Consejo de la Transparencia

El 28 de septiembre celebramos el Día Internacional del Derecho a Saber, una iniciativa reconocida por las Naciones Unidas en la que se reclama derecho a acceder a la información de las administracionespúblicas como vía esencial para facilitar la participación ciudadana y garantizar la rendición de cuentas. En España el Derecho a Saber fue reconocido en 2013, pero no como un derecho fundamental. Eso le resta prevalencia frente a otras normas y limita el acceso a la información de los ciudadanos.

El Día Internacional del Derecho a Saber sirve además para recordar que la mayoría de los avances en transparencia han sido fruto del trabajo de una ciudadanía exigente, y que hoy es más necesario que nunca que los ciudadanos se involucren más en el proceso. El derecho a saber comienza por el deber de preguntarPor eso, la Fundación CivioAccess Info Europe y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Españaqueremos animarte y ayudarte a ejercer tu derecho a solicitar información a las instituciones ese día.

Queremos que te animes a preguntar sobre los asuntos públicos y queremos ayudarte a solventar todos los impedimentos que puedas tener al preguntar a la Administración.  Por ejemplo, que nunca hayas preguntado antes porque no sabes cómo hacerlo, no te has atrevido, te resulta un proceso complicado o no tienes un certificado electrónico.

1. Identifica cualquier información o datos de tu interés que puedan estar en manos de un organismo público. Si no sabes cuál es, o encuentras dificultades durante el proceso, escríbenos.

2. Si no cuentas con el certificado electrónico o los requisitos de identificación digital que exige la Administración y eso supone una barrera para que puedas ejercer tu derecho, haremos por ti tu pregunta y te haremos llegar la respuesta. No tienes más que usar el formulario que encontrarás al final de esta página. Civio y Access Info Europe utilizaremos nuestro propio certificado electrónico para puedas realizar tu pregunta. Cuando la Administración conteste, te enviaremos la contestación al correo electrónico que nos facilites.

3. Si tienes dudas sobre cómo  solicitar información o cómo reclamar en caso de que tu solicitud haya sido denegada, el 28 de septiembre estaremos en las oficinas del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno deseando conocerte y ayudándote a resolver cualquier cuestión.

Si estás en Madrid, no tienes más que acercarte a la sede de Consejo de Transparencia el día 28 de septiembre (calle José Abascal, 2,- 5ª Planta, de Madrid) entre las 09:00 y las 14:00 horas.

Si no puedes venir de forma presencial, puedes hacernos llegar cualquier pregunta a través de este formulario,  por las redes sociales a a través del hashtag #derechoasaber16 en Twitter o a través de los siguientes correos electrónicos:

USA ESTE FORMULARIO PARA QUE NOSOTROS TRASLADEMOS TUS SOLICITUDES A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS:

  • El Consejo de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos han publicado un criterio interpretativo sobre el derecho de acceso a datos personales de los participantes en estas reuniones
  • Responden a múltiples solicitudes de información sobre este asunto
  • El problema sigue siendo que las administraciones públicas no guardan información sobre sus reuniones de forma constante y estructurada

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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) ha publicado hoy un criterio conjunto de interpretación de la Ley de Transparencia centrado en aclarar si prevalece el derecho de acceso o la protección de datos a la hora de responder a solicitudes de información sobre asistentes a reuniones con cargos públicos. La conclusión general es: cuanta más responsabilidad tenga el participante, más derecho tenemos a conocer su nombre, también en entidades privadas.

Ambos organismos responden así a multitud de reclamaciones presentadas ante la negativa de dar nombres de los participantes en reuniones públicas, como las presentadas desde Civio (aquí y aquí), entre otras. Aunque cualquier dato identificativo se puede tratar como dato personal protegido, este criterio pondera este derecho con el de interés público.

Así, establece que, ante solicitudes de información de asistentes a reuniones de un cargo público en el ejercicio de sus funciones, se podrán dar los nombres de todos los altos cargos presentes, tanto por la parte pública como por la privada (empresas o asociaciones).

En concreto, en lo público, se podrá responder a la solicitud con los nombres de quienes tengan, al menos, nivel de subdirector general, subdelegado del gobierno provincial, directores de agencias estatales, entes y otros organismos públicos. De ahí para arriba. En el caso del personal eventual, se sumarán los nombres de aquellos que incidan en la toma de decisiones.

Para la parte privada, ambos organismos tienen en cuenta aquella información que ya es pública por otras vías, como quién es el administrador de una empresa, vía registros mercantiles. Así, establecen que se pueden dar los nombres de los participantes que sean administradores, miembros de los órganos de gobierno o dirección o altos directivos o asimilados. Eso sí, permite que se omita el nombre y firma en la que trabajan de los asesores externos de las compañías.

¿Quiere decir que podremos saber todos esos nombres de participantes en reuniones? En la mayoría de los casos, aún no. Como se recuerda en el texto de este criterio y pudimos comprobar en primera persona después de que se nos negara la información sobre los encuentros de altos cargos en todos los ministerios, esto aplica a la información que existe en cada organismo. Es decir, a la que tengan guardada y consolidada. Y, según aseguraron todos los departamentos, no tienen esa información. Ningún ministerio, aseguran, tiene una agenda de sus altos cargos que contenga toda esa información.

Así, aunque ya sabemos qué está protegido y qué no, la clave es que las administraciones guarden esa información de cara a permitir el escrutinio público. El CTBG está trabajando en un informe sobre qué debería ser una agenda para la transparencia y desde Civio ya hemos aportado nuestras recomendaciones. Ahora solo necesitamos voluntad política para que el concepto de rendición de cuentas se abra paso.

El ministerio encabezado por Pedro Morénes ignora al Consejo de Transparencia, que le insta a entregar una información de "especial relevancia". El Ejército del Aire no identifica a las personas que embarcan en sus aviones pese a reconocer que es parte del procedimiento de control operativo de estos vuelos.

Recibimiento del ministro de Defensa, Pedro Morenés, en su visita de 2013 a Astaná (Kazajstán) tras viajar a bordo del Falcon, uno de los aviones del Grupo 45 del Ejército del Aire. Fuente: mde.es

El Ministerio de Defensa encubre los nombres de las personas que viajaron a bordo de los aviones oficiales junto a los ministros. Lo hace, además, tras desobedecer de manera premeditada las indicaciones del Consejo de Transparencia (CTBG), que le insta a entregar esta información. Después de una petición de información y una reclamación ante el CTBG, Defensa reinicia, a su propio arbitrio y contra procedimiento, la tramitación de una solicitud de acceso a la información para negar una información pública. Con esta vuelta de tuerca, el departamento dirigido en funciones por Pedro Morenés ignora al Consejo de Transparencia para esconder la identidad de los viajeros que acompañan en aeronaves de la Fuerza Aérea Española a los altos cargos del Gobierno.

Primera denegación de Defensa: prima la privacidad ante el interés público

El origen de la situación en la que Defensa ignora las indicaciones del CTBG radica en una petición de información presentada por Civio dirigida al Grupo 45 del Ejército del Aire. Esta unidad tiene encomendada la misión de transportar, previa solicitud por escrito, a las autoridades, tanto españolas como extranjeras de visita en España a las que el Gobierno decide brindarle esta forma de transporte. La petición de información pedía a esta unidad del Ejército del Aire un listado de todos los pasajeros de estos vuelos con altos cargos a bordo.

 

 

Solicitud de información registrada por Civio en Octubre de 2015

Solicitud de información registrada por Civio en Octubre de 2015

La respuesta de Defensa a la solicitud de información planteada al Grupo 45 se limita a denegar la información en base, por un lado, a la protección de datos personales –que sitúa en este caso por encima del interés público– y, por otro lado, en el límite contemplado en la Ley de Transparencia para supuestos en los que la difusión de una información suponga un perjuicio para la defensa. Para apoyar este razonamiento, el General Segundo Jefe de Estado Mayor del Aire, firmante de la resolución denegatoria, alude a la Ley de Secretos Oficiales y una orden ministerial que reconoce la facultad para clasificar los materiales que considere pertinentes para proteger sus intereses.

Resolución del Consejo de Transparencia: información de especial relevancia

Esta interpretación de las normas fue reclamada ante el CTBG, que estimó el recurso. En su resolución considera que es de “especial relevancia” la información concerniente al uso de las aeronaves del Ejército del Aire destinadas al transporte de autoridades. A juicio del Consejo, esta información debe ser entregada para conocer la utilización de este medio de transporte sufragado con fondos públicos, vedado a los ciudadanos y disfrutado por los altos cargos –y sus acompañantes– por razón de su cargo.

En cuanto a la protección de datos personales, el CTBG argumenta que la difusión el nombre de las personas transportadas por el Grupo 45 no quebranta la normativa puesto que no revela datos de especial protección, dado que no se refieren a su ideología, creencias, salud, vida sexual o comisión de infracciones penales o administrativas. En este punto, el Consejo manifiesta su preocupación por la “interpretación extensiva” de los límites al derecho de acceso a la información.

Además, el CTBG subraya que la clasificación de la información a la que alude Defensa, al invocar la Ley de Secretos Oficiales, solo está referida a la Casa Real y a la Presidencia del Gobierno. Esto significa que los datos relativos al transporte aéreo del presidente y del jefe del Estado están de por sí clasificados, pero no es así para las identidades del resto de autoridades transportadas y la de sus acompañantes, que han de ser públicas. Por ello, el CTBG insta al Ministerio de Defensa a entregar en el plazo de un mes la información.

Defensa se contradice y oculta información pública durante más de seis meses

En lugar de acatar la disposición –o de recurrirla ante Tribunal Contencioso-Administrativo de no estar conforme–, el General Segundo Jefe de Estado Mayor del Aire decide ignorar al Consejo de Transparencia y presentar más alegaciones. En su última resolución, tramitada como una nueva solicitud de información y al margen del procedimiento fijado en la Ley de Transparencia, Defensa rechaza responder, en esta ocasión, por entender que el derecho de acceso a la información pública solo es aplicable a los documentos generados por la administración pública desde la entrada de vigor de la Ley, en diciembre de 2014. Es decir, Defensa entiende que la información generada antes de esa fecha queda fuera del conocimiento de los ciudadanos.

Además, aduce que el Ejército del Aire no dispone de la información relativa de todos los viajeros. A pesar de que la solicitud de transporte aéreo debe incluir los datos de las personas que viajarán con las autoridades y que estos forman parte del procedimiento de control de los aspectos operativos del vuelo, según reconoce en otra resolución paralela sobre el procedimiento de estos traslados, Defensa reconoce haber recibido estos datos solo en uno de cada cuatro vuelos operados en los últimos cinco años y que no se realiza identificación alguna de las personas que embarcan en sus aviones, ya que, según sus palabras, para el cumplimiento de la misión solo les importa el número de pasajeros. Es decir, primero Defensa endilga la responsabilidad de la desinformación a los organismos públicos que no informan debidamente y acto seguido se contradice o declara incumplir los procedimientos de control al no verificar quién accede a sus aeronaves.

Con este incumplimiento de la resolución del CTBG, Defensa pretende arrancar de nuevo un proceso que se inició con la solicitud en octubre de 2015 y que debía haber sido entregada el 15 de marzo de 2016. Después de su última maniobra, el Consejo de Transparencia envió el pasado 12 de abril un escrito al ministerio de Pedro Morenés para exigir el cumplimiento de sus resoluciones. A día de hoy, Defensa continúa mirando hacia otro lado.

La apuesta por una medida se muestra no solo en las palabras con las que el Gobierno la anuncia, sino en los medios -y los tiempos- destinados a ponerla en marcha. Pero la del Consejo de Transparencia, el organismo que debe velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y por defender el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, es una historia de retrasos y medios escasos. Si el decreto que lo debía constituir entró en vigor ocho meses tarde (según los plazos que dictaba la propia norma), la formación del equipo empieza a dar pasos hoy, tres meses después de la entrada en vigor de la ley.

El BOE recoge hoy la convocatoria de 13 plazas, vía concurso, para nombrar consejeros técnicos, jefes de servicio y analistas de sistemas, que serán quienes deben gestionar los distintos medios de comunicación con quienes deseen realizar solicitudes, llevar al día las cuentas del organismo y atender a las reclamaciones y consultas de los ciudadanos, entre otras tareas clave para su funcionamiento. El problema es que los ciudadanos llevan presentando reclamaciones desde, al menos, enero.

A día de hoy, la única persona del Consejo de Transparencia que ha pasado por el nombramiento oficial, vía BOE, es su presidenta, Esther Arizmendi, que fue nombrada por Real Decreto días más tarde de la entrada en vigor de la ley. De hecho, aunque tanto Esperanza Zambrano (subdirectora general de reclamaciones) como Javier Amorós (subdirector general de transparencia y buen gobierno) ejercen, oficialmente, de forma provisional. El BOE recoge hoy la convocatoria de sus dos plazas por libre designación, además de las de un subdirector adjunto y dos secretarios.

Dentro de 15 días hábiles, plazo necesario para presentar solicitudes a estos puestos, podrían ser nombrados pero, esta vez sí, de forma definitiva. Además de este organigrama, la presidenta del Consejo de Transparencia lidera las reuniones de la Comisión de Transparencia, un organismo formado por siete vocales llegados de distintas administraciones públicas y de los partidos políticos (uno del Congreso y otro desde el Senado).

El 31 de octubre, tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el Estatuto del Consejo de Transparencia, el Gobierno aseguró que “el Consejo estará listo con tiempo para el próximo 10 de diciembre, que es cuando entran en vigor las obligaciones de transparencia que la Ley prevé para la Administración General del Estado”.

Si no tienes certificado digital, DNI-e o no deseas identificarte, pregunta en Tuderechoasaber.es y canalizaremos tu solicitud para que el proceso siga siendo fácil y público

Tuderechoasaber.es no es sólo una herramienta para enviar preguntas a la Administración y poder recibir respuestas. Se trata también de un proyecto de activismo cívico y democrático, de avance gradual pero continuo a favor de un acceso fácil y público a la información que generan nuestras instituciones. Factores que de momento no ha adoptado el Portal de Transparencia, en el que un sistema de identificación electrónica basado en certificado digital, con la alternativa del DNI electrónico o de una clave enviada a tu dispositivo móvil, obstaculiza a un conjunto enormemente significativo de la población el ejercicio de este nuevo derecho.

Las organizaciones que lanzamos y gestionamos Tuderechoasaber.es, la Fundación Civio y Access Info Europe, queremos que seguir pidiendo información a las instituciones no suponga para ti más molestia que enviar un email. Por eso, si quieres pedir información a una administración que restringe el proceso y no cuentas con certificado digital, DNI electrónico, no deseas identificarte o simplemente quieres que todo el proceso sea transparente y público, envía tu pregunta desde Tuderechoasaber.es y nosotros la trasladaremos a través del Portal de Transparencia por ti. Al hacerlo así, tu pregunta y las respuestas seguirán siendo públicas, como siempre. También podremos conocer y usar tu solicitud como ejemplo para seguir presionando hacia una mejor aplicación del derecho de acceso.

No discriminaremos entre vuestras solicitudes, a no ser que no se trate de una petición de información (que se trate de críticas, opiniones,… que nada tengan que ver con información que esté en manos de las administraciones y que quieras que sea abierta) o contengan comentarios de naturaleza ofensiva o potencialmente difamatoria. En este caso, no hemos cambiado nuestras normas de moderación, que puedes consultar aquí.

¿Qué implicaciones tiene esto en el caso de que desees interponer un recurso ante la falta de respuesta? Si quieres insistir a la administración para que responda a una solicitud que hayamos enviado por ti a través del Portal de Transparencia, avísanos. Como hasta ahora, al cabo de un mes de tu solicitud, recibirás un recordatorio para iniciar un recuso. Desde Civio y Access Info podemos ayudarte a interponerlo y solicitar el amparo del Consejo de Transparencia. Puedes apoyarte en estas plantillas para redactarlo.

Queremos que inicies el proceso con toda la información necesaria, y por eso hemos actualizado los textos de la web y la Guía del Solicitante de Información, que te proponemos consultar para aprender algunos consejos sobre cómo realizar peticiones efectivas. Contiene información abundante sobre el proceso de solicitar, la recepción de respuestas y la interposición de recursos en caso de silencio o denegación (e incluso unas plantillas tipo que puedes usar para ello).

En segundo lugar, como los organismos que no admiten solicitudes por email y bloquean el acceso a quienes preguntan sin identificarse electrónicamente son principalmente los de la Administración General del Estado -los ministerios-, cuando inicies una solicitud a uno de ellos, verás un aviso como este:

Trataremos de guiarte a lo largo del proceso. Si te surge alguna duda, revisa la Guía del Solicitante de Información o escríbenos.

En su jornada de constitución en el Senado, la presidenta del Consejo de Transparencia se comprometió a “estudiar cómo simplificar la petición de información por los ciudadanos”. Ya hemos trasladado a este organismo nuestras preocupaciones sobre un acceso limitado a la información, la complejidad del proceso de solicitarla y la necesidad de mucha más pedagogía pública.  También hemos ofrecido nuestra colaboración para lograr juntos una mejor implantación y aplicación de la ley de transparencia.

Sigue con nosotros, utiliza Tuderechoasaber.es y permanece atento a todas las novedades.

La ley da un plazo de un mes para recurrir al Consejo de la Transparencia, que empieza a contar al día siguiente de que se produzca el silencio administrativo.

Imagen: RTVE.es en Twitter

A pesar de que la ley de transparencia entró en vigor hace más de un mes, aún no se conoce si existe un trámite específico para presentar un recurso ante el Consejo de la Transparencia, que se constituyó ayer lunes. Esta falta de información afecta a los ciudadanos que enviaron solicitudes de información desde el pasado 10 de diciembre. Cumplido el plazo de un mes que establece la ley, quienes hayan recibido una respuesta negativa (denegando la información), o directamente no han recibido respuesta, aún no conocen los cauces específicos para poder recurrir al Consejo de la Transparencia para defender su derecho a acceder a la información. La única opción, por el momento, es presentar el recurso ante el registro central de la administración, aunque ni siquiera aparece el Consejo de la Transparencia como posible receptor del mensaje.

Este retraso supone un agravio para los ciudadanos que han realizado solicitudes de información. La ley da un plazo de un mes para recurrir al Consejo de la Transparencia, que empieza a contar al día siguiente de que se produzca el silencio administrativo. De esta forma, se acumulan los problemas de implementación de la transparencia. A los  obstáculos para enviar solicitudes de acceso a la información y al hecho de que el reglamento que debe acompañar a la ley de transparencia aún no es público, se suma ahora la poca información sobre los cauces para recurrir hasta que el Consejo de Transparencia no ponga en marcha el trámite. El Consejo fue creado pocos días antes de la entrada en vigor de la ley, y la experiencia previa de sus miembros se centra más en la protección de datos que en el derecho de acceso a la información pública.

“El Gobierno sigue demostrando que la ley de transparencia solo le importa como titular en los medios.”, declara Victoria Anderica, coordinadora de proyectos en Access Info Europe, “Su implementación es altamente decepcionante y a pesar de los continuos problemas el ejecutivo sigue sin hacer ni una declaración sobre los mismos.”.

“Ya no es solo una cuestión de mala fe ni de poco interés, sino de incumplimiento de la propia ley”, añade Eva Belmonte, Responsable de Proyectos de Civio. “El decreto del Consejo se presentó con ocho meses de retraso, se constituye ahora más de un mes después de la entrada en vigor de la ley, aún no tenemos reglamento y ni siquiera tenemos un cauce específico donde recurrir, pese a que los plazos están más que cumplidos”, concluye.

A día de hoy, los organismos públicos no han respondido a preguntas sobre los informes de auditoría, las retribuciones de altos cargos y las indemnizaciones pagadas por RTVE, así como el reparto de la publicidad institucional por cabeceras (solicitud enviada al Ministerio de Presidencia) y el desglose del parque móvil por departamentos (a Hacienda y Administraciones Públicas), entre muchas otras cuestiones.

El Ministerio de Hacienda asigna los recursos del nuevo órgano regulador, elige a su presidente y tiene lazos con dos de los siete vocales de su comisión, donde la sociedad civil no está representada.

consejo

Este artículo ha sido publicado originalmente en Quién Manda, un proyecto de Civio. Pincha en cada individuo u organismo mencionado en el texto para consultar sus relaciones e influencia.

La reunión mensual del Consejo de la Transparencia, que muy pronto tendrá que salir del cascarón, no será un encuentro de novicios. Todos los vocales designados por distintas administraciones son altos funcionarios públicos con predominio del perfil jurídico. También lo es su presidenta, Ester Arizmendi, la elección de Cristóbal Montoro para dirigir este organismo, y a la que antes encomendó modernizar la función pública e impulsar la administración electrónica desde el Ministerio de Hacienda. Cada uno representa acervos y doctrinas muy distintos sobre lo que significa “transparencia”, pero juntos deben hacer cumplir la misma ley. Aunque está en sus manos dar forma a una nueva cultura pública para España, todos proceden de dentro del aparato administrativo o de la política activa, en contra de las recomendaciones y de todos los estándares de independencia. No les acompaña ningún representante independiente de la sociedad civil. ¿Quiénes son y de dónde vienen?

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Los siete vocales

Si el derecho a la información tiene una de sus contrapartes en la protección de datos, Agustín Puente Escobar, que es jefe del gabinete jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), parece idóneo para garantizar lo segundo. Abogado del Estado desde 1994, Agustín Puente inició su carrera en el Tribunal de Justicia de Cataluña para saltar en 1996 a la jefatura del gabinete técnico del subsecretario de Industria y Energía. Tras un periodo en Interior, en 2001 se trasladó a Praga para participar en el desarrollo legislativo de las normas comunitarias y en la creación de la oficina checa para la protección de datos. Su segunda etapa en la AEPD transcurre desde 2002 hasta hoy.

Las Cortes están representadas en el Consejo de la Transparencia por la diputada del Grupo Popular por Zaragoza  Pilar Cortés Bureta y por Jokin Bildarratz, portavoz del PNV en el Senado. La primera es portavoz adjunta de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, exprofesora de Derecho Constitucional y especialista en protección de datos. Antes que senador, Bildarratz fue alcalde del Ayuntamiento de Tolosa, presidente de la Asociación de Ayuntamientos Vascos (EUDEL) y profesor de la Anoetako Herri Ikastola.

El Tribunal de Cuentas ha confiado la tarea de vocal a María José de la Fuente y de la Calle, que dirige desde 2012 el Departamento Séptimo de Fiscalización. Éste controla las cuentas del sector público local, de diputaciones a ayuntamientos, comarcas y consorcios. Licenciada en Derecho y letrada asesora de empresa por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas en 1993. Allí ha desempeñado casi toda su carrera.

Si el departamento de De la Fuente participa directamente en la auditoría de cuentas públicas, la estabilidad presupuestaria de las mismas, su control de gasto y vigilancia de la deuda recae sobre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Se trata un organismo supuestamente autónomo pero adscrito, como el propio Consejo de la Transparencia, al Ministerio de Hacienda. La AIReF confía su vocalía a otro abogado del Estado, José Luis Martínez-Almeida, su director jurídico. Su trayectoria es particularmente interesante: está ligado desde 2007 al ámbito de la administración de la Comunidad de Madrid, primero como director general de Patrimonio Histórico y después como secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad durante el tercer gobierno de Esperanza Aguirre. Desde septiembre de 2013 hasta abril de 2014 fue secretario general y del consejo de administración de SEPI Desarrollo Empresarial (SEPIDES).

José Manuel Sánchez Saudinós es secretario del Defensor del Pueblo y el representante que ha propuesto esta institución para llevar su voz en el Consejo de la Transparencia. Es doctor en Derecho Constitucional, ha sido profesor titular en la Universidad Carlos III durante más de una década y desde 2012 trabaja junto a Soledad Becerril, quien asumió el cargo tras dejar su escaño como diputada del Grupo Parlamentario Popular.

Por último, el Ministerio de Hacienda no solo se reserva el nombramiento de la presidenta del Consejo de la Transparencia, Ester Arizmendi, sino también el de una vocal, María Pía Junquera Temprano, designada el mismo día en el que Arizmendi cesó de su cargo en Hacienda. Junquera es directora general de Organización Administrativa y Procedimientos en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Lleva desde 1995 ligada a la administración, alternando etapas entre Hacienda y Justicia con gobiernos de todos los colores.

Hasta que eche a andar, sabemos que…

…este organismo contará con casi 1,9 millones para “evaluar la transparencia de la actividad pública”, pero no supondrá ningún incremento del gasto público (ni en dotaciones, ni retribuciones ni incremento de personal) puesto que se dota exclusivamente de recursos reasignados del Ministerio de Hacienda. Sánchez Saudinós, Bildarratz, Cortés y sus compañeros tendrán un mandato de cinco años, y podrán ser cesados por acuerdo del Gobierno, pero ninguno percibirá ninguna remuneración ni deberá dedicación exclusiva. La presidenta, por su parte, sí tiene asignado un sueldo de 54.640 euros anuales. Si cada cual pierde su condición de diputado, de senador o de consejero del Tribunal de Cuentas, será relevado. Lo mismo sucederá si el Defensor del Pueblo, la AEPD, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o la AIReF entienden que sus representantes han dejado de cumplir sus obligaciones.

Este equipo, compuesto también por dos subdirecciones que aún no han sido asignadas públicamente, deberá presentar anualmente a las Cortes una memoria analizando el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia. Todas sus resoluciones, todas, serán publicadas –disociadas de toda la información de carácter personal- en el portal de transparencia, y el BOE llevará un resumen de la memoria anual, pero no se contempla de forma explícita que la memoria completa sea pública, aunque deberá ser presentada en el Congreso.

En el caso de que se detecte un incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia, la presidenta podrá únicamente proponer el inicio de un procedimiento sancionador. La Ley de Transparencia atribuye la capacidad sancionadora al Consejo de Ministros o al Ministerio de Hacienda, según el caso, así que parece improbable que el propio Gobierno sancione a uno de sus miembros o a un alto cargo afín.

Distintas aproximaciones al derecho de acceso a la información

Cada vocal trae consigo una experiencia distinta sobre qué es la transparencia y cuál debe ser su alcance. Sánchez Saudinós estará al corriente de las triquiñuelas más utilizadas por las instituciones para denegar la información. El Defensor del Pueblo advierte de que “una comunicación de una administración a otra no es interna, sino externa”, y por tanto puede ser publicada. Su memoria anual alerta de que existen trabajos, estudios, opiniones y decisiones plasmados en comunicaciones e informes que “pueden ser incluso preceptivos, y que serían calificados de internos o entre órganos o entidades administrativas sólo para denegar el acceso a la información que contienen”. También avisa de que varios de los límites al acceso a información que recoge la ley pueden ser utilizados “para añadir opacidad”.

En eso coincide con Jokin Bildarratz, que pidió mejoras en los límites de la Ley de Transparencia a su paso por el Senado. Reclamó que tres de ellos (la protección del medio ambiente, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria) fueran modificados o suprimidos por no ser claros y que “limitarían de forma arbitraria el derecho de acceso”. Además, su grupo (el PNV) propuso que los puestos de los parlamentarios en el Consejo de la Transparencia fueran rotatorios.

También sabemos que la visión que tiene la diputada popular Pilar Cortés Bureta sobre la transparencia es conservadora y restrictiva, como se apreció en el trámite parlamentario de la ley. Cuando el directivo de Transparencia Internacional Manuel Villoria mencionó la dificultad de distinguir cuándo debería aplicarse el silencio positivo y cuándo valdría el negativo, Cortés propuso aceptar “la generalidad del silencio negativo, como la ley establece”. Para ella era “excesivo” someter a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales al mismo régimen de transparencia que las administraciones públicas. También restó importancia a la abundante información que la ley dejaba fuera: “aunque en un principio pueda parecer que haya una laguna o falte algún tipo de documentación, los propios ciudadanos irán marcando la pauta a las administraciones para que se sepa cuál es la información que consideran útil”.

El Congreso eligió a Cortés con 24 votos frente a Joan Tardà (Grupo Parlamentario Mixto), que no obtuvo ninguno, y 12 quedaron en blanco. Varios grupos cuestionaron la elección de la diputada, que Bermúdez de Castro (PP) defendió con la siguiente alusión: “no tiene sentido que nosotros no cuestionemos la independencia y la idoneidad de la señora Batet (Meritxell Batet, diputada socialista con presencia en el consejo asesor de la Agencia Española de Protección de Datos), que tiene un perfil similar al de la señora Cortés, y usted sí haga un juicio de valor previo”. Traducimos: nosotros no hemos criticado a los tuyos, tú no critiques a los nuestros.

Ni la transparencia ni la protección de los datos personales son derechos absolutos. Siempre hay que encontrar un equilibrio y ponderar los intereses en juego. Aquí destaca la experiencia de Agustín Puente, cuya labor en la AEPD ha sido dictaminar sobre supuestos jurídicos como la publicación de datos de concejales electos (“legítima, dado el carácter manifiestamente público del dato”) o sobre las actas de órganos de gobierno municipales. La AEPD estima “como regla general” que procede hacer públicas sólo las actas de las Asambleas, pero no las de las Juntas de Gobierno. “Y en todo caso es necesario ponderar los derechos en juego de los particulares”, manifestó Agustín Puente durante una conferencia.

En cambio, no consta ninguna experiencia previa de José Luis Martínez-Almeida, el vocal de la AIReF, relacionada con la transparencia. En el Fotomandón le encontramos en una imagen, durante una visita del magnate de los casinos Sheldon Adelson a la sede de la Comunidad de Madrid. Los medios le emplazan, cuando era secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la delegación que Esperanza Aguirre envió a Las Vegas para promover la candidatura madrileña para acoger el macrocasino EuroVegas.

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María José de la Fuente y de la Calle es consejera de cuentas a propuesta del Partido Popular, y en su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos señaló que la transparencia es una “clave esencial”. Respecto a la vocal de Hacienda, María Pía Junquera Temprano, aunque es miembro del pleno de la Cámara de Comercio de España, se omite este dato en su currículo del Portal de la Transparencia. El Ministerio de Hacienda no ha respondido aún a dos requerimientos de prensa ni a una solicitud de información para poder confirmar o desmentir si es pariente de Juan Junquera Temprano, exsecretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

Se ha dejado varias asignaturas para septiembre: el estatuto del Consejo de la Transparencia, el reglamento de la ley y el portal de la administración siguen siendo una incógnita para el ciudadano

El próximo 10 de diciembre entra en vigor el grueso de La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que se aplicará escalonadamente. Mientras que los principios que se han llamado ‘de Buen Gobierno’ (la previsión de sanciones para conflicto de intereses, las infracciones en gestión económico-presupuestaria) ya llevan casi un año en vigor, los organismos autonómicos y locales aún dispondrán de un año más para adaptarse a la obligaciones de la ley. Así pues, lo que entra en vigor el próximo 10 de diciembre son las disposiciones de transparencia de actividad pública para la Administración Central (el Título I de la ley: las obligaciones de proporcionar información, los principios de publicidad activa, la creación del portal de transparencia, la regulación del derecho de acceso a la información y también el ejercicio del mismo para poder formular solicitudes a las instituciones públicas) y el mandato del Consejo de la Transparencia (el Título III).

Sin embargo, pese a que las fechas se aproximan y a que el cambio normativo es complejo y será exigente con el cuerpo de funcionarios encargado de llevarlo a cabo, el Gobierno no ha informado todavía sobre los nuevos reglamentos que permitirán implementar la ley. Por eso, a tres meses de la entrada en vigor, Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio -las dos organizaciones que impulsamos la web Tuderechoasaber.es– hemos enviado una carta a José Luis Ayllón, Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, para preguntar por el estado de estas tareas de implementación.

Las dos organizaciones firmantes entendemos que el Gobierno aún tiene pendiente por completar al menos tres pasos y que debería informar públicamente sobre el estado de los mismos:

  • Presentar el Real Decreto con el que se dará a conocer el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Se trata de una norma especialmente importante porque definirá los requisitos que deben cumplir los candidatos a presidir este organismo, sus mecanismos de independencia y muchas otras cuestiones importantes para el desarrollo de su mandato. Según la propia ley, este reglamento debería haber sido aprobado en marzo de 2013, pero lo último que sabemos es que en las próximas semanas el Gobierno lo compartirá con el Consejo de Estado para recabar sus impresiones antes de hacerlo público.
  • El Gobierno debería dar a conocer lo antes posible el Reglamento con el desarrollo en detalle de la propia ley. Resulta clave porque debe definir de forma precisa cómo podrá solicitar cualquier ciudadano información a las instituciones públicas. Además, quizá pueda mejorar algunas restricciones del propio texto de la ley al llevarlas a la práctica diaria, como la exclusión de “notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos entre entidades administrativas”, que no podrán ser solicitadas (artículo 18).
  • En tercer lugar está la creación del Portal de Transparencia, que debería estar listo en diciembre para proporcionar información procedente de las administraciones de ámbito nacional.

Tanto la propia ley como todo su proceso de tramitación han sido muy criticados por expertos nacionales e internacionales y por la sociedad civil. Los principales motivos son no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, limitar su alcance casi exclusivamente a la información administrativa y por proponer un sistema de apelación muy poco garante para el ciudadano. El reglamento que aún está pendiente de aprobación podría paliar algunas de estas deficiencias, y por eso Access Info Europe y Civio pedimos más transparencia y participación de la sociedad civil en esta fase precedente de la entrada en vigor de la ley.

Más información:

  • Aquí puedes consultar la carta que hemos enviado a Secretario de Estado
  • Consulta el análisis de Access Info Europe sobre la Ley de Transparencia
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Los organismos reguladores del acceso a la información en países con mejor rendición de cuentas están cargados de buenas prácticas y estándares de los que el Gobierno español debería tomar nota.

Anuncio de TV para divulgar el derecho a solicitar información en Escocia

Anuncio de TV para divulgar el derecho a solicitar información en Escocia

“Ocho años después de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información, podríamos esperar de las autoridades que fueran más eficientes a la hora de manejar las solicitudes, no menos”. Esta valoración tan severa procede de Rosemary Agnew, que desde 2012 dirige la Oficina del Comisionado para la Información de Escocia, el órgano de revisión que vela por el cumplimiento en ese país de la Ley de Transparencia. Cuando Agnew presentó su evaluación del año 2013, insistió en que, al tomar medidas, las instituciones escocesas “deberían recordar también que no responder no implica que la solicitud de información desaparezca, sino que crea un trabajo extra innecesario y aumentan los costes. Las solicitudes no satisfactorias generan quejas, revisiones y apelaciones a mi oficina, y dañan la reputación de una institución pública. La opción más eficiente es hacer las cosas bien a la primera”.

Estas declaraciones reflejan el tono y la autoridad con que trabaja un organismo regulador equivalente al futuro Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno de España. Además, el enfado de la comisionada escocesa estaba justificado. De las 594 apelaciones de arbitraje recibidas en 2013 (un 14% más que en 2012 y un 49% más que en el año 2008), el 30% estaban relacionadas con la ausencia de respuesta en el plazo máximo de 20 días establecido por ley. Datos que llevan a descartar un discurso complaciente con el Ejecutivo por parte de una autoridad estrictamente independiente.

Lo poco que sabemos del futuro Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno de España es lo que incorpora la ley. Su estatuto debía estar aprobado antes del pasado 10 de marzo, pero aún no ha llegado al Consejo de Ministros. Lo principal, que estará adscrito estructural y presupuestariamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Que constará de un presidente –nombrado por Hacienda, refrendado por el Congreso- y de una comisión. Y que ésta estará compuesta por el propio presidente, un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, uno del Defensor del Pueblo, uno de la Agencia Española de Protección de Datos, otro de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y finalmente uno más de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Con esta adscripción y composición, su naturaleza jurídica excepcional será la única garantía de independencia.

A expensas de una ley que no responde a las exigencias ciudadanas ni a las de organismos internacionales, es lícito preguntarse si este nuevo organismo demostrará la voluntad y la autoridad suficientes para tomar partido y hacer cumplir la ley cuando las administraciones incumplan sus obligaciones de transparencia con el ciudadano.

¿Cómo se salvaguarda el derecho de acceso en otros países?

Siguiendo con el ejemplo escocés, en 2013 el dictamen de la comisionada en los recursos de amparo ha sido perfectamente salomónico: reconoce haber arbitrado a favor del solicitante de información en el 37% de los casos, haber fallado a favor de las instituciones en otro 37% y haber dado la razón parcialmente a una u otra parte en los demás casos de arbitraje. Calculadamente o no, lo cierto es que cualquiera puede consultar una lista de las instituciones que han protagonizado más apelaciones, y este organismo informa sobre su actividad cada cuatro meses, publica sus cuentas y, quizá más importante, presenta una estrategia de trabajo a largo plazo.

En Irlanda, otro ejemplo, la Oficina del Comisionado de Información también se ha quejado de que las solicitudes de amparo a su departamento aumentan año tras año. En 2012 se pronunció a favor de las instituciones en el 45% de los  casos, en el 25% en contra de su razones para no facilitar la información solicitada, y en el 20% se alcanzó un acuerdo entre el solicitante y el cuerpo público.

Como en otros países, para estudiar las apelaciones de ciudadanos que no han recibido la información que requerían, el organismo de revisión de Escocia realiza un “test de daño”:  la administración debe demostrar que la divulgación de un documento o dato específico puede producir un daño concreto a un valor a un derecho protegido. Por ejemplo, no basta con alegar que un documento puede dañar la “seguridad nacional”. Hay que demostrarlo y ponderar si el interés público y el derecho de acceso prevalecen o no en cada caso concreto. En el caso de México, para el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) el daño debe ser “presente, probable y específico”. En Reino Unido, la Ley de Libertad de Información establece 23 excepciones a la publicidad de la información, la mayoría sujetas al “test de daño”.

Así, encontramos que en Escocia la comisionada determinó que, cuando un ciudadano no recibió respuesta al solicitar los detalles de la hospitalidad que el Primer Ministro ha recibido de determinadas compañías energéticas, la petición merecía una respuesta apropiada de acuerdo a derecho y al interés público. También conminó a un ministerio a responder al ciudadano que solicitó información sobre las reuniones del Ejecutivo con empresarios y editores de medios de comunicación, o las comunicaciones intercambiadas entre la oficina del Primer Ministro y el magnate Donald Trump.

En el caso de Chile, el Consejo para la Transparencia determinó que los emails enviados por un ministro desde la cuenta institucional de un órgano del Estado eran información pública a la que cualquier ciudadano tenía derecho a acceder. Así se decidió incluso con el voto contrario, en minoría, del presidente del Consejo para la Transparencia. Finalmente, el Tribunal Constitucional de Chile falló en contra de publicar los correos, pasando por encima de la Ley de Transparencia.

Por su parte, la Oficina del Comisionado de Información de Reino Unido se ha pronunciado desde 2005 en más de 6.000 casos, quejas, solicitudes de amparo y arbitrajes relacionados con solicitudes de acceso a información. Además, posee poder legal vinculante para imponer a una institución pública la obligación de responder a un ciudadano, aunque ésta puede ser apelada ante la Cámara General de Regulación. Así, se ha posicionado de parte del ciudadano para dirimir el  papel y responsabilidades del Ministro de Hacienda durante su asistencia a la última reunión del ‘Club Bilderberg’, o sobre qué asesoramiento legal recibió el gobierno británico para intervenir militarmente en Kosovo en 1999. En este caso, el comisionado instó a la oficina del fiscal general a confirmar o desmentir si poseía esta información y, en tal caso, a hacerla pública.

¿Seguro que no posee más información?

En España, según demuestra el Informe Tuderechoasaber.es 2013, las instituciones alegaron no poseer la información solicitada en el 11% de las peticiones. En Escocia, para comprobar si esto es cierto, cuando una institución alega no poseer más información y el solicitante pide amparo, la Oficina del Comisionado para la Información investiga a fondo del caso.

Sucede lo mismo si la administración responde que recabar todos los datos solicitados podría ser demasiado engorroso o caro, como en esta petición en Escocia sobre el coste, preparación y correspondencia completa de 6 meses sobre un viaje del Primer Ministro escocés a China. Cuando el coste de responder excede el límite de £600, la institución puede justificar su postura. El comisionado investigó a conciencia los costes por hora de trabajo de 80 funcionarios en 13 departamentos para reunir todos los datos. Se calculó que la tarea implicaría unas 90 horas de trabajo. Considerando la menor escala salarial, el comisionado estimó en £663 el coste exacto de cumplir con la solicitud, así que eximió a la administración de tener que responder. Sin embargo, la investigación sirvió para desvelar que el coste real era la mitad del que en principio cuantificaban las instituciones para no tener que responder.

La influencia de los lobbies, sujeta al interés general

Al contrario que en España, donde la actividad de lobbies y grupos de interés permanece totalmente desregulada, en Reino Unido se considera que es de interés general para la buena gestión pública. Su comisionado dictaminó que los emails intercambiados entre el asesor de Sanidad del Primer Ministro y el director de la empresa NHS Partners Network debían ser públicos. En aquel caso, el comisionado halló “interés general en el hecho de poder comprender el papel de los lobbistas y su relación con el gobierno, y esto incluye a) comprender las mecánicas de Lobbying y b) la relación entre el gobierno y un lobista particular, así como la influencia que éste ejerce”. También existe interés público en el “escrutinio de la honradez de los funcionarios públicos”. Por eso se ampara el derecho ciudadano a conocer los gastos de los asesores especiales del Primer Ministro.

Con sus propios defectos, los organismos reguladores del acceso a la información en otros países están cargados de buenas prácticas y estándares internacionales de las que el Gobierno español podría tomar nota. Si no lo hace, como pasó entonces con el redactado de la ley, en este caso tampoco tendrá ninguna excusa aceptable.

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  • Debe regular la organización y funciones del organismo
  • La Ley de Transparencia daba tres meses para aprobarlo

El pasado 10 de diciembre el BOE recogía la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada un día antes. En el texto se estableció que los apartados relativos a la transparencia de la norma entrarían en vigor en un año, esto es, diciembre de 2014. Para preparar ese camino, el Consejo de Ministros debía aprobar, en el plazo de tres meses desde la publicación en el boletín oficial, un real decreto por el que se aprobara el estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la nueva ley.

Hoy, 10 de marzo, tres meses después, se ha cumplido ese plazo. Ni el BOE ha recogido la aprobación de ningún decreto referente a este organismo ni el tema se ha incluido en las referencias de las reuniones de los miembros del Gobierno celebradas hasta hoy. Además, desde Moncloa han confirmado a esta página web que el tema no ha pasado aún por el Consejo de Ministros.

La disposición final séptima establece el plazo de aprobación del decreto que debía regular la “organización, estructura, funcionamiento, así como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones” del Consejo de Transparencia, un organismo que según la propia norma deberá ser independiente y que está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por el momento, todo lo que conocemos sobre el mismo se encuentra en la propia Ley de Transparencia. La entidad que deberá velar por su cumplimiento estará formada por un presidente (propuesto por el Gobierno y que deberá ser refrendado en el Congreso), un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, otro del Defensor del Pueblo, otro de la Agencia Española de Protección de Datos, otro de la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas y otro de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.