Convenio del Consejo de Europa

Sin hacer ningún ruido y con un simple título de “nuevo texto” colgaba el Gobierno en su web la nueva versión del anteproyecto de Ley de Transparencia. Una semana antes, el Ejecutivo hablaba de “significativas modificaciones“, tras incorporar las aportaciones de los ciudadanos. Sin embargo, ese nuevo texto presenta pocos cambios estructurales, como se puede ver en la comparación de las dos versiones.

No se considera el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental; no cambia la definición de información, que todavía incluye una decena de excepciones, y poco más se hace por garantizar la independencia de la Agencia Estatal de Transparencia. Estos son los puntos a modificar en los que insiste la mayoría de miembros de la comisión de expertos convocada para mejorar la ley, pero que parecen no haber sido escuchados.

La Coalición Pro Acceso, plataforma de organizaciones que lucha por el derecho de acceso a la información, ha mostrado su preocupación por la “insuficiencia” de la propuesta y ha mandado una carta al Gobierno exigiendo más transparencia en su tramitación.

“Con esta ley sería imposible ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos”, dijo Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, una de las organizaciones detrás de tuderechoasaber.es y miembro de la Coalición. “Es difícil de entender por qué España propone una ley que ni siquiera cumple con los estándares mínimos internacionales”.

El borrador, que está siendo revisado por la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Estado, sí ha incluido la prueba de interés público. El problema es que ésta es solo aplicable a algunas de las excepciones. Además, ahora se habla de la exclusión de acceso a “informes internos“, pero sin definir este concepto.

Como aspecto positivo el texto incorpora esta vez sanciones por no responder reiteradamente a las solicitudes de información dentro del plazo de un mes marcado por la ley (artículo 17.5).

Todas estas modificaciones se han realizado, según el Gobierno, tras leer las casi 3.700 sugerencias que los ciudadanos hicieron durante dos semanas el pasado mes de marzo y abril. Sigue siendo imposible valorar en qué medida se han tenido en cuenta ya que a fecha de hoy ninguna de ellas ha sido publicada.

Primera de las cuatro sesiones de trabajo convocadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de Presidencia.

Acto de Constitución de la Comisión de Expertos. Imagen: CEPC

El Comité de Expertos designado por el Gobierno para analizar el borrador del anteproyecto de Ley de Transparencia y asesorar durante su tramitación parlamentaria ha echado a andar. El pasado 26 de abril tuvo lugar la primera de las cuatro sesiones de trabajo convocadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de Presidencia.

Entre los asistentes estaban destacados catedráticos en Derecho Constitucional, altos cargos de la administración, juristas, académicos y colectivos en favor de la transparencia. Access Info Europe, una de las organizaciones detrás de tuderechoasaber.es, estuvo representada por Helen Darbishire, su directora ejecutiva. (Puedes consultar la lista de expertos al final del post)

El programa de la primera sesión ponía en el centro del debate el Capítulo I (Publicidad Activa) del Título I (Transparencia de la Actividad Pública) del borrador del anteproyecto. Algunos expertos preguntaron si este grupo iba a tener acceso a un texto nuevo que –como ha prometido José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes- incluyese algunas de las 3.600 aportaciones enviadas por los ciudadanos durante la consulta pública abierta el pasado marzo. También si el Comité va a tener acceso a las propias aportaciones. Ninguna de estas dos preguntas recibió una respuesta concluyente.

Desde el Ministerio de Presidencia sí se aseguró que, durante la fase de tramitación parlamentaria de la ley, los diputados podrán consultar las más de 3.600 sugerencias ciudadanas. Este procedimiento siembra dudas en algunos expertos. Access Info Europe considera que estudiar estas recomendaciones no debería ser labor de los diputados, puesto que las sugerencias más relevantes y solicitadas por la sociedad civil deberían estar ya incluidas en el anteproyecto antes de su paso por las Cortes.

También han surgido dudas sobre la adecuación del actual borrador al Convenio del Consejo de Europa. Este acuerdo internacional establece los mínimos que debe cumplir una Ley de Transparencia. El Gobierno siempre ha sostenido que su ley sería fiel a los compromisos del Convenio. No obstante, tanto la definición de información como la lista de excepciones que ha presentado no cumplen los mínimos del acuerdo. Algunos de los presentes en la reunión del Comité se manifestaron a favor de ampliar el reconocimiento del acceso a la información como derecho fundamental.

La agenda de reuniones proseguirá de la siguiente manera:

  • 17 de mayo: Debate en torno al Capítulo II, Derecho de Acceso a la Información Pública
  • 24 de mayo: Debate en torno al Título II, Buen Gobierno
  • 31 de mayo: Análisis y debate de las propuestas provenientes de distintos ámbitos de usuarios de la Ley (sociedad civil, periodistas, abogados, etc.)

El Comité de Expertos designado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales está integrado por:

  1. Borja Adsuara Varela: Director General de Red.es;
  2. María Ángeles Ahumada: Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid;
  3. Rosana Andrés Díaz: Presidenta de Archiveros Españoles en la Función Pública;
  4. Manuel Arenilla: Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos. Director del Instituto Nacional de Administración Pública ;
  5. Valle Ares González: Asesora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes;
  6. María Ester Arizmendi: Directora General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;
  7. Agatha Arranz: Instituto de Estudios de la Democracia, Universidad CEU San Pablo;
  8. María José Canel: Catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid;
  9. María Pilar Cousido: Profesora Titular de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM);
  10. Helen Darbishire: Directora de Access Info Europe;
  11. Antonio Descalzo: Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid;
  12. Juan Díez-Nicolás: Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid;
  13. José Aurelio García: Inspector de Servicios. Inspección General de los Servicios. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;
  14. Emilio Guichot: Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla;
  15. Blanca Hernández Oliver: Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;
  16. José Luis del Hierro: Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad Complutense de Madrid;
  17. Fernando Jiménez Sánchez: Profesor Titular de Ciencia Política de la Universidad de Murcia;
  18. Mario Kölling: Investigador García Pelayo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  19. Juan José Lavilla: Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Letrado de las Cortes Generales. Abogado de Clifford Chance;
  20. Jesús Lizcano Álvarez: Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Presidente de Transparencia Internacional España;
  21. Flor López Laguna: Directora de la Oficina de Conflictos de Interés. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;
  22. Juan Miguel Márquez: Responsable de Relaciones Externas del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información;
  23. Isaac Martín: Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla la Mancha;
  24. Elisa de la Nuez: Directora General de iclaves y miembro de la Junta Directiva del Foro de la Sociedad Civil. Miembro de la Coalición Pro Acceso;
  25. Paloma de la Nuez: Asesora para asuntos académicos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  26. Alberto Palomar: Magistrado de lo Contencioso-Administrativo y profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid;
  27. Antonio Panizo García: Abogado Jefe de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;
  28. José Luis Piñar: Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Ex director de la Agencia Española de Protección de Datos;
  29. Sabrina Ragone: Investigadora García Pelayo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  30. Jaime Rodríguez Arana: Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña;
  31. Rafael Rubio Núñez: Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid;
  32. Joaquín Ruiz López: Director del Departamento de Calidad de los Servicios. Agencia de Evaluación y Calidad;
  33. José Manuel Ruiz Ramos: Director de Tecnologías de la Información del Boletín Oficial del Estado;
  34. Rubén Ruiz-Rufino: Investigador García Pelayo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  35. Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva: Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de Pro-Acceso;
  36. Ángel Sánchez Navarro: Subdirector de Publicaciones y Documentación, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
  37. José María Sauca: Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Director del Programa en Cultura de la Legalidad (TRUST-CM);
  38. Manuel Tuero Secades: Director General del Boletín Oficial del Estado.

El Anteproyecto de Ley no reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental.

El pasado lunes 26 de marzo el Gobierno hizo público el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno .

Hasta el próximo 10 de abril, todos los ciudadanos podemos aportar nuestras opiniones y sugerencias para mejorar el Anteproyecto, antes de que se presente en la Cumbre del Open Government Partnership, el próximo 17 de Abril en Brasilia. “La participación ciudadana en esta consulta es esencial”, resaltó Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe y representante de la sociedad civil española en la próxima Cumbre del Open Government Partnership.

Darbishire resaltó los avances que supondría el Anteproyecto respecto a la situación actual en España: por ejemplo, exige la publicación proactiva de muchos datos públicos, como la ejecución de presupuestos. Pero también subrayó que con este Anteproyecto seguiríamos estando muy por debajo de los estándares de transparencia europeos e internacionales, reflejados en el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a Documentos Públicos.

Access Info Europe resalta la ausencia de varios puntos esenciales en la nueva propuesta gubernamental:

– El Anteproyecto de Ley no reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental

– La propuesta incluye una larga lista de excepciones en las que queda reservado el derecho de acceso a la información en varias áreas de la Administración Pública, como defensa o seguridad nacional, así como en lo que respecta a la Casa Real.

– Aunque ciertos intereses legítimos del Estado deben ser protegidos, el interés general no prima a la hora de diferenciar entre información pública y reservada, y se le da excesiva prioridad a la protección de datos. Por ejemplo, cuando se publicó el patrimonio de senadores y diputados, se dio prioridad al interés público que generaba frente a la protección de datos de diputados y senadores.

– El Anteproyecto no garantiza el fin del silencio administrativo que impera en España, donde más del 60% de las solicitudes de información pública quedan sin respuesta.

– En caso de vulneración del derecho de acceso a la información no se prevén sanciones específicas, por lo que permanecería el clima actual de impunidad.

El Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno queda así muy lejos de los 10 principios que defiende la Coalición Pro Acceso, la agrupación de más de organizaciones que lucha por el derecho a la información pública y la transparencia en España desde 2006.