si te diriges presencialmente al consistorio. Ni como periodista ni como ciudadano. Si vives en un pueblo pequeño probablemente te pase lo mismo.

Que no estén online no es lo más grave. Al fin y al cabo, uno puede pensar (aunque cuesta) que por escasez de recursos tecnológicos no puedan colgarlos. Lo que es grave es que intenten esconder, de todas formas, este tipo de documentos pensando que así salvaguardan poder y evitan que esos periodistas cabrones rebusquen demasiado entre tanto dato. A ver si los ingenuos serán ellos…

Y el problema no es sólo de las instituciones opacas, también nuestro por no reclamar derechos como el de acceder a este tipo de información pública. He podido hablar con funcionarios (personal de administración de dichos ayuntamientos) que, tras dos décadas en el puesto, nunca habían recibido una petición de presupuestos. O con el mismo interventor de un ayuntamiento, quién se ocupa de revisar todos los temas económicos del consistorio, y recibí la misma respuesta: “Nadie pregunta por un documento que suele ser tan difícil de entender”.

Después de varias semanas de llamadas, emails e instancias, he conseguido los presupuestos de la mayor parte de consistorios menorquines. Algunos escaneados, otros en versión digital original. Algunos en PDF, otros en Excel, otros en Word. En fin, un caos. Con esto quiero dejar claro que no es imposible acceder a la información (más faltaría), pero sí muy complicado. Demasiado. Y eso es lo que hay que denunciar.

A lo largo de este camino me he encontrado con argumentos surrealistas de todo tipo de los responsables de las áreas económicas, interventores y personal de administración que solamente pueden interpretarse de una forma: no querían cederme esa información. Para que os hagáis una idea, he recogido las 10 excusas que más me han impactado, algunas de ellas inverosímiles. No me invento nada, son citas literales:

1. Deberías hacer una instancia primero. Ya te avisaremos.

2. Es un documento solo disponible para los ciudadanos de ese municipio.

3. Estamos liados cerrando el presupuesto del año que viene y no disponemos de tiempo para gestionar tu petición.

4. La ley nos obliga a poder ofrecerlo para consultas, no a entregarte una copia.

5. No te lo podemos pasar digitalmente, los archivos pesan mucho.

6. El interventor está de vacaciones.

7. Solo llevo aquí 3 años, los presupuestos anteriores no sé quién los tiene.

8. Estamos muy liados después de las vacaciones navideñas y no tenemos tiempo de enviártelos.

9. Llevo 20 años aquí y nadie me había pedido los presupuestos. Espera que lo pregunto.

10. Yo solo soy la secretaria, llama dentro de dos semanas y pregunta por alguien de contabilidad.

En fin, creo que esto ilustra lo que decía al comienzo: este no es un país normal con unas instituciones normales.

El reto acaba de empezar (no basta con recopilar los datos, ahora hay que entenderlos, analizarlos, compararlos y visualizarlos). Os mantendré actualizados con la evolución del trabajo. De momento voy a leerme con calma los presupuestos, espero no caer muerto entre tanta partida presupuestaria.

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David Muñoz Sastre es periodista, emprendedor digital, autor del blog davidmunozsastre.com y cofundador de elideario.com.

El 19 de noviembre de 2012, David Cabo envió a través de la web Tuderechoasaber.es una solicitud de información al Congreso de los Diputados. En ella solicitaba “una copia del Presupuesto del Congreso para 2013, aprobado por la Mesa del Congreso a finales de septiembre de 2012”.

La página web del Congreso no facilita actualmente un desglose de la dotación económica destinada a la Cámara Baja en 2013, y los Presupuestos Generales del Estado 2013 tampoco revelan esta información con suficiente nivel de detalle. Como la prensa (ver “El Congreso aprueba su presupuesto para 2013 con cifras por debajo de lo que tenía en en 2006”, Europa Press, 25 de septiembre, 2012) da a entender que esta información debe de constar en algún documento, David optó por solicitarla al Congreso.

A los pocos días, el 21 de noviembre, la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados le remitió a los Presupuestos Generales. Estando al corriente de que los mismos no facilitan la información detallada, David insistió en pedir “el desglose a un nivel inferior, el de conceptos y subconceptos”.

Durante cerca de dos meses no obtuvo respuesta alguna. El 15 de enero, David lo intentó una vez más, la tercera. En esta ocasión pidió, además, “información sobre la ejecución” de estos presupuestos.

El 16 de enero de 2013, dos meses después de enviar la primera solicitud, David recibió la siguiente negativa de la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados:

La decisión de dar o no a conocer estos datos corresponde a la Mesa de la Cámara. Es importante recordar que en esta institución se está tramitando actualmente el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, sobre el que los diputados no han alcanzado (a fecha de hoy) un acuerdo relativo a las enmiendas al texto. Con la futura ley en la mano, la información que solicita David será pública y accesible. Hasta entonces, el Congreso está ante una oportunidad más de predicar con el ejemplo y ejercer la transparencia por vocación de servicio público, en lugar de por imperativo legal. La Mesa de la Cámara prefiere no aprovecharla.

Ante esta nueva negativa, siempre preferible al “silencio administrativo”, es necesario recordar:

  • El ejemplo que representan otros parlamentos europeos, como el inglés y el irlandés, que dan a conocer a los ciudadanos información sobre sus gastos con un alto grado de desglose, y de los que la cámara española debería adoptar algunas de sus buenas prácticas. La creciente desconfianza, cuando no animadversión, hacia la función pública que revelan las encuestas también exige medidas como esta.
  • ¿Por qué pedir los Presupuestos detallados del Congreso para 2013? Porque a día de hoy el Congreso aún no ha desvelado en su totalidad información tan importante para la sociedad y para el buen funcionamiento de la cámara como es el sueldo que cobran los diputados por su actividad parlamentaria. ¿Quieres saber si los miembros de la Mesa y los portavoces de los grupos parlamentarios cobran más de un complemento? ¿Cuánto cobran los diputados miembros del Gobierno? La respuesta, hoy, es que no puedes saberlo. Y no son sueldos y complementos lo único que nos interesa.
  • Tampoco podemos conocer el gasto que supone para el Congreso (en transporte, alojamientos, dietas, etc) la actividad internacional que desempeñan los diputados con sus viajes. La Mesa accedió en diciembre a publicar estos desplazamientos en la web, pero ha declinado dar a conocer su coste.

Todo el equipo detrás de Tuderechosaber.es cree que la práctica de facilitar los presupuestos detallados en favor de la transparencia debería ser adoptada ya por todas las instituciones del Estado, incluso sin que tenga mediar una ley que, como hemos insistido, resulta insuficiente.

El Senado tiene sobre la mesa una solicitud idéntica a la del Congreso. El 22 de enero, David obtuvo esta respuesta:

Esperamos poder contaros pronto que el Senado da un paso decidido hacia la transparencia y la generación de confianza.