excepciones

Tramita así una solicitud de información recibida por el Tribunal de Cuentas, que pedía esos documentos entre 1998 y 2001, y estudia si esos datos pueden dañar a terceros

El Tribunal de Cuentas recibió, al amparo de la Ley de Transparencia, una petición para acceder los informes realizados por la Intervención General del Estado sobre las empresas mineras.

Ante la duda de si facilitar esa información puede afectar a “derechos o deberes de terceros” (artículo 19.3 de la norma), en este caso de los propias compañías, les ha dado el plazo establecido de 15 días para presentar alegaciones, puesto que los informes contienen la fiscalización de cada una de ellas.

Cuatro de ellas, que no han podido ser localizadas por otros medios, han recibido la notificación en el BOE de hoy. Si no fuera por ello, solo la persona que solicitó la información podría conocer que este trámite de alegaciones está en proceso, ya que la norma obliga a avisar de este tipo de procedimientos.

La Ley de Transparencia establece ciertas excepciones para el acceso a la información pública: la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; la protección del medio ambiente; y, de forma amplia y sin especificar cómo se concreta, los intereses económicos y comerciales.

[Una información publicada originalmente en El BOE nuestro de cada día]

Reunimos algunos ejemplos de solicitudes formuladas desde Tuderechoasaber.es que, con la ley delante y en vigor, ahora deberían obtener como respuesta la información solicitada.

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Con la entrada en vigor de la normativa de transparencia para la Administración General del Estado (AGE) se reconocerá, dentro de pocas semanas, el derecho de cualquier ciudadano a acceder a nueva información que antes quedaba fuera de su alcance. Por eso reunimos algunos ejemplos de solicitudes formuladas desde Tuderechoasaber.es que, con la ley delante y en vigor, ahora deberían obtener como respuesta la información solicitada. Recordemos además que el reglamento de aplicación de la ley aún no se ha hecho público, por lo que existen incógnitas, ambigüedad y muchas salvedades a la hora de poder asegurar que, en un escenario concreto, el ciudadano recibirá con seguridad toda la información que solicita.

    • A partir del 10 de diciembre se podrán solicitar y recibir datos sobre partidas presupuestarias específicas y su desglose. Así, esta solicitud de información que Juan Elosua dirigió en mayo de 2014 al Ministerio de Economía y Competitividad sobre “las partidas
 presupuestarias anuales destinadas a la creación y mantenimiento
del INL (International Iberian Nanotechnology Laboratory)” debería ser atendida y resuelta. Hasta ahora, este Ministerio ha estado ignorando la gran mayoría de las solicitudes recibidas, como se puede comprobar en este link. No obstante, de cara a la aplicación efectiva de la ley, existe una salvedad: no se especifica cuál es el grado mínimo de desglose, por lo que cada institución podrá decidir por sí misma en cada caso concreto el nivel de detalle de los datos que aporte. Por eso es tan importante una ley estricta que cierre el camino a este tipo de indefiniciones.
    • Se podrá preguntar por TODAS las subvenciones concedidas por un organismo público o recibidas por una entidad. Recuerda que, según la ley, puedes preguntar a ambos. Así, esta solicitud en la que un ciudadano pide conocer los expedientes de reintegro de subvenciones con cargo al IRPF tramitados por Sanidad entre 2008 y 2011 debería obtener respuesta con la información que solicita.
    • Podrás solicitar y recibir los nombres de los asesores de ministros. En esta solicitud, Romà Seguí preguntaba en 2012 al Ministerio de Presidencia por el número (ni siquiera por el nombre) de personas contratadas como personal eventual y por aquellas que, con otro contrato, prestaban “trabajos de asesoramiento”. Nunca recibió respuesta. Como vemos, Presidencia también está entre las instituciones que peor atienden a las solicitudes de los ciudadanos, y eso pese a haber liderado la gestación de la Ley de Transparencia.
    • Se podrá pedir y obtener las memorias de impacto normativo de cualquier órgano de Administración General del Estado. En Tuderechoasaber.es hemos recibido muy pocas solicitudes de este tipo. En este ejemplo, un ciudadano solicitó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social una copia del informe de impacto de género que acompañó a la aprobación del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. La respuesta que recibió, hasta en tres ocasiones, fue que “todos los informes preceptivos que acompañan a las normas o proyecto de normas aprobadas por el Consejo de Ministros no constituyen un documento de público acceso, por lo que no es posible atender su solicitud”. 
Pues bien, ahora sí lo son.

Sin embargo…

Existen otros ejemplos de información que no podrás solicitar a partir del 10 de diciembre. Con el texto en mano, las entidades sujetas a la Ley de Transparencia no tendrán obligación de darte información que tenga carácter  auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes e informes internos o entre órganos o entidades administrativas se quedan fuera del paraguas de la ley. Pese a que la información auxiliar desempeña un papel, variable, en la toma de decisiones, tendremos que esperar y observar cómo se desarrolla esta limitación en cada caso particular. “No podemos facilitártela porque se trata de información auxiliar” puede ser tendencia en la temporada 2015. La ley establece también una serie de limitaciones que dejan la puerta abierta a dobles lecturas. Así, cortapisas muy genéricas para pedir información relacionada con “intereses económicos y comerciales”, o aquellas que afecten a “la garantía de confidencialidad o secreto requerido en los procesos de toma de decisión” pueden servir para denegar una solicitud. Recuerda que, si rechazan tu solitud porque la información que reclamas contiene datos personales, puedes insistir por segunda vez para que te la proporcionen disociada de esos datos. A la espera de conocer mejor la “letra pequeña” (el reglamento que desarrolla le ley aún no es público), la propia norma sí contempla esta opción.

No solo a las administraciones públicas

Corregimos un errorTen muy presente también que la obligación de responder no solo la tienen los organismos públicos, también partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales. No solo los organismos públicos tienen obligaciones de transparencia. También los partidos políticos, las organizaciones empresariales, sindicales, y algunas empresas privadas. Aquellas que reciban más de 100.000 euros en un año en subvenciones o que más del 40% de sus ingresos provengan de ayudas públicas. Sin embargo, sus obligaciones son de PUBLICIDAD PROACTIVA (deben publicar organigrama y CV de altos cargos; contratos, convenios y subvenciones con administraciones públicas; presupuestos y estado de ejecución, cuentas anuales, auditorías y retribuciones de directivos), pero  tienen obligación de responderte NO tienen obligación de responderte. Aquí está más claro.  Y ojo, en el caso de empresas privadas, sólo si son subvenciones o ayudas. Si se trata de contratos con la administración (por ejemplo, la gestión de un servicio público, como un hospital o el transporte metropolitano), NO estarán bajo las obligaciones de publicidad proactiva de la ley de transparencia.

Y, ante la duda, ¡pregunta!

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Se ha dejado varias asignaturas para septiembre: el estatuto del Consejo de la Transparencia, el reglamento de la ley y el portal de la administración siguen siendo una incógnita para el ciudadano

El próximo 10 de diciembre entra en vigor el grueso de La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que se aplicará escalonadamente. Mientras que los principios que se han llamado ‘de Buen Gobierno’ (la previsión de sanciones para conflicto de intereses, las infracciones en gestión económico-presupuestaria) ya llevan casi un año en vigor, los organismos autonómicos y locales aún dispondrán de un año más para adaptarse a la obligaciones de la ley. Así pues, lo que entra en vigor el próximo 10 de diciembre son las disposiciones de transparencia de actividad pública para la Administración Central (el Título I de la ley: las obligaciones de proporcionar información, los principios de publicidad activa, la creación del portal de transparencia, la regulación del derecho de acceso a la información y también el ejercicio del mismo para poder formular solicitudes a las instituciones públicas) y el mandato del Consejo de la Transparencia (el Título III).

Sin embargo, pese a que las fechas se aproximan y a que el cambio normativo es complejo y será exigente con el cuerpo de funcionarios encargado de llevarlo a cabo, el Gobierno no ha informado todavía sobre los nuevos reglamentos que permitirán implementar la ley. Por eso, a tres meses de la entrada en vigor, Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio -las dos organizaciones que impulsamos la web Tuderechoasaber.es– hemos enviado una carta a José Luis Ayllón, Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, para preguntar por el estado de estas tareas de implementación.

Las dos organizaciones firmantes entendemos que el Gobierno aún tiene pendiente por completar al menos tres pasos y que debería informar públicamente sobre el estado de los mismos:

  • Presentar el Real Decreto con el que se dará a conocer el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Se trata de una norma especialmente importante porque definirá los requisitos que deben cumplir los candidatos a presidir este organismo, sus mecanismos de independencia y muchas otras cuestiones importantes para el desarrollo de su mandato. Según la propia ley, este reglamento debería haber sido aprobado en marzo de 2013, pero lo último que sabemos es que en las próximas semanas el Gobierno lo compartirá con el Consejo de Estado para recabar sus impresiones antes de hacerlo público.
  • El Gobierno debería dar a conocer lo antes posible el Reglamento con el desarrollo en detalle de la propia ley. Resulta clave porque debe definir de forma precisa cómo podrá solicitar cualquier ciudadano información a las instituciones públicas. Además, quizá pueda mejorar algunas restricciones del propio texto de la ley al llevarlas a la práctica diaria, como la exclusión de “notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos entre entidades administrativas”, que no podrán ser solicitadas (artículo 18).
  • En tercer lugar está la creación del Portal de Transparencia, que debería estar listo en diciembre para proporcionar información procedente de las administraciones de ámbito nacional.

Tanto la propia ley como todo su proceso de tramitación han sido muy criticados por expertos nacionales e internacionales y por la sociedad civil. Los principales motivos son no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, limitar su alcance casi exclusivamente a la información administrativa y por proponer un sistema de apelación muy poco garante para el ciudadano. El reglamento que aún está pendiente de aprobación podría paliar algunas de estas deficiencias, y por eso Access Info Europe y Civio pedimos más transparencia y participación de la sociedad civil en esta fase precedente de la entrada en vigor de la ley.

Más información:

  • Aquí puedes consultar la carta que hemos enviado a Secretario de Estado
  • Consulta el análisis de Access Info Europe sobre la Ley de Transparencia
  • Descarga un breve dossier de prensa con información esencial sobre la implantación de medidas de transparencia en España

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno llega al Parlamento como proyecto de ley tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio. El texto que pasa a las Cortes (disponible aquí) es la tercera versión desde el primer borrador que el Gobierno dio a conocer en marzo. En tuderechoasaber.es hemos confrontado los cambios del proyecto actual con la versión anterior (y ésta, con la primera) para que puedas ver las modificaciones hechas durante el proceso consultivo.

La gestación del proyecto de Ley de Transparencia ha seguido una agenda de cinco meses. A lo largo de ella, el Gobierno ha consultado a diversos cuerpos del Estado, convocado encuentros de expertos y celebrado una consulta pública que recibió casi 3.700 aportaciones ciudadanas. Sin embargo, los pocos cambios incorporados no llegan a satisfacer las exigencias de los colectivos pro-transparencia.

La ley que llama a las puertas del Congreso, ¿introduce muchas mejoras o se trata de un texto fiel a las líneas maestras del primer borrador? Repasamos algunas claves que ayudan a contestar a esta cuestión:

  • ¿Qué es una Ley de Transparencia y por qué es importante?

Es una ley que permite a cualquier persona pedir información a las instituciones públicas y que obliga a estas a proporcionársela porque se reconoce como derecho. Además, regula la “publicidad activa“. Así, las instituciones incluidas en la norma estarán obligadas a dar a conocer regularmente información sobre su funcionamiento y actuación pública. España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que todavía no cuenta con una ley de este tipo. En el caso del proyecto español, se incorpora también la particularidad de un título de “Buen Gobierno“, que castigará a aquellos gestores que cometan infracciones en el manejo de fondos públicos.

  • ¿Qué opinan los organismos consultivos que han examinado el texto?

De los tres organismos consultivos que han revisado el texto -el Consejo de Estado, la Agencia de Protección de Datos y Consejo General del Poder Judicial-, dos han sido bastante críticos con él. El Consejo de Estado ha recomendado más rigor técnico en la redacción de la ley. Entre sus temores destaca que el actual texto “es potencialmente susceptible de generar numerosos conflictos de interés”, y añade que conviene “definir con mayor precisión los límites y excepciones” del derecho de acceso a la información pública. Tuderechoasaber.es ha tenido acceso al dictamen completo y aquí puedes leerlo. El Gobierno afirma que ha tomado nota de estas recomendaciones y modificado el texto con ellas antes de aprobarlo.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha recomendado tipificar penalmente el “despilfarro” de fondos públicos, aunque la gestión deficiente de recursos no será castigada con cárcel. Sí lo será el falseamiento de información o la ocultación de datos en perjuicio de la Administración –penado con entre 1 y 4 años-.

  • ¿Ha tenido en cuenta el Gobierno las sugerencias de la comisión de expertos convocada para mejorar la ley?

Entre los propios expertos, algunos creen que no. La comisión de expertos no fue informada por el Gobierno en mayo de la existencia de un segundo borrador y el actual no incluye varias de las recomendaciones más importantes: el derecho de acceso a la información no será considerado como un derecho fundamental; no ha cambiado la definición de información, con numerosas excepciones, y no garantiza de por sí la independencia de la Agencia Estatal de Transparencia.

Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, una de las organizaciones que impulsan tuderechoasaber.es y miembro de la Coalición Pro Acceso, duda que la ley propuesta sirva para ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos y pueda cumplir los estándares internacionales.

A estas voces ha unido la de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que ha publicado dos informes criticando la redacción de la ley. En su segundo análisis, publicado en junio, señalaba que “la mayoría de los cambios son ’cosméticos’ y, en general, no contribuyen a mejorar el anteproyecto respecto de la versión anterior”.

  • ¿Qué aportaciones ciudadanas ha recogido esta ley y cuáles se han quedado fuera?

Pese a las insistentes reclamaciones de la Coalición Pro Acceso, el Gobierno rehusó hacer públicas las 3.683 sugerencias ciudadanas hechas el pasado marzo durante la consulta pública. El borrador resultante no difería esencialmente el primero. El Ministerio de Presidencia confirmó que había incorporado una quincena de aportaciones ciudadanas y que no las haría públicas porque las consideraba como “correspondencia” (y por tanto no tenía permiso). También recordó que no existe obligación de hacer una consulta pública cuando se prepara una ley.

  • Y ahora, ¿qué pasa? 

El proyecto de ley del Gobierno se debatirá en el Congreso a partir de septiembre para su definitiva aprobación, que se prevé fácil en un escenario de mayoría absoluta. El título II -de Buen Gobierno– entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Para el título I -de Transparencia de la Actividad Pública– habrá un periodo de entrada en vigor de un año, para que las instituciones puedan adaptarse al cambio. Por lo tanto, el acceso a la información no estará garantizado, como pronto, hasta otoño de 2013.

El Comité de Expertos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública continúa su trabajo. Mañana se celebrará el quinto encuentro, bajo el título de «Diálogo sobre transparencia y buen gobierno» y que contará con Antonio Garrigues Walker —presidente de Garrigues Abogados—, y Víctor Pérez Díaz —sociólogo y presidente de Analistas Socio-Políticos Gabinete de Estudios—, como ponentes.

En tuderechoasaber.es te acercamos los contenidos de la reunión del 31 de mayo, Propuestas de la Sociedad Civil“, cuya ponencia corrió a cargo de Elisa de la Nuez, directora general de Iclaves y miembro de la Junta Directiva del Foro de la Sociedad Civil y de Juan José Lavilla, Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, letrado de las Cortes Generales y abogado de Clifford Chance.

La cita transcurrió entre la decepción causada por el nuevo borrador, sin apenas novedades, y la incertidumbre provocada por los representantes del Gobierno, quienes no despejaron las dudas acerca de cómo se incluirán las propuestas de los expertos en el futuro proyecto de ley.

Abrió la sesión Benigno Pendás, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales —adscrito al Ministerio de la Presidencia—, quien invitaba a no caer en el desánimo en el caso de que las modificaciones propuestas no fueran finalmente incluidas en el texto definitivo. Además, anunció que el trabajo del grupo de expertos será recopilado en un libro.

En el turno de los ponentes, Elisa de la Nuez incidió en la importancia de que el acceso a la información pública se regule como un derecho fundamental, lo que requeriría el tratamiento de ley orgánica, de forma que sería equiparado a otros derechos constitucionales, como la protección de datos.Entre sus peticiones, la abogada mencionó  la necesidad de un portal de datos que acompañe a la Ley de Transparencia y de que el órgano supervisor sea independiente. Para ello propuso un organismo colegiado, con un pleno de composición paritaria entre funcionarios y representantes de la sociedad civil, y presidido por uno de estos últimos, a imagen del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

Juan José Lavilla hizo un recorrido por la legislación actual en materia de consultas a la ciudadanía durante los procesos legislativos, al tiempo que defendió  la importancia de involucrar a la sociedad civil en los mismos, en especial, en la elaboración de los reglamentos. En este sentido reclamó una ley que regule la participación ciudadana. Por otro lado, Lavilla consideró imprescindible para ejercer el derecho de participación, el acceso a los informes y el resto de documentación de soporte, calificando de  oportunidad perdida su exclusión del anteproyecto de ley.

Ya en el turno de preguntas, se trataron aspectos técnicos, ante lo que Esperanza Zambrano, del Ministerio de la Presidencia, pidió que no se confundieran transparencia con reutilización, aspecto este que podría tratarse en los reglamentos que desarrollen la ley, si bien advirtió que ya hay legislación al respecto.

Jacobo Elosúa, presidente de la Fundación Ciudadana Civio, no obtuvo respuestas cuando sugirió que el artículo 14.2 abre la puerta a la identificación mediante DNI electrónico, como requisito a la hora de realizar peticiones.  Asimismo, quiso conocer si serán publicadas las casi 3.700 aportaciones ciudadanas realizadas durante el período de consulta, a lo que Zambrano no supo contestar, afirmando no tener información sobre este aspecto.

José Luis Dader, Catedrático de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, incidió en las incongruencias provocadas por el futuro proyecto de ley y el derecho fundamental a la protección de datos. En el mismo sentido intervino Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, que reiteró la importancia de vincular el derecho de acceso a la información con el artículo 20 de la Constitución Española (CE) —sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión— y que permitiría reducir los escenarios de contradicción entre transparencia y protección de datos.

En sus réplicas, Benigno Pendás rechazó las declaraciones de quienes acusaban al Gobierno de no dar respuesta a las inquietudes sociales en la materia, escudándose  en que el actual ejecutivo, al contrario que el del PSOE, promulgará la ley. Pendás llegó a declarar que no estamos ante un derecho fundamental,  para después justificar la redacción actual en el marco del artículo 105 de la CE (desarrollado en la Ley 30/1992, que regula el trato con las Administraciones Públicas ) y advertir que el Gobierno no estaría obligado a elaborar la Ley de Transparencia.

 

La Comisión de Expertos sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia se reunió el pasado jueves sin saber que el Gobierno ya tenía una nueva versión del texto. Nadie les dijo nada en su segundo encuentro, en el que curiosamente se hablaba del capítulo del derecho de acceso a la información pública.

La Comisión de Expertos sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia se reunió el pasado jueves sin saber que el Gobierno ya tenía una nueva versión del texto. Nadie les dijo nada en su segundo encuentro, en el que curiosamente se hablaba del capítulo del derecho de acceso a la información pública.

¿Se tendrá en cuenta lo que propusieron? Es algo que ni ellos mismos saben aún, pero muchas de sus recomendaciones no están incluidas en las anunciadas el viernes por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En tuderechosaber.es abrimos una ventana para que sepas lo que allí se dijo.

José Aurelio García Martín, inspector de servicios en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, indicó que el anteproyecto no cumple con el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos. Entre otros motivos, porque en la misma definición de información tiene unas limitaciones que calificó de “preocupantes”. Además, sugirió tratar los límites de forma conjunta, ya que al estar ubicados ahora en seis artículos distintos son susceptibles de ser malinterpretados. Otros expertos también destacaron estos dos puntos como mejorables.

García Martín a su vez propuso incluir en el texto legislativo la obligación de dar formación a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia, de recopilar estadísticas sobre su implementación y la necesidad de promover la ley entre la ciudadanía.

Emilio Guichot, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, recalcó la importancia de que el derecho de acceso a la información sea reconocido como un derecho fundamental. Ya que este derecho no está detallado explícitamente en la Constitución Española, recomendó vincularlo con el artículo 20, que ampara la libertad de expresión, tal y como están reclamando la Coalición Pro Acceso, Transparencia Internacional y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Así, la ley tendría que ser una ley orgánica y se aplicaría a los poderes legislativos y judiciales en todos sus actos (y no solo los administrativos).

Para José Luis Piñar Mañas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, esta es una mejora imprescindible. Piñar Mañas, que fue director de la Agencia de Protección de Datos, destacó que esto es esencial para poder equilibrar el derecho de acceso con otros derechos fundamentales. Además recordó que el derecho a la protección de datos personales tampoco aparecía en la Constitución y sin embargo hoy en día se reconoce como derecho fundamental, que ha sido regulado por leyes orgánicas.

Ya en el turno de preguntas, Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, volvió a recordar que en el anteproyecto se están ignorando la jurisprudencia internacional y la interpretación que hace el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que vincula claramente el derecho de acceso la información a la libertad de expresión.

Primera de las cuatro sesiones de trabajo convocadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de Presidencia.

Acto de Constitución de la Comisión de Expertos. Imagen: CEPC

El Comité de Expertos designado por el Gobierno para analizar el borrador del anteproyecto de Ley de Transparencia y asesorar durante su tramitación parlamentaria ha echado a andar. El pasado 26 de abril tuvo lugar la primera de las cuatro sesiones de trabajo convocadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de Presidencia.

Entre los asistentes estaban destacados catedráticos en Derecho Constitucional, altos cargos de la administración, juristas, académicos y colectivos en favor de la transparencia. Access Info Europe, una de las organizaciones detrás de tuderechoasaber.es, estuvo representada por Helen Darbishire, su directora ejecutiva. (Puedes consultar la lista de expertos al final del post)

El programa de la primera sesión ponía en el centro del debate el Capítulo I (Publicidad Activa) del Título I (Transparencia de la Actividad Pública) del borrador del anteproyecto. Algunos expertos preguntaron si este grupo iba a tener acceso a un texto nuevo que –como ha prometido José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes- incluyese algunas de las 3.600 aportaciones enviadas por los ciudadanos durante la consulta pública abierta el pasado marzo. También si el Comité va a tener acceso a las propias aportaciones. Ninguna de estas dos preguntas recibió una respuesta concluyente.

Desde el Ministerio de Presidencia sí se aseguró que, durante la fase de tramitación parlamentaria de la ley, los diputados podrán consultar las más de 3.600 sugerencias ciudadanas. Este procedimiento siembra dudas en algunos expertos. Access Info Europe considera que estudiar estas recomendaciones no debería ser labor de los diputados, puesto que las sugerencias más relevantes y solicitadas por la sociedad civil deberían estar ya incluidas en el anteproyecto antes de su paso por las Cortes.

También han surgido dudas sobre la adecuación del actual borrador al Convenio del Consejo de Europa. Este acuerdo internacional establece los mínimos que debe cumplir una Ley de Transparencia. El Gobierno siempre ha sostenido que su ley sería fiel a los compromisos del Convenio. No obstante, tanto la definición de información como la lista de excepciones que ha presentado no cumplen los mínimos del acuerdo. Algunos de los presentes en la reunión del Comité se manifestaron a favor de ampliar el reconocimiento del acceso a la información como derecho fundamental.

La agenda de reuniones proseguirá de la siguiente manera:

  • 17 de mayo: Debate en torno al Capítulo II, Derecho de Acceso a la Información Pública
  • 24 de mayo: Debate en torno al Título II, Buen Gobierno
  • 31 de mayo: Análisis y debate de las propuestas provenientes de distintos ámbitos de usuarios de la Ley (sociedad civil, periodistas, abogados, etc.)

El Comité de Expertos designado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales está integrado por:

  1. Borja Adsuara Varela: Director General de Red.es;
  2. María Ángeles Ahumada: Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid;
  3. Rosana Andrés Díaz: Presidenta de Archiveros Españoles en la Función Pública;
  4. Manuel Arenilla: Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos. Director del Instituto Nacional de Administración Pública ;
  5. Valle Ares González: Asesora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes;
  6. María Ester Arizmendi: Directora General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;
  7. Agatha Arranz: Instituto de Estudios de la Democracia, Universidad CEU San Pablo;
  8. María José Canel: Catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid;
  9. María Pilar Cousido: Profesora Titular de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM);
  10. Helen Darbishire: Directora de Access Info Europe;
  11. Antonio Descalzo: Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid;
  12. Juan Díez-Nicolás: Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid;
  13. José Aurelio García: Inspector de Servicios. Inspección General de los Servicios. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;
  14. Emilio Guichot: Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla;
  15. Blanca Hernández Oliver: Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;
  16. José Luis del Hierro: Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad Complutense de Madrid;
  17. Fernando Jiménez Sánchez: Profesor Titular de Ciencia Política de la Universidad de Murcia;
  18. Mario Kölling: Investigador García Pelayo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  19. Juan José Lavilla: Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Letrado de las Cortes Generales. Abogado de Clifford Chance;
  20. Jesús Lizcano Álvarez: Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Presidente de Transparencia Internacional España;
  21. Flor López Laguna: Directora de la Oficina de Conflictos de Interés. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;
  22. Juan Miguel Márquez: Responsable de Relaciones Externas del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información;
  23. Isaac Martín: Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla la Mancha;
  24. Elisa de la Nuez: Directora General de iclaves y miembro de la Junta Directiva del Foro de la Sociedad Civil. Miembro de la Coalición Pro Acceso;
  25. Paloma de la Nuez: Asesora para asuntos académicos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  26. Alberto Palomar: Magistrado de lo Contencioso-Administrativo y profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid;
  27. Antonio Panizo García: Abogado Jefe de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;
  28. José Luis Piñar: Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Ex director de la Agencia Española de Protección de Datos;
  29. Sabrina Ragone: Investigadora García Pelayo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  30. Jaime Rodríguez Arana: Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña;
  31. Rafael Rubio Núñez: Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid;
  32. Joaquín Ruiz López: Director del Departamento de Calidad de los Servicios. Agencia de Evaluación y Calidad;
  33. José Manuel Ruiz Ramos: Director de Tecnologías de la Información del Boletín Oficial del Estado;
  34. Rubén Ruiz-Rufino: Investigador García Pelayo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  35. Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva: Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de Pro-Acceso;
  36. Ángel Sánchez Navarro: Subdirector de Publicaciones y Documentación, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  37. José María Sauca: Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Director del Programa en Cultura de la Legalidad (TRUST-CM);
  38. Manuel Tuero Secades: Director General del Boletín Oficial del Estado.

El Anteproyecto de Ley no reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental.

El pasado lunes 26 de marzo el Gobierno hizo público el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno .

Hasta el próximo 10 de abril, todos los ciudadanos podemos aportar nuestras opiniones y sugerencias para mejorar el Anteproyecto, antes de que se presente en la Cumbre del Open Government Partnership, el próximo 17 de Abril en Brasilia. “La participación ciudadana en esta consulta es esencial”, resaltó Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe y representante de la sociedad civil española en la próxima Cumbre del Open Government Partnership.

Darbishire resaltó los avances que supondría el Anteproyecto respecto a la situación actual en España: por ejemplo, exige la publicación proactiva de muchos datos públicos, como la ejecución de presupuestos. Pero también subrayó que con este Anteproyecto seguiríamos estando muy por debajo de los estándares de transparencia europeos e internacionales, reflejados en el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a Documentos Públicos.

Access Info Europe resalta la ausencia de varios puntos esenciales en la nueva propuesta gubernamental:

– El Anteproyecto de Ley no reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental

– La propuesta incluye una larga lista de excepciones en las que queda reservado el derecho de acceso a la información en varias áreas de la Administración Pública, como defensa o seguridad nacional, así como en lo que respecta a la Casa Real.

– Aunque ciertos intereses legítimos del Estado deben ser protegidos, el interés general no prima a la hora de diferenciar entre información pública y reservada, y se le da excesiva prioridad a la protección de datos. Por ejemplo, cuando se publicó el patrimonio de senadores y diputados, se dio prioridad al interés público que generaba frente a la protección de datos de diputados y senadores.

– El Anteproyecto no garantiza el fin del silencio administrativo que impera en España, donde más del 60% de las solicitudes de información pública quedan sin respuesta.

– En caso de vulneración del derecho de acceso a la información no se prevén sanciones específicas, por lo que permanecería el clima actual de impunidad.

El Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno queda así muy lejos de los 10 principios que defiende la Coalición Pro Acceso, la agrupación de más de organizaciones que lucha por el derecho a la información pública y la transparencia en España desde 2006.