FOI

Desde Tuderechoasaber.es reclamamos que no emprenda acciones contra organizaciones civiles pro-transparencia y flexibilice su régimen de derechos de autor para documentos gubernamentales.

FDS

El Gobierno alemán, a través de su Ministerio de Interior, ha emitido una orden contra el portal de acceso a la información FragDenStaat.de, una plataforma análoga a Tuderechoasaber.es en Alemania, para lograr la retirada de un documento que había sido obtenido mediante la ley alemana de transparencia acceso a la información pública.

El documento de la discordia -un informe de 5 páginas- contiene una valoración de dos empleados ministeriales sobre una norma del Tribunal Constitucional federal en 2011, que declara inconstitucional la cuota mínima del 5% para que los partidos políticos puedan concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo. En el documento se afirma que el establecimiento de cualquier cuota debería ser inconstitucional. Contrariamente a esta recomendación interna, el Bundestag aprobó después una cuota del 3% en su reforma de la ley electoral alemana.

El activista Guido Strack, un antiguo funcionario federal y fundador de la red Whistleblower-net, solicitó en octubre de 2013 este documento desde FragDenStaat.de. Lo recibió un mes después, junto con un aviso del ministerio para disuadirle de hacerlo público. Con el propósito de exigir que se refuerce el derecho de acceso a la información en Alemania –su sistema de transparencia es débil, uno de los 10 más bajos en las evaluaciones del RTI Rating- y condenar lo que consideran una restricción arbitraria, FragDenStaat.de, con el capitulo alemán de la OKFN detrás, decidió hacerlo público en diciembre. La orden de retirada llegó el pasado 17 de enero por fax. El capitulo alemán de la OKFN ha declinado retirar el documento y plantará cara, por lo que ya está solicitando donaciones para hacer frente a los previsibles costes legales que supondrá defender su caso. Aquí puedes consultar el microsite de la campaña y todos los documentos (en alemán) del caso, que ha llegado a las páginas del Wall Street Journal, Der Spiegel y otros de medios alemanes.

Uso arbitrario del copyright para limitar la libertad de información

Con esta orden de retirada, el Ministerio de Interior quiere evitar que se divulgue la evidente contradicción entre una valoración legal de corte interno y la medida política adoptada después. Para ello, ha decido apelar a la protección de sus derechos de autor para lograr la retirada y censura del documento. La orden de “cese y desista” es un recurso frecuente en las disputas por derechos de autor, que suele interpretarse como un pre-aviso intimidatorio o la antesala de un litigio.

Stefan Wehr Meyer, gestor del portal FragDenStaat.de, argumenta que “al gobierno federal no le interesa el copyright. Lo que está haciendo es utilizarlo de manera arbitraria para evitar la publicación de unos documentos oficiales controvertidos. Da la impresión de que desea impedir que podamos comprender sus decisiones políticas”. Su firma de abogados remite al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para fundamentar su apelación. Como señala Access Info Europe en su condena de la reacción del gobierno alemán, “el derecho a la información está ligado al derecho de libertad de expresión reconocido por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por tanto, todo aquél que reciba un documento a través de una solicitud de información debería tener derecho a difundirlo”.

Nuestro apoyo a FragDenStaat.de y a OKFN-Alemania

Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio hemos alertado en numerosas ocasiones sobre la indefensión que el derecho de acceso puede sufrir cuando colisiona (supuestamente) con otras garantías -derecho de autor, derecho a la protección de datos personales- en un sistema frágil de transparencia que no lo reconoce como fundamental. Como organizaciones impulsoras de Tuderechoasaber.es, apoyamos a FragDenStaat.de y al capítulo alemán de la OKFN en su decisión de publicar este documento y hacemos un llamamiento al Gobierno alemán para que retire su orden de cese, no emprenda acciones contra organizaciones civiles pro-transparencia y flexibilice su régimen de derechos de autor para los documentos gubernamentales.

El derecho de acceso a la información pública no es una cuestión de transparencia en abstracto, consiste en encontrar una vía para la mejora del día a día gracias a la mirada de todos sobre datos objetivos. Algunas de las historias que explica el excomisionado para la información de Escocia, Kevin Dunion, muestran las aplicaciones prácticas de este derecho a través de victorias concretas. ¿Cómo serían estos casos en España? Se hace difícil comparar sin una ley que obligue a las administraciones públicas a responder a las preguntas de los ciudadanos. Pero vamos a intentarlo.

Cada decisión política que afecta a la vida pública debería ser fiscalizada a la vista de todos: ¿está basada en datos tangibles? ¿funciona? ¿cuál ha sido su resultado a posteriori? Esta premisa de la rendición de cuentas, que suele obviarse en las administraciones públicas españolas, es más importante aún si de lo que hablamos es de sanidad. Gestionar los recursos públicos sin caer en decisiones arbitrarias es una de las maneras de utilizar los datos para generar eficiencia. Pero no es la única. La apertura de los datos públicos permite fabricar información de servicio público, como la visualización sobre la diferencia de precio de los procedimientos en diferentes hospitales de Estados Unidos que acaba de publicar The New York Times o el análisis de cómo los datos pueden ayudar  a mejorar la sanidad pública que recogió The Economist.

Pero si existe un caso que demuestra que, con una buena ley de acceso mediante, el empeño de una sóla persona puede mejorar las cosas para todos, es la historia del diágnostico del ojo vago en Escocia. Su protagonista es el padre de dos niños a los que diagnosticaron esta enfermedad a los siete años y que preguntó a los diferentes sistemas de salud regionales sobre su protocolo de prevención. Gracias a las respuestas, descubrió que en todo el país las pruebas se realizaban antes de los cinco años, ya que a esas edades el tratamiento es mucho más efectivo. El padre consiguió denunciar la situación en su región y, lo que es más importante, cambiarla. Además, este caso fue el detonador para que se estableciera un plan nacional de detección del ojo vago.

Esta no es una victoria aislada. Los parientes de varios enfermos fallecidos por una infección de C difficile en el Vale of Leven Hospital escocés pidieron información sobre el número de casos y las causas de esa enfermedad, que había producido 18 fallecimientos. Los datos facilitados permitieron abrir una investigación y desvelaron falta de higiene del centro, que las enfermeras estaban demasiado ocupadas para rellenar informes por la carga de trabajo, que se había suministrado la medicina equivocada a algunos pacientes y que, en realidad, las muertes por esta infección aumentaban a 28. Este escándalo acabó en una investigación pública -la página web creada en exclusiva para el caso incluye testimonios y datos de todo el proceso- que juzgó la actuación de los responsables de una manera abierta y transparente.

Pero el caso más importante al que se enfrentó el comisionado escocés Kevin Dunion fue el que le permitió sacar a la luz miles de partes e informes de incidentes hospitalarios que habían acabado en fallecimiento o causado heridas graves a los pacientes. A raíz de la denuncia de un enfermero que quería acceder al parte de un incidente en el que había estado implicado, el equipo del comisionado buceó en los archivos de los hospitales y descubrió que muchos de esos informes estaban ocultos o, sencillamente, no se habían realizado. Tras una dura batalla legal, Dunion consiguió que esos informes se hicieran públicos y desveló cientos de negligencias médicas que no habían sido estudiadas. El caso saltó a la BBC, que realizó un reportaje para contar la historia y reclamar cientos de informes sobre incidentes en hospitales de todos los distritos de Escocia.

De hecho, la ley de acceso a la información escocesa obliga a las autoridades sanitarias regionales a responder las preguntas de los ciudadanos sobre materias tan concretas como el gasto en telefonía móvil o el equipamiento, entre muchas otras, como se puede ver en la lista de peticiones de información de uno de estos servicios sanitarios regionales.

¿Y en España? Aquí suena lejano poder contar con datos tan detallados sobre negligencias, proyectos sanitarios públicos o estadísticas médicas. De hecho, es más que complicado recibir una respuesta por parte de las autoridades sanitarias sobre algo tan concreto como el seguimiento de una huelga de profesionales sanitarios. Ni siquiera las preguntas más técnicas, como la petición de estadísticas sobre tipos de cirugía, ha recibido respuesta. La apertura de estos datos permitiría, como ha pasado en Escocia, que todos -médicos, pacientes, enfermeros, familiares…- tuviéramos la posibilidad de mejorar nuestro sistema sanitario.

I: CÓMO EVITAR EL CIERRE DE LAS ESCUELAS RURALES GRACIAS A LOS DATOS

 

II: DATOS PARA DESTAPAR EL DESPILFARRO EN LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD

 

El Ministerio de Hacienda asigna los recursos del nuevo órgano regulador, elige a su presidente y tiene lazos con dos de los siete vocales de su comisión, donde la sociedad civil no está representada.

Nadie podría afirmar de forma tajante ahora mismo y con datos fiables sobre la mesa que la gestión privada de la sanidad es más eficiente que la pública. Ni viceversa. Por desgracia, el debate sobre el modelo sanitario en España se ha desarrollado desde las vísceras y sobre un baile de cifras sin arraigo tangible. Los organismos públicos no ofrecen datos fundados que respalden la progresiva privatización de la sanidad española y en algunos casos, incluso, muestran a la opinión pública cifras poco rigurosas cocinadas  para apoyar sus medidas.

¿Sabremos que un sistema no funciona cuando sea demasiado tarde para dar marcha atrás? Eso mismo ocurrió en Escocia. Durante años utilizaron un modelo de gestión mixta denominado Private Finance Iniciative (PFI) para la construcción y gestión de edificios públicos, como hospitales y escuelas. La mecánica era simple: una empresa construía el edificio y se encargaba de su mantenimiento durante los años que durara el acuerdo y, a cambio, cobraba un canon anual de las administraciones. Una vez terminado el plazo del contrato, el edificio pasaba a manos públicas. Tras años trabajando bajo este sistema de colaboración público-privada, muchos ciudadanos empezaron a ponerla en duda.

Trabajadores de la sanidad y sindicatos reclamaron, por ejemplo, el contrato de construcción y mantenimiento del nuevo hospital de Edimburgo. La petición fue denegada alegando intereses comerciales, pero el Gobierno les dio la razón y decidió que esos acuerdos debían ser, a partir de entonces, publicados automáticamente. De lo particular a lo general, el Sunday Herald estudió decenas de páginas de información detallada sobre este tipo de gestión que fueron reclamadas a las administraciones gracias a la existencia de la Freedom of Information Law escocesa. Con los datos en la mano, calcularon que las entidades públicas pagaron más del doble de lo necesario por unos 700 proyectos públicos planificados o construidos.

Aunque han dejado de utilizar este sistema, los escoceses siguen pagando cánones por escuelas y hospitales construídos bajo ese paraguas. En muchos casos, el sistema de salud ha llegado a pagar 10 veces más por un hospital que si lo hubiera levantado con sus propios recursos, tal y como han denunciado en múltiples ocasiones, entre otros, el profesor Ayson Pollock. En Reino Unido también se demostró que este procedimiento no era el más eficiente.

Los detalles de los contratos salen a la luz

A raíz de una plaga de larvas de insectos, el quirófano de un hospital escocés pasó semanas cerrado. Los pacientes reclamaron información sobre el asunto y descubrieron, gracias a la ley de acceso a la información, que la clausura había sido provocada por la falta de limpieza de la empresa adjudicataria del PFI, que no había retirado una paloma muerta del techo de la instalación. Además, el contrato de gestión público-privada desveló la penalización por el cierre del quirófano era sólo de 28 libras al día. Este caso volvió a poner en primera línea el debate sobre ese sistema de construcción y mantenimiento de edificios públicos.

El Hospital de Vallecas, uno de los que se levantó y funciona vía PFI, impondría multas mucho más altas en el caso de infracciones graves de los términos del contrato: de 4.001 a 35.000 euros más una multa diaria que puede llegar a los 4.000 euros. El contrato que marca estas multas no está publicado en ninguna página web oficial en este momento, pero podemos acceder a él gracias a la labor de un portal privado.

Pero, ¿cómo funciona el PFI en España? Una vez más, no tenemos datos que nos permitan valorar la eficacia de este sistema, pero las malas experiencias internacionales pueden darnos alguna pista. De hecho, en 2010 la Comunidad de Madrid aprobó un incremento del canon que pagaba a seis hospitales gestionados bajo este mismo sistema. En la actualidad, funcionan bajo el PFI siete hospitales de Madrid y otros tantos en Castilla y León, Cataluña y Baleares. No sabemos si esta gestión funcionará mejor o peor aquí que en Escocia, pero sí que la Comunidad de Madrid pagará más de 100 millones al año durante 30 años por el canon de arrendamiento de estos centros.

Un paso más en la privatización

Este sistema mixto es sólo un paso intermedio hacia la privatización total. El plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid acoge, tras ese nombre tan largo, algunas medidas como la jubilación de dos tercios de los médicos mayores de 65 años, el euro por receta (suspendido por el Tribunal Constitucional), la privatización de 27 centros de atención primaria o la externalización de cocinas, lavanderías y mantenimiento de centros sanitarios. Todas estas medidas, según el gobierno madrileño, suponen un ahorro en los costes de la sanidad pública. Pero el caso es que ninguno de estos proyectos viene respaldado por datos que apoyen que son medidas eficientes. Y el debate sigue. El euro por receta, por ejemplo, se planteó como una medida coaccionadora para evitar el despilfarro en el uso del medicamentos, pero para muchos no es más que una barrera en el acceso a los fármacos por parte de las clases más desfavorecidas. Sin datos, ambas valoraciones son subjetivas a priori.

Pero, sin duda, la medida estrella del plan madrileño es la privatización total de seis hospitales, que hasta ahora funcionaban bajo el paraguas del sistema PFI. El objetivo: una gestión más “eficiente”, según el redactado del informe. Pero, ¿es más eficiente la gestión privada que la gestión pública? Para apoyar su teoría, el gobierno de la Comunidad de Madrid asegura que los hospitales de gestión mixta gastan una media de 600 euros por paciente y año (sí, la cifra es redonda), mientras que el gasto en el caso de una privatización total sería de 441 euros. ¿De dónde salen estas cifras?

Según el informe de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), los 600 euros no se corresponden con el gasto real de hospitales del mismo tipo que funcionan bajo gestión pública. Además, denuncian que los 441 euros surgen directamente de las ofertas de las empresas que se postulan para la concesión y que, en realidad, el gasto aumentará con la privatización de esos seis hospitales. Unos y otros utilizan cifras muy distintas, porque incluyen en el gasto diferentes baremos. Pero, de hecho, el presupuesto de 2013 de la Comunidad de Madrid ya ha aumentado por culpa de la privatización de estos centros sanitarios, como denunció UPyD en la Asamblea de Madrid.

La sanidad no es el único ámbito en el que ciudadanos, organizaciones o partidos de la oposición ponen en duda la eficiencia de los contratos con empresas privadas. De hecho, la concesión del metro ligero de Madrid fue objeto de polémica hace sólo unos días por el pago a la empresa concesionaria de millones de euros en concepto de viajeros que no utilizaron el servicio. En uno y otro caso el problema es el mismo: la falta de transparencia y de acceso a información fiable no permite debatir con los datos sobre la mesa. Al menos por el momento. Puede que, como en Escocia, la respuesta llegue demasiado tarde.

 

I: CÓMO EVITAR EL CIERRE DE ESCUELAS RURALES GRACIAS A LOS DATOS

El derecho de acceso a la información pública no es sólo una cuestión de transparencia en abstracto, sino que consiste en encontrar una vía para la mejora del día a día gracias a la mirada de todos sobre datos objetivos. Algunas de las historias que explica el excomisionado para la información de Escocia, Kevin Dunion, muestran las aplicaciones prácticas de este derecho a través de victorias concretas. ¿Cómo serían estos casos en España? Se hace difícil comparar sin una ley que obligue a las administraciones públicas a responder a las preguntas de los ciudadanos. Pero vamos a intentarlo.

escuelas_big¿Cuántas decisiones toman nuestros gobernantes cada día? ¿Cuántas de ellas están basadas en análisis razonados y fieles a la realidad? ¿Cuántas, en cambio, se fundamentan en meras suposiciones o corazonadas? En España es imposible saberlo. Si un concejal dicta una norma basándose en un análisis previo, ese informe sólo se hace público en contadísimas ocasiones.  Ni siquiera el redactado actual de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en trámite parlamentario, supone una mejora en este sentido, ya que no incluye entre los documentos susceptibles de ser analizados los informes y borradores previos a la toma de decisiones.

Bajo la Freedom Of Information Law los ciudadanos escoceses sí pueden reclamar esos informes y, lo que es mejor aún, deben recibir una respuesta -excepto en casos muy excepcionales-. Con el respaldo de la ley y gracias a su insistencia, un grupo de padres y profesores consiguió paralizar el cierre de 60 escuelas rurales. Este caso, tal y como lo narra quien fue comisionado para el acceso a la información de 2003 a 2012, Kevin Dunion, es una de las muchas pruebas concretas de la eficacia de la norma para conseguir mejoras en la comunidad.

En 2005, la Scottish Rural Schools Network (SRSN) arrancó una campaña contra la clausura de 60 escuelas rurales y pidió a las autoridades información sobre la población escolar de las zonas afectadas, la capacidad de los centros, la distancia que tendrían que recorrer los niños tras el cierre y el ahorro real que supondría para las administraciones públicas. Con los datos en la mano, la SRSN elaboró un informe alternativo en el que demostró que los cálculos oficiales eran erróneos y los cierres estaban injustificados. El gobierno escocés creó una comisión independiente para estudiar el asunto e impuso una moratoria en los cierres hasta conocer los resultados de la comisión.

Padres y profesores consiguieron frenar una decisión que les afectaba directamente pero, además, ayudaron a mejorar la transparencia de las administraciones públicas a largo plazo: a partir de entonces es obligatorio que cualquier plan de clausura de servicios públicos cuente con un estudio razonado y público que argumente la decisión, además de un proceso de consulta previo.

La victoria de la SRSN no habría sido posible sin el acceso a los datos y sin la ley que avalaba sus peticiones de acceso a la información. En España la situación es bien distinta: ¿dónde están los documentos que justifican el cierre de escuelas y ambulatorios en los pueblos? En junio de 2012, Castilla La Mancha anunciaba el cierre de unas 60 escuelas rurales. No son las únicas, también se han clausurado centros escolares en Galicia o Valencia, entre otras zonas. De hecho, las comunidades autónomas han ido elevando en los últimos años el ratio de alumnos necesarios para mantener un centro abierto. Un portavoz de Castilla La Mancha llegó a afirmar que los cierres se fundamentaban en una cuestión de calidad y no de dinero, pero nunca mostró informes o estudios que apoyaran su tesis de que la educación era de mejor calidad en los grandes colegios de las ciudades que en las pequeñas escuelas rurales.

Un caso similar se vivió con el cierre de las urgencias nocturnas en varios pueblos y ciudades de Catalunya, primero; y Castilla La Mancha, poco después, entre otras comunidades autónomas. El gobierno de María Dolores de Cospedal decretó la clausura de 21 puntos que ofrecían atención sanitaria durante la noche en distintos pueblos de Castilla La Mancha. Ante las protestas y, sobre todo, las resoluciones judiciales que tumbaron la decisión, el gobierno manchego tuvo que dar marcha atrás. Eso sí, ya ha anunciado que prepara un nuevo plan de cierres.

Durante el debate sobre el cierre de los ambulatorios, el ejecutivo autonómico aseguró que los pacientes afectados sólo deberían desplazarse unos kilómetros para ser atendidos en otro centro. Nunca mostró de dónde sacó esos datos. Una comprobación práctica demostró que esos pocos kilómetros rondaban los 40 y que el recorrido podía llegar a durar más de 40 minutos.

Con los datos en la mano, los numerosos ciudadanos que han protestado contra estas decisiones en España podrían intentar demostrar, como pasó en Escocia, si los gobiernos se equivocan al decretar todos estos cierres. Pero España no es Escocia.

La recién estrenada norma ruandesa es mucho más ambiciosa que el proyecto español. Incluye todas las instituciones públicas, algunas privadas y la información recogida en borradores y notas internas.

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Imagen exterior del Parlamento de Ruanda.

El 11 de marzo entró en vigor la ley de acceso a la información de Ruanda con su publicación en el boletín oficial del país africano. Aunque no es una norma perfecta (“no establece de forma clara las medidas de recurso y de sanción”, por ejemplo, como destaca Victoria Anderica, investigadora Legal y Coordinadora de Campañas de Access Info), no sólo ha adelantado a la ley de transparencia española, sino que supera por goleada al redactado del proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso.

 

Todas las administraciones vs. unas pocas

La primera de las muchas diferencias entre ambos textos está en el ámbito de aplicación. ¿Qué organismos públicos están obligados a cumplir los preceptos de transparencia que marque la ley?

En el caso español: la Administración General del Estado, comunidades autónomas, administración local, agencias y entidades públicas, fundaciones y sociedades mercantiles con capital social cuya participación pública supere el 50%. El Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas sólo serán objeto de esta ley en relación con sus actividades sujetas a Derecho administrativo. Este baremo deja fuera, como se denunció en la campaña que lanzaron en enero Access Info y Civio, a los partidos políticos, así como a sindicatos, organizaciones empresariales o la Casa Real, entre otros.

¿Y en Ruanda? Su recién estrenada ley es mucho más simple: afecta a todas las instituciones públicas establecidas en la Constitución o financiadas con dinero público. Sí, todas. 0-1 para Ruanda.

 

Algunos organismos privados vs. ninguno

Los ruandeses, además, han llevado su norma más allá del ámbito estrictamente público. Deberán responder a las peticiones de información los organismos privados cuyas actividades estén relacionadas con “el interés público, los derechos humanos o las libertades”. (“Private organs to which this Law applies are those whose activities are in connection with public interest, human rights and freedoms”). “Esto es un gran avance con respecto a la leyes existentes, es ser pionero en un asunto que afecta a todos los países por igual y establece una buena práctica que esperemos sea replicada”, argumenta Anderica. En España, por el momento, de eso ni hablamos. 0-2.

 

Informes y borradores vs. opacidad en el proceso

Una de las carencias más criticadas del actual redactado de ley de transparencia es su artículo 15, que señala que no se admitirán peticiones de información “que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”. Es decir, excluye de la ley buena parte de los materiales con los que trabajan las administraciones para la toma de decisiones o el redactado de textos normativos.

En la nueva ley de Ruanda, es información susceptible de ser reclamada por la ciudadanía, además de la relativa a hechos ya probados, la relacionada con decisiones, los informes en los que se basan, las asesorías, las notas vinculadas y, en general, todos los datos que tienen que ver con el proceso de toma de decisiones de las administraciones públicas. 0-3.

Ley de protección de datos vs. interés público

La lista de excepciones al derecho de acceso la información es bien distinta en cada uno de los casos. En España, además de la estricta ley de protección de datos, una solicitud de información puede verse frenada por seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, propiedad intelectual, seguridad pública, en casos de procesos judiciales, intereses económicos y comerciales (en general, sin especificar en el redactado), la política económica y monetaria o “la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión”, entre otros. Los ‘no’ de Ruanda son menos numerosos y, sobre todo, mucho menos amplios: se podrá denegar una petición en procesos judiciales, si impide la aplicación de la ley o la justicia,  si puede desestabilizar la seguridad nacional, en el caso de que viole la propiedad intelectual o para defender la privacidad. Eso sí, aclara que esa privacidad pasará a un segundo plano si la información requerida es de interés público. Y, ¿qué significa interés publico? Además de todos aquellos asuntos que afecten de manera directa a la ciudadanía, incluye aquella información que sea capaz de promover un debate público consistente (“promote founded public debate”). La ley española, en cambio, no concreta el ámbito del interés público.

La recién estrenada ley de acceso a la información de Ruanda se basa, además de en su propia Constitución, en el artículo 19 de la declaración universal de los Derechos Humanos, que vincula la libertad de expresión con el derecho a recibir información. El proyecto a debate en el Congreso alude, en exclusiva, en la Constitución Española.