Casa Real

El Gobierno responde que Patrimonio Nacional gastó 169.660,21 euros, pero no da datos del dispositivo de seguridad ni detalla el destino de esos costes.

20140619_recorrido_oficial_2

Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia, gastó exactamente 169.660,21 euros en las ceremonias de abdicación de Juan Carlos I y coronación de Felipe VI. El desglose, como se detalla en la respuesta del Gobierno a una pregunta formulada mediante Tu Derecho a Saber, incluye 64.434 euros en gastos de personal, 91.788,55 en gastos corrientes en bienes y servicios y 13.437,66 euros en inversiones.

La pregunta la formuló Carmen, una de las ciudadanas más activas en la página web, el pasado 24 de junio, poco después de los actos celebrados en Madrid para el cambio de Jefe del Estado. Tras insistir en dos ocasiones (aquí y aquí), la Subsecretaría dio por fin ayer viernes una respuesta, en la que añade que el Ministerio de Presidencia asumió también los 4.474,26 euros que costaron los autobuses para el traslado de autoridades.

A estos gastos se suma el dispositivo de seguridad, similar al de “otros enventos con gran afluencia de público como acontecimientos deportivos o manifestaciones”, según el Gobierno, que asegura que es un coste que asumen los presupuestos ordinarios del departamento y, por lo tanto, no ofrece la cifra destinada a esa jornada.

Presidencia admite que no dispone de información sobre los costes asumidos por la Comunidad de Madrid y el Consistorio. Según el responsable de Medio Ambiente y Movilidad del ayuntamiento madrileño, gastaron 28.845,14 euros en vallas y señalizaciones.

Tras la respuesta, Carmen ha vuelto a insistir: quiere conocer el detalle de esas partidas. ¿A qué “inversiones” se refieren? ¿Cómo se detalla el gasto en bienes y servicios? Esperemos que, esta vez, la respuesta tarde menos de cuatro meses en llegar.

Todo apunta a que la Casa Real se incluirá en la Ley de Transparencia. Debemos esperar a ver cómo se plasma esta decisión en la ley para comprobar que este gesto no es solo estético.

casa_real_910

Según las últimas informaciones, la Casa del Rey estará incluida dentro de la Ley de Transparencia, aunque con algunas particularidades (que aún no conocemos). Es una buena noticia, aunque en realidad debería haber sido así desde el principio. Primero, porque el Rey es el Jefe de Estado. Segundo, porque la Casa Real desarrolla una función pública que, además, está financiada en su totalidad con dinero público.

Gregorio Peces Barba, jurista de prestigio y uno de los ponentes del proceso de creación de la constitución decía hace un año en unas declaraciones a El País que “ no tiene ningún sentido ni hay razones jurídicas para excluir a la Casa del Rey de la Ley de Transparencia”. Sin embargo,  Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso, defendía que la Casa del Rey “se sitúa por encima” de otras instituciones y de los ciudadanos.

Es cierto que la figura del Rey tiene algunas peculiaridades y que ciertos documentos no deben ser publicados por su contenido confidencial, pero eso no es un problema para una ley de transparencia que incluye excepciones para tal efecto. De hecho, el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos prevé un límite excepcional para aquellos países que consideren necesario lindar el acceso a ciertas comunicaciones entre instituciones públicas y la jefatura de estado (excepción aplicable siempre tras realizar una prueba de interés público).

 

La casa real más opaca de su entorno

En otros países europeos que cuentan con monarquías parlamentarias se han buscado soluciones para adaptar el funcionamiento de sus monarquías a las dinámicas propias de un estado democrático moderno. Las casas reales y los monarcas de las naciones de nuestro entorno son, de facto, mucho más transparentes que la Casa Real Española, respondiendo incluso a solicitudes de información como es el caso de la Casa Real Sueca (podéis consultarlo en el informe anual de la Casa Real Sueca).

En estos países se puede solicitar información sobre la monarquía a cualquier institución pública y las propias casas reales cuentan en sus páginas webs con información muy detallada sobre su patrimonio, su presupuesto y su gasto, su agenda y otros detalles sobre su funcionamiento. Cualquiera puede comparar el apartado de transparencia de la página web de la monarquía británica (que publica incluso lo que se gasta en bebidas espirituosas) con el de la española.

En cualquier caso, como decíamos, esta es una buena noticia y ojalá tenga un efecto contagio sobre otras instituciones que a día de hoy están total o parcialmente excluidas de la ley (poder legislativo, poder judicial, partidos políticos, sindicatos, patronal, Congreso de los Diputados…). Esta decisión se toma en un momento en el que la Familia Real se encuentra inmersa de una creciente desconfianza y desapego por parte de la sociedad. En este contexto han decidido que la transparencia es el primer paso para recuperar esa confianza, otra lección que todas las instituciones deben aprender y aplicar.

Debemos esperar a ver cómo se plasma esta decisión en la ley para analizar los detalles y comprobar que este gesto no es solo estético. Pero sobre todo hay que recordar que el hecho de que la Casa Real no estuviera incluida en la ley era el menor de los problemas de la futura ley de transparencia.

Desde la sociedad civil hace mucho tiempo que se piden cambios importantes para que esta ley no quede obsoleta nada más nacer. Entre las mejoras que siguen pendientes para conseguir una ley en línea con los estándares internacionales encontramos: el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, un mayor alcance en su aplicación (el artículo 2 excluye muchas más instituciones y el artículo 15 muchos tipos de información como notas, borradores, informes internos…) y un organismo de revisión independiente.

Ahora que la ley de transparencia afronta su tramitación en el Congreso es necesario estar atentos a su evolución y, sobre todo, seguir insistiendo para que nuestros parlamentarios integren los cambios que la sociedad civil y los expertos nacionales e internacionales llevan proponiendo desde que se conoció el texto.

[Artículo publicado en Eldiario.es]