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  • Un ciudadano pregunta el número y uso de estos vehículos a seis comunidades autónomas
  • Sólo Cantabria ha respondido: tiene 11 coches destinados a consejeros y presidente del gobierno
  • Cataluña remite a un formulario y Navarra exige requisitos para preguntar como el DNI electrónico

Sobre el número y uso de los coches oficiales en el Estado y las comunidades autónomas se ha hablado mucho, muchas veces sin datos y con titulares que se basaban en simples estimaciones. En la mayoría de casos conocemos el parque móvil total y, en menos ocasiones, su reparto entre departamentos. Esta información básica no se publica de forma detallada en todos los organismos públicos, sino que depende -como en muchas otras ocasiones- de la buena voluntad del gobernante o encargado de turno.

Mientras no exista una norma que obligue a publicar esta información, nuestra única vía para acceder a ella en los casos en los que no se publica es escarbando en contratos públicos de seguros o carburante o, como pasa siempre que Tu Derecho a Saber entra en juego, preguntando. Eso es lo que ha hecho Argoitz, un ciudadano que preguntó el pasado 8 de enero a seis comunidades autónomas por su parque móvil y, más importante aún, cómo se distribuye entre vehículos destinados a la representación de altos cargos y aquellos cuyo fin es ofrecer servicios (bomberos, policía, parques y jardines…).

Por el momento, sólo una comunidad autónoma ha respondido de forma satisfactoria, aunque sea una contestación parcial. El gobierno cántabro, tal y como recoge su respuesta, tiene 11 coches para altos cargos: uno para cada uno de los ocho consejeros, otro para el presidente y dos más para incidencias. Eso sí, remite al resto de organismos públicos dependientes de su propio gobierno para recabar el resto de los datos.

Navarra, por su parte, sigue obviando las recomendaciones de su Defensor del Pueblo y reclama un DNI electrónico, entre otros requisitos, para poder realizar una petición de información. Una vez más, pone barreras a lo que debería ser una simple interacción entre ciudadano y administración pública: una pregunta, una respuesta.

Cataluña, en otra de las vías que frenan este proceso, se niega a contestar por correo electrónico y sólo acepta preguntas en su propio formulario. La Xunta de Galicia ha enviado un acuse de recibo de la peticiñon y seguimos a la espera de la respuesta. El gobierno de Asturias, por su parte, remite a su portal de transparencia y al perfil del contratante, para que sea el propio ciudadano el que recopile dicha información. El Gobierno Vasco, por su parte, aún no se ha pronunciado sobre el tema.