derecho de acceso

El Ministerio de Hacienda asigna los recursos del nuevo órgano regulador, elige a su presidente y tiene lazos con dos de los siete vocales de su comisión, donde la sociedad civil no está representada.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Quién Manda, un proyecto de Civio. Pincha en cada individuo u organismo mencionado en el texto para consultar sus relaciones e influencia.

La reunión mensual del Consejo de la Transparencia, que muy pronto tendrá que salir del cascarón, no será un encuentro de novicios. Todos los vocales designados por distintas administraciones son altos funcionarios públicos con predominio del perfil jurídico. También lo es su presidenta, Ester Arizmendi, la elección de Cristóbal Montoro para dirigir este organismo, y a la que antes encomendó modernizar la función pública e impulsar la administración electrónica desde el Ministerio de Hacienda. Cada uno representa acervos y doctrinas muy distintos sobre lo que significa “transparencia”, pero juntos deben hacer cumplir la misma ley. Aunque está en sus manos dar forma a una nueva cultura pública para España, todos proceden de dentro del aparato administrativo o de la política activa, en contra de las recomendaciones y de todos los estándares de independencia. No les acompaña ningún representante independiente de la sociedad civil. ¿Quiénes son y de dónde vienen?

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Los siete vocales

Si el derecho a la información tiene una de sus contrapartes en la protección de datos, Agustín Puente Escobar, que es jefe del gabinete jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), parece idóneo para garantizar lo segundo. Abogado del Estado desde 1994, Agustín Puente inició su carrera en el Tribunal de Justicia de Cataluña para saltar en 1996 a la jefatura del gabinete técnico del subsecretario de Industria y Energía. Tras un periodo en Interior, en 2001 se trasladó a Praga para participar en el desarrollo legislativo de las normas comunitarias y en la creación de la oficina checa para la protección de datos. Su segunda etapa en la AEPD transcurre desde 2002 hasta hoy.

Las Cortes están representadas en el Consejo de la Transparencia por la diputada del Grupo Popular por Zaragoza  Pilar Cortés Bureta y por Jokin Bildarratz, portavoz del PNV en el Senado. La primera es portavoz adjunta de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, exprofesora de Derecho Constitucional y especialista en protección de datos. Antes que senador, Bildarratz fue alcalde del Ayuntamiento de Tolosa, presidente de la Asociación de Ayuntamientos Vascos (EUDEL) y profesor de la Anoetako Herri Ikastola.

El Tribunal de Cuentas ha confiado la tarea de vocal a María José de la Fuente y de la Calle, que dirige desde 2012 el Departamento Séptimo de Fiscalización. Éste controla las cuentas del sector público local, de diputaciones a ayuntamientos, comarcas y consorcios. Licenciada en Derecho y letrada asesora de empresa por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas en 1993. Allí ha desempeñado casi toda su carrera.

Si el departamento de De la Fuente participa directamente en la auditoría de cuentas públicas, la estabilidad presupuestaria de las mismas, su control de gasto y vigilancia de la deuda recae sobre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Se trata un organismo supuestamente autónomo pero adscrito, como el propio Consejo de la Transparencia, al Ministerio de Hacienda. La AIReF confía su vocalía a otro abogado del Estado, José Luis Martínez-Almeida, su director jurídico. Su trayectoria es particularmente interesante: está ligado desde 2007 al ámbito de la administración de la Comunidad de Madrid, primero como director general de Patrimonio Histórico y después como secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad durante el tercer gobierno de Esperanza Aguirre. Desde septiembre de 2013 hasta abril de 2014 fue secretario general y del consejo de administración de SEPI Desarrollo Empresarial (SEPIDES).

José Manuel Sánchez Saudinós es secretario del Defensor del Pueblo y el representante que ha propuesto esta institución para llevar su voz en el Consejo de la Transparencia. Es doctor en Derecho Constitucional, ha sido profesor titular en la Universidad Carlos III durante más de una década y desde 2012 trabaja junto a Soledad Becerril, quien asumió el cargo tras dejar su escaño como diputada del Grupo Parlamentario Popular.

Por último, el Ministerio de Hacienda no solo se reserva el nombramiento de la presidenta del Consejo de la Transparencia, Ester Arizmendi, sino también el de una vocal, María Pía Junquera Temprano, designada el mismo día en el que Arizmendi cesó de su cargo en Hacienda. Junquera es directora general de Organización Administrativa y Procedimientos en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Lleva desde 1995 ligada a la administración, alternando etapas entre Hacienda y Justicia con gobiernos de todos los colores.

Hasta que eche a andar, sabemos que…

…este organismo contará con casi 1,9 millones para “evaluar la transparencia de la actividad pública”, pero no supondrá ningún incremento del gasto público (ni en dotaciones, ni retribuciones ni incremento de personal) puesto que se dota exclusivamente de recursos reasignados del Ministerio de Hacienda. Sánchez Saudinós, Bildarratz, Cortés y sus compañeros tendrán un mandato de cinco años, y podrán ser cesados por acuerdo del Gobierno, pero ninguno percibirá ninguna remuneración ni deberá dedicación exclusiva. La presidenta, por su parte, sí tiene asignado un sueldo de 54.640 euros anuales. Si cada cual pierde su condición de diputado, de senador o de consejero del Tribunal de Cuentas, será relevado. Lo mismo sucederá si el Defensor del Pueblo, la AEPD, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o la AIReF entienden que sus representantes han dejado de cumplir sus obligaciones.

Este equipo, compuesto también por dos subdirecciones que aún no han sido asignadas públicamente, deberá presentar anualmente a las Cortes una memoria analizando el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia. Todas sus resoluciones, todas, serán publicadas –disociadas de toda la información de carácter personal- en el portal de transparencia, y el BOE llevará un resumen de la memoria anual, pero no se contempla de forma explícita que la memoria completa sea pública, aunque deberá ser presentada en el Congreso.

En el caso de que se detecte un incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia, la presidenta podrá únicamente proponer el inicio de un procedimiento sancionador. La Ley de Transparencia atribuye la capacidad sancionadora al Consejo de Ministros o al Ministerio de Hacienda, según el caso, así que parece improbable que el propio Gobierno sancione a uno de sus miembros o a un alto cargo afín.

Distintas aproximaciones al derecho de acceso a la información

Cada vocal trae consigo una experiencia distinta sobre qué es la transparencia y cuál debe ser su alcance. Sánchez Saudinós estará al corriente de las triquiñuelas más utilizadas por las instituciones para denegar la información. El Defensor del Pueblo advierte de que “una comunicación de una administración a otra no es interna, sino externa”, y por tanto puede ser publicada. Su memoria anual alerta de que existen trabajos, estudios, opiniones y decisiones plasmados en comunicaciones e informes que “pueden ser incluso preceptivos, y que serían calificados de internos o entre órganos o entidades administrativas sólo para denegar el acceso a la información que contienen”. También avisa de que varios de los límites al acceso a información que recoge la ley pueden ser utilizados “para añadir opacidad”.

En eso coincide con Jokin Bildarratz, que pidió mejoras en los límites de la Ley de Transparencia a su paso por el Senado. Reclamó que tres de ellos (la protección del medio ambiente, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria) fueran modificados o suprimidos por no ser claros y que “limitarían de forma arbitraria el derecho de acceso”. Además, su grupo (el PNV) propuso que los puestos de los parlamentarios en el Consejo de la Transparencia fueran rotatorios.

También sabemos que la visión que tiene la diputada popular Pilar Cortés Bureta sobre la transparencia es conservadora y restrictiva, como se apreció en el trámite parlamentario de la ley. Cuando el directivo de Transparencia Internacional Manuel Villoria mencionó la dificultad de distinguir cuándo debería aplicarse el silencio positivo y cuándo valdría el negativo, Cortés propuso aceptar “la generalidad del silencio negativo, como la ley establece”. Para ella era “excesivo” someter a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales al mismo régimen de transparencia que las administraciones públicas. También restó importancia a la abundante información que la ley dejaba fuera: “aunque en un principio pueda parecer que haya una laguna o falte algún tipo de documentación, los propios ciudadanos irán marcando la pauta a las administraciones para que se sepa cuál es la información que consideran útil”.

El Congreso eligió a Cortés con 24 votos frente a Joan Tardà (Grupo Parlamentario Mixto), que no obtuvo ninguno, y 12 quedaron en blanco. Varios grupos cuestionaron la elección de la diputada, que Bermúdez de Castro (PP) defendió con la siguiente alusión: “no tiene sentido que nosotros no cuestionemos la independencia y la idoneidad de la señora Batet (Meritxell Batet, diputada socialista con presencia en el consejo asesor de la Agencia Española de Protección de Datos), que tiene un perfil similar al de la señora Cortés, y usted sí haga un juicio de valor previo”. Traducimos: nosotros no hemos criticado a los tuyos, tú no critiques a los nuestros.

Ni la transparencia ni la protección de los datos personales son derechos absolutos. Siempre hay que encontrar un equilibrio y ponderar los intereses en juego. Aquí destaca la experiencia de Agustín Puente, cuya labor en la AEPD ha sido dictaminar sobre supuestos jurídicos como la publicación de datos de concejales electos (“legítima, dado el carácter manifiestamente público del dato”) o sobre las actas de órganos de gobierno municipales. La AEPD estima “como regla general” que procede hacer públicas sólo las actas de las Asambleas, pero no las de las Juntas de Gobierno. “Y en todo caso es necesario ponderar los derechos en juego de los particulares”, manifestó Agustín Puente durante una conferencia.

En cambio, no consta ninguna experiencia previa de José Luis Martínez-Almeida, el vocal de la AIReF, relacionada con la transparencia. En el Fotomandón le encontramos en una imagen, durante una visita del magnate de los casinos Sheldon Adelson a la sede de la Comunidad de Madrid. Los medios le emplazan, cuando era secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la delegación que Esperanza Aguirre envió a Las Vegas para promover la candidatura madrileña para acoger el macrocasino EuroVegas.

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María José de la Fuente y de la Calle es consejera de cuentas a propuesta del Partido Popular, y en su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos señaló que la transparencia es una “clave esencial”. Respecto a la vocal de Hacienda, María Pía Junquera Temprano, aunque es miembro del pleno de la Cámara de Comercio de España, se omite este dato en su currículo del Portal de la Transparencia. El Ministerio de Hacienda no ha respondido aún a dos requerimientos de prensa ni a una solicitud de información para poder confirmar o desmentir si es pariente de Juan Junquera Temprano, exsecretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno llega al Parlamento como proyecto de ley tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio. El texto que pasa a las Cortes (disponible aquí) es la tercera versión desde el primer borrador que el Gobierno dio a conocer en marzo. En tuderechoasaber.es hemos confrontado los cambios del proyecto actual con la versión anterior (y ésta, con la primera) para que puedas ver las modificaciones hechas durante el proceso consultivo.

La gestación del proyecto de Ley de Transparencia ha seguido una agenda de cinco meses. A lo largo de ella, el Gobierno ha consultado a diversos cuerpos del Estado, convocado encuentros de expertos y celebrado una consulta pública que recibió casi 3.700 aportaciones ciudadanas. Sin embargo, los pocos cambios incorporados no llegan a satisfacer las exigencias de los colectivos pro-transparencia.

La ley que llama a las puertas del Congreso, ¿introduce muchas mejoras o se trata de un texto fiel a las líneas maestras del primer borrador? Repasamos algunas claves que ayudan a contestar a esta cuestión:

  • ¿Qué es una Ley de Transparencia y por qué es importante?

Es una ley que permite a cualquier persona pedir información a las instituciones públicas y que obliga a estas a proporcionársela porque se reconoce como derecho. Además, regula la “publicidad activa“. Así, las instituciones incluidas en la norma estarán obligadas a dar a conocer regularmente información sobre su funcionamiento y actuación pública. España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que todavía no cuenta con una ley de este tipo. En el caso del proyecto español, se incorpora también la particularidad de un título de “Buen Gobierno“, que castigará a aquellos gestores que cometan infracciones en el manejo de fondos públicos.

  • ¿Qué opinan los organismos consultivos que han examinado el texto?

De los tres organismos consultivos que han revisado el texto -el Consejo de Estado, la Agencia de Protección de Datos y Consejo General del Poder Judicial-, dos han sido bastante críticos con él. El Consejo de Estado ha recomendado más rigor técnico en la redacción de la ley. Entre sus temores destaca que el actual texto “es potencialmente susceptible de generar numerosos conflictos de interés”, y añade que conviene “definir con mayor precisión los límites y excepciones” del derecho de acceso a la información pública. Tuderechoasaber.es ha tenido acceso al dictamen completo y aquí puedes leerlo. El Gobierno afirma que ha tomado nota de estas recomendaciones y modificado el texto con ellas antes de aprobarlo.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha recomendado tipificar penalmente el “despilfarro” de fondos públicos, aunque la gestión deficiente de recursos no será castigada con cárcel. Sí lo será el falseamiento de información o la ocultación de datos en perjuicio de la Administración –penado con entre 1 y 4 años-.

  • ¿Ha tenido en cuenta el Gobierno las sugerencias de la comisión de expertos convocada para mejorar la ley?

Entre los propios expertos, algunos creen que no. La comisión de expertos no fue informada por el Gobierno en mayo de la existencia de un segundo borrador y el actual no incluye varias de las recomendaciones más importantes: el derecho de acceso a la información no será considerado como un derecho fundamental; no ha cambiado la definición de información, con numerosas excepciones, y no garantiza de por sí la independencia de la Agencia Estatal de Transparencia.

Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, una de las organizaciones que impulsan tuderechoasaber.es y miembro de la Coalición Pro Acceso, duda que la ley propuesta sirva para ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos y pueda cumplir los estándares internacionales.

A estas voces ha unido la de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que ha publicado dos informes criticando la redacción de la ley. En su segundo análisis, publicado en junio, señalaba que “la mayoría de los cambios son ’cosméticos’ y, en general, no contribuyen a mejorar el anteproyecto respecto de la versión anterior”.

  • ¿Qué aportaciones ciudadanas ha recogido esta ley y cuáles se han quedado fuera?

Pese a las insistentes reclamaciones de la Coalición Pro Acceso, el Gobierno rehusó hacer públicas las 3.683 sugerencias ciudadanas hechas el pasado marzo durante la consulta pública. El borrador resultante no difería esencialmente el primero. El Ministerio de Presidencia confirmó que había incorporado una quincena de aportaciones ciudadanas y que no las haría públicas porque las consideraba como “correspondencia” (y por tanto no tenía permiso). También recordó que no existe obligación de hacer una consulta pública cuando se prepara una ley.

  • Y ahora, ¿qué pasa? 

El proyecto de ley del Gobierno se debatirá en el Congreso a partir de septiembre para su definitiva aprobación, que se prevé fácil en un escenario de mayoría absoluta. El título II -de Buen Gobierno– entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Para el título I -de Transparencia de la Actividad Pública– habrá un periodo de entrada en vigor de un año, para que las instituciones puedan adaptarse al cambio. Por lo tanto, el acceso a la información no estará garantizado, como pronto, hasta otoño de 2013.

El Comité de Expertos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública continúa su trabajo. Mañana se celebrará el quinto encuentro, bajo el título de «Diálogo sobre transparencia y buen gobierno» y que contará con Antonio Garrigues Walker —presidente de Garrigues Abogados—, y Víctor Pérez Díaz —sociólogo y presidente de Analistas Socio-Políticos Gabinete de Estudios—, como ponentes.

En tuderechoasaber.es te acercamos los contenidos de la reunión del 31 de mayo, Propuestas de la Sociedad Civil“, cuya ponencia corrió a cargo de Elisa de la Nuez, directora general de Iclaves y miembro de la Junta Directiva del Foro de la Sociedad Civil y de Juan José Lavilla, Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, letrado de las Cortes Generales y abogado de Clifford Chance.

La cita transcurrió entre la decepción causada por el nuevo borrador, sin apenas novedades, y la incertidumbre provocada por los representantes del Gobierno, quienes no despejaron las dudas acerca de cómo se incluirán las propuestas de los expertos en el futuro proyecto de ley.

Abrió la sesión Benigno Pendás, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales —adscrito al Ministerio de la Presidencia—, quien invitaba a no caer en el desánimo en el caso de que las modificaciones propuestas no fueran finalmente incluidas en el texto definitivo. Además, anunció que el trabajo del grupo de expertos será recopilado en un libro.

En el turno de los ponentes, Elisa de la Nuez incidió en la importancia de que el acceso a la información pública se regule como un derecho fundamental, lo que requeriría el tratamiento de ley orgánica, de forma que sería equiparado a otros derechos constitucionales, como la protección de datos.Entre sus peticiones, la abogada mencionó  la necesidad de un portal de datos que acompañe a la Ley de Transparencia y de que el órgano supervisor sea independiente. Para ello propuso un organismo colegiado, con un pleno de composición paritaria entre funcionarios y representantes de la sociedad civil, y presidido por uno de estos últimos, a imagen del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

Juan José Lavilla hizo un recorrido por la legislación actual en materia de consultas a la ciudadanía durante los procesos legislativos, al tiempo que defendió  la importancia de involucrar a la sociedad civil en los mismos, en especial, en la elaboración de los reglamentos. En este sentido reclamó una ley que regule la participación ciudadana. Por otro lado, Lavilla consideró imprescindible para ejercer el derecho de participación, el acceso a los informes y el resto de documentación de soporte, calificando de  oportunidad perdida su exclusión del anteproyecto de ley.

Ya en el turno de preguntas, se trataron aspectos técnicos, ante lo que Esperanza Zambrano, del Ministerio de la Presidencia, pidió que no se confundieran transparencia con reutilización, aspecto este que podría tratarse en los reglamentos que desarrollen la ley, si bien advirtió que ya hay legislación al respecto.

Jacobo Elosúa, presidente de la Fundación Ciudadana Civio, no obtuvo respuestas cuando sugirió que el artículo 14.2 abre la puerta a la identificación mediante DNI electrónico, como requisito a la hora de realizar peticiones.  Asimismo, quiso conocer si serán publicadas las casi 3.700 aportaciones ciudadanas realizadas durante el período de consulta, a lo que Zambrano no supo contestar, afirmando no tener información sobre este aspecto.

José Luis Dader, Catedrático de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, incidió en las incongruencias provocadas por el futuro proyecto de ley y el derecho fundamental a la protección de datos. En el mismo sentido intervino Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, que reiteró la importancia de vincular el derecho de acceso a la información con el artículo 20 de la Constitución Española (CE) —sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión— y que permitiría reducir los escenarios de contradicción entre transparencia y protección de datos.

En sus réplicas, Benigno Pendás rechazó las declaraciones de quienes acusaban al Gobierno de no dar respuesta a las inquietudes sociales en la materia, escudándose  en que el actual ejecutivo, al contrario que el del PSOE, promulgará la ley. Pendás llegó a declarar que no estamos ante un derecho fundamental,  para después justificar la redacción actual en el marco del artículo 105 de la CE (desarrollado en la Ley 30/1992, que regula el trato con las Administraciones Públicas ) y advertir que el Gobierno no estaría obligado a elaborar la Ley de Transparencia.

 

La Comisión de Expertos sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia se reunió el pasado jueves sin saber que el Gobierno ya tenía una nueva versión del texto. Nadie les dijo nada en su segundo encuentro, en el que curiosamente se hablaba del capítulo del derecho de acceso a la información pública.

La Comisión de Expertos sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia se reunió el pasado jueves sin saber que el Gobierno ya tenía una nueva versión del texto. Nadie les dijo nada en su segundo encuentro, en el que curiosamente se hablaba del capítulo del derecho de acceso a la información pública.

¿Se tendrá en cuenta lo que propusieron? Es algo que ni ellos mismos saben aún, pero muchas de sus recomendaciones no están incluidas en las anunciadas el viernes por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En tuderechosaber.es abrimos una ventana para que sepas lo que allí se dijo.

José Aurelio García Martín, inspector de servicios en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, indicó que el anteproyecto no cumple con el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos. Entre otros motivos, porque en la misma definición de información tiene unas limitaciones que calificó de “preocupantes”. Además, sugirió tratar los límites de forma conjunta, ya que al estar ubicados ahora en seis artículos distintos son susceptibles de ser malinterpretados. Otros expertos también destacaron estos dos puntos como mejorables.

García Martín a su vez propuso incluir en el texto legislativo la obligación de dar formación a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia, de recopilar estadísticas sobre su implementación y la necesidad de promover la ley entre la ciudadanía.

Emilio Guichot, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, recalcó la importancia de que el derecho de acceso a la información sea reconocido como un derecho fundamental. Ya que este derecho no está detallado explícitamente en la Constitución Española, recomendó vincularlo con el artículo 20, que ampara la libertad de expresión, tal y como están reclamando la Coalición Pro Acceso, Transparencia Internacional y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Así, la ley tendría que ser una ley orgánica y se aplicaría a los poderes legislativos y judiciales en todos sus actos (y no solo los administrativos).

Para José Luis Piñar Mañas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, esta es una mejora imprescindible. Piñar Mañas, que fue director de la Agencia de Protección de Datos, destacó que esto es esencial para poder equilibrar el derecho de acceso con otros derechos fundamentales. Además recordó que el derecho a la protección de datos personales tampoco aparecía en la Constitución y sin embargo hoy en día se reconoce como derecho fundamental, que ha sido regulado por leyes orgánicas.

Ya en el turno de preguntas, Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, volvió a recordar que en el anteproyecto se están ignorando la jurisprudencia internacional y la interpretación que hace el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que vincula claramente el derecho de acceso la información a la libertad de expresión.

El Anteproyecto de Ley no reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental.

El pasado lunes 26 de marzo el Gobierno hizo público el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno .

Hasta el próximo 10 de abril, todos los ciudadanos podemos aportar nuestras opiniones y sugerencias para mejorar el Anteproyecto, antes de que se presente en la Cumbre del Open Government Partnership, el próximo 17 de Abril en Brasilia. “La participación ciudadana en esta consulta es esencial”, resaltó Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe y representante de la sociedad civil española en la próxima Cumbre del Open Government Partnership.

Darbishire resaltó los avances que supondría el Anteproyecto respecto a la situación actual en España: por ejemplo, exige la publicación proactiva de muchos datos públicos, como la ejecución de presupuestos. Pero también subrayó que con este Anteproyecto seguiríamos estando muy por debajo de los estándares de transparencia europeos e internacionales, reflejados en el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a Documentos Públicos.

Access Info Europe resalta la ausencia de varios puntos esenciales en la nueva propuesta gubernamental:

– El Anteproyecto de Ley no reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental

– La propuesta incluye una larga lista de excepciones en las que queda reservado el derecho de acceso a la información en varias áreas de la Administración Pública, como defensa o seguridad nacional, así como en lo que respecta a la Casa Real.

– Aunque ciertos intereses legítimos del Estado deben ser protegidos, el interés general no prima a la hora de diferenciar entre información pública y reservada, y se le da excesiva prioridad a la protección de datos. Por ejemplo, cuando se publicó el patrimonio de senadores y diputados, se dio prioridad al interés público que generaba frente a la protección de datos de diputados y senadores.

– El Anteproyecto no garantiza el fin del silencio administrativo que impera en España, donde más del 60% de las solicitudes de información pública quedan sin respuesta.

– En caso de vulneración del derecho de acceso a la información no se prevén sanciones específicas, por lo que permanecería el clima actual de impunidad.

El Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno queda así muy lejos de los 10 principios que defiende la Coalición Pro Acceso, la agrupación de más de organizaciones que lucha por el derecho a la información pública y la transparencia en España desde 2006.