Ley de Transparencia

La ley da un plazo de un mes para recurrir al Consejo de la Transparencia, que empieza a contar al día siguiente de que se produzca el silencio administrativo.

Imagen: RTVE.es en Twitter

A pesar de que la ley de transparencia entró en vigor hace más de un mes, aún no se conoce si existe un trámite específico para presentar un recurso ante el Consejo de la Transparencia, que se constituyó ayer lunes. Esta falta de información afecta a los ciudadanos que enviaron solicitudes de información desde el pasado 10 de diciembre. Cumplido el plazo de un mes que establece la ley, quienes hayan recibido una respuesta negativa (denegando la información), o directamente no han recibido respuesta, aún no conocen los cauces específicos para poder recurrir al Consejo de la Transparencia para defender su derecho a acceder a la información. La única opción, por el momento, es presentar el recurso ante el registro central de la administración, aunque ni siquiera aparece el Consejo de la Transparencia como posible receptor del mensaje.

Este retraso supone un agravio para los ciudadanos que han realizado solicitudes de información. La ley da un plazo de un mes para recurrir al Consejo de la Transparencia, que empieza a contar al día siguiente de que se produzca el silencio administrativo. De esta forma, se acumulan los problemas de implementación de la transparencia. A los  obstáculos para enviar solicitudes de acceso a la información y al hecho de que el reglamento que debe acompañar a la ley de transparencia aún no es público, se suma ahora la poca información sobre los cauces para recurrir hasta que el Consejo de Transparencia no ponga en marcha el trámite. El Consejo fue creado pocos días antes de la entrada en vigor de la ley, y la experiencia previa de sus miembros se centra más en la protección de datos que en el derecho de acceso a la información pública.

“El Gobierno sigue demostrando que la ley de transparencia solo le importa como titular en los medios.”, declara Victoria Anderica, coordinadora de proyectos en Access Info Europe, “Su implementación es altamente decepcionante y a pesar de los continuos problemas el ejecutivo sigue sin hacer ni una declaración sobre los mismos.”.

“Ya no es solo una cuestión de mala fe ni de poco interés, sino de incumplimiento de la propia ley”, añade Eva Belmonte, Responsable de Proyectos de Civio. “El decreto del Consejo se presentó con ocho meses de retraso, se constituye ahora más de un mes después de la entrada en vigor de la ley, aún no tenemos reglamento y ni siquiera tenemos un cauce específico donde recurrir, pese a que los plazos están más que cumplidos”, concluye.

A día de hoy, los organismos públicos no han respondido a preguntas sobre los informes de auditoría, las retribuciones de altos cargos y las indemnizaciones pagadas por RTVE, así como el reparto de la publicidad institucional por cabeceras (solicitud enviada al Ministerio de Presidencia) y el desglose del parque móvil por departamentos (a Hacienda y Administraciones Públicas), entre muchas otras cuestiones.

El Ministerio de Hacienda asigna los recursos del nuevo órgano regulador, elige a su presidente y tiene lazos con dos de los siete vocales de su comisión, donde la sociedad civil no está representada.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Quién Manda, un proyecto de Civio. Pincha en cada individuo u organismo mencionado en el texto para consultar sus relaciones e influencia.

La reunión mensual del Consejo de la Transparencia, que muy pronto tendrá que salir del cascarón, no será un encuentro de novicios. Todos los vocales designados por distintas administraciones son altos funcionarios públicos con predominio del perfil jurídico. También lo es su presidenta, Ester Arizmendi, la elección de Cristóbal Montoro para dirigir este organismo, y a la que antes encomendó modernizar la función pública e impulsar la administración electrónica desde el Ministerio de Hacienda. Cada uno representa acervos y doctrinas muy distintos sobre lo que significa “transparencia”, pero juntos deben hacer cumplir la misma ley. Aunque está en sus manos dar forma a una nueva cultura pública para España, todos proceden de dentro del aparato administrativo o de la política activa, en contra de las recomendaciones y de todos los estándares de independencia. No les acompaña ningún representante independiente de la sociedad civil. ¿Quiénes son y de dónde vienen?

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Los siete vocales

Si el derecho a la información tiene una de sus contrapartes en la protección de datos, Agustín Puente Escobar, que es jefe del gabinete jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), parece idóneo para garantizar lo segundo. Abogado del Estado desde 1994, Agustín Puente inició su carrera en el Tribunal de Justicia de Cataluña para saltar en 1996 a la jefatura del gabinete técnico del subsecretario de Industria y Energía. Tras un periodo en Interior, en 2001 se trasladó a Praga para participar en el desarrollo legislativo de las normas comunitarias y en la creación de la oficina checa para la protección de datos. Su segunda etapa en la AEPD transcurre desde 2002 hasta hoy.

Las Cortes están representadas en el Consejo de la Transparencia por la diputada del Grupo Popular por Zaragoza  Pilar Cortés Bureta y por Jokin Bildarratz, portavoz del PNV en el Senado. La primera es portavoz adjunta de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, exprofesora de Derecho Constitucional y especialista en protección de datos. Antes que senador, Bildarratz fue alcalde del Ayuntamiento de Tolosa, presidente de la Asociación de Ayuntamientos Vascos (EUDEL) y profesor de la Anoetako Herri Ikastola.

El Tribunal de Cuentas ha confiado la tarea de vocal a María José de la Fuente y de la Calle, que dirige desde 2012 el Departamento Séptimo de Fiscalización. Éste controla las cuentas del sector público local, de diputaciones a ayuntamientos, comarcas y consorcios. Licenciada en Derecho y letrada asesora de empresa por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas en 1993. Allí ha desempeñado casi toda su carrera.

Si el departamento de De la Fuente participa directamente en la auditoría de cuentas públicas, la estabilidad presupuestaria de las mismas, su control de gasto y vigilancia de la deuda recae sobre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Se trata un organismo supuestamente autónomo pero adscrito, como el propio Consejo de la Transparencia, al Ministerio de Hacienda. La AIReF confía su vocalía a otro abogado del Estado, José Luis Martínez-Almeida, su director jurídico. Su trayectoria es particularmente interesante: está ligado desde 2007 al ámbito de la administración de la Comunidad de Madrid, primero como director general de Patrimonio Histórico y después como secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad durante el tercer gobierno de Esperanza Aguirre. Desde septiembre de 2013 hasta abril de 2014 fue secretario general y del consejo de administración de SEPI Desarrollo Empresarial (SEPIDES).

José Manuel Sánchez Saudinós es secretario del Defensor del Pueblo y el representante que ha propuesto esta institución para llevar su voz en el Consejo de la Transparencia. Es doctor en Derecho Constitucional, ha sido profesor titular en la Universidad Carlos III durante más de una década y desde 2012 trabaja junto a Soledad Becerril, quien asumió el cargo tras dejar su escaño como diputada del Grupo Parlamentario Popular.

Por último, el Ministerio de Hacienda no solo se reserva el nombramiento de la presidenta del Consejo de la Transparencia, Ester Arizmendi, sino también el de una vocal, María Pía Junquera Temprano, designada el mismo día en el que Arizmendi cesó de su cargo en Hacienda. Junquera es directora general de Organización Administrativa y Procedimientos en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Lleva desde 1995 ligada a la administración, alternando etapas entre Hacienda y Justicia con gobiernos de todos los colores.

Hasta que eche a andar, sabemos que…

…este organismo contará con casi 1,9 millones para “evaluar la transparencia de la actividad pública”, pero no supondrá ningún incremento del gasto público (ni en dotaciones, ni retribuciones ni incremento de personal) puesto que se dota exclusivamente de recursos reasignados del Ministerio de Hacienda. Sánchez Saudinós, Bildarratz, Cortés y sus compañeros tendrán un mandato de cinco años, y podrán ser cesados por acuerdo del Gobierno, pero ninguno percibirá ninguna remuneración ni deberá dedicación exclusiva. La presidenta, por su parte, sí tiene asignado un sueldo de 54.640 euros anuales. Si cada cual pierde su condición de diputado, de senador o de consejero del Tribunal de Cuentas, será relevado. Lo mismo sucederá si el Defensor del Pueblo, la AEPD, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o la AIReF entienden que sus representantes han dejado de cumplir sus obligaciones.

Este equipo, compuesto también por dos subdirecciones que aún no han sido asignadas públicamente, deberá presentar anualmente a las Cortes una memoria analizando el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia. Todas sus resoluciones, todas, serán publicadas –disociadas de toda la información de carácter personal- en el portal de transparencia, y el BOE llevará un resumen de la memoria anual, pero no se contempla de forma explícita que la memoria completa sea pública, aunque deberá ser presentada en el Congreso.

En el caso de que se detecte un incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia, la presidenta podrá únicamente proponer el inicio de un procedimiento sancionador. La Ley de Transparencia atribuye la capacidad sancionadora al Consejo de Ministros o al Ministerio de Hacienda, según el caso, así que parece improbable que el propio Gobierno sancione a uno de sus miembros o a un alto cargo afín.

Distintas aproximaciones al derecho de acceso a la información

Cada vocal trae consigo una experiencia distinta sobre qué es la transparencia y cuál debe ser su alcance. Sánchez Saudinós estará al corriente de las triquiñuelas más utilizadas por las instituciones para denegar la información. El Defensor del Pueblo advierte de que “una comunicación de una administración a otra no es interna, sino externa”, y por tanto puede ser publicada. Su memoria anual alerta de que existen trabajos, estudios, opiniones y decisiones plasmados en comunicaciones e informes que “pueden ser incluso preceptivos, y que serían calificados de internos o entre órganos o entidades administrativas sólo para denegar el acceso a la información que contienen”. También avisa de que varios de los límites al acceso a información que recoge la ley pueden ser utilizados “para añadir opacidad”.

En eso coincide con Jokin Bildarratz, que pidió mejoras en los límites de la Ley de Transparencia a su paso por el Senado. Reclamó que tres de ellos (la protección del medio ambiente, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria) fueran modificados o suprimidos por no ser claros y que “limitarían de forma arbitraria el derecho de acceso”. Además, su grupo (el PNV) propuso que los puestos de los parlamentarios en el Consejo de la Transparencia fueran rotatorios.

También sabemos que la visión que tiene la diputada popular Pilar Cortés Bureta sobre la transparencia es conservadora y restrictiva, como se apreció en el trámite parlamentario de la ley. Cuando el directivo de Transparencia Internacional Manuel Villoria mencionó la dificultad de distinguir cuándo debería aplicarse el silencio positivo y cuándo valdría el negativo, Cortés propuso aceptar “la generalidad del silencio negativo, como la ley establece”. Para ella era “excesivo” someter a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales al mismo régimen de transparencia que las administraciones públicas. También restó importancia a la abundante información que la ley dejaba fuera: “aunque en un principio pueda parecer que haya una laguna o falte algún tipo de documentación, los propios ciudadanos irán marcando la pauta a las administraciones para que se sepa cuál es la información que consideran útil”.

El Congreso eligió a Cortés con 24 votos frente a Joan Tardà (Grupo Parlamentario Mixto), que no obtuvo ninguno, y 12 quedaron en blanco. Varios grupos cuestionaron la elección de la diputada, que Bermúdez de Castro (PP) defendió con la siguiente alusión: “no tiene sentido que nosotros no cuestionemos la independencia y la idoneidad de la señora Batet (Meritxell Batet, diputada socialista con presencia en el consejo asesor de la Agencia Española de Protección de Datos), que tiene un perfil similar al de la señora Cortés, y usted sí haga un juicio de valor previo”. Traducimos: nosotros no hemos criticado a los tuyos, tú no critiques a los nuestros.

Ni la transparencia ni la protección de los datos personales son derechos absolutos. Siempre hay que encontrar un equilibrio y ponderar los intereses en juego. Aquí destaca la experiencia de Agustín Puente, cuya labor en la AEPD ha sido dictaminar sobre supuestos jurídicos como la publicación de datos de concejales electos (“legítima, dado el carácter manifiestamente público del dato”) o sobre las actas de órganos de gobierno municipales. La AEPD estima “como regla general” que procede hacer públicas sólo las actas de las Asambleas, pero no las de las Juntas de Gobierno. “Y en todo caso es necesario ponderar los derechos en juego de los particulares”, manifestó Agustín Puente durante una conferencia.

En cambio, no consta ninguna experiencia previa de José Luis Martínez-Almeida, el vocal de la AIReF, relacionada con la transparencia. En el Fotomandón le encontramos en una imagen, durante una visita del magnate de los casinos Sheldon Adelson a la sede de la Comunidad de Madrid. Los medios le emplazan, cuando era secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la delegación que Esperanza Aguirre envió a Las Vegas para promover la candidatura madrileña para acoger el macrocasino EuroVegas.

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María José de la Fuente y de la Calle es consejera de cuentas a propuesta del Partido Popular, y en su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos señaló que la transparencia es una “clave esencial”. Respecto a la vocal de Hacienda, María Pía Junquera Temprano, aunque es miembro del pleno de la Cámara de Comercio de España, se omite este dato en su currículo del Portal de la Transparencia. El Ministerio de Hacienda no ha respondido aún a dos requerimientos de prensa ni a una solicitud de información para poder confirmar o desmentir si es pariente de Juan Junquera Temprano, exsecretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

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Desde que el día 10 entrase en vigor de la Ley de Transparencia para la Administración Central y se abriera el Portal de Transparencia con una pasarela de identificación electrónica que exige o DNI-e o una clave individualizada, muchos nos habéis escrito para hacer una pregunta lógica: si seguimos enviando solicitudes de información desde Tuderechoasaber.es a los poderes públicos, ¿nos responderán? Veamos.

La respuesta, como siempre que nos aventuramos a adelantar la reacción de las instituciones españolas, es incierta. Cuando lanzamos Tuderechoasaber.es en marzo de 2012 tampoco sabíamos si los organismos públicos responderían (y no todos lo hacen, puedes ver nuestro último informe). Por eso debemos recabar antes toda la información para poder responder a esta pregunta.

¿Cómo está respondiendo la Administración Central en Tuderechoasaber.es?

De momento, recordemos que a través del Portal de Transparencia únicamente puedes solicitar información a la Administración Central. A través de las respuestas recibidas desde el día 10 de diciembre sabemos, por ejemplo, que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación remite ineludiblemente a este solicitante a usar transparencia.gob.es. También lo hace aquí el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por el contrario, estos días sí han seguido respondiendo por mail el Ministerio de Fomento (aquí), el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (aquí) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que contesta adecuadamente cuando se le solicita información  ambiental (como en este ejemplo o en este). Caso aparte sería el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que aquí dirige a los solicitantes a su propia pasarela (la oficina virtual) para formular preguntas.

¿Qué vamos a hacer en adelante en Tuderechoasaber.es?

Lo primero, informar al solicitante en todo momento de qué puede esperar de esta plataforma y en qué podemos seguir ayudándole. Nosotros lo tenemos muy claro: Tuderechoasaber.es sigue cumpliendo la función para la que creamos esta web, independientemente de cómo estén respondiendo los ministerios, y de si estos remiten sólo al Portal de Transparencia. Lo apreciamos así porque son muchos los organismos nacionales (los reguladores, embajadas, delegaciones del Gobierno y otros), autonómicos y locales que no se ven afectados por la exigencia de identificación electrónica del Portal de Transparencia y siguen admitiendo solicitudes de información vía email.

Por tanto, en las próximas semanas vamos a:

1.- Insertar un aviso en la portada de Tuderechoasaber.es alertando de cuatro cosas muy importantes:

    • Tras abrir el Gobierno el Portal de Transparencia con una pasarela de identificación electrónica y estar considerando una solicitud de información como la “apertura de un trámite administrativo” (equivalente a los que se realizan habitualmente para cumplir obligaciones tributarias), el email deja de ser el camino establecido para solicitar formalmente información a la Administración Central.
    • Esto tiene consecuencias importantes. Al ser el email el sistema en el que se basa Tuderechoasaber.es para establecer la comunicación con las  instituciones, la Administración Central puede alegar que no es la vía establecida y, por tanto, no contestar.
    • Esto implica en tercer lugar que si la Administración Central no te responde en Tuderechoasaber.es, no podrías recurrir y solicitar amparo al Consejo de la Transparencia debido a que no estarías utilizando la vía establecida.
    • No obstante, recordamos que la ley permite solicitar información “por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información que se solicita y una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones” (artículo 17). Por eso en los próximos meses vamos a seguir movilizando a la opinión pública para exigir que los ciudadanos podamos solicitar información a través del correo electrónico por ser uno de los canales más fáciles y accesibles para la mayoría de las personas.

2.- Vamos a hacer un seguimiento pormenorizado y constante de cuáles son las instituciones que no responden por medio de email a los usuario de Tuderechoasaber.es. Es una labor que es imprescindible hacer bien y que requerirá tiempo.

3.- Una vez lo sepamos, insertaremos un aviso en el perfil de aquellos organismos que no respondan vía email, para que el solicitante esté alertado antes de enviar su petición de información mediante Tuderechoasaber.es.

4.- Es más, ya estamos trabajando para ver si podemos facilitar que cualquier ciudadano pueda remitir solicitudes de información de forma anónima al Portal de Transparencia desde Tuderechoasaber.es. Os mantendremos informados sobre esta posibilidad.

5.- Vamos a actualizar los textos de la Guía para solicitantes de información, que no han sido puestos al día desde hace demasiado tiempo.

Así pues, a pesar de las barreras impuestas, desde Tuderechoasaber.es vamos a seguir contribuyendo a extender la cultura de solicitar la información, poniendo a disposición pública todas las respuestas obtenidas (no compartimos eso del envío y publicación “selectivos”) y facilitando el proceso a cualquier ciudadano, dado que el Portal de Transparencia actualmente no permite identificarse y formular solicitudes a los ciudadanos no comunitarios. Esta web se basa en Alavateli, un software que recoge estándares de acceso a la información completamente aceptados en más de 20 países del mundo con leyes de transparencia en vigor. Podemos garantizarte que, si utilizas esta plataforma para solicitar información, el proceso continuará siendo transparente y abierto.

Para resolver cualquier duda relacionada, escríbenos a contacto@tuderechoasaber.es

Desde ahora está en manos de los ciudadanos comprobar si las instituciones se tornan más transparentes a partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia

Ayer, 10 de diciembre, entraron en vigor las primeras obligaciones de transparencia para la Administración General del Estado, tanto la de publicar de oficio la información que especifica la ley como la de responder a las solicitudes de información que formulemos los ciudadanos.

Para empezar a cumplir con la primera, el Gobierno abrió también ayer el esperado Portal de Transparencia. Access Info y Civio, las dos organizaciones que estamos detrás de Tuderechoasaber.es, hemos preguntado varias veces en los últimos meses al Gobierno para conocer las características de este portal, y ver si recogía las buenas prácticas que existen en países más transparentes que el nuestro. Aunque la prensa sí fue convocada el 9 de diciembre en Moncloa para conocer de mano del Gobierno el número de gigas y los miles de documentos del portal, nosotros no fuimos convocados ni informados en ningún momento.

Portal Transparencia_previewA final, se cumplieron los peores pronósticos: los obstáculos para ejercer nuestro derecho a solicitar y recibir información son más y más férreos de lo que esperábamos. El principal, que será necesario registrarse con DNI electrónico o a través de una clave que se recibe en el teléfono móvil para pedir información a la administración central por vía telemática. Lo comunicamos ayer a primera hora y, si has seguido en las últimas horas las valoraciones que han publicado los medios (desde El País a El Mundo o el Huffington Post), seguro que estás al tanto.

¿Y ahora?

Como siempre insistimos, desde ahora está en manos de los ciudadanos comprobar si las instituciones se tornan más transparentes a partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Te animamos a pedir información por cualquier medio. En Tuderechoasaber.es puedes seguir formulando preguntas a muchos organismos que sí facilitan una dirección de correo electrónico y no exigen tu identificación certificada electrónicamente. También puedes seguir pidiendo información a instituciones autonómicas y localesaunque aún no tienen que aplicar la la ley de transparencia. Recuerda que si no tenemos su contacto, podemos buscarlo y añadirlo.

Hemos recorrido ya un largo camino. Desde 2012, Tuderechoasaber.es ha canalizado más de 1.500 solicitudes de información. Reiteramos nuestro compromiso de vigilancia responsable para que las medidas de transparencia no se diluyan en palabras vanas. Estudiaremos si es posible adaptar técnicamente Tuderechoasaber.es para que pueda seguir facilitando la tarea a los ciudadanos y compartir además públicamente las preguntas y las respuestas. Lo haremos en las próximas semanas y os mantendremos informados.

Gracias por tu confianza.

El equipo de Tuderechoasaber.es

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El derecho a saber comienza con el deber de preguntarHazlo en Tuderechoasaber.es

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Bola extra: el 9 de diciembre, Access Info Europe y Civio mantuvimos un encuentro digital en ElConfindencial.com donde respondimos a preguntas enviadas por los lectores sobre la Ley de Transparencia y la situación del acceso a la información en España. Nos gusto mucho la experiencia. Gracias a los organizadores por invitarnos.

Aquí puedes consultarlo>>

Reunimos algunos ejemplos de solicitudes formuladas desde Tuderechoasaber.es que, con la ley delante y en vigor, ahora deberían obtener como respuesta la información solicitada.

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Con la entrada en vigor de la normativa de transparencia para la Administración General del Estado (AGE) se reconocerá, dentro de pocas semanas, el derecho de cualquier ciudadano a acceder a nueva información que antes quedaba fuera de su alcance. Por eso reunimos algunos ejemplos de solicitudes formuladas desde Tuderechoasaber.es que, con la ley delante y en vigor, ahora deberían obtener como respuesta la información solicitada. Recordemos además que el reglamento de aplicación de la ley aún no se ha hecho público, por lo que existen incógnitas, ambigüedad y muchas salvedades a la hora de poder asegurar que, en un escenario concreto, el ciudadano recibirá con seguridad toda la información que solicita.

    • A partir del 10 de diciembre se podrán solicitar y recibir datos sobre partidas presupuestarias específicas y su desglose. Así, esta solicitud de información que Juan Elosua dirigió en mayo de 2014 al Ministerio de Economía y Competitividad sobre “las partidas
 presupuestarias anuales destinadas a la creación y mantenimiento
del INL (International Iberian Nanotechnology Laboratory)” debería ser atendida y resuelta. Hasta ahora, este Ministerio ha estado ignorando la gran mayoría de las solicitudes recibidas, como se puede comprobar en este link. No obstante, de cara a la aplicación efectiva de la ley, existe una salvedad: no se especifica cuál es el grado mínimo de desglose, por lo que cada institución podrá decidir por sí misma en cada caso concreto el nivel de detalle de los datos que aporte. Por eso es tan importante una ley estricta que cierre el camino a este tipo de indefiniciones.
    • Se podrá preguntar por TODAS las subvenciones concedidas por un organismo público o recibidas por una entidad. Recuerda que, según la ley, puedes preguntar a ambos. Así, esta solicitud en la que un ciudadano pide conocer los expedientes de reintegro de subvenciones con cargo al IRPF tramitados por Sanidad entre 2008 y 2011 debería obtener respuesta con la información que solicita.
    • Podrás solicitar y recibir los nombres de los asesores de ministros. En esta solicitud, Romà Seguí preguntaba en 2012 al Ministerio de Presidencia por el número (ni siquiera por el nombre) de personas contratadas como personal eventual y por aquellas que, con otro contrato, prestaban “trabajos de asesoramiento”. Nunca recibió respuesta. Como vemos, Presidencia también está entre las instituciones que peor atienden a las solicitudes de los ciudadanos, y eso pese a haber liderado la gestación de la Ley de Transparencia.
    • Se podrá pedir y obtener las memorias de impacto normativo de cualquier órgano de Administración General del Estado. En Tuderechoasaber.es hemos recibido muy pocas solicitudes de este tipo. En este ejemplo, un ciudadano solicitó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social una copia del informe de impacto de género que acompañó a la aprobación del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. La respuesta que recibió, hasta en tres ocasiones, fue que “todos los informes preceptivos que acompañan a las normas o proyecto de normas aprobadas por el Consejo de Ministros no constituyen un documento de público acceso, por lo que no es posible atender su solicitud”. 
Pues bien, ahora sí lo son.

Sin embargo…

Existen otros ejemplos de información que no podrás solicitar a partir del 10 de diciembre. Con el texto en mano, las entidades sujetas a la Ley de Transparencia no tendrán obligación de darte información que tenga carácter  auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes e informes internos o entre órganos o entidades administrativas se quedan fuera del paraguas de la ley. Pese a que la información auxiliar desempeña un papel, variable, en la toma de decisiones, tendremos que esperar y observar cómo se desarrolla esta limitación en cada caso particular. “No podemos facilitártela porque se trata de información auxiliar” puede ser tendencia en la temporada 2015. La ley establece también una serie de limitaciones que dejan la puerta abierta a dobles lecturas. Así, cortapisas muy genéricas para pedir información relacionada con “intereses económicos y comerciales”, o aquellas que afecten a “la garantía de confidencialidad o secreto requerido en los procesos de toma de decisión” pueden servir para denegar una solicitud. Recuerda que, si rechazan tu solitud porque la información que reclamas contiene datos personales, puedes insistir por segunda vez para que te la proporcionen disociada de esos datos. A la espera de conocer mejor la “letra pequeña” (el reglamento que desarrolla le ley aún no es público), la propia norma sí contempla esta opción.

No solo a las administraciones públicas

Corregimos un errorTen muy presente también que la obligación de responder no solo la tienen los organismos públicos, también partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales. No solo los organismos públicos tienen obligaciones de transparencia. También los partidos políticos, las organizaciones empresariales, sindicales, y algunas empresas privadas. Aquellas que reciban más de 100.000 euros en un año en subvenciones o que más del 40% de sus ingresos provengan de ayudas públicas. Sin embargo, sus obligaciones son de PUBLICIDAD PROACTIVA (deben publicar organigrama y CV de altos cargos; contratos, convenios y subvenciones con administraciones públicas; presupuestos y estado de ejecución, cuentas anuales, auditorías y retribuciones de directivos), pero  tienen obligación de responderte NO tienen obligación de responderte. Aquí está más claro.  Y ojo, en el caso de empresas privadas, sólo si son subvenciones o ayudas. Si se trata de contratos con la administración (por ejemplo, la gestión de un servicio público, como un hospital o el transporte metropolitano), NO estarán bajo las obligaciones de publicidad proactiva de la ley de transparencia.

Y, ante la duda, ¡pregunta!

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Como en 2013, la Cámara se parapeta y esconde este documento, validado por la Mesa en septiembre, a expensas de darlo a conocer en un mes por las obligaciones de la Ley de Transparencia.

Como ya hizo con los de 2013, David Cabo solicitó hace pocos días al Congreso de los Diputados una copia de sus presupuestos correspondientes al año 2015. Se trata de un documento detallado que incluye el desglose completo -a nivel de artículos, conceptos y subconceptos- que la Mesa del Congreso aprobó el pasado 23 de septiembre. En 2013 esta misma solicitud fue denegada por la Cámara,  y el documento, en vez de por vías de transparencia, solo ha llegado a conocimiento público mediante filtraciones parciales a la prensa. Lo contamos en su día en este post y decidimos hacer públicas estas cuentas, que el Congreso insistía en esconder. David incluso llevó la opacidad de las cuentas del Congreso, en contraste con lo que ocurre en otros países, a la televisión:

El contexto, esta vez, es diferente. Esta vez la solicitud de David llega en medio de un debate social alrededor de la opacidad y la falta de mecanismos de fiscalización con la que el Congreso y el Senado han gestionado los viajes de los diputados. Se produce, además, a poco menos de un mes para la entrada en vigor (para la Administración General del Estado) de la Ley de Transparencia, en un momento en que tanto dentro como fuera de la Cámara se suceden declaraciones de representantes públicos sobre lo necesario de abrir la información que generan las instituciones a cualquier ciudadano. Además, la información solicitada por David tendrá que ser pública el próximo 10 de diciembre según dispone la ley, por lo cual, cabía esperar cierto grado de buena voluntad para facilitar ahora el documento. Al contrario, como es la falta de voluntad lo que acaba acaba siendo el obstáculo determinante cuando hablamos de auténtica transparencia, el Congreso ha respondido que no dispone de la información solicitada.

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En este post vamos a analizar qué instituciones deberán aplicar nueva norma sobre transparencia y hasta qué punto deberán hacerlo. La Ley de Transparencia es bastante confusa al definir en los artículos 2 y 3 los sujetos que están obligados a cumplirla, pero sobre todo genera confusión cuando intentamos entender qué obligaciones de transparencia tendrá cada uno de estos sujetos; ahí está la trampa: no todos deben ser igual de transparentes.
En la siguiente tabla hemos indicado las distintas obligaciones que establece la ley y las instituciones obligadas a cumplirlas. Encontramos dos tipos de obligaciones: la de publicar proactivamente información y la de responder a solicitudes de los ciudadanos. Veremos que no todas las instituciones mencionadas en esta ley deben cumplir con ambas obligaciones.

¿Qué obligaciones tienen las diferentes instituciones? by tuderechoasaber

En tuderechoasaber.es vamos a publicar una serie de posts en los que vamos explicar en qué consiste realmente la Ley de Transparencia para que, así, estemos todos preparados para usarla a partir de su entrada en vigor el 10 de diciembre de 2014. El resto de posts  pertenecientes a esta serie los puedes encontrar aquí:

  • Tenía que haberse publicado antes del pasado 10 de marzo
  • El presidente será elegido por mayoría absoluta
  • No exige ‘reconocido prestigio’ a los miembros de la Comisión
  • Los presupuestos de 2015 incluyen 1,9 millones para este órgano

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La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada hace casi un año, establecía que el Gobierno debía aprobar en un plazo de tres meses el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo encargado de asegurar que se cumplan los requisitos de transparencia y de proteger el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Esa plazo legal se cumplió el pasado mes de marzo, pero no ha sido hasta hoy que el BOE recoge, con ocho meses de retraso, este decreto.

El Gobierno alegó, en declaraciones a Europa Press, que se trataba de un retraso “deliberado”, ya que no tenía sentido crear el organismo y nombrar a su presidente antes de la entrada en vigor de las obligaciones de transparencia que marca la ley para la Administración General del Estado, esto es, el próximo 10 de diciembre. En realidad, la excusa no es válida: podían haber cumplido la obligación legal que ellos mismos incluyeron en la norma, ya que la aprobación del Estatuto no implica que el organismo se ponga a funcionar al día siguiente ni mucho menos tiene relación con el nombramiento de su presidente, que no se incluye en este texto. De hecho, el decreto, aunque ha sido publicado hoy en el BOE, incluye una disposición que retrasa su entrada en vigor hasta el próximo 10 de diciembre.

Independencia del Consejo y su presidente

El documento aporta pocas novedades respecto a las funciones, sistema de nombramiento y organización del Consejo de la Transparencia con respecto a lo que ya adelantaba la ley. El presidente será propuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, refrendado en comisión en el Congreso por mayoría absoluta y nombrado por el Gobierno por Real Decreto para un plazo de cinco años. La persona elegida deberá contar con “reconocido prestigio y experiencia profesional”, un requisito que, como es habitual en este tipo de organismos independientes, no se detalla (¿cuánto años de experiencia? ¿en qué ámbitos concretos?). Además, el decreto no prohíbe que el presidente de este organismo tenga vínculos políticos, una de las recomendaciones de la sociedad civil para asegurar su independencia.

El hecho de que solo el Ministerio de Hacienda pueda proponer al candidato y la elección por mayoría absoluta en el Congreso permite que el Gobierno actual pueda elegir y nombrar al presidente que quiera sin necesidad de contar con el apoyo de ningún otro grupo parlamentario. Ante una pregunta sobre este asunto en el pasado Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría argumentó que se trata del mismo sistema que se utiliza para otros organismos independientes y que el PSOE también lo utilizó cuando gobernaba: “Yo le invito a que se repase cómo se produce el nombramiento de los principales órganos reguladores en el ámbito de nuestro Derecho, con leyes que, unas, las ha aprobado el Gobierno del Partido Popular y, otras, Gobiernos del Partido Socialista”. Si hacemos caso de las palabras de la Vicepresidenta y repasamos la composición de otros organismos independientes nombrados de forma similar, encontramos altos niveles de politización (RTVE, el CSN, el Tribunal Constitucional…).

Además del presidente, el organismo contará con dos subdirecciones generales (una de ellas centrada en atender las reclamaciones y otra en vigilar que se cumplan las obligaciones de publicidad activa), que estarán lideradas por dos funcionarios de carrera. Y con la Comisión de Transparencia, un  organismo que se reunirá, al menos, una vez al mes, y que tiene mucho menos peso en sus funciones que el del presidente.

La Comisión estará formada por un representante propuesto por el Tribunal de Cuentas, otro por el Defensor del Pueblo, otro por la Agencia Española de Protección de Datos, otro por el ministro de Hacienda en representación de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y otro por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. A estos cinco vocales propuestos por entidades públicas se sumarán un diputado y un senador escogidos por Congreso y Senado, aunque el decreto no aclara cuál será el procedimiento para elegirlos.

En este caso, no es que la vinculación política no se haya prohibido para asegurar su independencia, es que se establece por ley. Los miembros de esta comisión serán nombrados por el Gobierno y a ellos no se les exige, como al presidente, “reconocido prestigio y experiencia profesional”.

Presupuesto: 1,9 millones

El decreto, como ya lo hizo la ley, aclara que la creación de este organismo no supone incremento neto de la estructura pública ni de personal, sino una “redistribución” de efectivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al que está adscrito. En concreto, los Presupuestos Generales del Estado para 2015 cuentan con un presupuesto de casi 1,9 millones destinado a “evaluación de la transparencia de la actividad pública”. De estos, más de un millón están destinados al pago de los salarios de los funcionarios que trabajen en el Consejo de la Transparencia. El presidente, por su parte, tiene asignado un sueldo de 54.640 euros anuales. Los miembros de la Comisión no recibirán salarios ni tendrán dedicación exclusiva.

El Estatuto establece, además, que las resoluciones del Consejo se publicarán en el Portal de Transparencia (del que aún no se conocen detalles) y que presentará ante el Congreso y publicará en el BOE una memoria anual que detalle el cumplimiento de la ley por parte de las administraciones públicas. El organismo deberá “articular mecanismos de participación” ciudadana, afirma el documento, que no aclara qué mecanismos ni cómo se pondrán en marcha.

El decreto no cumple con los estándares internacionales para para garantizar su independencia y eficacia (miembros profesionales, prohibición de vínculos políticos, poder suficiente para asegurar el derecho de los ciudadanos frente a las administraciones…), que detalló Access Info Europe. Así, su funcionamiento se aleja de las buenas prácticas registradas en organismos análogos de países como Escocia, Chile o Reino Unido.

A casi un mes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, el Gobierno tiene deberes pendientes: nombrar al presidente del Consejo y publicar el reglamento de la norma, un documento clave si tenemos que cuenta que algunas de las excepciones al derecho de acceso a la información (defensa de intereses económicos, el “secreto requerido en procesos de toma de decisión”) son poco concretas y, por lo tanto, fomentan una aplicación arbitraria del derecho de acceso a la información pública.

En Tuderechoasaber.es empezamos una serie de posts en los que vamos a intentar explicar en qué consiste la Ley de Transparencia para que estemos todos preparados para usarla a partir de su entrada en vigor el 10 de diciembre de 2014.

¿Cuándo entra en vigor la ley de transparencia?

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno consta de tres partes. Vamos a aclarar cuándo entra en vigor cada una de ellas y para qué instituciones:

–  La parte de Buen Gobierno en la que se detallan una serie de principios y sanciones para los funcionarios públicos, entró en vigor al día siguiente la publicación de la ley en el BOE, el 10 de diciembre de 2013.

– Las partes de transparencia  y acceso a la información entrarán en vigor en dos tandas:

  • El 10 de diciembre de 2014 entrarán en vigor las obligaciones de transparencia y acceso a la información para todos los organismos estatales.
  • El 10 de diciembre de 2015 entrarán en vigor las obligaciones de transparencia y acceso a la información para todos los organismos autonómicos y locales.

¿Qué aportan las leyes autonómicas y locales?

Además de la legislación estatal, cada Comunidad Autónoma y entidad local podrá tener una legislación propia sobre transparencia, basada en la legislación básica aprobada por la Ley 19/2013. En estos momentos ya se han aprobado algunas leyes autonómicas y locales y otras están siendo debatidas y aprobadas. Todas estas normativas tienen mucho en común, pero es importante conocerlas puesto que también existen algunas diferencias que afectan a la forma de solicitar información y a las obligaciones de publicación proactiva de información. Un ejemplo es el tiempo que tienen para contestar las solicitudes en cada lugar, variando desde los 15 días al mes.
Según vayan entrando en vigor las leyes de transparencia a nivel autonómico, desde Tu Derecho a Saber haremos una ficha por cada norma con la información clave de cada comunidad autónoma. Aquí puedes consultar el estado de tramitación de todas esas normas:

Leyes Transparencia CCAA by tuderechoasaber

Se ha dejado varias asignaturas para septiembre: el estatuto del Consejo de la Transparencia, el reglamento de la ley y el portal de la administración siguen siendo una incógnita para el ciudadano

El próximo 10 de diciembre entra en vigor el grueso de La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que se aplicará escalonadamente. Mientras que los principios que se han llamado ‘de Buen Gobierno’ (la previsión de sanciones para conflicto de intereses, las infracciones en gestión económico-presupuestaria) ya llevan casi un año en vigor, los organismos autonómicos y locales aún dispondrán de un año más para adaptarse a la obligaciones de la ley. Así pues, lo que entra en vigor el próximo 10 de diciembre son las disposiciones de transparencia de actividad pública para la Administración Central (el Título I de la ley: las obligaciones de proporcionar información, los principios de publicidad activa, la creación del portal de transparencia, la regulación del derecho de acceso a la información y también el ejercicio del mismo para poder formular solicitudes a las instituciones públicas) y el mandato del Consejo de la Transparencia (el Título III).

Sin embargo, pese a que las fechas se aproximan y a que el cambio normativo es complejo y será exigente con el cuerpo de funcionarios encargado de llevarlo a cabo, el Gobierno no ha informado todavía sobre los nuevos reglamentos que permitirán implementar la ley. Por eso, a tres meses de la entrada en vigor, Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio -las dos organizaciones que impulsamos la web Tuderechoasaber.es– hemos enviado una carta a José Luis Ayllón, Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, para preguntar por el estado de estas tareas de implementación.

Las dos organizaciones firmantes entendemos que el Gobierno aún tiene pendiente por completar al menos tres pasos y que debería informar públicamente sobre el estado de los mismos:

  • Presentar el Real Decreto con el que se dará a conocer el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Se trata de una norma especialmente importante porque definirá los requisitos que deben cumplir los candidatos a presidir este organismo, sus mecanismos de independencia y muchas otras cuestiones importantes para el desarrollo de su mandato. Según la propia ley, este reglamento debería haber sido aprobado en marzo de 2013, pero lo último que sabemos es que en las próximas semanas el Gobierno lo compartirá con el Consejo de Estado para recabar sus impresiones antes de hacerlo público.
  • El Gobierno debería dar a conocer lo antes posible el Reglamento con el desarrollo en detalle de la propia ley. Resulta clave porque debe definir de forma precisa cómo podrá solicitar cualquier ciudadano información a las instituciones públicas. Además, quizá pueda mejorar algunas restricciones del propio texto de la ley al llevarlas a la práctica diaria, como la exclusión de “notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos entre entidades administrativas”, que no podrán ser solicitadas (artículo 18).
  • En tercer lugar está la creación del Portal de Transparencia, que debería estar listo en diciembre para proporcionar información procedente de las administraciones de ámbito nacional.

Tanto la propia ley como todo su proceso de tramitación han sido muy criticados por expertos nacionales e internacionales y por la sociedad civil. Los principales motivos son no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, limitar su alcance casi exclusivamente a la información administrativa y por proponer un sistema de apelación muy poco garante para el ciudadano. El reglamento que aún está pendiente de aprobación podría paliar algunas de estas deficiencias, y por eso Access Info Europe y Civio pedimos más transparencia y participación de la sociedad civil en esta fase precedente de la entrada en vigor de la ley.

Más información:

  • Aquí puedes consultar la carta que hemos enviado a Secretario de Estado
  • Consulta el análisis de Access Info Europe sobre la Ley de Transparencia
  • Descarga un breve dossier de prensa con información esencial sobre la implantación de medidas de transparencia en España