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  • El Gobierno no publica datos sobre a quiénes votan los residentes en el extranjero
  • Interior responde a una solicitud de información enviando a preguntar en cada junta electoral
  • El Consejo de Transparencia le obliga a remitir la petición a la JEC para comprobar si existe esa información

Si preguntas al Ministerio del Interior qué votaron los españoles residentes en el extranjero el pasado 20 de diciembre, responde que no lo sabe. El voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), según la respuesta recibida a una solicitud de información realizada por Civio, “se integra y se diluye” en los resultados definitivos. Una respuesta que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha tumbado de forma parcial.

Interior asegura que esa información está, por separado, en cada una de las juntas de zona, y anima al solicitante a pedir los datos a todas ellas. Pero, como apunta el CTBG, su respuesta podría llevar implícita una afirmación: “la información -con los datos globales- estaría a disposición de la Junta Electoral Central“. Por esa razón, obliga a Interior a remitir la solicitud de información a este organismo, para que decida si concede o no el acceso a esos datos. Es decir: cómo votaron los residentes en el extranjero.

Otro de las argumentos que dio el Ministerio para negar los resultados globales del voto CERA es que “nunca antes habían sido difundidos por la Junta Electoral Central”, una razón que, para el Consejo, no es válida. Como tampoco lo es que la respuesta dada (enviar a los enlaces en los que se publican datos sobre resultados, pero no estos) sea la misma que la que se ofrece a cualquier ciudadano que se dirija a Interior. “El derecho de acceso tiene unas normas y unas excepciones”, afirma el CTBG. Es decir: no importa qué se haya hecho hasta ahora o cómo se responda por otras vías: las solicitudes de información basadas en la Ley de Transparencia tienen unas reglas concretas.

Interior también tiene dudas sobre si la Junta Electoral Central es un organismo afectado por el derecho de acceso a la información. Para el Consejo, sí lo está y debe recibir la solicitud para decidir si da los datos o no. Si el Ministerio hace caso a la resolución y remite la solicitud, será la JEC quien tenga que responder si tiene esos datos del conjunto y si, siendo así, concede el acceso.

BOLAS EXTRA:

  • ¿Y los residentes temporales?. La solicitud de información, enviada el pasado 2 de febrero, no solo preguntaba por los resultados del voto CERA, también por el CERTA (Censo Electoral de Residentes Temporalmente Ausentes). Interior afirma en este caso que este tipo de votos se incorporan a cada mesa electoral junto al de los españoles residentes en España y que el proceso no es reversible. Es decir, que es imposible separarlos del resto. En este caso, el CTBG ha dado la razón al Gobierno.
  • Conceder denegando. La primera respuesta de Interior afirmaba que se concedía el acceso a la información. Eso, claro, no es cierto. No se envió ninguno de los datos solicitados. Al plantear esta queja en la reclamación ante el Consejo, el Ministerio lo justifica en que el solicitante “tiene derecho a saber por qué es imposible darle los datos”. Eso, justificar por qué no se concede el acceso, es una denegación. Motivada, como obliga la ley.

Reunimos algunos ejemplos de solicitudes formuladas desde Tuderechoasaber.es que, con la ley delante y en vigor, ahora deberían obtener como respuesta la información solicitada.

Tuderechoasaber_doble

Con la entrada en vigor de la normativa de transparencia para la Administración General del Estado (AGE) se reconocerá, dentro de pocas semanas, el derecho de cualquier ciudadano a acceder a nueva información que antes quedaba fuera de su alcance. Por eso reunimos algunos ejemplos de solicitudes formuladas desde Tuderechoasaber.es que, con la ley delante y en vigor, ahora deberían obtener como respuesta la información solicitada. Recordemos además que el reglamento de aplicación de la ley aún no se ha hecho público, por lo que existen incógnitas, ambigüedad y muchas salvedades a la hora de poder asegurar que, en un escenario concreto, el ciudadano recibirá con seguridad toda la información que solicita.

    • A partir del 10 de diciembre se podrán solicitar y recibir datos sobre partidas presupuestarias específicas y su desglose. Así, esta solicitud de información que Juan Elosua dirigió en mayo de 2014 al Ministerio de Economía y Competitividad sobre “las partidas
 presupuestarias anuales destinadas a la creación y mantenimiento
del INL (International Iberian Nanotechnology Laboratory)” debería ser atendida y resuelta. Hasta ahora, este Ministerio ha estado ignorando la gran mayoría de las solicitudes recibidas, como se puede comprobar en este link. No obstante, de cara a la aplicación efectiva de la ley, existe una salvedad: no se especifica cuál es el grado mínimo de desglose, por lo que cada institución podrá decidir por sí misma en cada caso concreto el nivel de detalle de los datos que aporte. Por eso es tan importante una ley estricta que cierre el camino a este tipo de indefiniciones.
    • Se podrá preguntar por TODAS las subvenciones concedidas por un organismo público o recibidas por una entidad. Recuerda que, según la ley, puedes preguntar a ambos. Así, esta solicitud en la que un ciudadano pide conocer los expedientes de reintegro de subvenciones con cargo al IRPF tramitados por Sanidad entre 2008 y 2011 debería obtener respuesta con la información que solicita.
    • Podrás solicitar y recibir los nombres de los asesores de ministros. En esta solicitud, Romà Seguí preguntaba en 2012 al Ministerio de Presidencia por el número (ni siquiera por el nombre) de personas contratadas como personal eventual y por aquellas que, con otro contrato, prestaban “trabajos de asesoramiento”. Nunca recibió respuesta. Como vemos, Presidencia también está entre las instituciones que peor atienden a las solicitudes de los ciudadanos, y eso pese a haber liderado la gestación de la Ley de Transparencia.
    • Se podrá pedir y obtener las memorias de impacto normativo de cualquier órgano de Administración General del Estado. En Tuderechoasaber.es hemos recibido muy pocas solicitudes de este tipo. En este ejemplo, un ciudadano solicitó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social una copia del informe de impacto de género que acompañó a la aprobación del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. La respuesta que recibió, hasta en tres ocasiones, fue que “todos los informes preceptivos que acompañan a las normas o proyecto de normas aprobadas por el Consejo de Ministros no constituyen un documento de público acceso, por lo que no es posible atender su solicitud”. 
Pues bien, ahora sí lo son.

Sin embargo…

Existen otros ejemplos de información que no podrás solicitar a partir del 10 de diciembre. Con el texto en mano, las entidades sujetas a la Ley de Transparencia no tendrán obligación de darte información que tenga carácter  auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes e informes internos o entre órganos o entidades administrativas se quedan fuera del paraguas de la ley. Pese a que la información auxiliar desempeña un papel, variable, en la toma de decisiones, tendremos que esperar y observar cómo se desarrolla esta limitación en cada caso particular. “No podemos facilitártela porque se trata de información auxiliar” puede ser tendencia en la temporada 2015. La ley establece también una serie de limitaciones que dejan la puerta abierta a dobles lecturas. Así, cortapisas muy genéricas para pedir información relacionada con “intereses económicos y comerciales”, o aquellas que afecten a “la garantía de confidencialidad o secreto requerido en los procesos de toma de decisión” pueden servir para denegar una solicitud. Recuerda que, si rechazan tu solitud porque la información que reclamas contiene datos personales, puedes insistir por segunda vez para que te la proporcionen disociada de esos datos. A la espera de conocer mejor la “letra pequeña” (el reglamento que desarrolla le ley aún no es público), la propia norma sí contempla esta opción.

No solo a las administraciones públicas

Corregimos un errorTen muy presente también que la obligación de responder no solo la tienen los organismos públicos, también partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales. No solo los organismos públicos tienen obligaciones de transparencia. También los partidos políticos, las organizaciones empresariales, sindicales, y algunas empresas privadas. Aquellas que reciban más de 100.000 euros en un año en subvenciones o que más del 40% de sus ingresos provengan de ayudas públicas. Sin embargo, sus obligaciones son de PUBLICIDAD PROACTIVA (deben publicar organigrama y CV de altos cargos; contratos, convenios y subvenciones con administraciones públicas; presupuestos y estado de ejecución, cuentas anuales, auditorías y retribuciones de directivos), pero  tienen obligación de responderte NO tienen obligación de responderte. Aquí está más claro.  Y ojo, en el caso de empresas privadas, sólo si son subvenciones o ayudas. Si se trata de contratos con la administración (por ejemplo, la gestión de un servicio público, como un hospital o el transporte metropolitano), NO estarán bajo las obligaciones de publicidad proactiva de la ley de transparencia.

Y, ante la duda, ¡pregunta!

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A raíz de una investigación llevada a cabo por la defensora del pueblo europeo, ha decido publicar 140 documentos internos solicitados por un periodista alemán sobre la entrada de Grecia en la Eurozona

Buenas noticias en el campo del acceso a la información dentro de las instituciones europeas. Las investigaciones llevadas a cabo por la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, han conducido a que la Comisión Europea haya publicado 140 documentos internos relacionados con la entrada de Grecia en la Eurozona en el año 2001. Estos documentos habían sido solicitados por un periodista alemán hace ya más de dos años, e inicialmente le habían sido denegados.

Emily O’Reilly ha felicitado a la Comisión Europea por haberse finalmente ajustado a las disposiciones de la Ley 1049/2011 y no entorpecer el ejercicio por parte de los ciudadanos del indispensable, necesario y democrático derecho de acceso a la información. La nota de prensa y la decisión  completa emitidas por la Defensora del Pueblo no pasan por alto, sin embargo, que la Comisión no actuó bien al retrasar injustificadamente la publicación de los documentos solicitados y al interrumpir el contacto con el solicitante de una forma tan abrupta, errores que la propia Comisión ha asumido como suyos. Pero igualmente la decisión de O’Reilly también valora que una vez iniciadas las investigaciones por parte del organismo que preside, la Comisión reaccionó de manera rápida y publicó tan pronto como le fue posible los documentos en cuestión.

Emily O’Reilly ha aprovechado la buena resolución del incidente para emitir unas breves declaraciones: “Especialmente en tiempos de crisis, es vital que los europeos entiendan cómo suceden las decisiones importantes que afectan a sus vidas. Europa sigue afectada tangiblemente por estas decisiones y el papel jugado por los diferentes actores necesita ser clarificado para poder aprender lecciones para el futuro”.

Los detalles del proceso

En noviembre de 2011 el periodista en cuestión se puso en contacto con la Comisión para trasladarle una solicitud de acceso a la información, amparado por el Reglamento Europeo 1049/2001 sobre acceso a información de la UE, que estableció el derecho de acceso a la información a nivel europeo y definió los mecanismos para solicitar documentos a las instituciones europeas. Concretamente, solicitó el acceso a todos los documentos fechados entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de junio de 2000 que guardasen relación con la entrada de Grecia en la Eurozona incluyendo, entre otros, documentos preparatorios, informes de convergencia y las cartas e emails entre miembros de la Comisión y autoridades griegas y de otros estados miembros.

La Comisión procedió a publicar un conjunto muy limitado de documentos, no logrando satisfacer los intereses del solicitante. En este punto el periodista alemán recibió una comunicación oficial en la que se le hacía saber que debido a la antigüedad de los documentos solicitados, muchos de ellos no estaban informatizados y se encontraban diseminados por diversos archivos históricos. El trabajo de recopilar todos ellos hacía imposible cumplir los plazos establecidos por la mencionada ley 1049/2001, por lo que la Comisión propuso, a modo de solución, el envío de todos los documentos solicitados para el 29 de febrero de 2012, a más tardar.

El solicitante aceptó la propuesta pero, un mes más tarde de la fecha acordada no había recibido aún noticias de la Comisión. Tras enviar un nuevo email que no recibió contestación alguna, el solicitante optó por formular una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo en abril de 2012. Tras una larga investigación y un diálogo tripartito entre Comisión, Defensor y solicitante durante más de un año y medio, en noviembre de 2013 la Comisión accedió a publicar un total de 140 documentos que la investigación llevada a cabo por los investigadores del Defensor del Pueblo había juzgado relevantes para la petición del solicitante.

Valoración de Access Info Europe

A nuestro juicio es muy positivo que la Comisión haya respondido favorablemente a las observaciones realizadas por la Defensora del Pueblo Europeo y consideramos que este caso sentará un importante precedente para futuras peticiones de acceso a la información a la Comisión y al resto de instituciones europeas. Sin embargo nos alarma considerablemente que, si no hay supervisión alguna de organismos de control como el Defensor del Pueblo, la Comisión no responda a estas solicitudes con la prontitud y corrección que le corresponde, y por el contrario ponga trabas al ejercicio de un derecho que consideramos esencial para lograr una transparencia efectiva en nuestras instituciones democráticas. Es fundamental que las instituciones que nos representan y que redactan las leyes que nos gobiernan se ajusten plenamente a las regulaciones sobre el acceso a la información y que cumplan estrictamente los plazos y procedimientos establecidos. Confiamos en que a raíz de este caso, tanto la Comisión como el resto de instituciones europeas valoren como se merece la importancia del derecho fundamental de acceso a la información, y apliquen las lecciones aprendidas a las solicitudes que reciban en el futuro.

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Javier Bornstein, Investigador de proyectos de Access Info Europe

El juez de instrucción ha decidido frenar la privatización de seis hospitales madrileños de manera cautelar hasta que haya una sentencia firme sobre el tema. La magnitud del proceso (afecta el servicio de miles de ciudadanos) y el hecho de que sea irreversible son, para el magistrado, razones de peso para parar, de momento, el proceso. En el auto, además de criticar que las administraciones “asuman sin más su incapacidad” para mejorar la gestión de la sanidad pública, el juez pone en duda el argumento de la Comunidad de Madrid, que asegura que la privatización ahorrará gastos. Para hacerlo, nombra el caso de otros países:

 

¿A cuáles se refiere? Podría tratarse, por ejemplo, de Escocia. Como ya explicamos en este blog, allí utilizaron un sistema de gestión público-privada muy parecido durante años: el PFI (Private Finance Inciative). El sistema consiste en que una empresa construye un edificio público, como podría ser un hospital, y lo gestiona durante los años que dure la concesión, en los que recibe un canon anual desde las administraciones públicas.

Gracias a la insistencia de los ciudadanos y a que en Escocia cuentan con una ley de derecho de acceso a la información potente y una entidad de control realmente independiente, los datos sobre este sistema salieron a la luz. El Sunday Herald estudió esa información y concluyó que habían gastado más del doble de lo necesario por unos 700 proyectos públicos planificados y construidos.

En Reino Unido también se demostró que este procedimiento no era el más eficiente. ¿Y aquí? Ni tenemos los datos ni una ley que garantice que los podamos reclamar.

 

La enorme distancia que existe entre los estándares internacionales de transparencia y el derecho de acceso como lo desarrolla el Gobierno queda reflejado en muchas de las enmiendas de los grupos parlamentarios.

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Autor: José Pedro Fernández, colaborador de Access Info Europe como investigador de proyectos

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Las enmiendas presentadas el pasado día 2 de julio al Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, reflejan que la mayor parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados se muestra contraria a la regulación propuesta por el Gobierno. Los Grupos Parlamentarios Izquierda Plural y UPyD, así como las formaciones políticas recogidas en el Grupo Mixto, han sido muy críticos con el articulado del presentado.

Entre las enmiendas presentadas, destaca por su relevancia jurídico-política, la necesidad de considerar el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. La enorme distancia que existe entre los estándares internacionales de transparencia y el derecho de acceso  a la información pública como lo desarrolla el Gobierno queda reflejado en muchas de las argumentaciones.

Izquierda Plural ha presentado la que quizás sea la batería de enmiendas más ilustrativa. Las enmiendas 74 y 208 justifican jurídicamente la necesidad de calificar el derecho de acceso como fundamental, es decir, reconociéndolo como un desarrollo legislativo de los artículos 20 y 23 de la Constitución. Esta interpretación viene avalada por numerosos acuerdos y sentencias internacionales, muchas de las cuales son vinculantes para el Estado español (recientemente el TEDH  se volvió a pronunciar a favor del derecho fundamental en su sentencia de 25 de junio).

El Grupo Parlamentario de UPyD también reconoce la necesidad de regular el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental. Si bien nuestra Constitución no reconoce expresamente el derecho fundamental de acceso, nada impide realizar tal reconocimiento mediante una Ley Orgánica. Este procedimiento no sería nuevo en España, dado que ya así realizó con el Derecho Fundamental a la Protección de los Datos de Carácter Personal.

Entre las diferentes fuerzas políticas que componen el Grupo Mixto, no son pocas las voces que critican el carácter ordinario de la ley. Joan Baldoví, diputado de Compromís-Equo, ha expresado en la enmienda número 2 que la Constitución reconoce y garantiza el acceso a la información como un derecho fundamental -en virtud de su artículo 20.1.d relativo a la libertad de recibir y comunicar información-. Desde Geroa Bai se manifesta la necesidad de garantizar el derecho de acceso como fundamental con el objeto de convertir la transparencia en un eje fundamental de toda acción política.

A estas críticas se suma además un amplio abanico de enmiendas presentadas por gran parte del hemiciclo (Izquierda Plural, UpyD, Compromís-Equo, ERC, BNG, Geroa Bai, Amaiur  o Coalición Canaria), que piden mejorar puntos básicos de la regulación para un correcto ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Para señalar las enmiendas de mayor relevancia, resulta bastante clarificador el texto alternativo presentado por el diputado por ERC Alfred Bosch i Pascual, que recoge propuestas defendidas por diferentes fuerzas políticas. Los ejemplos más llamativos son la actualización y mejora en la definición de documento público, el reconociendo de un ámbito de aplicación más extenso (enmienda 123 y 146) y, la eliminación del silencio negativo en favor de silencio positivo, para evitar la discrecionalidad de la administración en la tramitación de las solicitudes recibidas (enmienda 154).

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Otros artículos de esta serie sobre las enmiendas parciales a la Ley de Transparencia:

Enmiendas parciales a la Ley de Transparencia (I): El Grupo Popular propone restringir aún más su alcance

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La Ley de Transparencia sigue enmarañada en el Congreso, ahora pendiente de que se valoren las enmiendas parciales que ha propuesto cada uno de los grupos parlamentarios. Si el proyecto orquestado por el Gobierno ya era de por sí insuficiente y muy por debajo de lo que señalan los estándares internacionales, las enmiendas parciales que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular demuestran una intención clara de esta formación por restringir aún más el alcance de la ley y vaciar de contenido algunas de las medidas que se esperan de una buena Ley de Transparencia y Acceso a las Información.

Aquí repasaremos algunas de ellas. No abordaremos el título de Buen Gobierno por considerar que no tiene nada que ver con la transparencia y el derecho de acceso.

1) El Grupo Parlamentario Popular, que ostenta la mayoría absoluta en la cámara y tiene por tanto preeminencia en la configuración de la norma, ha presentado una enmienda parcial (la enmienda 512) para que ningún organismo al margen de la administración se vea exigido a publicar información económica, presupuestaria y estadística –esto incluiría, por ejemplo, contratos, convenios, subvenciones, presupuestos, cuentas anuales o las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos-.

Esta enmienda eximiría de publicar este tipo de información a numerosas instituciones, desde las corporaciones de derecho público a la Casa Real, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, las fundaciones del sector público, etc.

2) La inclusión de los partidos políticos, los sindicatos, la patronal y otras entidades dependientes del dinero público también sufriría a propuesta del Grupo Parlamentario Popular una amplia limitación. Además de no tener que publicar información económica, presupuestaria y estadística, únicamente estarían obligadas por esta ley a dar a conocer:

      • Contratos y convenios celebrados con una Administración Pública
      • Las subvenciones recibidas de una Administración Pública.

Así lo establecería la enmienda 521 del Partido Popular en caso de incluirse en el proyecto.

3) Pese a que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció la creación de un organismo de revisión distinto del que planteaba inicialmente el proyecto de ley –un Consejo de la Transparencia no adscrito al Ministerio de Hacienda, como estaba previsto-, la enmienda 530 de Grupo Popular sobre este ente sigue sin aclarar el alcance y garantías de su independencia, su mandato, sus funciones, sus poderes ni su naturaleza. Además, se confirma el doble silencio negativo: si el ciudadano no obtiene respuesta a una solicitud de información y recurre al órgano de revisión pero este tampoco responde, en cuatro meses tendrá que considerar la respuesta denegada sin obtener ningún motivo.

A estas nueva limitaciones propuestas por el Grupo Popular debemos añadir las ya conocidas: la exclusión de la información auxiliar (informes internos, notas, borradores…) y el no reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental (el 25 de junio el Tribunal Europe de Derechos Humanos volvía a reconocer este derecho como derecho fundamental).

Analizaremos qué enmiendas han propuesto otros grupos parlamentarios en siguientes artículos de este blog. Aquí puedes consultarlas todas.