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Un ciudadano insiste hasta en 18 ocasiones a administraciones, organismos públicos y partidos para conseguir información sobre los tenedores de deuda del sector eléctrico (aquellos inversores que han comprado la deuda acumulada de las eléctricas).

deuda eléctricas“Estimado Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico”, “Estimada Comisión Nacional del Mercado de Valores”, “Estimado Ministerio de Industria, Energía y Turismo”, “Estimado Izquierda Unida”, “Estimado Esquerra Republicana de Catalunya”, “Estimado Convergencia i Uniò”. Y lo que sigue. Hasta 18 preguntas hizo un ciudadano en TuDerechoaSaber.es, a diferentes organismos y partidos políticos, sobre el déficit de tarifa y los tenedores de deuda del sector eléctrico (quién posee la deuda acumulada del sector eléctrico, que se coloca a diversos inversores). Ninguna respuesta satisfactoria. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le remitió a un formulario web y le facilitó un teléfono 902 de pago (el de atención al inversor) antes de responder que no poseía la información: “no disponemos en nuestros registros oficiales de la información por usted solicitada“.

Algo similar ocurrió, con variaciones (mero acuse de recibo, “en la página web podrá encontrar la información”), en las respuestas del FADE (Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico) y el Ministerio de Industria. En el caso de Izquierda Unida y ERC, ni siquiera hubo respuesta.  Y en la larga respuesta de CiU, electoralismo: “Creemos que la estrategia a medio y largo plazo siempre debe primar sobre la inmediatez”.

Ante la negativa tanto de organismos públicos como de ministerios a contestar de forma satisfactoria, este ciudadano decidió dirigirse al Defensor del Pueblo, que aceptó a trámite su solicitud. Este órgano considera que su quejas sobre el silencio del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) justifican la actuación del Defensor del Pueblo, según la ley que regula esta figura.

Para financiar el déficit de tarifa (la diferencia entre los costes del sistema eléctrico y lo que pagamos en la factura, que se estima en 30.000 millones acumulados a fecha de hoy), en el año 2003 se permitió a las empresas eléctricas titularizar su deuda. Esto significó que podían colocarla en los mercados a diferentes inversores. Las subastas no tuvieron mucho éxito, lo que motivó la creación en 2010 del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), que permitió la colocación de esa deuda con el aval del Estado (para así atraer el interés de los inversores). En 2011, la primera subasta de esta deuda se colocó con un interés 93 puntos superior al del bono español. En 2014, esta diferencia se ha acortado a menos de 20 puntos.

Aunque ninguno de los organismos respondió a este ciudadano, la Comisión Nacional de Energía publicó un informe en mayo de 2013 en el que desglosaba por inversores los tenedores de la deuda del sector eléctrico. El propio FADE ostentaba un 72%, las eléctricas un 15% y el resto, terceros (inversores individuales o institucionales). Entre las eléctricas estaban Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Hidroeléctrica del Cantábrico y E.O.N. España.  En la web del FADE está disponible la información sobre qué entidades de crédito realizan la emisión de esta deuda en los mercados (lo que se conoce como emisión sindicada; se contrata a varias entidades bancarias que colocan la deuda a inversores). En la emisión realizada en febrero de 2014, por ejemplo, fueron BBVA, Caixabank, Deutsche Bank y Crèdite Agricole quienes colocaron la deuda del sector eléctrico entre los inversores. El proceso de selección de estas entidades se realiza del mismo modo que la contratación del Estado: hay un pliego de condiciones y las entidades realizan su oferta.

No existe información de qué inversores individuales (algunos fondos o individuales no hacen públicas sus inversiones) poseen la deuda del sector eléctrico, del mismo modo que ocurre con la deuda pública del Estado. El Tesoro publica la distribución por tenedores y la desglosa por sectores, no inversores individuales. Así, la banca española poseía, al cierre de 2013, un 32% de la deuda española, los inversores no residentes casi un 44% y las administraciones públicas (entre las que se encuentra el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el llamado fondo de las pensiones, que tiene invertido en deuda pública un 97% de sus fondos) ostentaban casi un 9%.