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  • El Consejo de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos han publicado un criterio interpretativo sobre el derecho de acceso a datos personales de los participantes en estas reuniones
  • Responden a múltiples solicitudes de información sobre este asunto
  • El problema sigue siendo que las administraciones públicas no guardan información sobre sus reuniones de forma constante y estructurada

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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) ha publicado hoy un criterio conjunto de interpretación de la Ley de Transparencia centrado en aclarar si prevalece el derecho de acceso o la protección de datos a la hora de responder a solicitudes de información sobre asistentes a reuniones con cargos públicos. La conclusión general es: cuanta más responsabilidad tenga el participante, más derecho tenemos a conocer su nombre, también en entidades privadas.

Ambos organismos responden así a multitud de reclamaciones presentadas ante la negativa de dar nombres de los participantes en reuniones públicas, como las presentadas desde Civio (aquí y aquí), entre otras. Aunque cualquier dato identificativo se puede tratar como dato personal protegido, este criterio pondera este derecho con el de interés público.

Así, establece que, ante solicitudes de información de asistentes a reuniones de un cargo público en el ejercicio de sus funciones, se podrán dar los nombres de todos los altos cargos presentes, tanto por la parte pública como por la privada (empresas o asociaciones).

En concreto, en lo público, se podrá responder a la solicitud con los nombres de quienes tengan, al menos, nivel de subdirector general, subdelegado del gobierno provincial, directores de agencias estatales, entes y otros organismos públicos. De ahí para arriba. En el caso del personal eventual, se sumarán los nombres de aquellos que incidan en la toma de decisiones.

Para la parte privada, ambos organismos tienen en cuenta aquella información que ya es pública por otras vías, como quién es el administrador de una empresa, vía registros mercantiles. Así, establecen que se pueden dar los nombres de los participantes que sean administradores, miembros de los órganos de gobierno o dirección o altos directivos o asimilados. Eso sí, permite que se omita el nombre y firma en la que trabajan de los asesores externos de las compañías.

¿Quiere decir que podremos saber todos esos nombres de participantes en reuniones? En la mayoría de los casos, aún no. Como se recuerda en el texto de este criterio y pudimos comprobar en primera persona después de que se nos negara la información sobre los encuentros de altos cargos en todos los ministerios, esto aplica a la información que existe en cada organismo. Es decir, a la que tengan guardada y consolidada. Y, según aseguraron todos los departamentos, no tienen esa información. Ningún ministerio, aseguran, tiene una agenda de sus altos cargos que contenga toda esa información.

Así, aunque ya sabemos qué está protegido y qué no, la clave es que las administraciones guarden esa información de cara a permitir el escrutinio público. El CTBG está trabajando en un informe sobre qué debería ser una agenda para la transparencia y desde Civio ya hemos aportado nuestras recomendaciones. Ahora solo necesitamos voluntad política para que el concepto de rendición de cuentas se abra paso.

En Quién Manda, junto a Access Info, vamos a trabajar por la apertura de las agendas de los cargos públicos y la regulación del lobby.

tdasEl último proyecto de Civio, Quién Manda, quiere mapear las relaciones de poder en España a través de documentos, fotografías y artículos. El objetivo es doble: ofrecer información contrastada y presionar para conseguir mayores niveles de transparencia en el proceso de toma de decisiones. Por eso, una de las vertientes offline del proyecto pasa por reunirse con los distintos grupos parlamentarios para conseguir que publiquen sus agendas de trabajo y se regule, de una vez por todas, el lobby.

Tenemos derecho a saber con quiénes se reúnen nuestros gobernantes y quá influencia tienen en la toma de decisiones. Por eso, Access Info Europe y Civio vamos a trabajar para establecer unos requisitos de transparencia en las agendas y monitorear el cumplimiento de estos objetivos. En paralelo, trasladaremos a los diputados los parámetros elaborados por Access Info sobre la regulación del lobby, porque consideramos que es la base imprescindible para eliminar la opacidad en las relaciones entre lo público y lo privado.

Quién Manda nació el pasado día 8 con una base de datos de más de 2.500 personas y entidades y más de 3.000 relaciones documentadas, mostradas a través de visualizaciones en las que puedes seguir el hilo de los contactos de todos esos personajes, empresas y organismos públicos. Además, incluye fotos etiquetadas y artículos para poner en contexto toda esa información.

El objetivo del proyecto es seguir alimentando esa base de datos para ofrecer una imagen fiel de las personas más influyentes del país y sus relaciones, así cómo analizar si existe partidismo en la composición de organismos que deberían ser independientes o cuáles son las cualidades o relaciones que han llevado a una persona a acceder a cierto cargo público. Para seguir trabajando necesitamos tu ayuda, por eso hemos puesto en marcha un crowdfunding en Goteo.

¿Quiénes entran en La Moncloa? ¿Con quién se reúne un ministro durante la tramitación de determinada ley? ¿Qué familiares de políticos trabajan en las administraciones públicas? ¿Están preparados para el cargo? ¿Qué lobbies ejercen en el país y cómo se articula su trabajo? Tenemos derecho a conocer la respuesta a todas estas preguntas.

El pasado 8 de octubre, la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) convocaron una jornada para debatir los efectos de la Ley de Transparencia sobre el Estado autonómico. En particular, si esta contribuirá a mejorar la interacción entre los distintos niveles administrativos de las autonomías en su servicio al ciudadano. Para ello, dos sugerencias que no son nuevas: aprobar una ley con ámbitos muy bien definidos y demostrar voluntad política para involucrar al ciudadano.

Inauguró el acto Benigno Pendás, director del CEPC, que consideró improbable la aprobación de la ley para antes de que termine el año. Pendás destacó la importancia de la Ley de Transparencia por el cambio de mentalidad, que a juicio del Gobierno, debe suponer para la Administración, y defendió la transparencia del proceso de elaboración frente a las críticas recibidas. Aún hay “tiempo de cambiar, de añadir enmiendas”, señaló, destacando que es crucial acertar en la definición de competencias de la ley porque su misión es ser el marco de referencia para el resto de administraciones.

Isabel Giménez Sánchez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid, fue crítica en su turno con el actual texto. Giménez lamentó que las peticiones de los expertos y de la ciudadanía apenas se vean recogidas en el proyecto de ley, y que el derecho de acceso a la información no tenga categoría de fundamental.

Según apuntó, en el ámbito autonómico “se ha iniciado una carrera entre las Comunidades Autónomas por legislar. Los casos de Canarias y Cataluña obedecen más a un efecto imitación que a trabajos serios de estudio y consulta previa”. Nada que ver, según su opinión, con  la Ley de la buena administración y del buen gobierno de las Islas Baleares (2009), la Ley de Transparencia y buenas prácticas en la Administración pública gallega (2006) o la Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra (aprobada en junio), a la que puso como modelo a seguir, entre elogios por la amplitud en la definición del concepto de información y por recoger el principio de neutralidad tecnológica.

Eliseo Aja, presidente del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat catalana, profundizó en el caso concreto de la transparencia en las políticas de integración de inmigrantes e identificó cierta falta de concisión en la ley. “Está hecha con buena intención, pero no tiene en cuenta los problemas de las autonomías”. Al margen de alguna información económica, Aja advirtió que ya se está haciendo pública gran parte de la información que entrará dentro del rango de la ley. En ese sentido, recomendó la difusión de ciertos indicadores sociales que ayuden a combatir la rumorología sobre los extranjeros y favorecer la convivencia.

“Hace falta educar al ciudadano y activarlo para que sea fuerte”

Sobre la cuestión del “Buen Gobierno”, Manuel Arenilla Sáez, director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), animó a una toma de consciencia: “Nuestro sistema es opaco, la responsabilidad individual se diluye en lo público” y “nuestro grado de aceptación de la corrupción es alto”. Las administraciones son un reflejo de esta sociedad, añadió.

El director del INAP rechazó la necesidad de grandes inversiones para  poner en práctica la cultura de la transparencia. “Va todo más allá de leyes y regulaciones jurídicas. Mucha de la información ya existe y está lista para ser publicada. Lo que falta es voluntad”, añadió Arenilla. “El 85% de las entidades locales no presentan sus cuentas. ¿Cuántas Comunidades Autónomas publican sus presupuestos de modo accesible y comprensible?”.

La solución, a juicio de Arenila, pasa por fortalecer a la sociedad: “Hace falta educar al ciudadano y activarlo para que sea fuerte, tenga conocimiento y exija responsabilidades. Hay que cambiar el modelo relacional con el Estado y corresponsabilizar a la ciudadanía del funcionamiento de la administración.”

Cerró la sesión María Dolores Llop Ribalta, jefa de Servicio de  Asuntos Económicos e Intervención de las Cortes de Aragón, sobre los parlamentos autonómicos, “que tampoco se salvan de la desafección ciudadana. En 2011, la confianza de los españoles en el parlamento era del 21%“, y aventuró que la cifra sería peor si se hubiese preguntado por las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. Llop subrayó la importancia de lograr que los parlamentos sean el aglutinador de la  gente que busca nuevas formas de expresarse y manifestarse, “más allá de votar cada cuatro años”.