Coalición Pro Acceso

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La Coalición ProAcceso , formada por más de 60 organizaciones y actores de la sociedad civil, hace un llamamiento a las distintas fuerzas políticas españolas para que asuman, de cara a las próximas elecciones generales del 26 de junio, un firme compromiso que garantice el pleno derecho de acceso a la información en España y la transparencia de lo público ajustándose a los 10 principios defendidos por la Coalición desde el año 2006.

Estas organizaciones instan a las principales fuerzas políticas a incluir en sus programas como área de reforma prioritaria las necesarias mejoras en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno para que se adecue a los estándares internacionales.

Las limitaciones de la actual Ley han sido puestas de manifiesto en numerosas ocasiones, evidenciando que es una ley a todas luces insuficiente para poder garantizar el acceso a información como un derecho fundamental. Sin embargo, los principales actores políticos de este país no han abordado durante estos meses el tema en profundidad. Los compromisos y las propuestas de mejora han sido parciales y poco ambiciosas.

En un contexto de descrédito las instituciones y de desafección ciudadana ante la labor política e institucional, consideramos esencial y urgente emprender el camino hacia una clara y definitiva mejora de la ley de transparencia para recuperar la confianza de los ciudadanos.

Por ello, hoy recordamos nuestro decálogo como principios fundamentales que toda legislación en materia de acceso a la información es esencial que recoja:

1. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona.
2. El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.
3. El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.
4. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.
5. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.
6. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción.
7. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.
8. Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
9. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.
10. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.

Llamamos a los candidatos y sus partidos a incluir estos principios en sus prioridades para velar por que se consolide el derecho a la información en España y a garantizar, tanto en materia legal como en la práctica unas instituciones transparentes y abiertas para una ciudadanía informada. Para ello es esencial que, además de asumir los principios de la Coalición ProAcceso, se incluyan las propuestas electorales programas de acción y en los presupuestos para educar y formar al público y a los funcionarios sobre el sentido, utilidad y uso de la Ley de Transparencia.

El próximo 25 de septiembre finaliza el plazo abierto para que los grupos parlamentarios presenten a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados sus enmiendas al Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. “Es su responsabilidad mejorarla”, señalan desde la Coalición Pro Acceso, una plataforma integrada por más de 60 organizaciones de la sociedad civil e individuos a título particular, que desde 2006 trabaja para se garantice el derecho de acceso a la información en España.

España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que aún no tiene una norma de estas características. La mayoría de los países occidentales y democráticos se han dotado de una ley que garantiza el derecho de cualquier persona a acceder a la información elaborada o generada por las instituciones públicas. Una ley que ayuda a esclarecer la corrupción y luchar contra la cultura de opacidad reinante.

Y sin embargo, el Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio y que los diputados tienen en sus manos se encuentra por debajo de los estándares internacionales. No cumple los mínimos del Convenio del Consejo de Europa y diversos organismos han señalado ya sus deficiencias.

Ante esta última oportunidad de introducir cambios en un texto que no garantiza el derecho de acceso a la información, la Coalición Pro Acceso ha convocado  a los medios a una rueda de prensa. La cita tendrá lugar este viernes 21 de septiembre a las 11:30 horas en:

  • Sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). C/ Juan Bravo, nº6.
 28006, Madrid (mapa)

Allí, varios expertos identificarán las debilidades del actual proyecto y presentarán las propuestas que la Coalición ha trasladado esta semana a los grupos parlamentarios para mejorar la ley. En nombre de la plataforma, intervendrán:

Además, miembros y simpatizantes de la Coalición divulgarán durante estos días, a través de Twitter, ejemplos en los que el proyecto actual sería ineficaz debido a sus limitaciones. El hashtag elegido es #sintransparencia.

Sin hacer ningún ruido y con un simple título de “nuevo texto” colgaba el Gobierno en su web la nueva versión del anteproyecto de Ley de Transparencia. Una semana antes, el Ejecutivo hablaba de “significativas modificaciones“, tras incorporar las aportaciones de los ciudadanos. Sin embargo, ese nuevo texto presenta pocos cambios estructurales, como se puede ver en la comparación de las dos versiones.

No se considera el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental; no cambia la definición de información, que todavía incluye una decena de excepciones, y poco más se hace por garantizar la independencia de la Agencia Estatal de Transparencia. Estos son los puntos a modificar en los que insiste la mayoría de miembros de la comisión de expertos convocada para mejorar la ley, pero que parecen no haber sido escuchados.

La Coalición Pro Acceso, plataforma de organizaciones que lucha por el derecho de acceso a la información, ha mostrado su preocupación por la “insuficiencia” de la propuesta y ha mandado una carta al Gobierno exigiendo más transparencia en su tramitación.

“Con esta ley sería imposible ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos”, dijo Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, una de las organizaciones detrás de tuderechoasaber.es y miembro de la Coalición. “Es difícil de entender por qué España propone una ley que ni siquiera cumple con los estándares mínimos internacionales”.

El borrador, que está siendo revisado por la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Estado, sí ha incluido la prueba de interés público. El problema es que ésta es solo aplicable a algunas de las excepciones. Además, ahora se habla de la exclusión de acceso a “informes internos“, pero sin definir este concepto.

Como aspecto positivo el texto incorpora esta vez sanciones por no responder reiteradamente a las solicitudes de información dentro del plazo de un mes marcado por la ley (artículo 17.5).

Todas estas modificaciones se han realizado, según el Gobierno, tras leer las casi 3.700 sugerencias que los ciudadanos hicieron durante dos semanas el pasado mes de marzo y abril. Sigue siendo imposible valorar en qué medida se han tenido en cuenta ya que a fecha de hoy ninguna de ellas ha sido publicada.

El Anteproyecto de Ley no reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental.

El pasado lunes 26 de marzo el Gobierno hizo público el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno .

Hasta el próximo 10 de abril, todos los ciudadanos podemos aportar nuestras opiniones y sugerencias para mejorar el Anteproyecto, antes de que se presente en la Cumbre del Open Government Partnership, el próximo 17 de Abril en Brasilia. “La participación ciudadana en esta consulta es esencial”, resaltó Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe y representante de la sociedad civil española en la próxima Cumbre del Open Government Partnership.

Darbishire resaltó los avances que supondría el Anteproyecto respecto a la situación actual en España: por ejemplo, exige la publicación proactiva de muchos datos públicos, como la ejecución de presupuestos. Pero también subrayó que con este Anteproyecto seguiríamos estando muy por debajo de los estándares de transparencia europeos e internacionales, reflejados en el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a Documentos Públicos.

Access Info Europe resalta la ausencia de varios puntos esenciales en la nueva propuesta gubernamental:

– El Anteproyecto de Ley no reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental

– La propuesta incluye una larga lista de excepciones en las que queda reservado el derecho de acceso a la información en varias áreas de la Administración Pública, como defensa o seguridad nacional, así como en lo que respecta a la Casa Real.

– Aunque ciertos intereses legítimos del Estado deben ser protegidos, el interés general no prima a la hora de diferenciar entre información pública y reservada, y se le da excesiva prioridad a la protección de datos. Por ejemplo, cuando se publicó el patrimonio de senadores y diputados, se dio prioridad al interés público que generaba frente a la protección de datos de diputados y senadores.

– El Anteproyecto no garantiza el fin del silencio administrativo que impera en España, donde más del 60% de las solicitudes de información pública quedan sin respuesta.

– En caso de vulneración del derecho de acceso a la información no se prevén sanciones específicas, por lo que permanecería el clima actual de impunidad.

El Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno queda así muy lejos de los 10 principios que defiende la Coalición Pro Acceso, la agrupación de más de organizaciones que lucha por el derecho a la información pública y la transparencia en España desde 2006.

Los políticos la han prometido desde 2004, pero España sigue aún sin ley de transparencia.

Los políticos españoles llevan hablando de tener una ley de transparencia y acceso a la información desde 2004. El PSOE la prometió en la campaña de ese año, pero no cumplió en su primera legislatura. La volvió a incluir en su programa electoral de 2008, pero la llevó al Consejo de Ministros el mismo día que anunció elecciones generales.

El PP, a través de su grupo parlamentario, había presentado un mes antes una proposición de ley que no alcanzó a debatirse en el Congreso. Todo llegó demasiado tarde. España sigue siendo el único país de Europa con más de un millón de habitantes sin ley de transparencia.

El denominador común de las propuestas que conocemos hasta ahora es que son insuficientes. Los principales problemas: que no reconocen el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, que excluyen demasiada información y la falta de un órgano independiente que vele porque se de lo solicitado. Si quieres saber más, puedes leer una comparativa detallada de las propuestas hecha por Access Info Europe.

La Coalición Pro Acceso, una plataforma de 54 organizaciones de la sociedad civil que pide la aprobación de una ley de transparencia en España, ha definido 10 principios básicos que ésta debe tener. Siguiéndolos, se garantiza debidamente el derecho de acceso a la información en acorde con los estándares internacionales.

Como colofón final al 2011, casi todos los programas electorales en las pasadas elecciones generales incluyeron la promesa de aprobar la ley. Mariano Rajoy anunció repetidamente durante su campaña electoral que la aprobación de la ley de transparencia sería una de sus prioridades y que la presentarían durante los 100 primeros días de legislatura.

Y parece que va a cumplir. Según Europa Press, el gobierno presentará el borrador en el Consejo de Ministros mañana – a siete días de vencer el plazo prometido.

La Coalición se reunió por primera vez con el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, el pasado 20 de enero para conocer de primera mano qué pasaría con la ley. Nos contaba que el texto se abriría a consulta pública. Después se confirmó que la ley se presentaría el 17 de abril en Brasilia coincidiendo con la reunión del Open Government Partnership, una iniciativa internacional de gobierno abierto a la que España se ha adherido.

Ayllón_Vicepresidencia

Ayllón ha vuelto a convocar a algunos miembros de la Coalición, entre los que está Access Info Europe, el próximo lunes 26 de marzo para darnos más detalles directamente. ¡Os mantendremos informados!