peticiones de información

Como en 2013, la Cámara se parapeta y esconde este documento, validado por la Mesa en septiembre, a expensas de darlo a conocer en un mes por las obligaciones de la Ley de Transparencia.

Como ya hizo con los de 2013, David Cabo solicitó hace pocos días al Congreso de los Diputados una copia de sus presupuestos correspondientes al año 2015. Se trata de un documento detallado que incluye el desglose completo -a nivel de artículos, conceptos y subconceptos- que la Mesa del Congreso aprobó el pasado 23 de septiembre. En 2013 esta misma solicitud fue denegada por la Cámara,  y el documento, en vez de por vías de transparencia, solo ha llegado a conocimiento público mediante filtraciones parciales a la prensa. Lo contamos en su día en este post y decidimos hacer públicas estas cuentas, que el Congreso insistía en esconder. David incluso llevó la opacidad de las cuentas del Congreso, en contraste con lo que ocurre en otros países, a la televisión:

El contexto, esta vez, es diferente. Esta vez la solicitud de David llega en medio de un debate social alrededor de la opacidad y la falta de mecanismos de fiscalización con la que el Congreso y el Senado han gestionado los viajes de los diputados. Se produce, además, a poco menos de un mes para la entrada en vigor (para la Administración General del Estado) de la Ley de Transparencia, en un momento en que tanto dentro como fuera de la Cámara se suceden declaraciones de representantes públicos sobre lo necesario de abrir la información que generan las instituciones a cualquier ciudadano. Además, la información solicitada por David tendrá que ser pública el próximo 10 de diciembre según dispone la ley, por lo cual, cabía esperar cierto grado de buena voluntad para facilitar ahora el documento. Al contrario, como es la falta de voluntad lo que acaba acaba siendo el obstáculo determinante cuando hablamos de auténtica transparencia, el Congreso ha respondido que no dispone de la información solicitada.

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El pasado 11 de octubre, casi todas las cabeceras llevaban una información casi idéntica (surgida, como apuntan muchos, de las agencias Efe y Europa Press): “Expertos europeos alertan de que el Carlos III no está diseñado para emergencias como el ébola”. La noticia se replicó y se replicó (en televisiones como Cuatro o La Sexta, en periódicos como El País, La Vanguardia, en radios como Ondacero…), pero en ninguna de esas réplicas era posible encontrar la fuente original: un supuesto comunicado que, según el texto, procedía de los investigadores del ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

¿Dónde está ese comunicado oficial? Como no pudimos encontrarlo, David Cabo escribió al organismo europeo a través de la web Ask the EU (como Tu Derecho a Saber, pero para preguntar a organismos europeos) para solicitarlo y ejercer así su derecho de acceso a la información. En concreto, reclamaba una copia del informe realizado por esos “expertos europeos” (ese sintagma).

La primera respuesta llegó sólo unas horas después: dos personas del ECDC habían estado en el Carlos III los días 8, 10 y 11 de octubre, sí, pero no hay informe ni documento sobre sus conclusiones. Según afirman, las declaraciones que aparecen en prensa son unos comentarios preliminares al final de una reunión en el hospital.

Pero, ¿comentarios de esos dos expertos o de quién? Ante las dudas, David volvió a preguntar, esta vez pidiendo las transcripciones de esas declaraciones. La sorpresa llegó con la segunda respuesta: las declaraciones surgen del hospital Carlos III y no de un informe de ECDC. Además, añaden, la afirmación que llenó todos esos titulares no constituye su posición oficial sobre el asunto (“the statement that appeared in the media was from the hospital Carlos III and not an ECDC report. As such it does not constitute an ECDC view”).

Desde el organismo aseguran que cualquier conclusión relevante será trasladada al Gobierno español, que será el responsable de publicar los informes finales sobre el caso. De hecho, remiten la pregunta al departamento de comunicación del Hospital de La Paz, a quién hemos vuelto a trasladar la pregunta inicial: ¿de dónde salen esas declaraciones?

Un ciudadano solicitó conocer los canales y horarios de emisión de los anuncios televisivos. En total se llevaron a cabo 13.245 pases, la gran mayoría en canales comercializados por Pulsa Media y antenas autonómicas

A finales del mes de julio, un ciudadano solicitó a la Agencia Tributaria a través de Tuderechoasaber.es a qué canales se había asignado la emisión de la campaña televisiva que esta entidad había encargado para sensibilizar  e informar sobre el fraude fiscal. También las fechas de emisión contratadas y las de su emisión efectiva.

El Servicio de Gestión Económica de la Agencia Tributaria anunció en enero la licitación por un importe máximo de 550.000 euros (454.545,45 con impuestos) para cubrir la creatividad y la producción de una campaña de sensibilización social contra el fraude. Debía abarcar todo el ámbito nacional salvo País Vasco y de Navarra, e inspirarse en mensajes como que la obligación de pagar impuestos es inherente a la convivencia en sociedad, que ninguna justifica el fraude, que éste perjudica a todos, que sólo una minoría defrauda y engaña al resto y que la Agencia Tributaria está combatiendo el fraude fiscal. La campaña, la primera que se realiza en España contra el fraude fiscal, se produjo finalmente con el mensaje de ‘lo que defraudas tú, lo pagamos todos’. La oferta más ventajosa, 295.000 euros sin impuestos (sobre los 550.000 euros máximos presupuestados) fue, según el anuncio de contratación,  la de la agencia publicitaria JWT Delvico S.L.

La respuesta de la Agencia Tributaria llegó a Tuderechoasaber.es sólo tres días después de la pregunta, y venía acompañada del Plan de Medios de la campaña publicitaria y del listado completo de todos los pases televisivos de la misma. Se trata de una de las respuestas más completas obtenidas sobre el reparto de campañas de publicidad institucional. En total se llevaron a cabo 13.245 pases televisivos, por encima de los 12.774 pases que preveía el plan de medios. La gran mayoría, como se puede apreciar en el gráfico, se emitieron en canales temáticos comercializados por Pulsa Media, principalmente en Canal Discovery, Canal Historia y Canal Odisea. Los canales de este grupo emitieron 10.708 pases. Las cadenas de FORTA, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, emitieron un total de 1,608 pases. Los canales de TVE emitieron sólo 252 en total, y los restantes se los repartieron  los canales de Mediaset España (Telecinco, Factoría de Ficción, Cuatro, Divinity y Energy) y Atresmedia Televisión (Antena 3, La Sexta TV, Neox TV y Nova Televisión).

Este gráfico interactivo muestra la concentración de pases publicitarios y, en la segunda pestaña, el desglose por canales:

Obtener información sobre Tableau

La respuesta de la Agencia Tributaria, que además incluye los horarios específicos de cada una de las emisiones, es un claro ejemplo de atención exitosa y de transparencia ante el ciudadano, aunque los datos podrían ser proporcionados en formatos más amigables que el .pdf. En lo que respecta al reparto de esta campaña entre los distintos medios, sería deseable conocer también el criterio seguido. Como el propio solicitante de la información ha reflejado en su blog, parece existir una distorsión entre aquellos canales con mayor cuota de pantalla y a los que finalmente se contrató mayor número de pases.

Su blindaje, confirmado por la propia sociedad a raíz de una pregunta pública en Tuderechoasaber.es, supone una oportunidad perdida de mejorar la transparencia pública del llamado 'banco malo'

El registro de “relaciones con terceros y colectivos singulares” que ha aprobado recientemente la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria, Sareb, para disuadir a interlocutores institucionales, generalmente cargos públicos, que puedan intentar hacer valer su condición para intentar facilitar o agilizar gestiones, no será de acceso público. Su carácter será “interno y confidencial”.

El blindaje de este registro ha sido confirmado desde la propia Sareb a raíz de una pregunta formulada públicamente por un ciudadano a través de la web Tuderechoasaber.es, que permite a cualquier ciudadano pedir fácil y públicamente una solicitud de información. “El registro de relaciones singulares de Sareb no es público. Es interno y confidencial”. El demandante de información quería conocer además si contemplaba algún régimen sancionador frente a posibles incumplimientos futuros del mencionado código, pero esta pregunta se quedó sin respuesta.

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La adopción de este registro, adelantada por El Confidencial, se ha presentado como un procedimiento que acompañará a los “mecanismos de transparencia y responsabilidad hacia el ciudadano” que Sareb ya exhibe en su código de conducta. Sin embargo, su aplicación y revelaciones pasarán a engrosar la amplia lista de interrogantes que rodean a esta entidad de naturaleza jurídico-privada. Las certezas son pocas y esquivas a pesar de las preguntas de algunos grupos en el Congreso y de los ciudadanos a través de otros canales de acceso a la información pública.

Transparencia implica acceso a más y mejor información

Esta sociedad, Sareb –conocida popularmente como “el banco malo”-, surge en noviembre 2012 con el propósito de sanear el sistema financiero español. Su misión es lograr desinvertir una cartera (compuesta por aquellos activos de los que se han desprendido los bancos rescatados en 2012 con ayudas europeas) de entorno a 50.000 millones de euros en un plazo de 15 años. Así lograría pagar la deuda, avalada por el Estado, que emitió para adquirir ese conjunto de activos, un 20% inmuebles y un 80% activos financieros (créditos a promotores). Su naturaleza jurídica es privada, aunque el 45 % de sus fondos proceden de su único accionista de carácter público, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Su código de conducta establece que, para Sareb, “la transparencia es un mecanismo mediante el cual somete sus actuaciones ordinarias al juicio crítico de los diferentes actores de los mercados en que opera y del público en general”. Así, pese a que se ha diseñado “un procedimiento específico que permita poner de manifiesto y trasladar al conjunto de la sociedad la objetividad y rigor que siempre preside el proceso de adopción de decisiones”, y que –continúa- “pretende asegurar que resulten incuestionables la imparcialidad y rigor que garantizan los procedimientos internos de que Sareb se ha dotado”, con su carácter confidencial este registro no se traducirá en nueva información relevante para el ciudadano. 

Una entidad blindada para evitar “consecuencias indeseadas”

La naturaleza única de Sareb y su desempeño desde finales de 2012 han sido objeto de un cruce de preguntas incisivas y respuestas evasivas en la Cámara Baja. En enero de 2013, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo preguntó por escrito al Gobierno por la ubicación de la sede de Sareb (en Paseo de la Castellana 89, según muestra ahora su web), sus metros cuadrados, si está alquilada o en propiedad y cuánto paga por ella. Por el mismo grupo, Rosa Díez registró una pregunta sobre una sucesión de dimisiones en la Sareb (primero las salidas de dos consejeros independientes por supuestas incompatibilidades; más tarde, las del director general y el director de activos financieros). El Gobierno denegó la respuesta en ambas ocasiones alegando el “deber de secreto”.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón –principal impulsor dentro del equipo de Sáenz de Santamaría del proyecto que resultó en la Ley de Transparencia- respondió en abril en sede parlamentaria al diputado del Grupo Mixto Joan Baldoví que “cualquier solicitud de información sobre la SAREB que se salga de los cauces previstos en la normativa no puede ser facilitada directamente por el Gobierno, ya que se estaría invadiendo la autonomía de actuación de una sociedad empresarial jurídico-privada”. “Además” –añadió- “una mayor difusión de información sobre la actuación de la SAREB, puede tener también consecuencias indeseadas desde el punto de vista económico para esta sociedad […] en detrimento de su actividad y de sus resultados económicos, todo lo cual puede tener implicaciones para el sector público y la economía en general”

En agosto, esta vez en respuesta  a Cayo Lara, José Luis Ayllón reconocía que “a causa de la importante, aunque no mayoritaria, participación del sector público en el capital social (a través del FROB) y las repercusiones que su actividad puede tener en la estabilidad del sistema financiero nacional”, se articula para ella un régimen específico de control y de rendición de cuentas de esta sociedad ante los poderes públicos.

¿Cómo y ante quién rinde Sareb sus cuentas?

Este régimen de control empieza por el Banco de España, encargado supervisar posibles desviaciones, operaciones y los órganos de gobierno. De forma más directa, una Comisión de Seguimiento integrada por representantes del Banco de España, del Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Hacienda y AAPP y de la CNMV, se reúne cada tres meses para hacer seguimiento de la labor de Sareb. Esta sociedad tiene la obligación de presentar un informe semestral a las Cortes con “datos esenciales” de sus operaciones y cumplimiento de objetivos, que sí es de acceso público a través su web. Por el contrario, el informe anual independiente que realiza un experto designado por el Banco de España no es de acceso público, y sólo tiene acceso a él la Comisión de Seguimiento. Por último, se ha establecido la comparecencia trimestral del presidente de la Comisión Rectora del FROB, principal accionista de Sareb, ante el Congreso.

En su exposición en el Congreso de estos mecanismos de control, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes zanjó la cuestión aseverando que “estas amplias obligaciones de información son suficientes para asegurar un efectivo control de la SAREB por parte de los poderes públicos y para cumplir con la transparencia ante la ciudadanía”.

La última solicitud de información que ha recibido el CGPJ pregunta, a cuenta del indulto de un Guardia Civil cuál es el criterio de inclusión de sentencias en el buscador público del organismo, el Cendoj.

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido cinco solicitudes de información en Tu Derecho a Saber. Ninguna ha recibido respuesta. Al principio contestaban que el email de contacto era el de la oficina de prensa y, por lo tanto, no podía responder a las preguntas de los ciudadanos. Lo que no sabemos es si reclaman carné de prensa o basta con identificarse como periodista, sea o no verdad. Lo que es cierto es que el CGPJ no ofrece una dirección de correo electrónico (sí un teléfono) de atención al ciudadano, por lo que no tenemos otra opción que seguir dirigiéndonos al email de prensa.

De las cinco solicitudes de información, tres de ellas reclaman datos estadísticos: sobre desahucios, políticos con reducción de condena y número de quejas ciudadanas atendidas. Una cuarta pregunta reclama algo tan sencillo como el presupuesto del CGPJ, que de hecho está publicado en su página web. Ni siquiera en ese caso hubo respuesta. La última solicitud de información que ha recibido el organismo se refiere, a cuenta de la sentencia de un agente de la Guardia Civil recientemente indultado, cuál es el criterio de inclusión de sentencias en el buscador público del organismo, el Cendoj.

La pregunta tiene chicha porque, como pueden comprobar aquellos que se dediquen a buscar sentencias en el buscador público, muchas de ellas son imposibles de encontrar. De hecho, la sentencia del Guardia Civil no aparecía vía buscador a primera hora y sí más tarde, lo que provocó la pregunta de Stepháne M. Grueso. Y es que las carencias del buscador público, el Cendoj, provocan que muchos profesionales del sector tengan que recurrir a páginas web privadas más completas y, por lo tanto, de pago.

Hasta el propio CGPJ tiene que recurrir a esos buscadores de pago, pese a ser el titular del Cendoj.De hecho, el organismo paga 123 euros al año por cada una de esas licencias de uso. Los miembros del CGPJ y los magistrados y jueces podrán elegir cualquiera de las cuatro bases de datos contratadas (Westlaw, Tirant online, La Ley Digital y El Derecho) para consultar sentencias y leyes. Aunque el CGPJ había licitado el precio máximo de la licencia anual por 126 euros, las cuatro empresas han presentado una oferta idéntica: 123 euros por acceso individual. Ese precio final permitirá que se adquieran hasta 2.208 de esas licencias al año (el presupuesto total es de 271.584 euros por anualidad).

El argumento que da el CGPJ para contratar un servicio que debería ofrecer la misma información que su propio buscador es que, aunque el buscador público ha progresado significativamente, un tercio de la magistratura no ha realizado aún la transición a esa base de datos. Alegan dos causas: la costumbre de utilizar los buscadores privados que han usado desde el inicio de sus carreras y la falta de tiempo, por la carga de trabajo, para aprender a utilizar el CENDOJ.

Lo que no podemos saber, por lo menos de momento y a la espera de una respuesta, es cuáles son los criterios de inclusión de unas sentencias y no otra en el buscador público. Porque está claro que, con el buscador, no es posible encontrar todas las sentencias de órganos superiores de justicia.

[ACTUALIZACIÓN A 11 DE JULIO]: El servicio de prensa del CGPJ ha dado respuesta a algunas de nuestras preguntas. Entre otras cosas, asegura que la sentencia que protagoniza esta pregunta sí estaba en el CENDOJ, por lo que entendemos que fue un problema del buscador, porque esa mañana no aparecía. Además, afirma que todas las sentencias de altos tribunales se publican en la base de datos pública. Sabemos, porque buscamos sentencias allí casi a diario, con éxito parcial, que esa afirmación no es del todo cierta. Algunas sentencias de altos tribunales son imposibles de localizar en el buscador. Creemos que, en todo caso, puede que esa carencia se deba a esta frase de la respuesta recibida: “siempre teniendo en cuenta las incidencias que puedan derivarse de los procedimientos de recogida y remisión por parte de los distintos sistemas de gestión procesal”.

Los ayuntamientos tienen el récord de silencio administrativo, a pesar de que la mayoría de las preguntas a entidades locales tratan temas inofensivos y de interés común para los vecinos.

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Imagen: Civio.es

Aunque la administración local es la más cercana al ciudadano, los ayuntamientos baten el récord de silencio administrativo en España. Hasta un 81% de solicitudes de información a entidades locales no recibió ningún tipo de respuesta en 2013.  Nada. Aunque la gran mayoría de ellas trataba sobre cuestiones tan inofensivas como el cuidado de las palmeras de una avenida,  el coste de un nuevo parque infantil o la solicitud de una audiencia con el alcalde, y aun así se quedaron sin contestación.

El año 2015 debería ser, sin embargo, el año de la transparencia en ayuntamientos y comunidades autónomas. En diciembre de ese año termina el plazo de entrada en vigor de la ley de transparencia a nivel local y autonómico. Hay, además, elecciones locales en mayo, lo que quizá acreciente el interés de las entidades locales por la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno.

Pero, ¿cómo responden los pocos que sí lo hacen? Mayoritariamente mediante evasivas, respuestas indefinidas y acuses de recibo. El caso de un ciudadano del municipio navarro de Sangüesa, de no más de 5.000 habitantes, es un claro ejemplo de que la cercanía no es sinónimo de transparencia. A la solicitud de información sobre un posible proyecto de minería en las afueras del municipio, el alcalde, en tono paternalista y campechano, contesta con evasivas y exige que se le pregunte mediante el formulario de la web del ayuntamiento. Este ciudadano insiste en preguntar a través de Tuderechoasaber.es para que la respuesta sea pública, algo que no pasa con el formulario oficial. El rifirrafe acaba, desgraciadamente, con el rechazo del alcalde a dar información.

Pero al menos hay rifirrafe. En otras ocasiones, la respuesta es excesivamente escueta y sin excusa alguna. Es el caso del ayuntamiento de Teror, en la provincia de las Palmas.  En 2011, el alcalde de la localidad fue imputado junto al arquitecto municipal, el secretario del Ayuntamiento y el abogado de la Oficina Técnica por un presunto delito urbanístico. Un ciudadano pregunta sobre el gasto en abogados de su defensa y una lista de imputados del ayuntamiento. La respuesta: “Buenas tardes, no es posible trasladar la información que usted solicita”. Ni excusa, promesa de respuesta o o ni siquiera un “vuelva usted mañana”. Simplemente un portazo virtual.

En algunas ocasiones, tampoco el procedimiento oficial hay éxito. Un ciudadano de Sant Feliu de Llobregat, presidente de su comunidad de vecinos, presentó dos instancias para tener una audiencia con el alcalde. Consiguió contactar con el ayuntamiento de forma oficial, le proporcionaron un número de registro y luego se olvidaron de él. Ante el silencio administrativo, acudió a Tuderechoasaber.es para insistir, esta vez, de forma pública. De nuevo silencio.

¿Es siempre así? A pesar de que la mayoría de las veces sí, existen casos positivos. La respuesta del concejal de festejos del municipio valenciano de Alfafar a una pregunta sobre los costes de las fiestas del pueblo, aunque finalmente fue analógica,  representa un buen ejemplo de vocación por la transparencia. Se comprometió a responder lo más rápido posible  (“sin ningún problema te lo preparo y te lo hago llegar”) e incluso se ofreció a hablar por teléfono o vía Facebook con el ciudadano. Finalmente envió la información en formato papel.

Tampoco tiene reparos en contestar solicitudes de información el alcalde de Hinojos, un municipio de Huelva de no más de 4.000 habitantes, que tiene abiertos varios grupos de Whatsapp para consultas de los ciudadanos.  Aunque aislados, estos casos positivos demuestran que el silencio administrativo es una elección, y no la consecuencia de preguntas complejas o solicitudes que se extralimitan. Responder sobre el coste de un parque infantil o las fiestas del pueblo debería estar a la orden del día.

El pasado  de junio, la Directa grabó unas imágenes tras las concentraciones contra el desalojo del centro cívico Can Vies, en Barcelona, en las que se muestra cómo los Mossos d’Esquadra obligan a varios manifestantes a ponerses las capuchas de las cazadoras para tomarles la fotografía con la que les identifican. En algún momento del vídeo se puede apreciar, además, como uno de los agentes golpea a un retenido para obligarle a taparse la cabeza.

Era la primera vez que se veían imágenes de este tipo en unas identificaciones y muchos se preguntaron entonces a qué se debían estas prácticas. Stepháne M. Grueso también se lo ha preguntado, pero ha ido un paso más allá, ha trasladado esa inquietud a la conselleria de Interior de la Generalitat de Catalunya a través de Tu Derecho a Saber.

En su pregunta, después de asegurar que a los identificados se les obligó a vestirse con ropa que no era suya, reclama información sobre tres aspectos vinculados a esa extraña práctica: ¿Quién ha ordenado tomar esas fotos? ¿Bajo que legislación o reglamento se ampara dicha práctica? y ¿Qué uso se le van a dar a dichas fotografías?

Además, destaca la agresión de un agente en el segundo 36 y recomienda a la conselleria identificar al agente para solicitar la correspondiente sanción. Ahora sólo queda, una vez más, esperar a que la administración catalana responda. O no.

El ayuntamiento responde a una petición de información y desglosa el coste cero que, afirman, les supuso colocar una bandera de 14 metros de mástil en una plaza del municipio.

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El pasado 8 de noviembre, en un acto militar, la ciudad de Palencia colocó la bandera nacional en la plaza de España. Con un mástil de 14 metros, no ha costado ni un euro a las arcas del ayuntamiento, ya que fue encargada e instalada por la cuarta Subinspección General del Ejército y Comandancia Militar de Valladolid y Palencia. Pero, ¿cuánto supuso la celebración del izado de bandera? Gracias a la pregunta de Ainhoa Zabaleta y a la respuesta -muy completa- del consistorio, lo sabemos todo.

El secretario del alcalde contesta desglosando, uno a uno, los gastos de esa jornada, en un listado exhaustivo que pretende demostrar que no supuso ningún coste público. Gasto en banderas: 0 € (reciclaron las de otros actos municipales); vallas: 0€ (las 146 que se usaron son propiedad del ayuntamiento); gastos de personal auxiliar, contrato de azafatas, controladores, seguridad privada: 0€ (usaron voluntarios del comedor social ‘Siempre Contentos’); megafonía: 0€ (ya tenían megáfonos); hoteles, comidas: 0€ (los invitados llegaron a las 16.30 horas y se marcharon ese mismo día); autobuses o kilometraje: 0€;  10 Voluntarios Agrupación Protección Civil de Palencia 0 € (aunque este gasto nulo no queda claro, porque luego matiza que el personal que colaboró en el acto durante cuatro horas es el mismo que el que acude a manifestaciones, maratones o cabalgatas de reyes, pero se entiende que cobran por esas horas de servicio).

Para acabar con el listado, el secretario añade que tampoco gastaron nada en regalos a los militares participantes. Eso sí, aprovecha la oportunidad para comentar que la semana anterior, en un acto similar en Rueda, ese ayuntamiento sí hizo regalos a los militares asistentes. En concreto, dio una botella de vino a cada uno de sus 90 invitados.

Además de criticar, de soslayo, al municipio vecino, el ayuntamiento de Palencia aprovecha para glosar los beneficios del acto: más de 3.000 palentinos participaron y tuvo repercusión en medios. Además, destaca, se recaudaron 4.000 euros para el comedor social. Para finalizar, ensalza -en mayúsculas- que la colocación de la bandera sirvió para “FORTALECER LAS RELACIONES CON EL EJERCITO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA Y QUE DESDE ENTONCES LA PLAZA DE ESPAÑA TENGA UN SÍMBOLO QUE NOS DEBE UNIR A TODOS COMO ES NUESTRA BANDERA”.

En paralelo, comenta que este tipo de actos son habituales: se han celebrado en 36 municipios españoles, “muchos de ellos capitales de provincia”, en los últimos cuatro años. Por eso Ainhoa ha dado un paso más y ha trasladado la pregunta la Ministerio de Defensa, esta vez enfocada en el gasto para las arcas de los Presupuestos Generales del Estado del acto de Palencia y otros similares en otras ciudades de España.

Esta información, facilitada como ficheros descargables en el catálogo de 'Abert@s', había sido solicitada en febrero por el programador Juan Elosua a través de Tuderechoasaber.es

Abertos

La Axencia para la Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), dependiente de la Xunta, ha publicado en el portal autonómico de datos abiertos las estadísticas mensuales de descargas de información y de nuevos conjuntos de 
datos desde la creación de la web. Esta información, facilitada como ficheros descargables en catálogo del portal Abert@s, había sido solicitada en febrero por el programador Juan Elosua a través de Tuderechoasaber.es. Un año antes conocimos, también gracias a una solicitud de información satisfactoria, que el coste inicial de puesta en marcha de este portal 
fue de alrededor de 50.000 euros.

El silencio administrativo -cuando las administraciones eluden responder siquiera al ciudadano- se produce hasta en un 41% de las solicitudes de información a las entidades autonómicas, una incidencia menor de la que hemos comprobado entre organismos nacionales (53%) y especialmente en instituciones locales (70%). Por eso corresponde agradecer que la Xunta haya puesto estas estadísticas de uso del portal Abert@s a disposición de cualquier ciudadano, y también su compromiso de actualizar semestralmente estas métricas.

La información facilitada nos permite recordar que las políticas institucionales de open data deben suponer un esfuerzo continuo y con criterios bien definidos para facilitar conjuntos de datos ‘críticos’ (licitaciones, agendas de trabajo institucionales, estadísticas de salud, educación, empleo,…) en un volumen que permita evitar más casos de ‘portales fantasma‘, como la analogía de los aeropuertos sin aviones. En abril de 2012 Mar Pereira, directora de Amtega, destacaba ante la prensa durante unas jornadas de Open Data de Galicia que Abert@s ocupaba la “quinta posición en volumen de contenidos al poner a disposición del público un catálogo inicial de 250 conjuntos de documentos”. Pereira emplazaba ahí el “punto de partida de una estrategia encaminada a incrementar el volumen y cantidad de los formatos”, como informaron entonces los medios. Con las estadísticas facilitadas recientemente podemos aseverar que el número de nuevos conjuntos de datos incorporados mensualmente desde entonces es un aspecto aún bastante mejorable.

Además, algunos de estos “conjuntos de datos” son informes completos en formato .pdf , como este anuario de estadísticas sociolaborales, o los calendarios laborales y escolares de la comunidad (primer y tercer catálogo por número de descargas, respectivamente), que en realidad no son datos abiertos.

Los gestores de Abert@s han adoptado una serie de buenas prácticas que aportan valor a este portal: las fichas de cada dataset especifican las fechas de alta y frecuencia de actualización; los términos de licencia son claros (CC-by 3.0 por defecto) y facilitan la reutilización; cualquiera puede contactar con Abert@s para solicitar nuevos conjuntos de datos, actualizaciones o informar sobre errores; o consultar una lista de aplicaciones (14, de momento) que ya están poniendo en uso los datos abiertos por la Xunta. Te animamos a consultar el catálogo de datos y a solicitar la información que te interese.

Gracias a que las métricas de descarga de datasets son ahora públicas, podremos conocer y valorar el el uso y la utilidad real de la información facilitada. Todos los portales oficiales de datos abiertos deberían dar a conocer estas estadísticas.

Gracias a una petición de información de marzo de 2012 sabemos ahora que el consistorio recaudó 129.000 euros en multas de zona azul y verde en 2012.

photo credit: tetegil via photopin cc

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En marzo de 2012, el Ayuntamiento de Barcelona recibió dos peticiones de información. Una de ellas, realizada por un investigador de la Universidad de Barcelona que estaba preparando un estudio, reclamaba información estadística sobre el barrio de Ciutat Meridiana. En la otra, un ciudadano reclamaba la recaudación del consistorio en multas de aparcamiento en zonas verdes y azules de la ciudad. Ambas preguntas tienen algo en común: recibieron respuesta en noviembre de 2013, un año y ocho meses después.

Después de meses de silencio, la petición sobre el censo de Ciutat Meridiana recibió una respuesta austera, en la que le remitían al investigador a la página web y a que se pusiera en contacto directo con el organismo en caso de necesitar más información. Y es que algunos de los datos que reclamaba en su petición no han sido atendidos. En concreto, y para llevar a cabo su proyecto, Jaime Palomera había preguntado por los datos sobre ocupación, movilidad residencial y ejecuciones hipotecarias en el barrio durante los últimos años.

 

El consistorio recaudó 129.000 euros en multas de zona azul y verde en 2012

En la otra petición encontramos una respuesta parcial. Aun así, es una de las respuestas más concretas y completas registradas en Tu Derecho a Saber. Gracias a ella podemos saber que en 2012 el consistorio puso multas en las zonas verdes y azules por valor de 387.757 euros y cobró un 33,7%, lo que se traduce en 129.413 euros.

En 2011 el porcentaje de sanciones cobradas era mucho mayor, un 40%. Así, de 427.446 euros en multas ingresaron 172.446. La respuesta desglosa, incluso, los datos por tipo de multa: las impuestas por falta de comprobante o por superar el límite horario. Eso sí, Luis había pedido datos desde la implantación de las zonas de aparcamiento de pago y el Ayuntamiento ofrece sólo la información de 2012 y 2011 por “motivos informáticos”.

El 70% de las preguntas realizadas a entidades locales durante 2012 se quedaron sin respuesta, así que estos dos casos han acabado siendo, aunque tarde, una excepción a la norma, por muy vergonzosa que esta sea.