PETICIONES DE INFORMACIÓN

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Desde que el día 10 entrase en vigor de la Ley de Transparencia para la Administración Central y se abriera el Portal de Transparencia con una pasarela de identificación electrónica que exige o DNI-e o una clave individualizada, muchos nos habéis escrito para hacer una pregunta lógica: si seguimos enviando solicitudes de información desde Tuderechoasaber.es a los poderes públicos, ¿nos responderán? Veamos.

La respuesta, como siempre que nos aventuramos a adelantar la reacción de las instituciones españolas, es incierta. Cuando lanzamos Tuderechoasaber.es en marzo de 2012 tampoco sabíamos si los organismos públicos responderían (y no todos lo hacen, puedes ver nuestro último informe). Por eso debemos recabar antes toda la información para poder responder a esta pregunta.

¿Cómo está respondiendo la Administración Central en Tuderechoasaber.es?

De momento, recordemos que a través del Portal de Transparencia únicamente puedes solicitar información a la Administración Central. A través de las respuestas recibidas desde el día 10 de diciembre sabemos, por ejemplo, que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación remite ineludiblemente a este solicitante a usar transparencia.gob.es. También lo hace aquí el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por el contrario, estos días sí han seguido respondiendo por mail el Ministerio de Fomento (aquí), el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (aquí) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que contesta adecuadamente cuando se le solicita información  ambiental (como en este ejemplo o en este). Caso aparte sería el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que aquí dirige a los solicitantes a su propia pasarela (la oficina virtual) para formular preguntas.

¿Qué vamos a hacer en adelante en Tuderechoasaber.es?

Lo primero, informar al solicitante en todo momento de qué puede esperar de esta plataforma y en qué podemos seguir ayudándole. Nosotros lo tenemos muy claro: Tuderechoasaber.es sigue cumpliendo la función para la que creamos esta web, independientemente de cómo estén respondiendo los ministerios, y de si estos remiten sólo al Portal de Transparencia. Lo apreciamos así porque son muchos los organismos nacionales (los reguladores, embajadas, delegaciones del Gobierno y otros), autonómicos y locales que no se ven afectados por la exigencia de identificación electrónica del Portal de Transparencia y siguen admitiendo solicitudes de información vía email.

Por tanto, en las próximas semanas vamos a:

1.- Insertar un aviso en la portada de Tuderechoasaber.es alertando de cuatro cosas muy importantes:

    • Tras abrir el Gobierno el Portal de Transparencia con una pasarela de identificación electrónica y estar considerando una solicitud de información como la “apertura de un trámite administrativo” (equivalente a los que se realizan habitualmente para cumplir obligaciones tributarias), el email deja de ser el camino establecido para solicitar formalmente información a la Administración Central.
    • Esto tiene consecuencias importantes. Al ser el email el sistema en el que se basa Tuderechoasaber.es para establecer la comunicación con las  instituciones, la Administración Central puede alegar que no es la vía establecida y, por tanto, no contestar.
    • Esto implica en tercer lugar que si la Administración Central no te responde en Tuderechoasaber.es, no podrías recurrir y solicitar amparo al Consejo de la Transparencia debido a que no estarías utilizando la vía establecida.
    • No obstante, recordamos que la ley permite solicitar información “por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información que se solicita y una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones” (artículo 17). Por eso en los próximos meses vamos a seguir movilizando a la opinión pública para exigir que los ciudadanos podamos solicitar información a través del correo electrónico por ser uno de los canales más fáciles y accesibles para la mayoría de las personas.

2.- Vamos a hacer un seguimiento pormenorizado y constante de cuáles son las instituciones que no responden por medio de email a los usuario de Tuderechoasaber.es. Es una labor que es imprescindible hacer bien y que requerirá tiempo.

3.- Una vez lo sepamos, insertaremos un aviso en el perfil de aquellos organismos que no respondan vía email, para que el solicitante esté alertado antes de enviar su petición de información mediante Tuderechoasaber.es.

4.- Es más, ya estamos trabajando para ver si podemos facilitar que cualquier ciudadano pueda remitir solicitudes de información de forma anónima al Portal de Transparencia desde Tuderechoasaber.es. Os mantendremos informados sobre esta posibilidad.

5.- Vamos a actualizar los textos de la Guía para solicitantes de información, que no han sido puestos al día desde hace demasiado tiempo.

Así pues, a pesar de las barreras impuestas, desde Tuderechoasaber.es vamos a seguir contribuyendo a extender la cultura de solicitar la información, poniendo a disposición pública todas las respuestas obtenidas (no compartimos eso del envío y publicación “selectivos”) y facilitando el proceso a cualquier ciudadano, dado que el Portal de Transparencia actualmente no permite identificarse y formular solicitudes a los ciudadanos no comunitarios. Esta web se basa en Alavateli, un software que recoge estándares de acceso a la información completamente aceptados en más de 20 países del mundo con leyes de transparencia en vigor. Podemos garantizarte que, si utilizas esta plataforma para solicitar información, el proceso continuará siendo transparente y abierto.

Para resolver cualquier duda relacionada, escríbenos a contacto@tuderechoasaber.es

Desde ahora está en manos de los ciudadanos comprobar si las instituciones se tornan más transparentes a partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia

Ayer, 10 de diciembre, entraron en vigor las primeras obligaciones de transparencia para la Administración General del Estado, tanto la de publicar de oficio la información que especifica la ley como la de responder a las solicitudes de información que formulemos los ciudadanos.

Para empezar a cumplir con la primera, el Gobierno abrió también ayer el esperado Portal de Transparencia. Access Info y Civio, las dos organizaciones que estamos detrás de Tuderechoasaber.es, hemos preguntado varias veces en los últimos meses al Gobierno para conocer las características de este portal, y ver si recogía las buenas prácticas que existen en países más transparentes que el nuestro. Aunque la prensa sí fue convocada el 9 de diciembre en Moncloa para conocer de mano del Gobierno el número de gigas y los miles de documentos del portal, nosotros no fuimos convocados ni informados en ningún momento.

Portal Transparencia_previewA final, se cumplieron los peores pronósticos: los obstáculos para ejercer nuestro derecho a solicitar y recibir información son más y más férreos de lo que esperábamos. El principal, que será necesario registrarse con DNI electrónico o a través de una clave que se recibe en el teléfono móvil para pedir información a la administración central por vía telemática. Lo comunicamos ayer a primera hora y, si has seguido en las últimas horas las valoraciones que han publicado los medios (desde El País a El Mundo o el Huffington Post), seguro que estás al tanto.

¿Y ahora?

Como siempre insistimos, desde ahora está en manos de los ciudadanos comprobar si las instituciones se tornan más transparentes a partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Te animamos a pedir información por cualquier medio. En Tuderechoasaber.es puedes seguir formulando preguntas a muchos organismos que sí facilitan una dirección de correo electrónico y no exigen tu identificación certificada electrónicamente. También puedes seguir pidiendo información a instituciones autonómicas y localesaunque aún no tienen que aplicar la la ley de transparencia. Recuerda que si no tenemos su contacto, podemos buscarlo y añadirlo.

Hemos recorrido ya un largo camino. Desde 2012, Tuderechoasaber.es ha canalizado más de 1.500 solicitudes de información. Reiteramos nuestro compromiso de vigilancia responsable para que las medidas de transparencia no se diluyan en palabras vanas. Estudiaremos si es posible adaptar técnicamente Tuderechoasaber.es para que pueda seguir facilitando la tarea a los ciudadanos y compartir además públicamente las preguntas y las respuestas. Lo haremos en las próximas semanas y os mantendremos informados.

Gracias por tu confianza.

El equipo de Tuderechoasaber.es

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El derecho a saber comienza con el deber de preguntarHazlo en Tuderechoasaber.es

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Bola extra: el 9 de diciembre, Access Info Europe y Civio mantuvimos un encuentro digital en ElConfindencial.com donde respondimos a preguntas enviadas por los lectores sobre la Ley de Transparencia y la situación del acceso a la información en España. Nos gusto mucho la experiencia. Gracias a los organizadores por invitarnos.

Aquí puedes consultarlo>>

Reunimos algunos ejemplos de solicitudes formuladas desde Tuderechoasaber.es que, con la ley delante y en vigor, ahora deberían obtener como respuesta la información solicitada.

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Con la entrada en vigor de la normativa de transparencia para la Administración General del Estado (AGE) se reconocerá, dentro de pocas semanas, el derecho de cualquier ciudadano a acceder a nueva información que antes quedaba fuera de su alcance. Por eso reunimos algunos ejemplos de solicitudes formuladas desde Tuderechoasaber.es que, con la ley delante y en vigor, ahora deberían obtener como respuesta la información solicitada. Recordemos además que el reglamento de aplicación de la ley aún no se ha hecho público, por lo que existen incógnitas, ambigüedad y muchas salvedades a la hora de poder asegurar que, en un escenario concreto, el ciudadano recibirá con seguridad toda la información que solicita.

    • A partir del 10 de diciembre se podrán solicitar y recibir datos sobre partidas presupuestarias específicas y su desglose. Así, esta solicitud de información que Juan Elosua dirigió en mayo de 2014 al Ministerio de Economía y Competitividad sobre “las partidas
 presupuestarias anuales destinadas a la creación y mantenimiento
del INL (International Iberian Nanotechnology Laboratory)” debería ser atendida y resuelta. Hasta ahora, este Ministerio ha estado ignorando la gran mayoría de las solicitudes recibidas, como se puede comprobar en este link. No obstante, de cara a la aplicación efectiva de la ley, existe una salvedad: no se especifica cuál es el grado mínimo de desglose, por lo que cada institución podrá decidir por sí misma en cada caso concreto el nivel de detalle de los datos que aporte. Por eso es tan importante una ley estricta que cierre el camino a este tipo de indefiniciones.
    • Se podrá preguntar por TODAS las subvenciones concedidas por un organismo público o recibidas por una entidad. Recuerda que, según la ley, puedes preguntar a ambos. Así, esta solicitud en la que un ciudadano pide conocer los expedientes de reintegro de subvenciones con cargo al IRPF tramitados por Sanidad entre 2008 y 2011 debería obtener respuesta con la información que solicita.
    • Podrás solicitar y recibir los nombres de los asesores de ministros. En esta solicitud, Romà Seguí preguntaba en 2012 al Ministerio de Presidencia por el número (ni siquiera por el nombre) de personas contratadas como personal eventual y por aquellas que, con otro contrato, prestaban “trabajos de asesoramiento”. Nunca recibió respuesta. Como vemos, Presidencia también está entre las instituciones que peor atienden a las solicitudes de los ciudadanos, y eso pese a haber liderado la gestación de la Ley de Transparencia.
    • Se podrá pedir y obtener las memorias de impacto normativo de cualquier órgano de Administración General del Estado. En Tuderechoasaber.es hemos recibido muy pocas solicitudes de este tipo. En este ejemplo, un ciudadano solicitó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social una copia del informe de impacto de género que acompañó a la aprobación del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. La respuesta que recibió, hasta en tres ocasiones, fue que “todos los informes preceptivos que acompañan a las normas o proyecto de normas aprobadas por el Consejo de Ministros no constituyen un documento de público acceso, por lo que no es posible atender su solicitud”. 
Pues bien, ahora sí lo son.

Sin embargo…

Existen otros ejemplos de información que no podrás solicitar a partir del 10 de diciembre. Con el texto en mano, las entidades sujetas a la Ley de Transparencia no tendrán obligación de darte información que tenga carácter  auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes e informes internos o entre órganos o entidades administrativas se quedan fuera del paraguas de la ley. Pese a que la información auxiliar desempeña un papel, variable, en la toma de decisiones, tendremos que esperar y observar cómo se desarrolla esta limitación en cada caso particular. “No podemos facilitártela porque se trata de información auxiliar” puede ser tendencia en la temporada 2015. La ley establece también una serie de limitaciones que dejan la puerta abierta a dobles lecturas. Así, cortapisas muy genéricas para pedir información relacionada con “intereses económicos y comerciales”, o aquellas que afecten a “la garantía de confidencialidad o secreto requerido en los procesos de toma de decisión” pueden servir para denegar una solicitud. Recuerda que, si rechazan tu solitud porque la información que reclamas contiene datos personales, puedes insistir por segunda vez para que te la proporcionen disociada de esos datos. A la espera de conocer mejor la “letra pequeña” (el reglamento que desarrolla le ley aún no es público), la propia norma sí contempla esta opción.

No solo a las administraciones públicas

Corregimos un errorTen muy presente también que la obligación de responder no solo la tienen los organismos públicos, también partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales. No solo los organismos públicos tienen obligaciones de transparencia. También los partidos políticos, las organizaciones empresariales, sindicales, y algunas empresas privadas. Aquellas que reciban más de 100.000 euros en un año en subvenciones o que más del 40% de sus ingresos provengan de ayudas públicas. Sin embargo, sus obligaciones son de PUBLICIDAD PROACTIVA (deben publicar organigrama y CV de altos cargos; contratos, convenios y subvenciones con administraciones públicas; presupuestos y estado de ejecución, cuentas anuales, auditorías y retribuciones de directivos), pero  tienen obligación de responderte NO tienen obligación de responderte. Aquí está más claro.  Y ojo, en el caso de empresas privadas, sólo si son subvenciones o ayudas. Si se trata de contratos con la administración (por ejemplo, la gestión de un servicio público, como un hospital o el transporte metropolitano), NO estarán bajo las obligaciones de publicidad proactiva de la ley de transparencia.

Y, ante la duda, ¡pregunta!

Botón pREGUNTA tdas

Como en 2013, la Cámara se parapeta y esconde este documento, validado por la Mesa en septiembre, a expensas de darlo a conocer en un mes por las obligaciones de la Ley de Transparencia.

Como ya hizo con los de 2013, David Cabo solicitó hace pocos días al Congreso de los Diputados una copia de sus presupuestos correspondientes al año 2015. Se trata de un documento detallado que incluye el desglose completo -a nivel de artículos, conceptos y subconceptos- que la Mesa del Congreso aprobó el pasado 23 de septiembre. En 2013 esta misma solicitud fue denegada por la Cámara,  y el documento, en vez de por vías de transparencia, solo ha llegado a conocimiento público mediante filtraciones parciales a la prensa. Lo contamos en su día en este post y decidimos hacer públicas estas cuentas, que el Congreso insistía en esconder. David incluso llevó la opacidad de las cuentas del Congreso, en contraste con lo que ocurre en otros países, a la televisión:

El contexto, esta vez, es diferente. Esta vez la solicitud de David llega en medio de un debate social alrededor de la opacidad y la falta de mecanismos de fiscalización con la que el Congreso y el Senado han gestionado los viajes de los diputados. Se produce, además, a poco menos de un mes para la entrada en vigor (para la Administración General del Estado) de la Ley de Transparencia, en un momento en que tanto dentro como fuera de la Cámara se suceden declaraciones de representantes públicos sobre lo necesario de abrir la información que generan las instituciones a cualquier ciudadano. Además, la información solicitada por David tendrá que ser pública el próximo 10 de diciembre según dispone la ley, por lo cual, cabía esperar cierto grado de buena voluntad para facilitar ahora el documento. Al contrario, como es la falta de voluntad lo que acaba acaba siendo el obstáculo determinante cuando hablamos de auténtica transparencia, el Congreso ha respondido que no dispone de la información solicitada.

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El Gobierno responde que Patrimonio Nacional gastó 169.660,21 euros, pero no da datos del dispositivo de seguridad ni detalla el destino de esos costes.

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Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia, gastó exactamente 169.660,21 euros en las ceremonias de abdicación de Juan Carlos I y coronación de Felipe VI. El desglose, como se detalla en la respuesta del Gobierno a una pregunta formulada mediante Tu Derecho a Saber, incluye 64.434 euros en gastos de personal, 91.788,55 en gastos corrientes en bienes y servicios y 13.437,66 euros en inversiones.

La pregunta la formuló Carmen, una de las ciudadanas más activas en la página web, el pasado 24 de junio, poco después de los actos celebrados en Madrid para el cambio de Jefe del Estado. Tras insistir en dos ocasiones (aquí y aquí), la Subsecretaría dio por fin ayer viernes una respuesta, en la que añade que el Ministerio de Presidencia asumió también los 4.474,26 euros que costaron los autobuses para el traslado de autoridades.

A estos gastos se suma el dispositivo de seguridad, similar al de “otros enventos con gran afluencia de público como acontecimientos deportivos o manifestaciones”, según el Gobierno, que asegura que es un coste que asumen los presupuestos ordinarios del departamento y, por lo tanto, no ofrece la cifra destinada a esa jornada.

Presidencia admite que no dispone de información sobre los costes asumidos por la Comunidad de Madrid y el Consistorio. Según el responsable de Medio Ambiente y Movilidad del ayuntamiento madrileño, gastaron 28.845,14 euros en vallas y señalizaciones.

Tras la respuesta, Carmen ha vuelto a insistir: quiere conocer el detalle de esas partidas. ¿A qué “inversiones” se refieren? ¿Cómo se detalla el gasto en bienes y servicios? Esperemos que, esta vez, la respuesta tarde menos de cuatro meses en llegar.

Tráfico respondió en sólo tres días, aportando un fichero con datos entre 2011 y 2014 desglosados por provincias.

El 20 de octubre un ciudadano solicitó a la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de Tuderechoasaber.es los datos de multas interpuestas en los últimos años a vehículos por adelantamientos indebidos a ciclistas. Es decir, aquellos casos denunciados en los que el vehículo no redujo la velocidad ni respetó la separación lateral establecida de 1,5 metros.

La DGT respondió en sólo tres días, aportando un fichero con datos entre 2011 y 2014 desglosados por provincias. La información no incluye datos de Cataluña, País Vasco, Melilla ni de la provincia de Palencia. Con 61 denuncias en 2011, 64 en 2012, 74 en 2013 y 78 en 2014, las estadísticas reflejan un leve ascenso del número de denuncias.

Obtener información sobre Tableau

El pasado 11 de octubre, casi todas las cabeceras llevaban una información casi idéntica (surgida, como apuntan muchos, de las agencias Efe y Europa Press): “Expertos europeos alertan de que el Carlos III no está diseñado para emergencias como el ébola”. La noticia se replicó y se replicó (en televisiones como Cuatro o La Sexta, en periódicos como El País, La Vanguardia, en radios como Ondacero…), pero en ninguna de esas réplicas era posible encontrar la fuente original: un supuesto comunicado que, según el texto, procedía de los investigadores del ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

¿Dónde está ese comunicado oficial? Como no pudimos encontrarlo, David Cabo escribió al organismo europeo a través de la web Ask the EU (como Tu Derecho a Saber, pero para preguntar a organismos europeos) para solicitarlo y ejercer así su derecho de acceso a la información. En concreto, reclamaba una copia del informe realizado por esos “expertos europeos” (ese sintagma).

La primera respuesta llegó sólo unas horas después: dos personas del ECDC habían estado en el Carlos III los días 8, 10 y 11 de octubre, sí, pero no hay informe ni documento sobre sus conclusiones. Según afirman, las declaraciones que aparecen en prensa son unos comentarios preliminares al final de una reunión en el hospital.

Pero, ¿comentarios de esos dos expertos o de quién? Ante las dudas, David volvió a preguntar, esta vez pidiendo las transcripciones de esas declaraciones. La sorpresa llegó con la segunda respuesta: las declaraciones surgen del hospital Carlos III y no de un informe de ECDC. Además, añaden, la afirmación que llenó todos esos titulares no constituye su posición oficial sobre el asunto (“the statement that appeared in the media was from the hospital Carlos III and not an ECDC report. As such it does not constitute an ECDC view”).

Desde el organismo aseguran que cualquier conclusión relevante será trasladada al Gobierno español, que será el responsable de publicar los informes finales sobre el caso. De hecho, remiten la pregunta al departamento de comunicación del Hospital de La Paz, a quién hemos vuelto a trasladar la pregunta inicial: ¿de dónde salen esas declaraciones?

Un ciudadano solicitó conocer los canales y horarios de emisión de los anuncios televisivos. En total se llevaron a cabo 13.245 pases, la gran mayoría en canales comercializados por Pulsa Media y antenas autonómicas

A finales del mes de julio, un ciudadano solicitó a la Agencia Tributaria a través de Tuderechoasaber.es a qué canales se había asignado la emisión de la campaña televisiva que esta entidad había encargado para sensibilizar  e informar sobre el fraude fiscal. También las fechas de emisión contratadas y las de su emisión efectiva.

El Servicio de Gestión Económica de la Agencia Tributaria anunció en enero la licitación por un importe máximo de 550.000 euros (454.545,45 con impuestos) para cubrir la creatividad y la producción de una campaña de sensibilización social contra el fraude. Debía abarcar todo el ámbito nacional salvo País Vasco y de Navarra, e inspirarse en mensajes como que la obligación de pagar impuestos es inherente a la convivencia en sociedad, que ninguna justifica el fraude, que éste perjudica a todos, que sólo una minoría defrauda y engaña al resto y que la Agencia Tributaria está combatiendo el fraude fiscal. La campaña, la primera que se realiza en España contra el fraude fiscal, se produjo finalmente con el mensaje de ‘lo que defraudas tú, lo pagamos todos’. La oferta más ventajosa, 295.000 euros sin impuestos (sobre los 550.000 euros máximos presupuestados) fue, según el anuncio de contratación,  la de la agencia publicitaria JWT Delvico S.L.

La respuesta de la Agencia Tributaria llegó a Tuderechoasaber.es sólo tres días después de la pregunta, y venía acompañada del Plan de Medios de la campaña publicitaria y del listado completo de todos los pases televisivos de la misma. Se trata de una de las respuestas más completas obtenidas sobre el reparto de campañas de publicidad institucional. En total se llevaron a cabo 13.245 pases televisivos, por encima de los 12.774 pases que preveía el plan de medios. La gran mayoría, como se puede apreciar en el gráfico, se emitieron en canales temáticos comercializados por Pulsa Media, principalmente en Canal Discovery, Canal Historia y Canal Odisea. Los canales de este grupo emitieron 10.708 pases. Las cadenas de FORTA, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, emitieron un total de 1,608 pases. Los canales de TVE emitieron sólo 252 en total, y los restantes se los repartieron  los canales de Mediaset España (Telecinco, Factoría de Ficción, Cuatro, Divinity y Energy) y Atresmedia Televisión (Antena 3, La Sexta TV, Neox TV y Nova Televisión).

Este gráfico interactivo muestra la concentración de pases publicitarios y, en la segunda pestaña, el desglose por canales:

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La respuesta de la Agencia Tributaria, que además incluye los horarios específicos de cada una de las emisiones, es un claro ejemplo de atención exitosa y de transparencia ante el ciudadano, aunque los datos podrían ser proporcionados en formatos más amigables que el .pdf. En lo que respecta al reparto de esta campaña entre los distintos medios, sería deseable conocer también el criterio seguido. Como el propio solicitante de la información ha reflejado en su blog, parece existir una distorsión entre aquellos canales con mayor cuota de pantalla y a los que finalmente se contrató mayor número de pases.

Su blindaje, confirmado por la propia sociedad a raíz de una pregunta pública en Tuderechoasaber.es, supone una oportunidad perdida de mejorar la transparencia pública del llamado 'banco malo'

El registro de “relaciones con terceros y colectivos singulares” que ha aprobado recientemente la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria, Sareb, para disuadir a interlocutores institucionales, generalmente cargos públicos, que puedan intentar hacer valer su condición para intentar facilitar o agilizar gestiones, no será de acceso público. Su carácter será “interno y confidencial”.

El blindaje de este registro ha sido confirmado desde la propia Sareb a raíz de una pregunta formulada públicamente por un ciudadano a través de la web Tuderechoasaber.es, que permite a cualquier ciudadano pedir fácil y públicamente una solicitud de información. “El registro de relaciones singulares de Sareb no es público. Es interno y confidencial”. El demandante de información quería conocer además si contemplaba algún régimen sancionador frente a posibles incumplimientos futuros del mencionado código, pero esta pregunta se quedó sin respuesta.

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La adopción de este registro, adelantada por El Confidencial, se ha presentado como un procedimiento que acompañará a los “mecanismos de transparencia y responsabilidad hacia el ciudadano” que Sareb ya exhibe en su código de conducta. Sin embargo, su aplicación y revelaciones pasarán a engrosar la amplia lista de interrogantes que rodean a esta entidad de naturaleza jurídico-privada. Las certezas son pocas y esquivas a pesar de las preguntas de algunos grupos en el Congreso y de los ciudadanos a través de otros canales de acceso a la información pública.

Transparencia implica acceso a más y mejor información

Esta sociedad, Sareb –conocida popularmente como “el banco malo”-, surge en noviembre 2012 con el propósito de sanear el sistema financiero español. Su misión es lograr desinvertir una cartera (compuesta por aquellos activos de los que se han desprendido los bancos rescatados en 2012 con ayudas europeas) de entorno a 50.000 millones de euros en un plazo de 15 años. Así lograría pagar la deuda, avalada por el Estado, que emitió para adquirir ese conjunto de activos, un 20% inmuebles y un 80% activos financieros (créditos a promotores). Su naturaleza jurídica es privada, aunque el 45 % de sus fondos proceden de su único accionista de carácter público, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Su código de conducta establece que, para Sareb, “la transparencia es un mecanismo mediante el cual somete sus actuaciones ordinarias al juicio crítico de los diferentes actores de los mercados en que opera y del público en general”. Así, pese a que se ha diseñado “un procedimiento específico que permita poner de manifiesto y trasladar al conjunto de la sociedad la objetividad y rigor que siempre preside el proceso de adopción de decisiones”, y que –continúa- “pretende asegurar que resulten incuestionables la imparcialidad y rigor que garantizan los procedimientos internos de que Sareb se ha dotado”, con su carácter confidencial este registro no se traducirá en nueva información relevante para el ciudadano. 

Una entidad blindada para evitar “consecuencias indeseadas”

La naturaleza única de Sareb y su desempeño desde finales de 2012 han sido objeto de un cruce de preguntas incisivas y respuestas evasivas en la Cámara Baja. En enero de 2013, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo preguntó por escrito al Gobierno por la ubicación de la sede de Sareb (en Paseo de la Castellana 89, según muestra ahora su web), sus metros cuadrados, si está alquilada o en propiedad y cuánto paga por ella. Por el mismo grupo, Rosa Díez registró una pregunta sobre una sucesión de dimisiones en la Sareb (primero las salidas de dos consejeros independientes por supuestas incompatibilidades; más tarde, las del director general y el director de activos financieros). El Gobierno denegó la respuesta en ambas ocasiones alegando el “deber de secreto”.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón –principal impulsor dentro del equipo de Sáenz de Santamaría del proyecto que resultó en la Ley de Transparencia- respondió en abril en sede parlamentaria al diputado del Grupo Mixto Joan Baldoví que “cualquier solicitud de información sobre la SAREB que se salga de los cauces previstos en la normativa no puede ser facilitada directamente por el Gobierno, ya que se estaría invadiendo la autonomía de actuación de una sociedad empresarial jurídico-privada”. “Además” –añadió- “una mayor difusión de información sobre la actuación de la SAREB, puede tener también consecuencias indeseadas desde el punto de vista económico para esta sociedad […] en detrimento de su actividad y de sus resultados económicos, todo lo cual puede tener implicaciones para el sector público y la economía en general”

En agosto, esta vez en respuesta  a Cayo Lara, José Luis Ayllón reconocía que “a causa de la importante, aunque no mayoritaria, participación del sector público en el capital social (a través del FROB) y las repercusiones que su actividad puede tener en la estabilidad del sistema financiero nacional”, se articula para ella un régimen específico de control y de rendición de cuentas de esta sociedad ante los poderes públicos.

¿Cómo y ante quién rinde Sareb sus cuentas?

Este régimen de control empieza por el Banco de España, encargado supervisar posibles desviaciones, operaciones y los órganos de gobierno. De forma más directa, una Comisión de Seguimiento integrada por representantes del Banco de España, del Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Hacienda y AAPP y de la CNMV, se reúne cada tres meses para hacer seguimiento de la labor de Sareb. Esta sociedad tiene la obligación de presentar un informe semestral a las Cortes con “datos esenciales” de sus operaciones y cumplimiento de objetivos, que sí es de acceso público a través su web. Por el contrario, el informe anual independiente que realiza un experto designado por el Banco de España no es de acceso público, y sólo tiene acceso a él la Comisión de Seguimiento. Por último, se ha establecido la comparecencia trimestral del presidente de la Comisión Rectora del FROB, principal accionista de Sareb, ante el Congreso.

En su exposición en el Congreso de estos mecanismos de control, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes zanjó la cuestión aseverando que “estas amplias obligaciones de información son suficientes para asegurar un efectivo control de la SAREB por parte de los poderes públicos y para cumplir con la transparencia ante la ciudadanía”.

La última solicitud de información que ha recibido el CGPJ pregunta, a cuenta del indulto de un Guardia Civil cuál es el criterio de inclusión de sentencias en el buscador público del organismo, el Cendoj.

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido cinco solicitudes de información en Tu Derecho a Saber. Ninguna ha recibido respuesta. Al principio contestaban que el email de contacto era el de la oficina de prensa y, por lo tanto, no podía responder a las preguntas de los ciudadanos. Lo que no sabemos es si reclaman carné de prensa o basta con identificarse como periodista, sea o no verdad. Lo que es cierto es que el CGPJ no ofrece una dirección de correo electrónico (sí un teléfono) de atención al ciudadano, por lo que no tenemos otra opción que seguir dirigiéndonos al email de prensa.

De las cinco solicitudes de información, tres de ellas reclaman datos estadísticos: sobre desahucios, políticos con reducción de condena y número de quejas ciudadanas atendidas. Una cuarta pregunta reclama algo tan sencillo como el presupuesto del CGPJ, que de hecho está publicado en su página web. Ni siquiera en ese caso hubo respuesta. La última solicitud de información que ha recibido el organismo se refiere, a cuenta de la sentencia de un agente de la Guardia Civil recientemente indultado, cuál es el criterio de inclusión de sentencias en el buscador público del organismo, el Cendoj.

La pregunta tiene chicha porque, como pueden comprobar aquellos que se dediquen a buscar sentencias en el buscador público, muchas de ellas son imposibles de encontrar. De hecho, la sentencia del Guardia Civil no aparecía vía buscador a primera hora y sí más tarde, lo que provocó la pregunta de Stepháne M. Grueso. Y es que las carencias del buscador público, el Cendoj, provocan que muchos profesionales del sector tengan que recurrir a páginas web privadas más completas y, por lo tanto, de pago.

Hasta el propio CGPJ tiene que recurrir a esos buscadores de pago, pese a ser el titular del Cendoj.De hecho, el organismo paga 123 euros al año por cada una de esas licencias de uso. Los miembros del CGPJ y los magistrados y jueces podrán elegir cualquiera de las cuatro bases de datos contratadas (Westlaw, Tirant online, La Ley Digital y El Derecho) para consultar sentencias y leyes. Aunque el CGPJ había licitado el precio máximo de la licencia anual por 126 euros, las cuatro empresas han presentado una oferta idéntica: 123 euros por acceso individual. Ese precio final permitirá que se adquieran hasta 2.208 de esas licencias al año (el presupuesto total es de 271.584 euros por anualidad).

El argumento que da el CGPJ para contratar un servicio que debería ofrecer la misma información que su propio buscador es que, aunque el buscador público ha progresado significativamente, un tercio de la magistratura no ha realizado aún la transición a esa base de datos. Alegan dos causas: la costumbre de utilizar los buscadores privados que han usado desde el inicio de sus carreras y la falta de tiempo, por la carga de trabajo, para aprender a utilizar el CENDOJ.

Lo que no podemos saber, por lo menos de momento y a la espera de una respuesta, es cuáles son los criterios de inclusión de unas sentencias y no otra en el buscador público. Porque está claro que, con el buscador, no es posible encontrar todas las sentencias de órganos superiores de justicia.

[ACTUALIZACIÓN A 11 DE JULIO]: El servicio de prensa del CGPJ ha dado respuesta a algunas de nuestras preguntas. Entre otras cosas, asegura que la sentencia que protagoniza esta pregunta sí estaba en el CENDOJ, por lo que entendemos que fue un problema del buscador, porque esa mañana no aparecía. Además, afirma que todas las sentencias de altos tribunales se publican en la base de datos pública. Sabemos, porque buscamos sentencias allí casi a diario, con éxito parcial, que esa afirmación no es del todo cierta. Algunas sentencias de altos tribunales son imposibles de localizar en el buscador. Creemos que, en todo caso, puede que esa carencia se deba a esta frase de la respuesta recibida: “siempre teniendo en cuenta las incidencias que puedan derivarse de los procedimientos de recogida y remisión por parte de los distintos sistemas de gestión procesal”.