Congreso de los Diputados

Firma invitada. Este artículo ha sido publicado originalmente por Encarna Hernández en su blog

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Imagen de Juan J. Martínez, extraída de Wikimedia Commons

Los presupuestos son una herramienta fundamental dentro de la gestión pública, de ahí que su conocimiento por parte de todos los actores interesados (desde los Parlamentos hasta la ciudadanía en general) sea decisivo para garantizar una correcta planificación y control del gasto público. Muchas veces, la complejidad y magnitud de la información contable hace difícil ese control, no solo para el ciudadano de a pie, sino también para los propios representantes públicos que no tienen formación específica en este campo. Ello refuerza la necesidad de acudir a órganos independientes y especializados como las oficinas presupuestarias.

¿Qué hace una oficina presupuestaria? El gran referente lo encontramos en la del Congreso de los Estados Unidos, cuya tarea central es la de analizar de forma independiente asuntos relacionados con el presupuesto y la política económica para servir de apoyo al proceso presupuestario, aportando a su vez transparencia a los resultados de estos análisis. Por ello sus informes son públicos, lo que aporta al conjunto de la sociedad civil la posibilidad de acceder a una información independiente sobre la situación financiera del país al margen de la documentación que aporta el Gobierno y los partidos políticos, garantizando así una parte importante de lo que entendemos por un presupuesto y gasto público transparente.

En definitiva, una oficina presupuestaria no solo ofrece asesoramiento técnico a los parlamentarios, sino que los resultados de su trabajo, a través de distintos informes o estudios, deben estar abiertos a la sociedad, de forma actualizada y comprensible, algo muy sencillo de ofrecer con el actual desarrollo de las TIC.

La Oficina Presupuestaria de las Cortes: lo que sabemos

En España, la puesta en funcionamiento de una oficina presupuestaria en el seno de las Cortes ha sido un reclamo histórico, pero no se creó por Ley hasta 2010. El órgano de nuevo cuño obedece a la necesidad “de articular en el seno de las Cámaras un mecanismo eficaz de asesoramiento técnico en materia de seguimiento y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y sobre aquellos aspectos que tengan repercusión en los ingresos y gastos públicos”. Se trata, a su vez, de un “instrumento inspirado en los principios de independencia, objetividad y transparencia que se pone al alcance de los Diputados y Senadores”.  La Oficina estaría adscrita orgánicamente a la Secretaría General del Congreso, su director sería elegido por las Mesas de las Cámaras entre personas de reconocido prestigio y se le asignaría una dotación presupuestaria dentro de la partida destinada a las Cortes Generales.

Algo más de un año después, se aprueba una Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 19 de julio de 2011, por la que se regula su composición y funcionamiento, y donde se establece que la Oficina Presupuestaria llevará un registro en el que constará cada una de las consultas realizadas y el órgano de la Cámara, Diputado, Senador o Grupo Parlamentario que las formula, así como los informes y notas elaborados. Así mismo, podrá elaborar notas sobre cualquier información económica o presupuestaria que se remita a la Cámara, en particular, podrá realizar informes sobre la evolución de la recaudación tributaria a partir de los datos que proporcione la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Esto es lo que se recoge sobre el papel, aunque lo cierto es que la Oficina no tuvo un director hasta abril de 2013, siendo el designado Vicente Fernández de Gamarra, un alto funcionario del Ministerio de Hacienda jubilado, que aceptó el cargo con fecha de caducidad. Renunció en septiembre de 2014, sustituyéndole Lidia García Fernández, letrada de Las Cortes. Hasta entonces, la Oficina Presupuestaria se había distinguido por su inactividad, que procuró reactivarse con la firma del Convenio entre ésta y el Gobierno, para que la oficina pudiera acceder a las bases de información contable y presupuestaria de los Ministerios de Economía y Hacienda.

Este paso no se dio hasta diciembre de 2014, hace ahora algo más de un año. Y lo cierto es que los retrasos para que la Oficina pueda operar se vuelven a retrasar por la (según el Gobierno) complejidad técnica para poner en marcha la plataforma o pasarela informática que debe conectar a la Intervención General del Estado con la Oficina Presupuestaria de las Cortes, para poder acceder en tiempo real a los datos sobre la ejecución del presupuesto. Esta conexión se habilitó hace unos pocos meses, en mayo de 2015, y se aclaró a su vez que dicha información solo estaría disponible para los diputados y no para los ciudadanos.*

La nula publicidad activa de la Oficina Presupuestaria

Todo el relato anterior está extraído de una búsqueda exhaustiva realizada para intentar conocer algo sobre la actividad de la Oficina, de la que encontramos referencias exiguas en el portal del Congreso, que básicamente se limitan a lo contemplado en la normativa vigente que regula este órgano. Ni rastro, por otro lado, de su trabajo o composición. Se supone que la Oficina Presupuestaria está activa, respondiendo consultas de sus Señorías, que a su vez hacen uso del sistema informático (¿usan mucho este servicio?) y elaborando informes, pero no sabemos sobre qué exactamente porque no hay un registro público de ello. Tampoco hemos encontrado referencias explícitas a la dotación presupuestaria de la Oficina en los PGE, por lo que es difícil saber lo que cuesta (al margen de los contratos de la pasarela informática), cuando además tampoco sabemos qué funcionarios o personal la componen.

Es por ello que nos decidimos a utilizar el formulario de solicitud de información delPortal de Transparencia del Congreso, solicitando información sobre la composición de la Oficina, presupuesto asignado, así como aquellos documentos que emanan de su actividad: registro de consultas de los diputados e informes emitidos hasta la fecha (si los hubiere). Esta solicitud se hizo el 20 de enero de este año, recibiendo contestación dentro del plazo establecido (un mes).

Respuesta del Congreso a la solicitud de información sobre la Oficina Presupuestaria

El primer escollo para conocer la respuesta a nuestra solicitud de información es que se nos remite un correo con un adjunto cifrado (extensión P7M), sin más indicaciones. El archivo en cuestión no se puede abrir, y tenemos que recurrir a algunos foros informáticos para probar varias formas de abrirlo. Finalmente, lo conseguimos con un programa específico para ello. Primer apunte negativo.

Una vez abierto, nos encontramos con una nota escueta, con demasiadas obviedades y referencias a las normas legales que regulan la Oficina, y que ya conocemos. En lo que concierne a la información solicitada, se nos apunta, de forma muy escueta:

Sobre la composición de la Oficina: la oficina cuenta con una directora asistida por un administrativo.

Sobre el presupuesto: no dispone de ninguna partida específica dentro del presupuesto de la Cortes, ya que el único gasto es el de personal y se trata de funcionarios de las Cortes (ya hemos visto gracias al Portal de Contratación del Estado que no es así, y que ha habido costes asociados a su actividad).

Sobre el registro de consultas: se nos indica simplemente que ha habido 70 consultas sobre los PGE y otras 148 sobre proyectos de inversión.

Sobre los informes emitidos: se nos despacha con que se han elaborado dos informes, que parece que no podemos conocer de su contenido.

Con esta respuesta se confirma que nuestra Oficina Presupuestaria no quiere parecerse a otras de referencia, que aplican transparencia (activa y pasiva) a su trabajo, aportando con ello una visión independiente muy valiosa para el conjunto de la sociedad. Las oficinas presupuestarias son un instrumento de control parlamentario y ciudadano, pero la nuestra se queda sin uno de los pilares.

Las trampas de la Ley de Transparencia 

¿Qué puedo hacer si quiero conocer el contenido de esos informes? Lo mejor de la respuesta a la solicitud de información está al final del archivo smime.p7m: “Contra la presente resolución cabe recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa”.

En efecto, una de las “trampas” de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) está en su artículo 23.2: “contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo”. Es decir, que no podemos acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) cuando se trata de instituciones como la Casa del Rey, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial…

En realidad, la LTAIPBG deja coja la potestad del CTBG para vigilar el cumplimiento de la Ley al margen de la Administración General del Estado, algo que este órgano está corrigiendo en buena parte a través de convenios con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, pero que para instituciones como las citadas en el famoso 2.1.f) poco cabe hacer.

El sabor que nos queda después de este ejercicio de derecho de acceso a la información pública es agridulce: la transparencia debe ser una cosas mucho más sencilla, accesible y sobre todo ejercerse con sentido común. Sabemos que se trata de un camino que, en nuestro país, casi acabamos de empezar a recorrer, pero no llegaremos ni donde queremos ni cuando queremos con trampas y piedras innecesarias en el camino.

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Encarna Hernández Rodríguez es periodista e investigadora sobre Gobierno Abierto y Transparencia

* Rectificación: eliminamos una afirmación sobre el coste de esta pasarela. Por error, los contratos que enlazábamos correspondían a otro organismo.

Ya podemos conocer, aun con retraso y en un formato no reutilizable, a qué empresas y por qué precios se emitieron esas facturas en el último trimestre de 2014

Celia Villalobos jugando a "Frozen" en su tablet durante el debate sobre el estado de la nación

Celia Villalobos jugando a “Frozen”, un videojuego, en su tablet durante el debate sobre el estado de la nación. Foto de Antonio Maestre para La Marea

La aplicación de la Ley de Transparencia en el Congreso es una historia de retrasos. Si la propia norma (el estatuto del Consejo de Transparencia llegó varios meses después de lo que debía) y su puesta en marcha (el portal tiene graves problemas de funcionamiento aún hoy) ya van tarde, su aplicación en la Cámara Baja se ha retrasado aún más. Aunque la ley entraba en vigor el pasado 10 de diciembre, no fue hasta el 20 de enero que se aprobó el reglamento para aplicarla en el Congreso.

Y hay más: aunque dicho texto obliga a publicar los contratos menores (los de importes menores de 50.000 euros en obras y de 18.000 euros en el resto de tipos*), no se hicieron públicos en un principio. De hecho, sorprendidos por el incumplimiento de sus propias normas, a finales de febrero pedimos esa información, pero no ha sido hasta este viernes, 6 de marzo, cuando se ha hecho pública en la web del organismo. Así, ya podemos conocer a qué empresas y por qué precios se emitieron esas facturas en el último trimestre de 2014.

Tarde y en un formato no reutilizable. Si tratamos esa información, podemos ir más allá de las anécdotas (que las hay) a una visión mucho más global [aquí te puedes descargar los datos estructurados]. Así, sabemos que las empresas que sumaron una cantidad mayor de ingresos gracias a esos contratos menores son Ortiz Construcciones y proyectos (más de 98.000 euros en siete adjudicaciones), Dragados (73.700 en otras dos) y la UTE (Unión Temporal del Empresas) llamada Mantenimiento Congreso, formada por Ingesan y el gigante OHL (29.500 euros en una única factura).

Apple es el sexto proveedor por volumen de negocio gracias a las tablets y teléfonos con los que trabajan, entre otros, los diputados. En total, sumó 23.550 euros, casi 20.000 de ellos destinados a la compra de iPads. Para los menos mañosos, el servicio de reparación de la firma de la manzana ha facturado unos 1.400 euros en reparaciones de estos dispositivos.

También podemos saber, por ejemplo, que el contrato más caro sumó un coste de 55.800 euros, lo cobró Dragados y se destino a la conexión de red de agua en los sanitarios. O que el menor es de 14,76 euros para la compra de un cristal para marco de foto.

En el apartado de curiosidades encontramos una medalla de 1108 euros, 300 CDs de la sesión de proclamación de Felipe VI (unos 3.000 euros en total), transcripciones de sesiones de comisiones y subcomisiones (que suman más de 10.000 euros), y memorias USB compradas a una empresa de asesoría -Asesores Corporativos It’s Posible [sic]- por 3.291 euros.

El Congreso compró varias publicaciones, hasta un total de 50 contratos que suman 21.700 euros, sin especificar de qué publicaciones se trata. Poco más podemos saber de todos esos contratos, puesto que la información publicada no ofrece más detalles.

Para adjudicar un contrato menor no es necesario ni concurso ni negociado, simplemente la emisión de la factura. Hasta la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, este tipo de adjudicaciones no se publicaban en los organismos de la Administración General del Estado o de los órganos constitucionales nacionales, como es el caso del Congreso.

* Si se dan un paseo por las cifras, encontrarán algunas mayores de esas cuantías. Esto se debe a que el límite de lo que son o no contratos menores se calcula sin IVA y los precios de los contratos en la web del Congreso se han publicado con IVA.

Como en 2013, la Cámara se parapeta y esconde este documento, validado por la Mesa en septiembre, a expensas de darlo a conocer en un mes por las obligaciones de la Ley de Transparencia.

Como ya hizo con los de 2013, David Cabo solicitó hace pocos días al Congreso de los Diputados una copia de sus presupuestos correspondientes al año 2015. Se trata de un documento detallado que incluye el desglose completo -a nivel de artículos, conceptos y subconceptos- que la Mesa del Congreso aprobó el pasado 23 de septiembre. En 2013 esta misma solicitud fue denegada por la Cámara,  y el documento, en vez de por vías de transparencia, solo ha llegado a conocimiento público mediante filtraciones parciales a la prensa. Lo contamos en su día en este post y decidimos hacer públicas estas cuentas, que el Congreso insistía en esconder. David incluso llevó la opacidad de las cuentas del Congreso, en contraste con lo que ocurre en otros países, a la televisión:

El contexto, esta vez, es diferente. Esta vez la solicitud de David llega en medio de un debate social alrededor de la opacidad y la falta de mecanismos de fiscalización con la que el Congreso y el Senado han gestionado los viajes de los diputados. Se produce, además, a poco menos de un mes para la entrada en vigor (para la Administración General del Estado) de la Ley de Transparencia, en un momento en que tanto dentro como fuera de la Cámara se suceden declaraciones de representantes públicos sobre lo necesario de abrir la información que generan las instituciones a cualquier ciudadano. Además, la información solicitada por David tendrá que ser pública el próximo 10 de diciembre según dispone la ley, por lo cual, cabía esperar cierto grado de buena voluntad para facilitar ahora el documento. Al contrario, como es la falta de voluntad lo que acaba acaba siendo el obstáculo determinante cuando hablamos de auténtica transparencia, el Congreso ha respondido que no dispone de la información solicitada.

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Su blindaje, confirmado por la propia sociedad a raíz de una pregunta pública en Tuderechoasaber.es, supone una oportunidad perdida de mejorar la transparencia pública del llamado 'banco malo'

El registro de “relaciones con terceros y colectivos singulares” que ha aprobado recientemente la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria, Sareb, para disuadir a interlocutores institucionales, generalmente cargos públicos, que puedan intentar hacer valer su condición para intentar facilitar o agilizar gestiones, no será de acceso público. Su carácter será “interno y confidencial”.

El blindaje de este registro ha sido confirmado desde la propia Sareb a raíz de una pregunta formulada públicamente por un ciudadano a través de la web Tuderechoasaber.es, que permite a cualquier ciudadano pedir fácil y públicamente una solicitud de información. “El registro de relaciones singulares de Sareb no es público. Es interno y confidencial”. El demandante de información quería conocer además si contemplaba algún régimen sancionador frente a posibles incumplimientos futuros del mencionado código, pero esta pregunta se quedó sin respuesta.

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La adopción de este registro, adelantada por El Confidencial, se ha presentado como un procedimiento que acompañará a los “mecanismos de transparencia y responsabilidad hacia el ciudadano” que Sareb ya exhibe en su código de conducta. Sin embargo, su aplicación y revelaciones pasarán a engrosar la amplia lista de interrogantes que rodean a esta entidad de naturaleza jurídico-privada. Las certezas son pocas y esquivas a pesar de las preguntas de algunos grupos en el Congreso y de los ciudadanos a través de otros canales de acceso a la información pública.

Transparencia implica acceso a más y mejor información

Esta sociedad, Sareb –conocida popularmente como “el banco malo”-, surge en noviembre 2012 con el propósito de sanear el sistema financiero español. Su misión es lograr desinvertir una cartera (compuesta por aquellos activos de los que se han desprendido los bancos rescatados en 2012 con ayudas europeas) de entorno a 50.000 millones de euros en un plazo de 15 años. Así lograría pagar la deuda, avalada por el Estado, que emitió para adquirir ese conjunto de activos, un 20% inmuebles y un 80% activos financieros (créditos a promotores). Su naturaleza jurídica es privada, aunque el 45 % de sus fondos proceden de su único accionista de carácter público, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Su código de conducta establece que, para Sareb, “la transparencia es un mecanismo mediante el cual somete sus actuaciones ordinarias al juicio crítico de los diferentes actores de los mercados en que opera y del público en general”. Así, pese a que se ha diseñado “un procedimiento específico que permita poner de manifiesto y trasladar al conjunto de la sociedad la objetividad y rigor que siempre preside el proceso de adopción de decisiones”, y que –continúa- “pretende asegurar que resulten incuestionables la imparcialidad y rigor que garantizan los procedimientos internos de que Sareb se ha dotado”, con su carácter confidencial este registro no se traducirá en nueva información relevante para el ciudadano. 

Una entidad blindada para evitar “consecuencias indeseadas”

La naturaleza única de Sareb y su desempeño desde finales de 2012 han sido objeto de un cruce de preguntas incisivas y respuestas evasivas en la Cámara Baja. En enero de 2013, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo preguntó por escrito al Gobierno por la ubicación de la sede de Sareb (en Paseo de la Castellana 89, según muestra ahora su web), sus metros cuadrados, si está alquilada o en propiedad y cuánto paga por ella. Por el mismo grupo, Rosa Díez registró una pregunta sobre una sucesión de dimisiones en la Sareb (primero las salidas de dos consejeros independientes por supuestas incompatibilidades; más tarde, las del director general y el director de activos financieros). El Gobierno denegó la respuesta en ambas ocasiones alegando el “deber de secreto”.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón –principal impulsor dentro del equipo de Sáenz de Santamaría del proyecto que resultó en la Ley de Transparencia- respondió en abril en sede parlamentaria al diputado del Grupo Mixto Joan Baldoví que “cualquier solicitud de información sobre la SAREB que se salga de los cauces previstos en la normativa no puede ser facilitada directamente por el Gobierno, ya que se estaría invadiendo la autonomía de actuación de una sociedad empresarial jurídico-privada”. “Además” –añadió- “una mayor difusión de información sobre la actuación de la SAREB, puede tener también consecuencias indeseadas desde el punto de vista económico para esta sociedad […] en detrimento de su actividad y de sus resultados económicos, todo lo cual puede tener implicaciones para el sector público y la economía en general”

En agosto, esta vez en respuesta  a Cayo Lara, José Luis Ayllón reconocía que “a causa de la importante, aunque no mayoritaria, participación del sector público en el capital social (a través del FROB) y las repercusiones que su actividad puede tener en la estabilidad del sistema financiero nacional”, se articula para ella un régimen específico de control y de rendición de cuentas de esta sociedad ante los poderes públicos.

¿Cómo y ante quién rinde Sareb sus cuentas?

Este régimen de control empieza por el Banco de España, encargado supervisar posibles desviaciones, operaciones y los órganos de gobierno. De forma más directa, una Comisión de Seguimiento integrada por representantes del Banco de España, del Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Hacienda y AAPP y de la CNMV, se reúne cada tres meses para hacer seguimiento de la labor de Sareb. Esta sociedad tiene la obligación de presentar un informe semestral a las Cortes con “datos esenciales” de sus operaciones y cumplimiento de objetivos, que sí es de acceso público a través su web. Por el contrario, el informe anual independiente que realiza un experto designado por el Banco de España no es de acceso público, y sólo tiene acceso a él la Comisión de Seguimiento. Por último, se ha establecido la comparecencia trimestral del presidente de la Comisión Rectora del FROB, principal accionista de Sareb, ante el Congreso.

En su exposición en el Congreso de estos mecanismos de control, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes zanjó la cuestión aseverando que “estas amplias obligaciones de información son suficientes para asegurar un efectivo control de la SAREB por parte de los poderes públicos y para cumplir con la transparencia ante la ciudadanía”.

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Para cada vez más personas, de uno y otro bando, está claro que existe una barrera entre políticos y ciudadanos. La cuestión es quién la ha levantado. Por ejemplo, ¿son nuestros diputados accesibles? Para responder a esta pregunta, en Qué hacen los diputados han analizado cuántos diputados publican su email en la web del Congreso. El resultado es que, de los 350, 228 sí lo hacen ya y 122 tienen ese campo vacío en su ficha.

En algunos casos, los diputados se han comunicado con la Cámara para suplir esta carencia, tal y como cuentan en la misma web:

“Existen siete casos en los que los diputados al parecer sí podrían haber hablado con el personal del Congreso para pedir que no figure su mail oficial, sino una dirección alternativa que seguramente sea más fácil de consultar y gestionar para ellos. Son: José Luis Centella (Izquierda Plural); Soledad Cabezón y Belén Hoyo (PP); Joan Canongia, Elvira Ramón, Alfredo Pérez Rubalcaba y Joan Ruiz (PSOE)”.

Otros se han animado tras el (y gracias al) lanzamiento de este análisis. Pero, aún así, aún quedan muchos diputados que no publican en su ficha del Congreso su correo electrónico, con lo que vetan el acceso de los ciudadanos por esta vía. Como se explica en el artículo, algunos de ellos optan por permitir la comunicación por otras vías: email personal publicado en su página web, Twitter, Facebook.

Para conocer cómo funciona la publicación de esta información, Qué hacen los diputados decidió preguntar al Congreso vía Tu Derecho a Saber. La respuesta llegó sólo cinco días después y dejaba claro que la publicación del email es voluntaria y son los propios diputados quienes, durante su acreditación a principio de legislatura o en cualquier momento del año, autorizan o no que su correo electrónico sea público. Todo depende de cada uno de ellos.

Además, el Congreso incluye un gráfico que muestra las vías de comunicación que han abierto algunos diputados: 228 publican su correo oficial, 40 el personal, 80 la dirección de su blog, 201 su cuenta de Twitter y 85 su página de Facebook. Lo importante es que el ciudadano pueda acceder a cada uno de ellos, sea por la vía que sea.

Las vías de comunicación entre ciudadanos y diputados formarán parte, entre otros muchos datos, de la información que incluirá la nueva web de Qué hacen los diputados, que se presentará el próximo día 26.

La sociedad reclama para sí un papel más activo en el control y la responsabilidad de la vida pública

El pasado jueves 22 de marzo lanzamos tuderechoasaber.es y en tres días se han hecho más de 180 solicitudes de información a las instituciones públicas. La cifra no para de subir. Al momento de publicar este post estábamos muy cerca de las 200.

Estas peticiones reclaman información de muy distinto cariz: los usuarios desean conocer desde los datos de taquilla de largometrajes producidos con subvenciones al listado de facturas impagadas de algunas entidades locales, pasando por el número de denuncias interpuestas contra los cuerpos de seguridad o la entrada en vigor de una ley que regule los servicios de atención al cliente para consumidores y usuarios.

El uso de la web nos está permitiendo comprobar que la sociedad reclama para sí un papel más activo en el control y la responsabilidad de la vida pública. Muchas solicitudes piden información detallada de los sueldos de nuestros cargos públicos, el número de coches oficiales, la cifra de asesores y las pagas vitalicias a cuenta del erario público.

Más de la mitad de las peticiones cursadas desde tuderechoasaber.es en los primeros tres días están dirigidas a la administración central y especialmente a los ministerios. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es la institución que más ha recibido (20). Destaca especialmente el interés por las deudas de las corporaciones locales y el control del gasto público.

Organismos como el Congreso de los Diputados y el Banco de España están empezando a recibir solicitudes. En los ámbitos local y autonómico, destaca el número de peticiones enviadas al Ayuntamiento de Valencia, al Gobierno de Cantabria y a la Junta de Castilla y León. Poco a poco incorporaremos más entidades locales a nuestra lista de organismos públicos. También puedes enviarnos estos datos de contacto si los tienes.

Te animamos a seguir usando tuderechoasaber.es para pedir información. También te recordamos que es recomendable leer estos consejos y buscar ejemplos en nuestro archivo de solicitudes para que tengas más posibilidades de recibir una respuesta apropiada.