LEY DE TRANSPARENCIA

El silencio administrativo, primer baremo de la opacidad institucional, aumentó respecto a 2012 pese a que las instituciones deberían estar trabajando ya para cumplir pronto la nueva norma.

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En 2013, el año de la tramitación y aprobación de la Ley de Transparencia, las administraciones públicas españolas recurrieron en más ocasiones que en 2012 al silencio administrativo. A menos de ocho meses para la entrada en vigor de esta nueva norma en las instituciones de rango nacional, el 57% de las solicitudes de acceso a la información enviadas desde Tuderechoasaber.es, la primera web que simplifica este proceso en España, no recibió ninguna contestación. Este ratio supone un aumento del 3% respecto al año anterior. Así lo revela el Informe Tuderechoasaber.es 2013 (documento completo en .pdf) que hemos realizado Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio, las dos organizaciones responsables de esta iniciativa.

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Este informe se basa en el análisis de 654 solicitudes de información enviadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. De ellas, 375 se quedaron sin respuesta. Los resultados de este trabajo no sólo muestran que las solicitudes de información respondidas (el 43%) son insuficientes, sino también la falta de respuestas adecuadas. Únicamente el 13% (84 solicitudes) recibió la información que se pedía. En el 11% de los casos las instituciones alegaron no poseer la información solicitada; un 7% de las respuestas fueron inadecuadas (casos en que lo contestado no tiene nada que ver con la pregunta); un 4% incompletas; un 4% remitió a formularios institucionales (una medida restrictiva respecto al correo electrónico) y el 2% de las solicitudes fueron rechazadas.

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“Los malos resultados de 2012 no sólo se mantienen sino que la respuesta de las instituciones incluso ha empeorado un año después. La opacidad se agrava al mismo tiempo que el Gobierno descarta introducir mejoras a una ley de acceso a la información que consideramos insuficiente y de cuya implementación, como antes de su tramitación, tenemos muy pocos detalles ”, señaló Victoria Anderica, responsable de campañas de Access Info Europe.

Ayuntamientos más opacos, comunidades más transparentes 

El informe revela un alarmante agravamiento de la opacidad en las entidades locales. Ayuntamientos, cabildos y otras instituciones de proximidad ignoraron el 81% de las solicitudes de información, un 11% más que en 2012. Estas entidades cuentan con un año extra de plazo para atajar este problema y no estarán obligadas a aplicar la nueva  normativa de transparencia hasta diciembre de 2015. En el caso de los órganos constitucionales, agencias estatales, organismos reguladores, empresas públicas y partidos políticos, el silencio administrativo se produjo en el 59% de las preguntas.

Por contra, las instituciones de alcance autonómico mejoran sus ratios de respuesta al ciudadano respecto al año anterior. Así, la callada por respuesta se redujo en las solicitudes a los gobiernos de las comunidades autónomas del 41% al 32%, estando varias de ellas inmersas actualmente en la tramitación de sus propias leyes de transparencia. Entre las comunidades autónomas, Cataluña es la que más solicitudes de información recibió en 2013. De 19 solicitudes de información, el 47% se saldó con silencio administrativo y el 31% fueron dirigidas a un formulario interno, por lo que la respuesta, si la hay, queda fuera del conocimiento público. “No siempre ha sido así. Hasta hace poco, la Generalitat admitía preguntas por correo electrónico, pero ha pasado recientemente a vetar esta vía de comunicación y se niega a facilitar una dirección de correo electrónico de contacto”, explica Eva Belmonte, responsable de proyectos de la Fundación Ciudadana Civio.

Asimismo, destacan los casos de la Comunidad de Madrid (19 solicitudes, en el 53% alegó no poseer la información), Galicia (nueve solicitudes y silencio en el 44% de ellas), Castilla y León (15 preguntas, ocho de ellas satisfactorias) y País Vasco (17 solicitudes, ocho satisfactorias).

“No poseemos esa información”

El silencio administrativo se redujo mínimamente en las entidades nacionales, principalmente ministerios: del 53% al 47%. De los más 550 organismos listados en Tuderechoasaber.es, el que más preguntas de ciudadanos ha recibido durante 2013 fue el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Aunque su porcentaje de silencio administrativo fue muy inferior a la media (17%), aseguró no poseer la información reclamada en el 48% de las solicitudes de información. El caso del Ministerio de Interior también es relevante: de las 19 solicitudes de información recibida ninguna fue respondida.

“A la espera de que la ley de transparencia se ponga en marcha, la gran mayoría de los organismos públicos demuestra no estar en absoluto preparada para su cumplimiento”, afirma Eva Belmonte. “¿Qué ocurre con las solicitudes vinculadas a información medioambiental, que sí cuentan con una ley en vigor desde julio de 2006? De las 38 preguntas relacionadas con este ámbito, casi un 40%, fueron ignoradas. Por eso insistimos en que la transparencia se debe más a la voluntad de las instituciones que a las garantías de una nueva ley”, explica.

A la cola de los países con plataformas similares

Tuderechoasaber.es se basa en un software llamado Alaveteli, y el primer país donde se aplicó fue Reino Unido en 2008, donde el 61% de las preguntas son contestadas de forma exitosa. En comparación, las entidades españolas suspenden y se ponen a la cola de casi todos los países con herramientas similares. Mientras que en nuestro país sólo el 16,7% de las preguntas reciben alguna respuesta, ya sea total o parcial, en República Checa llegan al 64%, en Hungría al 55%, en Nueva Zelanda al 56% y en Australia al 21% del total de preguntas presentadas. Sólo Túnez, con el 13% de las preguntas contestadas de forma exitosa, y Brasil (9%) se sitúan por detrás de España.

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  • Debe regular la organización y funciones del organismo
  • La Ley de Transparencia daba tres meses para aprobarlo

El pasado 10 de diciembre el BOE recogía la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada un día antes. En el texto se estableció que los apartados relativos a la transparencia de la norma entrarían en vigor en un año, esto es, diciembre de 2014. Para preparar ese camino, el Consejo de Ministros debía aprobar, en el plazo de tres meses desde la publicación en el boletín oficial, un real decreto por el que se aprobara el estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la nueva ley.

Hoy, 10 de marzo, tres meses después, se ha cumplido ese plazo. Ni el BOE ha recogido la aprobación de ningún decreto referente a este organismo ni el tema se ha incluido en las referencias de las reuniones de los miembros del Gobierno celebradas hasta hoy. Además, desde Moncloa han confirmado a esta página web que el tema no ha pasado aún por el Consejo de Ministros.

La disposición final séptima establece el plazo de aprobación del decreto que debía regular la “organización, estructura, funcionamiento, así como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones” del Consejo de Transparencia, un organismo que según la propia norma deberá ser independiente y que está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por el momento, todo lo que conocemos sobre el mismo se encuentra en la propia Ley de Transparencia. La entidad que deberá velar por su cumplimiento estará formada por un presidente (propuesto por el Gobierno y que deberá ser refrendado en el Congreso), un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, otro del Defensor del Pueblo, otro de la Agencia Española de Protección de Datos, otro de la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas y otro de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Desde Tuderechoasaber.es reclamamos que no emprenda acciones contra organizaciones civiles pro-transparencia y flexibilice su régimen de derechos de autor para documentos gubernamentales.

FDS

El Gobierno alemán, a través de su Ministerio de Interior, ha emitido una orden contra el portal de acceso a la información FragDenStaat.de, una plataforma análoga a Tuderechoasaber.es en Alemania, para lograr la retirada de un documento que había sido obtenido mediante la ley alemana de transparencia acceso a la información pública.

El documento de la discordia -un informe de 5 páginas- contiene una valoración de dos empleados ministeriales sobre una norma del Tribunal Constitucional federal en 2011, que declara inconstitucional la cuota mínima del 5% para que los partidos políticos puedan concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo. En el documento se afirma que el establecimiento de cualquier cuota debería ser inconstitucional. Contrariamente a esta recomendación interna, el Bundestag aprobó después una cuota del 3% en su reforma de la ley electoral alemana.

El activista Guido Strack, un antiguo funcionario federal y fundador de la red Whistleblower-net, solicitó en octubre de 2013 este documento desde FragDenStaat.de. Lo recibió un mes después, junto con un aviso del ministerio para disuadirle de hacerlo público. Con el propósito de exigir que se refuerce el derecho de acceso a la información en Alemania –su sistema de transparencia es débil, uno de los 10 más bajos en las evaluaciones del RTI Rating- y condenar lo que consideran una restricción arbitraria, FragDenStaat.de, con el capitulo alemán de la OKFN detrás, decidió hacerlo público en diciembre. La orden de retirada llegó el pasado 17 de enero por fax. El capitulo alemán de la OKFN ha declinado retirar el documento y plantará cara, por lo que ya está solicitando donaciones para hacer frente a los previsibles costes legales que supondrá defender su caso. Aquí puedes consultar el microsite de la campaña y todos los documentos (en alemán) del caso, que ha llegado a las páginas del Wall Street Journal, Der Spiegel y otros de medios alemanes.

Uso arbitrario del copyright para limitar la libertad de información

Con esta orden de retirada, el Ministerio de Interior quiere evitar que se divulgue la evidente contradicción entre una valoración legal de corte interno y la medida política adoptada después. Para ello, ha decido apelar a la protección de sus derechos de autor para lograr la retirada y censura del documento. La orden de “cese y desista” es un recurso frecuente en las disputas por derechos de autor, que suele interpretarse como un pre-aviso intimidatorio o la antesala de un litigio.

Stefan Wehr Meyer, gestor del portal FragDenStaat.de, argumenta que “al gobierno federal no le interesa el copyright. Lo que está haciendo es utilizarlo de manera arbitraria para evitar la publicación de unos documentos oficiales controvertidos. Da la impresión de que desea impedir que podamos comprender sus decisiones políticas”. Su firma de abogados remite al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para fundamentar su apelación. Como señala Access Info Europe en su condena de la reacción del gobierno alemán, “el derecho a la información está ligado al derecho de libertad de expresión reconocido por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por tanto, todo aquél que reciba un documento a través de una solicitud de información debería tener derecho a difundirlo”.

Nuestro apoyo a FragDenStaat.de y a OKFN-Alemania

Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio hemos alertado en numerosas ocasiones sobre la indefensión que el derecho de acceso puede sufrir cuando colisiona (supuestamente) con otras garantías -derecho de autor, derecho a la protección de datos personales- en un sistema frágil de transparencia que no lo reconoce como fundamental. Como organizaciones impulsoras de Tuderechoasaber.es, apoyamos a FragDenStaat.de y al capítulo alemán de la OKFN en su decisión de publicar este documento y hacemos un llamamiento al Gobierno alemán para que retire su orden de cese, no emprenda acciones contra organizaciones civiles pro-transparencia y flexibilice su régimen de derechos de autor para los documentos gubernamentales.

Darío Cerda, de 10 años, solicitó información a su ayuntamiento sobre las nuevas aulas prometidas al colegio donde estudia. Al no obtener respuesta, reclamó al Consejo para la Transparencia que hiciera cumplir su derecho de acceso. Así transcurrió su caso.

Darío Cerda es la persona más joven que ha solicitado hasta ahora el arbitraje del Consejo para la Transparencia de Chile, el órgano que vela por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública de cualquier ciudadano chileno. Este niño de 10 años, delegado estudiantil de su clase, reclamó información al ayuntamiento de su municipio, Taltal, sobre la ampliación y habilitación de nuevas salas de estudio en el colegio de la localidad. Como el alcalde no respondió en los 20 días que estipula la Ley de Transparencia de Chile, el 6 de mayo de ese año Darío solicitó amparo (ficha pública de su caso) a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia.

Una de las atribuciones de este organismo es resolver fundadamente las reclamaciones por denegación de acceso a la información. El reclamo de amparo (manual para solicitarlo) se interpone cuando vence, sin que exista respuesta, el plazo de 20 días hábiles (con un prorroga de 10 días más en determinados casos) que tiene un organismo para entregar la información solicitada.

Para castigar denegaciones injustas del derecho de acceso a la información, el Consejo para la Transparencia puede decretar la aplicación de multas, que van del 20% al 50% de su remuneración mensual, a la autoridad del órgano requerido cuando incumple injustificadamente las normas sobre Transparencia Activa.

Además, como sucede en el caso de Darío, puede imponer multas en los casos en que no se entregue oportunamente la información tras una resolución firme del Consejo que así lo ordene. “En este caso, si la autoridad persistiese en la actitud de no entregar la información solicitada, se puede aplicar el doble de las multas contempladas o decretar la suspensión del cargo hasta por 5 días”, señala la normativa chilena.

Al cabo de unas semanas, conociendo el recurso interpuesto por Darío, el alcalde de Taltal y el director de la escuela ofrecieron a Darío una respuesta a su pregunta. En concreto, que los alumnos deberían esperar aún cierto retraso en la licitación de la ampliación de las aulas. Al día siguiente, Darío comunicó al Consejo que desistía expresamente del amparo interpuesto. El Consejo, que desde su creación en abril de 2009 ha recibido miles de reclamaciones (que puede consultar aquí), dio así por concluido el proceso.

Este caso, que atrajo la atención de los medios, se exhibe como ejemplo de tres factores clave que sirvieron para desbloquear el silencio administrativo. En primer lugar, agilizar y facilitar el proceso de interposición de recurso de amparo para cualquier ciudadano. Además, resulta clave constituir un órgano de revisión independiente, con un mandato claro y voluntad para tomar parte (si procede) por un ciudadano frente a la administración. Por último, imponer sanciones para quienes incumplan sus obligaciones de transparencia.

El presidente del Consejo de Transparencia de Chile, Jorge Jaraquemada, y su director general, Raúl Ferrada, visitan estos días España para participar en el III Foro de Transparencia y Buen Gobierno, que tiene lugar el 20 y 21 de enero con una jornada sobre los retos de implementar en España la Ley de Transparencia.

Nota – Este compendio de artículos publicados durante el año fue enviado a los suscriptores del boletín informativo de Tuderechoasaber.es el pasado diciembre. Para suscribirte no tienes más que rellenar este formulario.

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Siguiendo la estela del año anterior, en 2013 la palabra “transparencia” se ha instalado irreversiblemente en el argumentario oficial de los partidos y las instituciones. Un proceso que hoy mismo se materializa en el BOE, con la publicación del redactado definitivo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.

Durante los últimos 12 meses, las organizaciones impulsoras de Tuderechoasaberhemos defendido que a la transparencia no se ingresa de un día para otro, usando una ley a modo de visado. La web refleja -como ha sido siempre su propósito- la auténtica voluntad de nuestras instituciones para abrir las puertas de la información a los ciudadanos. No hay mejor modo de contrastar la predisposición de nuestros representantes a ser transparentes que comprobar cuántas peticiones de información han respondido los organismos que dirigen, y el modo en que lo han hecho. El Ministerio de Presidencia -impulsor del proyecto de ley de transparencia- es el mejor punto de partida, con 34 solicitudes remitidas desde marzo de 2012 y que no acepta recibir mediante correo electrónico. Ministerios como Interior (41 solicitudes recibidas), Economía (otras 41), Hacienda (73); órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (5 solicitudes) o el Tribunal de Cuentas (8 solicitudes); reguladores como el Banco de España (13 solicitudes); así como la gran mayoría de entes autonómicos ylocales dejan vacías de contenido la palabra “transparencia” y la ley que la invoca.

La única “transparencia” real es la que se traduce en información que los ciudadanos podamos usar para tomar mejores decisiones en nuestro día a día, participar más y mejor en el sistema representativo y comprobar por nosotros mismos la responsabilidad y buen hacer de las instituciones.

Hemos recopilado los artículos publicados en nuestro blog en 2013 que abordan buena parte de los impedimentos cotidianos que el ciudadano afronta en España para acceder a la información. También los que divulgan las mejores prácticas en otros países y los que denuncian los peores hábitos del nuestro. Por último, debajo encontrarás todo lo que hemos escrito mes a mes sobre la tramitación de la propia ley.

Queremos que conozcas esta información y la uses. Considéralo un recurso de referencia, pues será la base sobre la que la Fundación Ciudadana Civio * y Access Info Europe vamos a continuar monitorizando y evaluándo muy de cerca en 2014 la implantación, ejecución y resultados de las medidas de transparencia que nos han estado prometiendo. Y, como hasta ahora, te lo iremos contando en el blog de Tuderechoasaber.es.

Muchas gracias por tu apoyo.

El equipo de Tuderechoasaber.es

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Más información

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  • La ley tardará un año en entrar en vigor a nivel estatal y dos a nivel autonómico

La ley de transparencia que fue votada el miércoles en el Pleno del Senado vuelve al Congreso sin ninguna mejora para el derecho  de acceso a la información y a pesar del rechazo del texto actual por la mayoría de los grupos parlamentarios: en esta última votación han votado en contra de la ley los partidos ERC, AMAIUR, IU, ENTESA PROGRES PER CATALUNYA y PSOE.

“El Partido Popular ha ignorado a la sociedad civil durante todo el proceso de adopción de la ley de transparencia manteniendo una postura única, muy limitada y que plantea una propuesta que viola los estándares mínimos internacionales”, comenta Victoria Anderica Caffarena, coordinadora de campañas de Access Info Europe.

El Senado también ha ignorado los distintos llamamientos que ha hecho la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para que España mejore su proyecto de ley. En Junio de 2012, la OSCE advirtió que el anteproyecto de esta ley “no acata las normas y los principios ya consagrados por los Tribunales de Derechos Humanos o las organizaciones intergubernamentales, incluido el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos”. El último mensaje lo envió el pasado 13 de septiembre 2013 y decía que esta ley dificultaba el trabajo de los periodistas como perro guardián.

La ley que se aprobará en el Congreso el día 28 de noviembre de 2013 no estará en línea con los estándares internacionales y acabaría ocupando la posición 75 de 96 en la lista de países con leyes de acceso a la información, con una puntuación de 68 sobre 150 puntos, según el análisis que hace Access Info Europe en base a los indicadores del Global RTI Rating (ranking global de leyes de acceso a la información).

España necesita con urgencia una ley de transparencia, sobre todo en  el contexto actual de crisis, de gran preocupación social por las actuaciones de las autoridades públicas y de escándalos de corrupción. No en vano, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa comentó en octubre 2013 que “los procedimientos y la toma de decisiones deberían ser abiertos y transparentes, con miras a garantizar la responsabilidad.”

Además de todas las carencias señaladas por la sociedad civil y a pesar del informe de evaluación que Gobierno Español ha preparado en octubre de 2013 para el Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto, OGP) dice que ya había cumplido con su compromiso de adoptar una Ley de Transparencia, la ley de momento no entrará en vigor. Las disposiciones adicionales de esta ley señalan que todo lo relacionado con la transparencia, el derecho de acceso a la información y las obligaciones de publicación proactiva tardará un año más en estar vigente y dos años en las Comunidades Autónomas. En cambio, el título de Buen Gobierno, que no tiene relación directa con la transparencia, entrará en vigor al día siguiente de la publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado.

La necesidad de una ley de transparencia es urgente y aunque entendemos que la creación de un portal de transparencia lleva tiempo, consideramos que no hay ningún motivo para que no se respondan desde ya a las solicitudes de acceso, a nivel estatal y a nivel autonómico”, añadía Anderica.

Notas:

Esta ley fue presentada en Consejo de Ministros en marzo de 2012 como un anteproyecto de ley y antes de llegar al Congreso de los Diputados sufrió una serie de cambios considerados como cosméticos según la OSCE. Durante  su debate en el Congreso se amplió el ámbito de aplicación de la ley incluyendo en el artículo 3 a algunas instituciones como los partidos políticos, los sindicatos o asociaciones patronales pero con de forma limitada ya que solo deberán cumplir con algunas de las obligacioens de publicación proactiva de información.

En el informe  de la ponencia designada para estudiar el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se han integrado cambios en su mayoría técnicos y que no corresponden a los que la Sociedad Civil pide desde 2006, y que tampoco corresponde a la campaña #SenadoTransparente que demandaba tres cambios concretos: El reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, que la ley no excluya de su alcance tipos de información, y que el organismo que vigile la transparencia sea independiente y tenga poder vinculante.

En Quién Manda, junto a Access Info, vamos a trabajar por la apertura de las agendas de los cargos públicos y la regulación del lobby.

tdasEl último proyecto de Civio, Quién Manda, quiere mapear las relaciones de poder en España a través de documentos, fotografías y artículos. El objetivo es doble: ofrecer información contrastada y presionar para conseguir mayores niveles de transparencia en el proceso de toma de decisiones. Por eso, una de las vertientes offline del proyecto pasa por reunirse con los distintos grupos parlamentarios para conseguir que publiquen sus agendas de trabajo y se regule, de una vez por todas, el lobby.

Tenemos derecho a saber con quiénes se reúnen nuestros gobernantes y quá influencia tienen en la toma de decisiones. Por eso, Access Info Europe y Civio vamos a trabajar para establecer unos requisitos de transparencia en las agendas y monitorear el cumplimiento de estos objetivos. En paralelo, trasladaremos a los diputados los parámetros elaborados por Access Info sobre la regulación del lobby, porque consideramos que es la base imprescindible para eliminar la opacidad en las relaciones entre lo público y lo privado.

Quién Manda nació el pasado día 8 con una base de datos de más de 2.500 personas y entidades y más de 3.000 relaciones documentadas, mostradas a través de visualizaciones en las que puedes seguir el hilo de los contactos de todos esos personajes, empresas y organismos públicos. Además, incluye fotos etiquetadas y artículos para poner en contexto toda esa información.

El objetivo del proyecto es seguir alimentando esa base de datos para ofrecer una imagen fiel de las personas más influyentes del país y sus relaciones, así cómo analizar si existe partidismo en la composición de organismos que deberían ser independientes o cuáles son las cualidades o relaciones que han llevado a una persona a acceder a cierto cargo público. Para seguir trabajando necesitamos tu ayuda, por eso hemos puesto en marcha un crowdfunding en Goteo.

¿Quiénes entran en La Moncloa? ¿Con quién se reúne un ministro durante la tramitación de determinada ley? ¿Qué familiares de políticos trabajan en las administraciones públicas? ¿Están preparados para el cargo? ¿Qué lobbies ejercen en el país y cómo se articula su trabajo? Tenemos derecho a conocer la respuesta a todas estas preguntas.

Proponemos a los ciudadanos que contacten directamente con un senador conocer públicamente su opinión sobre la Ley de Transparencia y saber si está dispuesto a proponer mejoras en la misma

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El día 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho a Saber y lo queremos celebrar. España está aprobando en estos momentos una Ley de Transparencia (¡por fin!) y la sociedad civil está siguiendo este proceso muy de cerca para conseguir que esa norma esté a la altura de las mejores leyes del mundo.

Sin embargo, tras pasar por el Congreso de los Diputados, la ley no es buena. Seguiremos sin poder saber cómo toman sus decisiones los políticos, un ejemplo representativo es la pregunta de si es más barato privatizar la sanidad o por qué hay que pagar una tasa por generar energías renovables.

Ahora le toca al Senado decidir el futuro de la transparencia, por eso vamos hablar con nuestros senadores.

Poder contactar con un/a senador/a y ayudar a mejorar la Ley de Transparencia no es difícil:

  1. Elige a un/a senador/a de tu provincia y ponte en contacto con él/ella directamente a través de esta página. Puedes intentar quedar en persona o directamente enviar un mail (marca en esta lista el senador que elijas).
  2. Explícale por qué queremos cambios en la Ley deTransparencia (a continuación encontrarás una propuesta de mail que puedes usar para imprimirlo y dárselo en persona o enviárselo o simplemente para tener más información y hablar con tu senador/a)
  3. Pregúntale cuál es su postura y cuéntanos qué te ha dicho (puedes contárnoslo en la misma lista donde apuntamos todos los nombres)

¡Cuantas más personas hablemos con los senadores podremos conseguir un compromiso para mejorar la transparencia en España!

Si apoyas la campaña, difúndela en Facebook, Google+, Twitter, identi.ca… con el hashtag #senadotransparente

Si quieres saber más, sigue leyendo.

Nueve años esperando una ley de acceso a la información

Hace 9 años que se prometía en España por primera vez la aprobación de una ley de acceso a la información. Desde entonces la sociedad civil, a través de la Coalición Pro Acceso y otras organizaciones, ha luchado por defender que la futura norma garantice el derecho de acceso a la información y que España sea uno de los países con mejores leyes de transparencia.

Por fin hay un Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que acaba de pasar su primera etapa parlamentaria y se ha enviado al Senado.

El problema es que esta ley está lejos de ser “vanguardista” tal y como prometía el Gobierno del Partido Popular y es, en realidad, una ley débil que dejaría a España en la posición 72 de 96 países con leyes de transparencia en el mundo, según el análisis de la Organización Access Info Europe (puedes leer el análisis aquí).

¿Qué podemos hacer?

Durante todos estos años la sociedad civil ha mantenido reuniones con los diferentes gobiernos y con los diputados para presentarles nuestro punto de vista (definido en los 10 principios de la Coalición Pro Acceso y basado en los estándares internacionales en la materia). Ahora vamos a hablar con los senadores.

Lo cierto es que hasta la fecha no hemos tenido suerte y nuestro mensaje no ha calado. Si bien el Proyecto de Ley de Transparencia ha mejorado en algunos aspectos desde que se presentó como anteproyecto el día 26 de marzo de 2012, estas modificaciones no van en la línea con lo que pedía la sociedad civil y se han limitado a introducir algunos “cambios cosméticos”, tal y como señalaba la OSCE en su análisis del texto español.

El Senado, al igual que el Congreso de los Diputados, es una institución en la que reside la soberanía del pueblo español, ejercida a través de los senadores elegidos por las personas con derecho a voto.

Mucha gente opina que el Senado no sirve para nada, pero eso no es cierto. El Senado interviene en la elaboración de las leyes y puede realizar cambios importantes. Por eso vamos a hablar con ellos.

Elige un/a Senador/a de la lista y ponte en contacto con él/ella a través del correo electrónico, Twitter, Facebook, por teléfono o incluso solicita una entrevista cara a cara (los datos de contacto también están en la lista).

La idea es entregarles la documentación donde se dan argumentos a favor de una mejor Ley de Transparencia y comentarla con ellos/ellas. Queremos que los senadores se expresen públicamente su opinión y nos digan si van a proponer cambios sustanciales a la futura ley. Cuando consigas una respuesta, por favor háznoslo saber para tener un mensaje unificado a favor de la transparencia.

¿Qué vamos a pedir? 

Además de entregar el análisis de la ley desarrollado por Access Info Europe (puedes encontrarlo aquí), hay algunos puntos que consideramos esenciales para conseguir una garantía del derecho de acceso a la información.

1. El reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental.

2. Que la ley no excluya de su alcance tipos de información.

3. Que el organismo que vigile la transparencia sea independiente y tenga poder vinculante

A continuación te proponemos un texto en el que desarrollamos estos tres puntos que puedes usar para mandarlo en un email a tu senador/a o te puede servir de guía para preparar tu propio texto. Versión en .doc y en .pdf.

¿Por qué queremos participar?

La necesidad de transparencia es algo que en España ya nadie duda, esta ley es muy importante porque su ambición va a definir el techo al que queremos llegar en materia de transparencia.

Podemos elegir entre el texto que tenemos, que limita la transparencia a tener mayor claridad sobre las cuentas del estado o podemos luchar para que la ley se modifique y afecte a toda la actividad pública: Que explique cuánto cuestan, quién ha tomado las decisiones, por qué y cómo.

¡Ahora vamos a contárselo a los senadores!

El organismo pidió que se eliminaran las barreras de acceso a las solicitudes de información, pero el Gobierno no ha hecho ningún cambio

defensor del pueblo navarra

El pasado 11 de junio de 2013 Victoria Anderica Caffarena, coordinadora de proyectos de Access Info Europe, interpuso una queja ante el Defensor del Pueblo de Navarra contra el Gobierno Foral por obstaculizar el acceso a la información requiriendo demasiados datos para poder realizar una solicitud de acceso a la información.

El Defensor del Pueblo dio la razón a la queja y recomendó al gobierno de Navarra que cambiara el procedimiento de solicitud y aceptara las solicitudes enviadas vía email y eliminara la obligación de utilizar un certificado digital o DNIe y además a dar su DNI, dirección postal y teléfono para solicitar información. En su recomendación, daba dos meses al Gobierno navarro para contestarle.

El 6 de septiembre de 2013 el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior respondía al Defensor del Pueblo aceptando algunos cambios propuestos pero no todos, ya que las solicitudes deberán ser enviadas a través de una de las vías de entrada oficiales de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

El Defensor del Pueblo considera que el Gobierno de Navarra no acepta el pronunciamiento de su institución a pesar de que este está debidamente argumentado. A día de hoy el Gobierno de Navarra no ha realizado ningún cambio en el procedimiento de solicitud de información.

Desde tuderechoasaber.es consideramos esta situación inaceptable y destacamos la necesidad de crear un sistema de recursos independiente y con poder vinculante para que las administraciones nos puedan ignorar sus decisiones como en el caso que nos ocupa.

senado

El jueves 12 de septiembre se votaron en el Congreso de los diputados las enmiendas parciales a la a ley de transparencia. Tal y como era previsible, con los votos del Partido Popular, PNV y CIU todas las enmiendas fueron aprobadas y el nuevo texto ya va de camino al Senado.

Antes de que esto ocurriera la organización Access Info Europe ya adelantaba que con las enmiendas  el proyecto de ley ocuparía el lugar 72 en el ranking de 96 países con leyes de acceso a la información en el mundo (obteniendo 68 puntos de 150 en el RTI Global Rating, puedes leer el análisis de la ley española aquí). Este resultado queda confirmado con la aprobación de las enmiendas.

Los problemas que adolecen la ley son los mismos que antes de presentar las enmiendas, incluso son los mismos desde que se presentó la ley: la ley sigue sin reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, excluye mucha información del alcance de la ley, las obligaciones de publicación proactiva no son igual para todas las instituciones y el organismo de revisión no es independiente y solo conocerá de conflictos con las administraciones públicas y no del resto de instituciones.

Entre los cambios que aportan las enmiendas que fueron aprobadas el jueves 12 de septiembre en el pleno del Congreso, cabe destacar la inclusión de los partidos políticos, sindicatos y patronal y algunas entidades privadas de publicar cierta información proactivamente, y la inclusión de la Casa Real y el Banco de España. Aunque es importante destacar que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, por lo tanto queda por ver cómo será en la práctica este procedimiento.

El otro cambio relevante es la creación del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (antes el organismo previsto era la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios), que sigue sin ser independiente (depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y tiene una composición muy politizada.

Puedes leer el texto tal y como quedó tras la incorporación de las últimas enmiendas aquí.

Para entender el alcance de la ley de transparencia puedes ver la siguiente tabla explicativa aquí.